Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Hasta el pasado martes, el promedio diario de las ventas de carnes brasileñas al exterior rondaba los 63 millones de dólares. Subido al puesto de mayor exportador mundial de carnes, Brasil vio cómo aquel día fueron cerrados contratos de venta por 71 millones de dólares. El desplome de las ventas al exterior ha sido el primer resultado de una desastrosa e irresponsable difusión, con amplia e igualmente irresponsable repercusión en los grandes medios hegemónicos de comunicación, de un operativo de la Policía Federal contra un antiguo esquema de corrupción de fiscales del ministerio de Agricultura.
La imagen transmitida el viernes anterior por el comisario de la Policía Federal encargado del caso, Mauricio Grillo, y amplificada por los periodistas de los grandes medios, no podría ser más impactante. Acorde al comisario Grillo, las carnes producidas en Brasil recibían colorantes para disfrazar su mal aspecto, productos cancerígenos para ocultar su estado casi putrefacto, y eran enviadas al mercado -tanto el interno como el externo- productos cuyo plazo de validad estaba expirado. Las salchichas puestas en las meriendas escolares contenían, entre otras cosas raras, trozos de papel cartón. Los chorizos eran pura masa de cabeza de cerdo. Y el desfile de horrores prosiguió a lo largo del fin de semana, ahora en los noticieros de la televisión.
Ha sido uno de los más claros actos de irresponsabilidad, abuso y arbitrio que permea las actividades tanto de la Policía Federal como del ministerio Público, que actúan a su libre albedrío.
Existen en Brasil 4.837 frigoríficos, y solamente 21 estuvieron bajo investigación del comisario Grillo. De esos 21, a 18 les labraron actas por alguna irresponsabilidad y tres fueron intervenidos. De los 21 investigados, dos –y solamente dos– fueron inspeccionados a lo largo de la investigación.
Todo –todo– lo demás vino de interceptaciones telefónicas autorizadas por la justicia. Los astutos e incapaces agentes de la Policía Federal confundieron, por ejemplo, la vitamina C utilizada para conservar las carnes con un agente altamente cancerígenos. La legislación permite el uso de determinadas cantidades de carne de cabeza de cerdo en chorizos y otros embutidos. Los colorantes son, en realidad, conservantes. Y el cartón que apareció en una llamada telefónica intervenida se refería a cómo embalar las salchichas carne, y no a su relleno.
Los frigoríficos investigados generaron 120 millones de dólares en exportaciones el año pasado. En total, Brasil exportó casi 12 mil millones.
¿Qué le pasará a las exportaciones futuras? Cálculos conservadores indican pérdidas de al menos mil 500 millones de dólares en 2017, y eso si el gobierno logra convencer a los compradores externos que todo no pasó de una torpeza innombrable de un idiota que ocupa el comando de un operativo de una Policía Federal.
¿Qué le pasará al comisario Grillo? Nada. El órgano es dirigido por un fulano gris, a quien nadie respeta, y que responde a un ministro de Justicia más gris aún, y que de paso ha sido, mientras ocupó un escaño en la Cámara de Diputados, el responsable por nombrar al jefe de fiscalización del ministerio de Agricultura en Paraná que comandaba una pandilla de corruptos.
El frágil gobierno nacido del golpe institucional del año pasado trató de reaccionar, y lo hizo con el talento de siempre: el domingo, Michel Temer convocó a los embajadores de los 33 principales exportadores de carnes brasileñas. Comparecieron 18, y Temer los llevó a una parrilla elegante y cara de Brasilia.
Se olvidó de un pequeño detalle: la parrilla elegida solo sirve carne importada de Australia y Uruguay.
El mismo martes el ciudadano Eduardo Guimarães fue arrancado de la cama a las seis de la mañana por una escuadra de la Policía Federal.
Los oficiales portaban un orden de “conducción coercitiva”, es decir, de llevarlo a la fuerza para declarar. Autor de la orden: el provinciano juez de primera instancia Sergio Moro, conductor de la Operación Lavado Rápido y erigido señor absoluto de sus propias decisiones.
Guimarães tiene, desde hacen doce años, el “Blog de la Ciudadania”, que ataca duramente los excesos, abusos y arbitrios de Moro. En febrero del año pasado su blog difundió la noticia de que Lula da Silva sería conducido a fuerza para declarar, lo que efectivamente ocurrió un par de semanas después. Moro lo acusó de intentar interferir en las investigaciones, y quería saber cuáles eran sus fuentes.
Dice la legislación penal brasileña que alguien solo puede ser objeto de ‘conducción coercitiva’ si se niega a atender a una intimación judicial. Guimarães no había sido intimado a nada.
¿Ley? ¿Y desde cuándo al arbitrario Sergio Moro, que en lugar de ser juez juzgador es clarísimamente un juez condenador, le interesa lo que dice la ley? Hay más: la Constitución brasileña asegura a los periodistas el derecho de sigilo sobre sus fuentes.
Bueno: Moro, el justiciero, determinó que Guimarães no es periodista. Ninguna ley brasileña dice que, para ejercer el periodismo, se exige un diploma. Otra arbitrariedad más del arbitrario juez.
Ese es el Brasil de hoy: un país gobernado por un presidente ilegítimo, rodeado por una pandilla indecente e inmoral, y dominado por los abusos sin escrúpulos ni límites de la Policía Federal, del ministerio Público, de un juez arbitrario.
¿Dónde están las instancias superiores para cohibir tantos y semejantes abusos? Bueno, todas, sin excepción, duermen el sueño bovino de los inocentes. O de los cómplices.
