El juez Velasco quiere repatriar a España cuanto antes el dinero evadido a Suiza
Parte de los fondos del exconsejero de Madrid vienen de comisiones ilegales
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Madrid 6 MAY 2015 -
Francisco Granados, tras ser detenido por la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica el pasado 27 de octubre. / CLAUDIO ÁLVAREZ
La investigación de la trama Púnica que desarrolla el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha descubierto que los dos principales cabecillas de la red, el exconsejero de Madrid Francisco Granados y su amigo y socio David Marjaliza, acumulan en cuentas en el extranjero un total de 11 millones de euros (siete en Suiza y cuatro en Singapur). La intención del magistrado es repatriar cuanto antes ese dinero a las arcas públicas españolas. De momento, ha ordenado el bloqueo de las cuentas suizas, en las que ha observado trasvases de dinero que revelan la supuesta connivencia delictiva entre quien fuera consejero y secretario general del PP de Madrid y hombre fuerte del Gobierno deEsperanza Aguirre, Granados, y su íntimo amigo, Marjaliza. Ambos se hallan en prisión preventiva.
Granados siempre mantuvo que solo llegó a tener en Suiza 300.000 euros, a pesar de que los investigadores le han descubierto, a su nombre, otra cuenta de 1,6 millones. Y todos los indicios apuntan a que el dinero de Marjaliza también pertenece a Granados y es fruto, supuestamente, de comisiones derivadas de amaños con administraciones públicas madrileñas en las que Granados tenía gran ascendencia política. Según se desprende de las pesquisas y de las grabaciones telefónicas que constan en el sumario, Marjaliza actuaba de testaferro de Granados. Aunque el consejero también tejió sus propios negocios al margen de su amigo. ¿Cómo? Llevándose comisiones de empresas afines (por ejemplo, de Waiter Music, que hacía espectáculos musicales) por conseguirles contratas de Ayuntamientos de la Comunidad.
Son 46 los municipios que han tenido relación con la trama Púnica. Aunque, de momento, solo hay media docena de alcaldes implicados. No obstante, las grabaciones telefónicas revelan que hay otros diez alcaldes y concejales que también otorgaron contratas a la red y que se están investigando en una segunda fase(la primera se saldó con 50 detenidos). Hay constancia de almuerzos privados del alcalde de Coslada (PP) con miembros de la red. Arroyomolinos es otro de los municipios que también contrató con la Púnica. Su alcalde, el popular Juan Velarde, explicó recientemente a este periódico que las contrataciones con Waiter Music no las hizo él sino la concejal del área de festejos.
Los investigadores sospechan que gran parte del dinero en comisiones que entregó la firma Waiter Music, con sede en Aranjuez, a Granados acabó en Suiza.
Recientemente, agentes de la Guardia Civil se desplazaron al país helvético para inspeccionar una caja fuerte depositada en un banco. En ella Marjaliza ocultaba una veintena de obras de arte,entre otras, cuadros muy valiosos de artistas como Antoni Tàpies y Manolo Valdés. La sospecha es que esas obras de arte, cuyo decomiso ha ordenado el juez, fueron utilizadas para blanquear dinero de las comisiones obtenidas en España.
Imagen pública
Indra supuestamente pagó un total de 120.000 euros (en cantidades separadas de 90.000, 20.000 y 10.000) al informático y conseguidor de la red Púnica Alejandro de Pedro por trabajos que este y su equipo de becarios hicieron presuntamente para mejorar la imagen en Internet de altos cargos del Gobierno de Madrid.
Según las pesquisas, De Pedro cobró dinero por tapar noticias desfavorables del todavía presidente regional Ignacio González, de su número dos y consejero de Justicia y Presidencia, Salvador Victoria, y de la consejera de Educación, Lucía Figar. Los investigadores sospechan que los citados pagos de Indra a De Pedro (por orden de la Comunidad de Madrid) fueron hechos en b. Y a cambio de contratas infladas del Gobierno regional a la empresa.
Por otro lado, las pesquisas de Púnica, en las que interviene la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, suman ya unos 100.000 folios. Y la cifra aumentará sensiblemente en una segunda fase de la operación con nuevos implicados; entre ellos, el actual alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid), Mario de Utrilla; el exregidor de la localidad madrileña de Valdemoro que sucedió a Granados (José Miguel Moreno) yel todavía consejero de Justicia y Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. Aún no se ha actuado contra ellos porque los tres son aforados (los dos primeros, además de alcaldes, tienen acta de diputado), según fuentes de la investigación.
La presunta implicación de Victoria deriva de supuestos pagos en b hechos por la multinacional tecnológica Indra (a instancias de Victoria) para abonar 10.000 euros a Alejandro de Pedro, un experto informático imputado en la red. De Pedro tenía varias sociedades (una de ellas, Eico) que, nutridas de becarios, confeccionaban periódicos digitales e intervenían en las redes sociales para mejorar la reputación de políticos amigos y taparles las noticias negativas.
El pago de 10.000 euros a De Pedro fue destapado ante el juez por José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la firma ICM (Agencia de Comunicación e Internet de Madrid, dependiente del Gobierno de Ignacio González). Tras ser detenido, Martínez Nicolás confesó que recibió instrucciones de su jefe político, Salvador Victoria, para que dijera a Indra (uno de los principales proveedores de la Comunidad de Madrid: le factura unos 15 millones anuales) que entregase 10.000 euros a De Pedro. En el registro que se efectuó en casa de De Pedro, en el bolsillo de una chaqueta, los investigadores hallaron, en un sobre, 70.000 euros. Pero en su declaración Nicolás no solo habló de 10.000 euros. Señaló que, además, se realizaron otros dos pagos de 20.000 y 90.000 euros que también salieron de Indra con destino a De Pedro. Los investigadores tienen prácticamente probado el pago de los 10.000 euros, y sospechan que los 70.000 hallados en la chaqueta también procedían de Indra por orden de la Comunidad.
Encuentro en un coche
El supuesto pago de 10.000 euros por parte de Indra al experto informático Alejandro de Pedro a instancias presuntamente del consejero de Madrid Salvador Victoria está casi probado, según la investigación. En la causa hay constancia de un encuentro dentro de un coche entre Santiago Roura, director general de Indra, y De Pedro.
Ese encuentro es posterior a las llamadas telefónicas, grabadas por la Guardia Civil, en las que el gerente de la firma pública ICM, José Martínez Nicolás, traslada a Roura el enfado de su jefe, Victoria, por la tardanza de Indra en abonar esos 10.000 euros a De Pedro. Además, hay un mensaje de De Pedro a Martínez Nicolás en el que muestra su satisfacción porque Indra ya le ha abonado ese dinero.
El nombre de Victoria figura en las grabaciones telefónicas que consta en la causa, junto con el de su directora general de Comunicación, Isabel Gallego, también imputada y actual jefa de prensa de la campaña de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento. Victoria puede ser llamado a declarar a partir del 9 de junio, cuando previsiblemente perderá su condición de aforado.
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