22 feb 2017

EL FIN DEL PARAISO

11 M DE PERSONAS EXPUESTAS A UNA DEPORTACIÓN

Trump ordenó una caza de brujas contra los inmigrantes sin papeles. Para cumplir con su objetivo, el Gobierno contratará a 15.000 nuevos agentes. Organizaciones de derechos humanos afirmaron que las redadas ya comenzaron. La regla no afecta a los “soñadores”.

22 de Febrero de 2017


SACUDÓN. El presidente Donald Trump cargó ayer contra las manifestaciones de odio durante una visita al Museo de Historia y Cultura Afroamericana. En una de las paredes del recinto se leía “sacudí al mundo”.

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en campaña electoral echar a los más de 11 millones de inmigrantes sin papeles que hay en el país. 
Un mes después de jurar el cargo, su administración abrió la puerta a las deportaciones masivas en directrices oficiales publicadas ayer por el Departamento de Seguridad Nacional.

Se trata de dos memorandos en los que se recoge cómo implementar las dos órdenes ejecutivas sobre seguridad fronteriza e interna que Trump firmó el 26 de enero, menos de una semana después de instalarse en la Casa Blanca. Los documentos amplían potencialmente el número de personas susceptibles de ser detenidas y deportadas y avanzan la contratación de 15.000 nuevos agentes destinados a ello.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), todo el que haya violado las leyes de inmigración es susceptible ahora de ser detenido y, en último término, deportado.

"El objetivo final es la deportación masiva", coincidieron organizaciones civiles y de defensa de los inmigrantes. "No, para nada", respondió a esta interpretación el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su rueda de prensa diaria.

Uno de los memorandos identifica también los lugares en los que va a empezar a construirse el polémico muro en la frontera con México para evitar la entrada de inmigración ilegal. Un anuncio que llega en la misma semana en la que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, Rex Tillerson y John Kelly, viajan al país del sur para reunirse con la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

"Todos los que hayan violado leyes de inmigración están sujetos a la aplicación de estos procedimientos, incluyendo la expulsión del país", indicó el departamento de Kelly en las directrices sobre cómo cumplir con las disposiciones del presidente Trump. "Con excepciones extremadamente limitadas, el DHS no establecerá exclusiones", señaló.

Esto supone un cambio drástico frente a los años anteriores. La administración de Barack Obama situó a los inmigrantes sin papeles que hubieran cometido crímenes graves como prioritarios para la deportación. La nueva administración sitúa básicamente a todos los indocumentados como prioritarios de ser arrestados y expulsados, pese a que Trump, en una entrevista televisiva tras ganar las elecciones, había cifrado en 3 millones los prioritarios para deportación.

Esa cifra fue la que aproximadamente deportó la administración de Barack Obama, el presidente que más sin papeles expulsó (casi 2,9 millones) y por la que organizaciones de derechos civiles le pusieron el sobrenombre de "deportador en jefe", en un juego de palabras con su posición como "comandante en jefe".

La medida, no obstante, deja vigente la protección que el Gobierno demócrata concedió a jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños junto a sus padres, y así lo destacaron explícitamente tanto el Departamento de Seguridad Nacional como el portavoz de la Casa Blanca.

Unos 750.000 jóvenes, conocidos como "dreamers" (soñadores), están acogidos al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que los protege de la deportación y les da permisos de trabajo temporales. Sería fácil localizarlos porque la administración cuenta con sus datos. Pero organizaciones de derechos civiles y defensa de los inmigrantes advirtieron en contra de entender que los "dreamers" están a salvo. "Todo el mundo es ahora una prioridad", dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias, que habló de "potenciales violaciones de la Constitución" y de la posibilidad de acudir por ello a los tribunales. "El objetivo final es la deportación masiva", coincidió Tom Jawetz, vicepresidente de Inmigración del Centro para el Progreso Americano.

Sus organizaciones están entre las que aseguraban que Trump había iniciado ya el camino de las deportaciones masivas con el arresto, en la segunda semana de febrero, de cerca de 700 inmigrantes en redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). "La represión contra criminales ilegales es sencillamente el mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados", escribió Trump en Twitter tras esas redadas.

Los 15.000 nuevos agentes que anuncian los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional se dividen en dos grupos: 10.000 nuevos agentes del ICE y 5.000 nuevos de la Patrulla Fronteriza.

Respecto al muro, ha identificado lugares cerca de El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California) donde va a comenzar a levantar la barrera tras comprobar que la valla o el cercado allí existentes dejaron de ser "efectivos". Además, la Patrulla Fronteriza está analizando cuáles son las áreas prioritarias donde no existe nada para levantar un muro o una barrera física similar.

Trump anunció que esta semana firmará una nueva orden ejecutiva sobre migración, que se prevé dirigida a superar la suspensión en la que la Justicia dejó su veto a los ciudadanos de siete países musulmanes.


Agencia DPA, EFE y Reuters