La primera condena al golpista Cunha. Eduardo Cunha sabe lo suficiente para diezmar prácticamente todo el sistema político brasileño, muy especialmente a los dos principales partidos responsables de la salida de Rousseff: el PSDB y el PMDB. Temen que hable.
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
31 de marzo de 2017
Cunha deberá decidirse por algo que es la pesadilla de los medios brasileños: un acuerdo de “delación premiada”.
Preso desde octubre del año pasado, reo en dos juicios e investigado en otras cinco causas, Eduardo Cunha, el ejecutor del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff cuando presidía la Cámara de Diputados, recibió ayer su primera sentencia: fue condenado a 15 años y cuatro meses de cárcel.
Pocas horas después difundió, a través de sus abogados, duras críticas al juez de primera instancia Sergio Moro, responsable por la ‘Operación Lavado Rápido’ (Lava Jato), acusándolo de actuar como ‘justiciero político’. Sus abogados también criticaron la rapidez con que se firmó la sentencia: los alegatos finales de la defensa fueron presentados al anochecer del pasado lunes, y en menos de 72 horas el juez anunció su decisión.
Ahora se considera que, condenado, Cunha deberá decidirse por algo que es la pesadilla de los medios políticos brasileños: un acuerdo de ‘delación premiada’, cuando un investigado o denunciado cuenta lo que sabe a cambio de reducción o anulación de la sentencia.
Sin embargo, a estas alturas ejecutivos de grandes empresas de construcción ya contaron todo (o casi todo) lo que había para contar, y tanto el Ministerio Público como la Policía Federal están más exigentes en relación a lo que podrá o no interesarles.
Ocurre que, notorio corrupto y corruptor, Cunha sabe lo suficiente para diezmar prácticamente todo el sistema político brasileño, muy especialmente los dos principales partidos responsables por el golpe que él condujo contra Dilma Rousseff, su Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y el de los principales artífices del movimiento golpista, el senador Aécio Neves y el expresidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
El PMDB y algunos de los principales dirigentes del PSDB, a empezar por el mismo Aécio Neves, ya están bajo bombardeo implacable de otros que recorrieron a la ‘delación premiada’. La gran carta que Cunha puede sacar de la manga son denuncias contra Michel Temer, y eso parece no interesar a ninguno de los responsables a cargo de una investigación salpicada por irregularidades y gestos del más puro arbitrio. Hasta un juez inquisitorial como el provinciano Sergio Moro, que atropella nociones fundamentales del derecho día sí y el otro también, ha dado estridentes muestras de que alcanzar a Temer, ni pensar.
Pese a todo, el otrora todopoderoso diputado, que llegó a controlar una bancada de alrededor de 150 colegas, sigue siendo una bomba de poder destructivo devastador, y lo sabe muy bien. Dio robustas - y atrevidas - pruebas de hasta qué punto puede ser amenazador cuando eligió, como uno de los testigos de su defensa, al presidente Michel Temer, a quien presentó una lista de 41 preguntas, de las cuales el juez Moro, en otra de sus peculiares y raras interpretaciones de los limites existentes a un magistrado, censuró 20. Curiosamente, las preguntas censuradas fueron filtradas a la prensa. En ellas, lo que Cunha pedía a Temer era que aclarase movimientos de algunos de sus amigos más allegados y auxiliares más poderosos, dejando claro que el actual presidente estuvo metido hasta bastante más que el cuello en negociados y serias irregularidades, especialmente en la recepción y distribución de coimas, sobornos y toda la amplia gama de correlatos que permean el Congreso.
En la causa que resultó en su primera condena, Cunha fue considerado culpable por haber recibido un millón y medio de dólares para fraudar un contrato de la Petrobras en Benin, en el continente africano. Comparada a las demás causas, suena a centavos: Cunha movilizó, a lo largo de una impunidad de años, cantidades muchísimo más sonoras.
Además, explota con una claridad luminosa que el golpe que destituyó a la mandataria legítimamente electa abriga, en sus entrañas, un pantano de lodo: el ejecutor fue condenado, uno de los principales artífices, el mismo Aécio Neves derrotado por Dilma Rousseff en 2014, está denunciado un sinfín de veces, el grupo que se adueñó del poder parece más un amontonado de bandoleros - al menos los nombres de nueve de los 28 ministros fueron enviados al Supremo Tribunal Federal con un pedido de investigación, de la misma forma que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, además del líder del gobierno en el Congreso.
Los esfuerzos conjuntos de los medios hegemónicos de comunicación, especialmente las Organizaciones Globo, del Ministerio Público, de la Policía Federal, del juez Sergio Moro, todo bajo el beneplácito de la corte suprema, hasta ahora lograron pasar a la opinión pública la imagen de que la corrupción era patrimonio casi exclusivo del PT de Lula da Silva.
Ahora, todo parece haber escapado de su control. Concretamente, en ese ajedrez los movimientos dependen casi exclusivamente de un grupo de jóvenes fiscales y un juez de provincias que se consideran investidos en poderes divinos.
Lo más curioso de todo eso es que Cunha no será juzgado por el más graves de sus crímenes: haber ejecutado el golpe que destituyó a una presidenta legítima e impuso un gobierno que está destrozando derechos sociales, laborales, entregando patrimonio público, en fin, destrozando el país.
