Por Sergio Rodríguez Gelfenstein
21 de marzo de 2017
Para nadie es un secreto la historia criminal que exhibe la Organización de Estados Americanos (OEA) en su prontuario, con ello dio continuidad al accionar que gestó Estados Unidos a partir de la idea panamericana que tuvo en la Doctrina Monroe su Alma Mater y que ocasionó la inmediata, certera y preclara denuncia del Libertador Simón Bolívar, tan solo un año después de su proclamación en 1823. No voy a aburrir al lector con la larga lista de intervenciones militares e invasiones de Estados Unidos en sus más de 200 años de vida, siempre apoyado por los gobiernos oligárquicos de la región, que usurparon la Independencia a favor de sus mezquinos intereses.
El fin de la segunda guerra mundial devino en la creación de un sistema multilateral que debía prevenir una nueva hecatombe planetaria. Los triunfadores en la conflagración diseñaron un orden internacional acorde a sus intereses. Todos aceptaron que Estados Unidos era el amo del hemisferio occidental y no hubo cortapisas para que la Organización de Naciones Unidas (ONU), tuviera un referente regional que iba a ser diseñado por la potencia del norte y los gobiernos del sur, subordinados a sus intereses. Así surgió el instrumento militar de dominación: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947, y su contraparte (la OEA en 1948) que permitiría darle legitimidad política a los desmanes y tropelías que se habrían de ejecutar bajo el amparo del anterior. Ahora, se trataba de tener gobiernos serviles que lo sostuvieran y secretarios generales abyectos que se prestaran a poner la cara cuando a Estados Unidos se le ocurría un nuevo atropello.
Todo marchó bien hasta el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, que puso en entredicho todo el entramado panamericano, cuestionando sus propias bases de sustentación. El apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña durante la Guerra de las Malvinas en 1982, terminó de echar por la borda cualquier atisbo de credibilidad que todavía podía tener este engendro imperial.
El paradigma que se decía defender era la democracia, pero, ¿qué democracia? La Carta de la OEA lo dice claramente en su artículo 2, enciso b, “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”. Lo anteriormente expuesto es prueba fehaciente que la OEA tiene lo que hoy se llamaría “una falla de origen”. La suposición es que el principio de representación constituye el elemento central de lo que Guy Hermet llama “democracia instituida o sustancial”, para diferenciarla de la “democracia utópica o democracia perfecta”. Esta “pequeña” diferencia es la que permite que en nombre de ella se cometan todo tipo de desmanes, irregularidades e incluso actuaciones al margen de la ley, toda vez que dichos “representantes” asumiéndose como únicos portadores del ideal democrático hayan usurpado sólo para sí, la legitimidad política.
Eso es lo que defiende la OEA, sin embargo, las cosas en la región han ido cambiando, hoy este engendro washingtoniano ha clamado por el regreso de Cuba, a la que expulsó de manera ignominiosa, y tampoco, -por ahora- ha podido aplicar la “Carta Democrática” a Venezuela, lo cual pone en evidencia que las actuaciones del secretario general, cuyas funciones están claramente delimitadas en los artículos 112 y 113 de la mencionada Carta, están fuera de la responsabilidad que éste tiene y al margen de la decisión de los Estados parte. En otras palabras, el secretario general está actuando de manera ilegal, por lo que si la OEA fuera una organización seria, lo debería destituir.
El eminente jurista español Antonio Remiro Brotóns, Catedrático de derecho Internacional de la Universidad autónoma de Madrid establece que a diferencia de los Estados, que son los sujetos de derecho primarios y plenos en virtud de su soberanía, las organizaciones interestatales son secundarios o derivados porque deben su existencia a la voluntad de los Estados, lo cual se manifiesta en su documento fundacional, además de lo cual, las organizaciones solo tienen los poderes que los Estados le hayan atribuido en las reglas que le son propias. En este sentido, es más que evidente que no existe ni en la Carta, ni en las reglas de funcionamiento de la OEA, la potestad de un secretario general de llamar a realizar elecciones en un país.
