8 FEB, 2017
El Ministerio Público presentó la tarde de ayer un pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el ex presidente Alejandro Toledo. Esto en marco de las investigaciones que se le realizan por presuntamente haber recibido US$20 millones de la empresa Odebrecht por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
El anuncio fue realizado a través de la cuenta de Twitter del Poder Judicial, que indicó que solicitud de la fiscalía se encontraba en la mesa de partes de Sala Penal Nacional.
El referido poder del Estado, presidido por Duberlí Rodriguez, indicó que el pedido de prisión preventiva contra Alejandro Toledo será evaluado por juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Vale anotar que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro formalizó el pasado lunes la investigación preparatoria contra el líder de Perú Posible por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
También se decidió que Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo cercano de Alejandro Toledo, sea investigado en calidad de autor por el Caso Odebrecht.
Además, se abrió investigación preparatoria contra el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, como cómplice primario en el citado caso.
Por su lado, el líder de la chacana ha referido que nunca ha recibido dinero por la licitación de obras durante su gobierno. En ese sentido, ha retado a Jorge Barata a probar la supuesta entrega de US$20 millones.
“Quiero desafiar. Dice el señor Barata que se ha acogido [a la colaboración eficaz]. Que diga cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado USS$20 millones a mí. ¡No le permito!”, dijo Alejandro Toledo el último domingo desde París.
El Comercio
El Ministerio Público presentó la tarde de ayer un pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el ex presidente Alejandro Toledo. Esto en marco de las investigaciones que se le realizan por presuntamente haber recibido US$20 millones de la empresa Odebrecht por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
El anuncio fue realizado a través de la cuenta de Twitter del Poder Judicial, que indicó que solicitud de la fiscalía se encontraba en la mesa de partes de Sala Penal Nacional.
El referido poder del Estado, presidido por Duberlí Rodriguez, indicó que el pedido de prisión preventiva contra Alejandro Toledo será evaluado por juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Vale anotar que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro formalizó el pasado lunes la investigación preparatoria contra el líder de Perú Posible por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
También se decidió que Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo cercano de Alejandro Toledo, sea investigado en calidad de autor por el Caso Odebrecht.
Además, se abrió investigación preparatoria contra el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, como cómplice primario en el citado caso.
Por su lado, el líder de la chacana ha referido que nunca ha recibido dinero por la licitación de obras durante su gobierno. En ese sentido, ha retado a Jorge Barata a probar la supuesta entrega de US$20 millones.
“Quiero desafiar. Dice el señor Barata que se ha acogido [a la colaboración eficaz]. Que diga cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado USS$20 millones a mí. ¡No le permito!”, dijo Alejandro Toledo el último domingo desde París.
El Comercio
Colombia: Fiscalía compulsa copias para investigar campaña de Zuluaga
Entre las decisiones que adoptó el martes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, está el traslado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de la denuncia radicada por el partido Centro Democrático para que el ente acusador investigara la financiación de la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.
En concreto se buscaba que se investigara si Zuluaga sabía de los pagos de Odebrecht al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’ Mendonça, que lo asesoró en la contienda presidencial.
En una carta de ocho páginas, el fiscal Martínez Neira les responde a las directivas de ese partido que la Fiscalía ya se pronunció el 11 de enero en cuanto a la financiación de la campaña y consideró que no se encontraron delitos, pero que “existían elementos materiales probatorios que podrían inferir que su campaña a la presidencia de 2014 hubiere violado los topes de campaña”.
Por esto ya se habían compulsado copias al CNE y lo mismo se hizo con la reciente solicitud de investigación.
Sin embargo, el Fiscal General deja en claro que hace esa compulsa “sin perjuicio de las actuaciones que puedan corresponder a esta Fiscalía en desarrollo de las investigaciones que adelanta actualmente por el caso Odebrecht”.
Fiscalía legaliza allanamientos
Como parte de la investigación de la Fiscalía, hombres del CTI realizaron una inspección judicial a la sede del Banco Agrario, en donde se recolectaron datos sobre el préstamo que otorgó la entidad a la sociedad Navelena SAS para financiar el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
Los investigadores buscan documentar todo el proceso que llevó al desembolso del millonario crédito para esa obra, que también está bajo la lupa del ente acusador.
También se legalizan los allanamientos que se han venido realizando en la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas. En este caso se investiga a funcionarios de la empresa de acueducto de Bogotá que participaron en la adjudicación del contrato en el 2009.
Finalmente, en la macroinvestigación sobre el caso Odebrecht, el fiscal Néstor Humberto Martínes señaló que para el 11 de febrero quedó programada la citación a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, quien fue citada a entrevista para preguntarle sobre el otrosí Ocaña-Gamarra.
La Fiscalía encontró que aunque ese contrato, por el que se habrían pagado sobornos por 4,6 millones de dólares, fue elaborado en el año 2013, finalmente fue fechado y suscrito a mediados del 2016. Ello se habría dado con el apoyo de “reconocidos juristas”.
El Tiempo
Entre las decisiones que adoptó el martes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, está el traslado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de la denuncia radicada por el partido Centro Democrático para que el ente acusador investigara la financiación de la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.
