URUGUAY
Chediak: “Hay dificultad para avanzar en causas de la dictadura por el tiempo que ha pasado”
03.02.2017
MONTEVIDEO (Uypress)-
http://www.mec.gub.uy/
Solucionar el conflicto salarial con el Poder Ejecutivo e implementar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) serán las dos prioridades del ministro Jorge Chediak en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En una ceremonia pletórica de autoridades gubernamentales, parlamentarias, judiciales y militares, (según consigna La Diaria) en la que también participaron los ex presidentes de la República Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, Chediak asumió este jueves la titularidad del máximo organismo judicial, que ejercerá hasta el año próximo.
En la entrada de la sede de la SCJ, un grupo de militares desfilaron bajo los acordes de la marcha militar "25 de agosto" -la que sonaba antes de cada comunicado de la dictadura militar- y de la marcha "Mi bandera", para rendir homenaje al nuevo presidente de la SCJ.
Tras la ceremonia, Chediak convocó una conferencia de prensa en la que afirmó que lo que más le preocupaba a la SCJ era la salida del diferendo salarial con el Poder Ejecutivo y dijo que es "muy optimista en que este larguísimo diferendo, que debe ser para el Libro Guinness de los récords, se pueda terminar este año".
En 2010, el Poder Ejecutivo resolvió aumentar los sueldos de los ministros del Estado, sin notar que estos estaban enganchados con los salarios de los funcionarios del Poder Judicial. En diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo acordó con los jueces pagar de ahora en más el aumento que reclamaban, y además hacer un pago retroactivo desde diciembre de 2012 a 2016 de 16,4%, que se hará efectivo en dos cuotas, en 2017 y 2018. Esto implicará un desembolso de 9,5 millones de dólares.
Chediak destacó que 93% de los jueces se acogieron a esta solución y firmaron un compromiso de no iniciar acciones judiciales contra el gobierno.
La implementación del nuevo CPP, a partir del 17 de julio, también será una prioridad de la presidencia de Chediak. El ministro dijo que el actual código, "que se aprobó en la dictadura, no es malo, pero es absolutamente demodé, incumplidor del estándar mínimo de protección de los derechos humanos".
Sostuvo que el nuevo permitirá tener una Justicia penal que dé garantías, ya que la actual "no es transparente". "La Justicia penal no es transparente, nadie entiende mucho cómo funciona. Y cuando se ve que entre rapiñas parecidas, unas terminan en procesamiento con prisión y otras en un emplazamiento, que no se sabe qué es, y no hay una explicación de qué paso, esa opacidad genera desconfianza en el funcionamiento del sistema", consideró Chediak.
Agregó que el nuevo código permitirá una mayor celeridad en las condenas. Aseguró que aunque actualmente más de 85% de los delitos son flagrantes, la condena llega en promedio 18 meses después, y se condena "con exactamente la misma prueba que teníamos a las 48 horas". El objetivo es llegar a una sentencia en un plazo de uno o dos meses en promedio, explicó el jerarca. Por otra parte, anunció que se incorporarán al Poder Judicial 60 defensores y 30 magistrados.
Chediak comentó que los actores judiciales deberán adquirir experiencia en la litigación oral y también vestirse de manera más formal, porque las audiencias serán públicas. "Hay otro código de vestimenta, no se puede ir totalmente descontraído. El juez no puede ir con la corbata desabrochada, los abogados no pueden ir de campera, la actitud no puede ser la misma. Y la dinámica es distinta porque es más rápida", apuntó el ministro.
Además, afirmó que puede haber "problemas de coordinación", porque "la Policía tiene claro que recibe órdenes de los jueces penales, pero nunca ha recibido órdenes de los fiscales". Según el nuevo código, la función de investigación estará a cargo de los fiscales y no de los jueces, como sucede actualmente. La SCJ coordinará con la prensa un protocolo para preservar las identidades de víctimas, testigos y victimarios en el juicio.
El nuevo presidente también comentó que se seguirá esperando la aprobación de un nuevo Código Penal. Recordó que este iba a aprobarse en 2014, pero entonces "surgió el problema [de la tipificación] del femicidio, y eso, que seguramente sea una cosa buena, tiene un epifenómeno que no es bueno, y es que el código no salió". Se refería a que en diciembre de 2014, un grupo de organizaciones feministas y vinculadas a grupos de defensa de los derechos humanos hicieron pública una carta en la que denunciaban que el proyecto de nuevo Código Penal significaba un "retroceso" en la agenda de derechos y conservaba "una raíz androcéntrica y patriarcal que contribuye a la reproducción de las desigualdades". La bancada del Frente Amplio resolvió frenar la aprobación de la iniciativa, que ya había sido votada por la Cámara de Senadores, y ahora el proyecto permanece a estudio de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley que crea una fiscalía especializada en los crímenes cometidos en la dictadura de la década de 1970. Chediak dijo que no tiene "observación ninguna" al respecto; en cambio, afirmó que en su momento objetó la creación de un juzgado especializado en el tema. "Lo que señalamos es que eso violaba el principio de juez natural: no se puede crear un juzgado especializado después de generados los hechos, se puede crear lo que uno quiera para el futuro, pero para hechos pasados no, por el principio de juez natural", argumentó. Respecto de la falta de avance en estas causas, Chediak opinó que se trata de temas que "no son fáciles". "Creo que quienes han estado en los últimos años en las sedes penales con este tipo de causas tienen ese sentimiento de la dificultad para avanzar en esta temática, sobre todo por el tiempo que ha pasado. A veces la voluntad política va creciendo con el transcurso del tiempo, pero la posibilidad material de investigar va decreciendo", evaluó
Grupo Verdad y Justicia propone iniciar juicios civiles a militares por daños causados en dictadura.
