Asesinaron a una periodista mexicana. La periodista de La Jornada salía de su casa. Investigaba la narcopolítica y los desplazados por los narcos. Es el tercer homicidio de un periodista en México en tres semanas. Había sufrido agresiones y amenazas graves recientemente.
Desde Ciudad de México
24 de marzo de 2017
El cadáver de Breach yace dentro del vehículo baleado. La periodista tenía 54 años.
(Imagen: AFP)
La reportera Miroslava Breach Velducea fue asesinada a balazos la mañana de ayer en la ciudad de Chihuahua, cuando salía de su casa a bordo de su vehículo para llevar a uno de sus hijos a la escuela. Este es el tercer homicidio de un periodista en México en apenas tres semanas.A partir del 1º de febrero de 2000, la organización Article 19 ha documentado el asesinato de 103 periodistas en México, “en posible relación con su labor periodística”. Desde el 1º diciembre de 2012, cuando se inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto, suman ya 30 periodistas asesinados, un promedio de casi dos por mes.
Miroslava Breach, de 54 años, comenzó a colaborar desde 2001 en el diario La Jornada. El año pasado fue directora editorial del fronterizo periódico Norte de Ciudad Juárez, que atribuyó el crimen a su labor periodística. Se especializaba en temas políticos y sociales, ambos cada vez más vinculados al crimen organizado en México. Entre sus investigaciones más recientes destacan la narcopolítica y el asesinato de 1770 personas junto al destierro de cientos de familias que han sido expulsadas de sus comunidades por bandas de narcotraficantes en la sierra Tarahumara.
“Grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas y propiedades; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de marihuana en la región”, escribió Breach el pasado 6 de agosto de 2016 en La Jornada”, para describir una crisis humanitaria que lleva tres años sufriéndose en varias zonas de la sierra Tarahumara. Quienes se resisten son asesinados.
En el pasado proceso electoral local que llevó a la gobernación al entonces senador panista Javier Corral Jurado, la periodista expuso el control del crimen organizado de las listas de candidatos a alcaldes del PRI y, en menor medida, del PAN, precisamente en algunos de los 22 municipios de la sierra Tarahumara. De paso, documentó la intimidación que sufrieron los precandidatos que querían participar e identificó un caso concreto:
“En Bachíniva, en el noroeste del estado, pistoleros identificados con Arturo Quintana, El 80, se encargaron de hacer llegar la advertencia. Para ese municipio sería postulada por el PRI Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que desde hace seis años tiene el control territorial en ese y otros municipios”, publicó Breach en La Jornada el 4 de marzo de 2016.
La mañana de ayer, junto al cuerpo inerte de Miroslava Breach, su asesino dejó un mensaje escrito en una cartulina: “Por lenguona. Sigue tu gobernador. El 80”.
La policía recuperó ocho casquillos de baja calibre 38 tirados en la calle junto a la camioneta de la periodista, que quedó detenida a la salida de su casa, cuando empezaba a tomar la calle. Los disparos fueron hechos directamente contra la periodista a través de la ventanilla del lado del conductor.
Apenas hace cuatro días fue acribillado Ricardo Monlui Cabrera, quien manejaba el portal noticioso El Político y colaboraba en el diario El Sol de Córdoba, en el estado de Veracruz. Monlui desayunaba con familiares en un restaurante de Yanga; al salir fue interceptado por unas personas que iban en motocicleta. Recibió tres disparos en el cuerpo. Ninguno de sus familiares que lo acompañaban resultó herido.
Antes, el 2 de marzo, fue asesinado Cecilio Pineda, director de La Voz de Tierra Caliente, un periódico del estado de Guerrero, en la costa sur del Pacífico mexicano. Pineda era colaborador de otros medios locales y corresponsal del diario capitalino El Universal. Había sufrido agresiones y amenazas graves en los últimos dos años y se le otorgaron medidas de protección entre febrero y octubre de 2016, cuando el Mecanismo de Protección federal consideró de “ordinario” su nivel de riesgo. Cinco meses después fue acribillado en un autolavado en los terrenos de la Expo Feria de Ciudad Altamirano, una población fronteriza con el estado de Michoacán y sometida por el crimen organizado, donde hasta el Ayuntamiento debe pagar cuota de protección al crimen organizado.
Las plenarias de la Cámara de Diputados y del Senado de la República guardaron un minuto de silencio en memoria de la periodista asesinada. Los partidos políticos ahí representados aprovecharon para repartirse culpas.
En un comunicado, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, “asumió el compromiso de que se esclarecerá y no quedará impune el crimen de la periodista”. Mientras, en la Ciudad de México, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, comentó que Breach no formaba parte del Mecanismo de Protección, por lo que no habían establecido medidas para salvaguardar su vida e integridad. “En ningún momento solicitó protección”, declaró Campa.
