ELIMINACIÓN DE VARIAS TASAS DEL SENASA PARA LOS CONTROLES FITOSANITARIOS A GRANOS Y SUBPRODUCTOS
El Gobierno derogó una serie de tasas sobre las exportaciones del agro que el Senasa cobra a los diferentes actores que intervienen en la cadena productiva y que son objeto de regulación del servicio sanitario. Son unos 120 millones de dólares.
Por Cristian Carrillo
11 de marzo de 2017
El tiempo en el puerto, mientras se extiende el control, es un costo para exportadores. Ahora no habrá controles. (Imagen: Corbis)
El gobierno dispuso a principio de este año la derogación de los controles fitosanitarios a granos y subproductos, tales como harinas y aceites, con el objetivo de incrementar aún más la ya abultada rentabilidad del sector agroexportador. Las exportaciones se encuentran gravadas por una serie de tasas que el Senasa cobra a los diferentes actores que intervienen en la cadena productiva y que son objeto de regulación del servicio sanitario, cuyos fondos permiten financiar al organismo y al Tesoro. A poco más de un año de la eliminación de las retenciones a la venta de todos los granos –con excepción de la soja, cuya alícuota fue rebajada– el Gobierno dispuso eximir al sector del pago de este compromiso, lo que genera problemas para la sustentabilidad del Senasa, riesgo en los controles sanitarios y la pérdida de la trazabilidad (seguimiento) del producto hasta su venta, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El documento calcula que la eliminación de esta obligación implica una transferencia de ingresos estimada en 120 millones de dólares anuales para el sector agroexportador.
La eliminación de las retenciones implicó una transferencia o costo fiscal cercano a los 16.000 millones de dólares, según CEPA, beneficiando sólo a las cerealeras. Como si eso fuese poco, este año, más precisamente a partir de una resolución del 30 de enero pasado –según la publicación en el Boletín Oficial–, se eliminó la obligación de los controles fitosanitarios del Senasa a granos y derivados. Fue una mano extra para un sector sumamente beneficiado por la política económica de Cambiemos (quita de retenciones y devaluación).
El Senasa es el organismo oficial encargado de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal. En relación a la exportación, y a fin de implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, elabora normas y controla su cumplimiento, y asegura la aplicación del Código Alimentario Argentino dentro de normas internacionales. Pero además, el Senasa es un organismo recaudador, a través de la AFIP, ya que grava con tasas y aranceles diversas actividades productivas en las que interviene. “Esta medida tiene tres efectos directos. Por un lado, funciona en el sentido económico, como una quita de retenciones adicional a la otorgada por el Estado, con el efecto de transferencia de renta hacia los sectores agroexportadores y el incremento del precio interno de los granos y subproductos. Un segundo efecto es el desfinanciamiento del servicio. Y en tercer lugar se relaciona con la perdida de trazabilidad de las exportaciones de granos”, enumera el documento del CEPA.
El tiempo en el puerto, mientras se extiende el control, es un costo adicional para los exportadores, y un reclamo histórico que las corporaciones lograron imponer con la administración de Cambiemos, pero es imprescindible para el sistema.
De acuerdo con el informe, la transferencia de ingresos a partir de la derogación de la reglamentación 260 (de control fitosanitario) implica una transferencia de ingresos estimada de 120 millones de dólares, considerando las cantidades exportadas fiscalizadas y el cuadro arancelario vigente a enero de 2016. Según la disposición, el monto gravado responde a un monto por tonelada exportada de 3000 pesos por bodega y 500 pesos por tanque. Otro monto fijo es por trámite, el cual incluye la emisión de los certificados fitosanitarios, de calidad y de fumigación, el cual asciende a un total de 750 pesos por operación de exportación e importación. El total recaudado por la inspección de mercadería asciende a 1152 millones de pesos.
Además de la recaudación por la inspección de mercadería, se incluye la inspección de bodegas y tanques. El total recaudado por la inspección de bodegas y tanques se puede estimar en aproximadamente 58 millones de pesos. “En definitiva, el total estimado en dólares recaudado por Senasa asciende a 75 millones de dólares. Esta transferencia de renta directamente a las cerealeras se suma a los 16 mil millones de dólares correspondientes a la quita de retenciones”, destaca el análisis del CEPA.
El otro riesgo es la trazabilidad (seguimiento e historial) de las exportaciones que realiza el Senasa. Un efecto de la eliminación de los controles es la pérdida de valor de las exportaciones, ya que las certificaciones de calidad e inocuidad consisten en un diferencial y un agregado de valor. Además, pone en serios riesgos la salubridad de nuestro país y también dificulta el seguimiento de los embarques, con la posibilidad de que se realicen subdeclaraciones o declaraciones erróneas o fraudulentas de productos.