Desde Río de Janeiro
31 de marzo de 2017
Cunha deberá decidirse por algo que es la pesadilla de los medios brasileños: un acuerdo de “delación premiada”.
Preso desde octubre del año pasado, reo en dos juicios e investigado en otras cinco causas, Eduardo Cunha, el ejecutor del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff cuando presidía la Cámara de Diputados, recibió ayer su primera sentencia: fue condenado a 15 años y cuatro meses de cárcel.
Pocas horas después difundió, a través de sus abogados, duras críticas al juez de primera instancia Sergio Moro, responsable por la ‘Operación Lavado Rápido’ (Lava Jato), acusándolo de actuar como ‘justiciero político’. Sus abogados también criticaron la rapidez con que se firmó la sentencia: los alegatos finales de la defensa fueron presentados al anochecer del pasado lunes, y en menos de 72 horas el juez anunció su decisión.
Ahora se considera que, condenado, Cunha deberá decidirse por algo que es la pesadilla de los medios políticos brasileños: un acuerdo de ‘delación premiada’, cuando un investigado o denunciado cuenta lo que sabe a cambio de reducción o anulación de la sentencia.
Sin embargo, a estas alturas ejecutivos de grandes empresas de construcción ya contaron todo (o casi todo) lo que había para contar, y tanto el Ministerio Público como la Policía Federal están más exigentes en relación a lo que podrá o no interesarles.
Ocurre que, notorio corrupto y corruptor, Cunha sabe lo suficiente para diezmar prácticamente todo el sistema político brasileño, muy especialmente los dos principales partidos responsables por el golpe que él condujo contra Dilma Rousseff, su Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y el de los principales artífices del movimiento golpista, el senador Aécio Neves y el expresidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
El PMDB y algunos de los principales dirigentes del PSDB, a empezar por el mismo Aécio Neves, ya están bajo bombardeo implacable de otros que recorrieron a la ‘delación premiada’. La gran carta que Cunha puede sacar de la manga son denuncias contra Michel Temer, y eso parece no interesar a ninguno de los responsables a cargo de una investigación salpicada por irregularidades y gestos del más puro arbitrio. Hasta un juez inquisitorial como el provinciano Sergio Moro, que atropella nociones fundamentales del derecho día sí y el otro también, ha dado estridentes muestras de que alcanzar a Temer, ni pensar.
Pese a todo, el otrora todopoderoso diputado, que llegó a controlar una bancada de alrededor de 150 colegas, sigue siendo una bomba de poder destructivo devastador, y lo sabe muy bien. Dio robustas - y atrevidas - pruebas de hasta qué punto puede ser amenazador cuando eligió, como uno de los testigos de su defensa, al presidente Michel Temer, a quien presentó una lista de 41 preguntas, de las cuales el juez Moro, en otra de sus peculiares y raras interpretaciones de los limites existentes a un magistrado, censuró 20. Curiosamente, las preguntas censuradas fueron filtradas a la prensa. En ellas, lo que Cunha pedía a Temer era que aclarase movimientos de algunos de sus amigos más allegados y auxiliares más poderosos, dejando claro que el actual presidente estuvo metido hasta bastante más que el cuello en negociados y serias irregularidades, especialmente en la recepción y distribución de coimas, sobornos y toda la amplia gama de correlatos que permean el Congreso.
En la causa que resultó en su primera condena, Cunha fue considerado culpable por haber recibido un millón y medio de dólares para fraudar un contrato de la Petrobras en Benin, en el continente africano. Comparada a las demás causas, suena a centavos: Cunha movilizó, a lo largo de una impunidad de años, cantidades muchísimo más sonoras.
Además, explota con una claridad luminosa que el golpe que destituyó a la mandataria legítimamente electa abriga, en sus entrañas, un pantano de lodo: el ejecutor fue condenado, uno de los principales artífices, el mismo Aécio Neves derrotado por Dilma Rousseff en 2014, está denunciado un sinfín de veces, el grupo que se adueñó del poder parece más un amontonado de bandoleros - al menos los nombres de nueve de los 28 ministros fueron enviados al Supremo Tribunal Federal con un pedido de investigación, de la misma forma que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, además del líder del gobierno en el Congreso.
Los esfuerzos conjuntos de los medios hegemónicos de comunicación, especialmente las Organizaciones Globo, del Ministerio Público, de la Policía Federal, del juez Sergio Moro, todo bajo el beneplácito de la corte suprema, hasta ahora lograron pasar a la opinión pública la imagen de que la corrupción era patrimonio casi exclusivo del PT de Lula da Silva.
Ahora, todo parece haber escapado de su control. Concretamente, en ese ajedrez los movimientos dependen casi exclusivamente de un grupo de jóvenes fiscales y un juez de provincias que se consideran investidos en poderes divinos.
Lo más curioso de todo eso es que Cunha no será juzgado por el más graves de sus crímenes: haber ejecutado el golpe que destituyó a una presidenta legítima e impuso un gobierno que está destrozando derechos sociales, laborales, entregando patrimonio público, en fin, destrozando el país.