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle), inició la investigación de este asesinato y envió a la capital del estado de Chihuahua a un director general, un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, 10 peritos de diversas especialidades y 12 elementos de la Policía Federal Ministerial.
El cadáver de Breach yace dentro del vehículo baleado. La periodista tenía 54 años.
(Imagen: AFP)
La reportera Miroslava Breach Velducea fue asesinada a balazos la mañana de ayer en la ciudad de Chihuahua, cuando salía de su casa a bordo de su vehículo para llevar a uno de sus hijos a la escuela. Este es el tercer homicidio de un periodista en México en apenas tres semanas.A partir del 1º de febrero de 2000, la organización Article 19 ha documentado el asesinato de 103 periodistas en México, “en posible relación con su labor periodística”. Desde el 1º diciembre de 2012, cuando se inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto, suman ya 30 periodistas asesinados, un promedio de casi dos por mes.
Miroslava Breach, de 54 años, comenzó a colaborar desde 2001 en el diario La Jornada. El año pasado fue directora editorial del fronterizo periódico Norte de Ciudad Juárez, que atribuyó el crimen a su labor periodística. Se especializaba en temas políticos y sociales, ambos cada vez más vinculados al crimen organizado en México. Entre sus investigaciones más recientes destacan la narcopolítica y el asesinato de 1770 personas junto al destierro de cientos de familias que han sido expulsadas de sus comunidades por bandas de narcotraficantes en la sierra Tarahumara.
“Grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas y propiedades; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de marihuana en la región”, escribió Breach el pasado 6 de agosto de 2016 en La Jornada”, para describir una crisis humanitaria que lleva tres años sufriéndose en varias zonas de la sierra Tarahumara. Quienes se resisten son asesinados.
En el pasado proceso electoral local que llevó a la gobernación al entonces senador panista Javier Corral Jurado, la periodista expuso el control del crimen organizado de las listas de candidatos a alcaldes del PRI y, en menor medida, del PAN, precisamente en algunos de los 22 municipios de la sierra Tarahumara. De paso, documentó la intimidación que sufrieron los precandidatos que querían participar e identificó un caso concreto:
“En Bachíniva, en el noroeste del estado, pistoleros identificados con Arturo Quintana, El 80, se encargaron de hacer llegar la advertencia. Para ese municipio sería postulada por el PRI Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que desde hace seis años tiene el control territorial en ese y otros municipios”, publicó Breach en La Jornada el 4 de marzo de 2016.
La mañana de ayer, junto al cuerpo inerte de Miroslava Breach, su asesino dejó un mensaje escrito en una cartulina: “Por lenguona. Sigue tu gobernador. El 80”.
La policía recuperó ocho casquillos de baja calibre 38 tirados en la calle junto a la camioneta de la periodista, que quedó detenida a la salida de su casa, cuando empezaba a tomar la calle. Los disparos fueron hechos directamente contra la periodista a través de la ventanilla del lado del conductor.
Apenas hace cuatro días fue acribillado Ricardo Monlui Cabrera, quien manejaba el portal noticioso El Político y colaboraba en el diario El Sol de Córdoba, en el estado de Veracruz. Monlui desayunaba con familiares en un restaurante de Yanga; al salir fue interceptado por unas personas que iban en motocicleta. Recibió tres disparos en el cuerpo. Ninguno de sus familiares que lo acompañaban resultó herido.
Antes, el 2 de marzo, fue asesinado Cecilio Pineda, director de La Voz de Tierra Caliente, un periódico del estado de Guerrero, en la costa sur del Pacífico mexicano. Pineda era colaborador de otros medios locales y corresponsal del diario capitalino El Universal. Había sufrido agresiones y amenazas graves en los últimos dos años y se le otorgaron medidas de protección entre febrero y octubre de 2016, cuando el Mecanismo de Protección federal consideró de “ordinario” su nivel de riesgo. Cinco meses después fue acribillado en un autolavado en los terrenos de la Expo Feria de Ciudad Altamirano, una población fronteriza con el estado de Michoacán y sometida por el crimen organizado, donde hasta el Ayuntamiento debe pagar cuota de protección al crimen organizado.
Las plenarias de la Cámara de Diputados y del Senado de la República guardaron un minuto de silencio en memoria de la periodista asesinada. Los partidos políticos ahí representados aprovecharon para repartirse culpas.
En un comunicado, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, “asumió el compromiso de que se esclarecerá y no quedará impune el crimen de la periodista”. Mientras, en la Ciudad de México, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, comentó que Breach no formaba parte del Mecanismo de Protección, por lo que no habían establecido medidas para salvaguardar su vida e integridad. “En ningún momento solicitó protección”, declaró Campa.
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle), inició la investigación de este asesinato y envió a la capital del estado de Chihuahua a un director general, un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, 10 peritos de diversas especialidades y 12 elementos de la Policía Federal Ministerial.