11 de marzo de 2017
El tiempo en el puerto, mientras se extiende el control, es un costo para exportadores. Ahora no habrá controles. (Imagen: Corbis)
El gobierno dispuso a principio de este año la derogación de los controles fitosanitarios a granos y subproductos, tales como harinas y aceites, con el objetivo de incrementar aún más la ya abultada rentabilidad del sector agroexportador. Las exportaciones se encuentran gravadas por una serie de tasas que el Senasa cobra a los diferentes actores que intervienen en la cadena productiva y que son objeto de regulación del servicio sanitario, cuyos fondos permiten financiar al organismo y al Tesoro. A poco más de un año de la eliminación de las retenciones a la venta de todos los granos –con excepción de la soja, cuya alícuota fue rebajada– el Gobierno dispuso eximir al sector del pago de este compromiso, lo que genera problemas para la sustentabilidad del Senasa, riesgo en los controles sanitarios y la pérdida de la trazabilidad (seguimiento) del producto hasta su venta, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El documento calcula que la eliminación de esta obligación implica una transferencia de ingresos estimada en 120 millones de dólares anuales para el sector agroexportador.
La eliminación de las retenciones implicó una transferencia o costo fiscal cercano a los 16.000 millones de dólares, según CEPA, beneficiando sólo a las cerealeras. Como si eso fuese poco, este año, más precisamente a partir de una resolución del 30 de enero pasado –según la publicación en el Boletín Oficial–, se eliminó la obligación de los controles fitosanitarios del Senasa a granos y derivados. Fue una mano extra para un sector sumamente beneficiado por la política económica de Cambiemos (quita de retenciones y devaluación).
El Senasa es el organismo oficial encargado de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal. En relación a la exportación, y a fin de implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, elabora normas y controla su cumplimiento, y asegura la aplicación del Código Alimentario Argentino dentro de normas internacionales. Pero además, el Senasa es un organismo recaudador, a través de la AFIP, ya que grava con tasas y aranceles diversas actividades productivas en las que interviene. “Esta medida tiene tres efectos directos. Por un lado, funciona en el sentido económico, como una quita de retenciones adicional a la otorgada por el Estado, con el efecto de transferencia de renta hacia los sectores agroexportadores y el incremento del precio interno de los granos y subproductos. Un segundo efecto es el desfinanciamiento del servicio. Y en tercer lugar se relaciona con la perdida de trazabilidad de las exportaciones de granos”, enumera el documento del CEPA.
El tiempo en el puerto, mientras se extiende el control, es un costo adicional para los exportadores, y un reclamo histórico que las corporaciones lograron imponer con la administración de Cambiemos, pero es imprescindible para el sistema.
De acuerdo con el informe, la transferencia de ingresos a partir de la derogación de la reglamentación 260 (de control fitosanitario) implica una transferencia de ingresos estimada de 120 millones de dólares, considerando las cantidades exportadas fiscalizadas y el cuadro arancelario vigente a enero de 2016. Según la disposición, el monto gravado responde a un monto por tonelada exportada de 3000 pesos por bodega y 500 pesos por tanque. Otro monto fijo es por trámite, el cual incluye la emisión de los certificados fitosanitarios, de calidad y de fumigación, el cual asciende a un total de 750 pesos por operación de exportación e importación. El total recaudado por la inspección de mercadería asciende a 1152 millones de pesos.
Además de la recaudación por la inspección de mercadería, se incluye la inspección de bodegas y tanques. El total recaudado por la inspección de bodegas y tanques se puede estimar en aproximadamente 58 millones de pesos. “En definitiva, el total estimado en dólares recaudado por Senasa asciende a 75 millones de dólares. Esta transferencia de renta directamente a las cerealeras se suma a los 16 mil millones de dólares correspondientes a la quita de retenciones”, destaca el análisis del CEPA.
El otro riesgo es la trazabilidad (seguimiento e historial) de las exportaciones que realiza el Senasa. Un efecto de la eliminación de los controles es la pérdida de valor de las exportaciones, ya que las certificaciones de calidad e inocuidad consisten en un diferencial y un agregado de valor. Además, pone en serios riesgos la salubridad de nuestro país y también dificulta el seguimiento de los embarques, con la posibilidad de que se realicen subdeclaraciones o declaraciones erróneas o fraudulentas de productos.