Por otro lado, los esfuerzos de la OEA por revitalizar la democracia, bastante traída a menos en las últimas décadas del siglo pasado, tuvieron en la Asamblea General realizada en Santiago de Chile en 1991 un intento de inflexión. Cuando fenecían las dictaduras que ensombrecieron el horizonte de la región, durante dos décadas, bajo el silencio cómplice de esta organización, la OEA aprobó en la capital chilena el “Compromiso de Santiago con la Democracia Representativa y la Modernización del Sistema Interamericano”, haciendo patente sus insuficiencias en esta materia…apenas 43 años después de su fundación. En este contexto se aprobó posteriormente la Resolución 1080 sobre la Promoción de la Democracia Representativa“. Así mismo en diciembre de 1992 en Washington la XVI Asamblea suscribió el Protocolo de Washington para la Reforma de la OEA. Vale decir, sin embargo, que desde la sanción de esta resolución se generaron muchas resistencias, sobre todo a su artículo 9 referido a la democracia.
Esta fue la razón por la que en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, Canadá, Venezuela, ya bajo la presidencia del Comandante Hugo Chávez y estando el presente en el evento de la ciudad canadiense, presentara reservas al documento final que pretendía completar ese artículo 9, toda vez que había una redacción imprecisa de la clausula referida a la democracia, elaborada ex profeso de esa manera para dejar abierta la interpretación de la misma.
En la Declaración de Quebec, Venezuela argumentó su reserva a los párrafos 1 y 6 “por cuanto a juicio de nuestro gobierno la democracia debe ser entendida en su sentido más amplio y no únicamente en su carácter representativo. Entendemos que el ejercicio democrático abarca además la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión de gobierno, con miras a la construcción diaria de un proceso dirigido al desarrollo integral de la sociedad”. En su extraordinaria visión de futuro, el Comandante Chávez sentaba un precedente y actuaba en consonancia con la nueva Constitución Política del país aprobada tan solo 16 meses antes.
En estos planteamientos y en el debate de cuál democracia se defiende, reside el trasfondo de la actuación reciente del secretario general Luis Almagro, él como militante -durante la mayor parte de su vida- del Partido Nacional de Uruguay que se define ideológicamente como nacionalista y panamericanista, es un seguidor de este paradigma que expone lealtad hacia Estados Unidos y oposición a la integración latinoamericana y caribeña. Es conocido el carácter oportunista de su partido y de él mismo que lo llevaría a ingresar al Frente Amplio de la mano de José (Pepe) Mujica para satisfacer su ambición personal de ser Canciller de su país. Tras instalarse en la OEA, -más por el prestigio de Pepe que lo aupó, que por méritos personales – retomó su personalidad rastrera y su verdadero pensamiento político de subordinación imperial.
Para una persona de estas condiciones, aprovechar las indefiniciones programáticas de la OEA y las vaguedades de su concepto de democracia a fin de permitirse violentar el mencionado artículo 2 que establece como propósito el respeto al principio de no intervención, es algo absolutamente normal, no alejado de sus rocambolesca vida personal.
Hay que decir que en el momento actual, a pesar de todo, los países de la región se han negado a aplicar la clausula democrática y suspender a Venezuela de la membrecía de esa organización. No obstante, Almagro ha desatado con ímpetu su lealtad al norte anglosajón, dándole la espalda a América Latina y el Caribe pretendiendo de tal manera, transformarse en un adalid de esa democracia putrefacta que defiende la OEA.
Supone que la expulsión de Venezuela contribuirá a su exterminio a través de la creación de condiciones para una intervención militar en el país. Hoy, a pesar de su carácter estructuralmente intervencionista –y aunque parezca increíble que sea yo quien lo diga- el problema no es la OEA, es Almagro… después veremos.
Sergio Rodríguez Gelfenstein. Analista internacional. Exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.
Con Nuestra América
Sergio Rodríguez Gelfenstein. Analista internacional. Exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.
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