El Grupo Verdad y Justicia (GVJ) remitió a organizaciones vinculadas a los derechos humanos un borrador con sugerencias a elevar al Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos vinculados a la última dictadura.
La intención del grupo es recibir comentarios y propuestas de los colectivos sociales. La organización de ex presos políticos Crysol ya redactó un documento de respuesta, al que accedió la diaria. Allí destacan la intención del GVJ de recomendarle al Ejecutivo que aplique el artículo 25 de la Constitución de la República, que faculta a los organismos públicos a hacerles pagar a los funcionarios a su cargo por el daño que hayan causado "en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo".
El GVJ recomienda aplicar este artículo a los responsables de delitos de lesa humanidad; Crysol sugiere aplicarlo, en cambio, a los "procesados y condenados con sentencia firme por los delitos conexos y/o relacionados con el terrorismo de Estado", ya que los jueces uruguayos no han tipificado como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos en dictadura.
"Es lamentable y preocupante que ninguno de los gobiernos que se han rotado en la administración del Estado hasta el momento haya adoptado una decisión de este tipo. Valoramos muy positivamente vuestra recomendación y vuestro compromiso en este tema tan delicado", destaca Crysol, en su carta dirigida al GVJ.
El coordinador del grupo, Felipe Michelini, dijo a la diaria que "no hay dudas" de que debería recurrirse al artículo 25 e iniciar un juicio civil a los militares que "actuaron con dolo" para que "tengan responsabilidad patrimonial".
"Y en este caso [el de los crímenes de la dictadura] se podría argumentar razonablemente que actuaron con dolo", acotó Michelini, y sostuvo que se trata de un "tema de igualdad en las cargas públicas". "Todos nos hacemos cargo como sociedad a través del Estado de reparar un daño, pero aquel que actuó con culpa grave o dolo debería contribuir más", afirmó.
Otra propuesta del grupo es entender la reparación monetaria como un derecho que tienen las víctimas de la dictadura en todos los casos, independientemente de si perciben ingresos por otro motivo (actualmente, si superan determinados ingresos, no pueden percibir la pensión reparatoria). "Desde el punto de vista conceptual, es claro que lo reparatorio no es una cuestión de prestación de seguridad social", afirmó Michelini.
Esta semana el GVJ se reunió con el presidente Tabaré Vázquez para proyectar el trabajo de los próximos meses. Michelini aseguró que el presidente les expresó su "respaldo total". "Está consustanciado con la causa, apoyando en lo que se pueda hacer", señaló el coordinador del grupo.
Sobre el resultado del juicio en Italia por el Plan Cóndor, Vázquez sostuvo en la reunión que hay que esperar los fundamentos del fallo y llamó a realizar un seguimiento cercano de las instancias de apelación.
Por otra parte, Presidencia informó que Mario Cayota, quien fue embajador uruguayo ante el Vaticano, fue designado para revisar los archivos de la sede católica sobre la dictadura uruguaya y que los trabajos comenzarán en estos días
La intención del grupo es recibir comentarios y propuestas de los colectivos sociales. La organización de ex presos políticos Crysol ya redactó un documento de respuesta, al que accedió la diaria. Allí destacan la intención del GVJ de recomendarle al Ejecutivo que aplique el artículo 25 de la Constitución de la República, que faculta a los organismos públicos a hacerles pagar a los funcionarios a su cargo por el daño que hayan causado "en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo".
El GVJ recomienda aplicar este artículo a los responsables de delitos de lesa humanidad; Crysol sugiere aplicarlo, en cambio, a los "procesados y condenados con sentencia firme por los delitos conexos y/o relacionados con el terrorismo de Estado", ya que los jueces uruguayos no han tipificado como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos en dictadura.
"Es lamentable y preocupante que ninguno de los gobiernos que se han rotado en la administración del Estado hasta el momento haya adoptado una decisión de este tipo. Valoramos muy positivamente vuestra recomendación y vuestro compromiso en este tema tan delicado", destaca Crysol, en su carta dirigida al GVJ.
El coordinador del grupo, Felipe Michelini, dijo a la diaria que "no hay dudas" de que debería recurrirse al artículo 25 e iniciar un juicio civil a los militares que "actuaron con dolo" para que "tengan responsabilidad patrimonial".
"Y en este caso [el de los crímenes de la dictadura] se podría argumentar razonablemente que actuaron con dolo", acotó Michelini, y sostuvo que se trata de un "tema de igualdad en las cargas públicas". "Todos nos hacemos cargo como sociedad a través del Estado de reparar un daño, pero aquel que actuó con culpa grave o dolo debería contribuir más", afirmó.
Otra propuesta del grupo es entender la reparación monetaria como un derecho que tienen las víctimas de la dictadura en todos los casos, independientemente de si perciben ingresos por otro motivo (actualmente, si superan determinados ingresos, no pueden percibir la pensión reparatoria). "Desde el punto de vista conceptual, es claro que lo reparatorio no es una cuestión de prestación de seguridad social", afirmó Michelini.
Esta semana el GVJ se reunió con el presidente Tabaré Vázquez para proyectar el trabajo de los próximos meses. Michelini aseguró que el presidente les expresó su "respaldo total". "Está consustanciado con la causa, apoyando en lo que se pueda hacer", señaló el coordinador del grupo.
Sobre el resultado del juicio en Italia por el Plan Cóndor, Vázquez sostuvo en la reunión que hay que esperar los fundamentos del fallo y llamó a realizar un seguimiento cercano de las instancias de apelación.
Por otra parte, Presidencia informó que Mario Cayota, quien fue embajador uruguayo ante el Vaticano, fue designado para revisar los archivos de la sede católica sobre la dictadura uruguaya y que los trabajos comenzarán en estos días
