Otro negocio privado. Pino Solanas presentará hoy una denuncia acusando a Macri y a Marcos Peña de cambiar el objeto de la Isla Demarchi para favorecer proyectos inmobiliarios sin aprobación del Congreso.
La Isla Demarchi, 12 hectáreas al sur de Puerto Madero, será destinada a proyectos inmobiliarios.
El presidente Mauricio Macri sumará una denuncia penal por otro decreto de su gobierno. El senador Fernando “Pino” Solanas presentará hoy ante la justicia federal un escrito contra Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el delito de abuso de autoridad al considerar que buscan cambiar el objeto de parte de la estratégica Isla Demarchi para destinarlo a proyectos inmobiliarios privados sin aprobación del Congreso y respaldado en un decreto-ley de la dictadura.
“Es la concepción privatista que ‘se puede hacer cualquier cosa’ y destinar el espacio público del Estado a jugosos negocios inmobiliarios”, sostuvo Solanas a PáginaI12.
“Equivocadamente se supone que el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer de bienes público sobre la base de la Ley 22.423 dictada por la dictadura militar, pero no se tiene en cuenta que la autorización al Ejecutivo para vender bienes del Estado, conferida por el artículo 1º de la citada norma, se efectuó debido a la inexistencia del Congreso Nacional durante ese régimen. Pero durante la existencia de un gobierno democrático esa ley es claramente inconstitucional, y no puede servir de fundamento alguno para disponer de los bienes públicos”, dice el escrito que Solanas presentará hoy en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Es una monstruosidad que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el consentimiento y aprobación del Congreso”, dijo Solanas a este diario y agregó: “bueno ya modificó por decreto leyes nacionales, otra barbaridad”. “¿Qué dirán ahora los defensores de la calidad institucional republicana como la Coalición Cívica y la UCR?”, se preguntó.
El decreto 153 de Macri del 9 de marzo de 2017 modifica el destino de parte de la Isla Demarchi –prevista para la logística portuaria y la industria naval– para cederlo como “Polo de Desarrollo Urbano, consistente en la ampliación y/o mejora de la infraestructura urbana existente en dicho inmueble y en las zonas aledañas, la incorporación y la promoción de inversiones en el área, la actividad inmobiliaria y la construcción de obras nuevas y/o remodelaciones en la zona (sic)”.
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La Isla Demarchi es un predio de 12 hectáreas ubicadas al sur de Puerto Madero limitada por la avenida Dellepiane, la Reserva Ecológica, el Río de la Plata, la desembocadura del Riachuelo y la Dársena Sur. Allí “funcionan la Escuela de Capacitación del Sindicato de Obreros Marítimos, empresas de dragado y la Escuela Nacional Fluvial, habiendo más de 600 trabajadores en la zona, que se verán perjudicados por el decreto presidencial”, dice la denuncia. Incluido el Complejo Industrial Naval Argentino (Cinar) –creado en 2008.- con la integración del privatizado y quebrado astillero Tandanor y el taller Almirante Storni (ex Domecq García).
El predio alcanza también la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. El decreto presidencial le abre las puertas a un viejo proyecto de Irsa, “Solares de Santa María”, donde la compañía de negocios inmobiliarios diseño un lujoso complejo cerrado con marinas propias y salida al Río de la Plata. Una iniciativa que nunca logró sortear con éxito la legislatura porteña. Su frustrado último intento fue en diciembre del año pasado.
“El Poder Ejecutivo, dispone a su arbitrio de bienes del Estado para destinarlos a la inversión privada y la creación de una infraestructura inmobiliaria, que significa un verdadero negocio para todas aquellas empresas que se dedican a la construcción”, dice la denuncia.
La Isla Demarchi, 12 hectáreas al sur de Puerto Madero, será destinada a proyectos inmobiliarios.
El presidente Mauricio Macri sumará una denuncia penal por otro decreto de su gobierno. El senador Fernando “Pino” Solanas presentará hoy ante la justicia federal un escrito contra Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el delito de abuso de autoridad al considerar que buscan cambiar el objeto de parte de la estratégica Isla Demarchi para destinarlo a proyectos inmobiliarios privados sin aprobación del Congreso y respaldado en un decreto-ley de la dictadura.
“Es la concepción privatista que ‘se puede hacer cualquier cosa’ y destinar el espacio público del Estado a jugosos negocios inmobiliarios”, sostuvo Solanas a PáginaI12.
“Equivocadamente se supone que el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer de bienes público sobre la base de la Ley 22.423 dictada por la dictadura militar, pero no se tiene en cuenta que la autorización al Ejecutivo para vender bienes del Estado, conferida por el artículo 1º de la citada norma, se efectuó debido a la inexistencia del Congreso Nacional durante ese régimen. Pero durante la existencia de un gobierno democrático esa ley es claramente inconstitucional, y no puede servir de fundamento alguno para disponer de los bienes públicos”, dice el escrito que Solanas presentará hoy en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Es una monstruosidad que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el consentimiento y aprobación del Congreso”, dijo Solanas a este diario y agregó: “bueno ya modificó por decreto leyes nacionales, otra barbaridad”. “¿Qué dirán ahora los defensores de la calidad institucional republicana como la Coalición Cívica y la UCR?”, se preguntó.
El decreto 153 de Macri del 9 de marzo de 2017 modifica el destino de parte de la Isla Demarchi –prevista para la logística portuaria y la industria naval– para cederlo como “Polo de Desarrollo Urbano, consistente en la ampliación y/o mejora de la infraestructura urbana existente en dicho inmueble y en las zonas aledañas, la incorporación y la promoción de inversiones en el área, la actividad inmobiliaria y la construcción de obras nuevas y/o remodelaciones en la zona (sic)”.
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La Isla Demarchi es un predio de 12 hectáreas ubicadas al sur de Puerto Madero limitada por la avenida Dellepiane, la Reserva Ecológica, el Río de la Plata, la desembocadura del Riachuelo y la Dársena Sur. Allí “funcionan la Escuela de Capacitación del Sindicato de Obreros Marítimos, empresas de dragado y la Escuela Nacional Fluvial, habiendo más de 600 trabajadores en la zona, que se verán perjudicados por el decreto presidencial”, dice la denuncia. Incluido el Complejo Industrial Naval Argentino (Cinar) –creado en 2008.- con la integración del privatizado y quebrado astillero Tandanor y el taller Almirante Storni (ex Domecq García).
El predio alcanza también la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. El decreto presidencial le abre las puertas a un viejo proyecto de Irsa, “Solares de Santa María”, donde la compañía de negocios inmobiliarios diseño un lujoso complejo cerrado con marinas propias y salida al Río de la Plata. Una iniciativa que nunca logró sortear con éxito la legislatura porteña. Su frustrado último intento fue en diciembre del año pasado.
“El Poder Ejecutivo, dispone a su arbitrio de bienes del Estado para destinarlos a la inversión privada y la creación de una infraestructura inmobiliaria, que significa un verdadero negocio para todas aquellas empresas que se dedican a la construcción”, dice la denuncia.
