Sin policía ni espíritu santo. El estado de Espíritu Santo, y sobre todo su capital, Vitoria, hace cinco días que es una tierra sin ley. La llegada del Ejército no impidió que siguiesen los saqueos, los robos y los asesinatos. Una cara del duro ajuste fiscal.
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
09 de febrero de 2017
Pagina12 |
La presencia de los primeros 500 militares en las calles no frenó los saqueos, la quema de vehículos y las muertes.
Hasta las seis y media de la tarde de ayer, fueron al menos 90 muertes violentas en el estado de Espírito Santo. La mayoría en la capital, Vitoria, y su periferia. Eso, en cuatro días y medio. En exactas 84 horas. Un asesinato a cada 56 minutos.
El número, impactante, es el resultado de una huelga de la Policía Militar, que empezó el pasado viernes. En Brasil, hay dos policías: la Civil, que funciona como policía judicial e investigativa, y la Militar, responsable de tareas de seguridad y vigilancia. Por ley, las huelgas de las fuerzas de seguridad están prohibidas. Los policías militares de Espírito Santo supieron innovar: para exigir reajuste en sus sueldos, congelados desde hace cinco años, pusieron a sus familiares delante de los portones de los cuarteles y guarniciones, impidiendo la salida de los patrulleros. Y con semejante obstáculo por delante, se declararon imposibilitados de salir a la calle. Fue cuando la capital entró en colapso.
Ayer, para complicar aún más el ambiente de descontrol total, también la Policía Civil se declaró en huelga, como respuesta al asesinato de uno de sus integrantes en la tierra sin ley en que se transformó el estado.
El pasado lunes llegaron fuerzas del ejército, enviadas, a pedido del gobernador, por Brasilia. Y el martes más hombres de una Fuerza Nacional de Seguridad, y para hoy son esperados más refuerzos. Ayer por la tarde, el gobernador Paulo Hartung pidió, además de los mil soldados que ya están en la capital, más tropas federales. De paso,declaró formalmente que entregaba a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública en su estado. “La población es víctima de un secuestro”, dijo Hartung, “y los secuestradores del derecho de ir y venir quieren cobrar su rescate. No pagaremos”.
El semblante desolado del gobernador no sirve para que la Constitución cambie. Y dice la Constitución que las Fuerzas Armadas no pueden ejercer funciones de seguridad pública en tiempos de paz.
Además, se trata de una medida inocua: al fin y al cabo, ni Ejército, ni Marina y menos la Fuerza Aérea recibieron el entrenamiento necesario. La llegada de los primeros 500 hombres del Ejército no impidió, por ejemplo, que los saqueos al comercio siguiesen sin control alguno, ni la quema de autobuses, ni los robos por doquier. Ni, claro, los asesinatos en secuencia. Hasta ayer, los comerciantes -principalmente los supermercados- decían no tener una idea del monto de los saqueos. Grabaciones que circulan por la internet muestran saqueadores disputando hasta cajas de huevos en los supermercados abandonados a la suerte de los dioses. En muchos edificios los moradores se revezan para tratar de impedir la entrada de asaltantes.
Irónicamente, el gobierno de Paulo Hartung estaba considerado ejemplar por haber aplicado a fondo el duro ajuste fiscal defendido por el equipo económico de Temer. La impotencia del gobierno provincial frente al movimiento ilegal de la Policía Militar puso en evidencia la fragilidad institucional que poco a poco se alastra por todo el mapa brasileño, frente a la discutible legitimidad del gobierno nacional surgido a raíz de un golpe institucional que culminó con la destitución de Dilma Rousseff en 2016.
En Brasilia, el principal temor del gobierno es que lo que ocurre en Espirito Santo se repita en otras provincias brasileñas. La vecina provincia de Río de Janeiro, por ejemplo, está virtualmente en quiebra desde el segundo trimestre del año pasado. Los funcionarios provinciales no han recibido todavía el sueldo de diciembre y del aguinaldo ni hablar. Lo mismo pasa con jubilados y pensionistas. El pasado martes empezaron a circular avisos de huelga de la Policía Militar que empezaría mañana viernes. El anuncio asusta: “No salga de casa el viernes, por su propia seguridad. La Policía Militar decretará huelga”.
Tanto el secretario provincial de Seguridad Pública como el comandante general de la Policía Militar dijeron enfáticamente que se trata de un comunicado acéfalo, que no debería ser tenido en cuenta. Claro que nadie creyó en ellos: al fin y al cabo, en los últimos once meses la violencia urbana en la ciudad de Río de Janeiro experimentó un salto de 63 por ciento, con énfasis en robo a mano armada.
Mientras, la Policía Militar enfrenta, en niveles cada vez más alarmantes, condiciones negativas para cumplir con sus funciones. Por ejemplo: hay un cupo limitado para el combustible de los patrulleros, además de un recorte en el número de policías en las calles.
Como respuesta a la amenaza, ayer el gobernador Luiz Fernando Pezão anunció que el próximo martes no solo pagará a policías civiles, militares y a los bomberos todo lo que está retrasado, como decretó un aumento en los sueldos. Con las finanzas estaduales en estado de coma profundo, no explicó de dónde sacara recursos para cumplir lo prometido.
En irónica coincidencia, casi que a la misma hora el Tribunal Regional Electoral decretó la destitución tanto de Pezão como del vicegobernador Francisco Dornelles, a raíz de irregularidades en las finanzas de la campaña electoral de 2014. Los dos irán recurrir a la instancia máxima, el Tribunal Superior Electoral, y hasta que salga la sentencia final seguirán en sus puestos.
Pero una vez más, queda evidente la falencia institucional que sacude al país. ¿Quién creerá en lo que dice el mismo hombre que contribuyó para la quiebra y la falencia de Río de Janeiro y, además, es acusado de irregularidades de todo calibre?