En concreto se buscaba que se investigara si Zuluaga sabía de los pagos de Odebrecht al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’ Mendonça, que lo asesoró en la contienda presidencial.
En una carta de ocho páginas, el fiscal Martínez Neira les responde a las directivas de ese partido que la Fiscalía ya se pronunció el 11 de enero en cuanto a la financiación de la campaña y consideró que no se encontraron delitos, pero que “existían elementos materiales probatorios que podrían inferir que su campaña a la presidencia de 2014 hubiere violado los topes de campaña”.
Por esto ya se habían compulsado copias al CNE y lo mismo se hizo con la reciente solicitud de investigación.
Sin embargo, el Fiscal General deja en claro que hace esa compulsa “sin perjuicio de las actuaciones que puedan corresponder a esta Fiscalía en desarrollo de las investigaciones que adelanta actualmente por el caso Odebrecht”.
Fiscalía legaliza allanamientos
Como parte de la investigación de la Fiscalía, hombres del CTI realizaron una inspección judicial a la sede del Banco Agrario, en donde se recolectaron datos sobre el préstamo que otorgó la entidad a la sociedad Navelena SAS para financiar el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
Los investigadores buscan documentar todo el proceso que llevó al desembolso del millonario crédito para esa obra, que también está bajo la lupa del ente acusador.
También se legalizan los allanamientos que se han venido realizando en la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas. En este caso se investiga a funcionarios de la empresa de acueducto de Bogotá que participaron en la adjudicación del contrato en el 2009.
Finalmente, en la macroinvestigación sobre el caso Odebrecht, el fiscal Néstor Humberto Martínes señaló que para el 11 de febrero quedó programada la citación a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, quien fue citada a entrevista para preguntarle sobre el otrosí Ocaña-Gamarra.
La Fiscalía encontró que aunque ese contrato, por el que se habrían pagado sobornos por 4,6 millones de dólares, fue elaborado en el año 2013, finalmente fue fechado y suscrito a mediados del 2016. Ello se habría dado con el apoyo de “reconocidos juristas”.
El Tiempo
República Dominicana: Procurador abre segunda fase de pesquisas por soborno Odebrecht
La Procuraduría General de la República inició ayer la segunda fase de la investigación por los US$92 millones en sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para ser favorecida con obras del Estado, con el interrogatorio a Leonardo Guzmán.
Guzmán, yerno del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, llegó a la Procuraduría pasadas las 3:20 p.m., y al cierre de esta edición continuaba siendo interrogado por Jean Alain Rodríguez y Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Mientras, fue citado para hoy a las 8:30 a.m., el abogado Conrado Pittaluga.
Uno de los ejecutivos del Antigua Overseas Bank (AOB), investigado por las acusaciones de corrupción político-empresarial en Brasil, conocidas como Operación Lava Jato, ofreció los nombres de varios dominicanos como personas que manejaron cuentas que eran alimentadas por el Grupo Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado por pago de sobornos a cambio de ser favorecido con contratos. Entre los mencionados por Marco Pereira de Sousa Bilinski figuran Guzmán, Pittaluga, y Ángel Rondón.
Bilinski afirmó que las cuentas eran abastecidas siempre con dinero de Odebrecht y no de sus socios comerciales. Dijo que, aunque en un principio pensó que la finalidad de abrir una offshore era por cuestiones de planeamiento tributario, luego se dio cuenta que la intención era “eliminar el origen del dinero del destinatario final”.
En su declaración dijo también que el entonces representante de Odebrecht en RD, Claudio Medeiros lo puso en contacto con la dominicana Kelly Marius, quien le habría solicitado abrir cuentas a favor de Ángel Rondón, a título de sus empresas: Conansa International y Lachan Corp. El delator dijo que Kelly le informó que la finalidad de esas cuentas era mover dinero del ramo inmobiliario.
También declaró que en una ocasión se reunió con Rondón en la sede de la empresa Odebrecht en el país y que, de la época del Meinl Bank, “tiene casi certeza de que las dos cuentas eran movidas por Kelly”.
El nombre de Conrado Pittaluga, figura también como notario público en el proceso de licitación que realizó el Ministerio de Obras Públicas para la realización del proyecto Corredor Duarte I por un monto de US$ 163,890,541.53.
Para la época de su firma y licitación, Pittaluga habría manejado ya las cuentas de Odebrecht, a juzgar por las declaraciones que ofreció ante el Ministerio Público Federal de Curitiba, el ejecutivo del AOB.
En el contrato para el “diseño y construcción del proyecto Corredor Duarte” firmado el 28 de abril del 2009, se establece en uno de sus preámbulos que el 26 de febrero del 2009 se procedió a la recepción y apertura del sobre de precalificación referente a la fase I, en presencia del notario Público Pittaluga Nivar. Más adelante indica que el 21 de abril del 2009 “se procedió a la recepción y apertura de los sobres “A” y “B” de la fase II de la licitación, en presencia del notario público Dr. Conrado Pittaluga Nivar…”.
Diario Libre
