La inquietud del Fondo Monetario radica en “las implicancias más amplias” que puede tener el triunfo de los fondos buitre sobre otros países. En cambio, no hizo referencia al esquema de endeudamiento que propició en Argentina durante décadas.
Por Javier Lewkowicz
El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo pública ayer su “preocupación por las implicancias más amplias” que podría tener la decisión judicial que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos en favor de los fondos buitre en el litigio contra la Argentina. El organismo no apela a un especial sentido de la sensibilidad, sino que busca preservar el círculo de sobreendeudamiento, crisis, default y reestructuración que incluye a sus políticas de ajuste, un esquema repetido desde los ’80, a pesar de que la Argentina en la última década logró preservar grados de autonomía. El ministro de Economía, Axel Kicillof, mencionó la posición del Fondo, que en este contexto suma argumentos para la defensa argentina.
No es la primera vez que el organismo financiero plantea que la Justicia norteamericana puede estar generando un efecto negativo que supera a un potencial default argentino si les da la razón a los fondos especulativos. “El Fondo considera con mucho cuidado esta decisión –en referencia al rechazo de la Corte a tomar el caso argentino– y, como hemos dicho anteriormente, estamos preocupados por la posibilidad de implicaciones sistémicas más amplias”, indicó el vocero del FMI, Gerry Rice.
El FMI quiere conservar sus prerrogativas. El esquema vigente hasta ahora fue el siguiente: los organismos presionan para que los países relajen regulaciones de todo tipo, entre ellas la cuenta capital, de modo que reciban, por la puerta grande, capitales foráneos de todo tipo. El negocio financiero infla la deuda externa, proceso que en algún momento se topa con un cambio en las condiciones de los mercados internacionales y explota. El país periférico entra en crisis y declara el default, que lo aleja de los mercados. La única manera de que el ciclo se recomponga es reestructurar la deuda. El Fondo se ocupa de que el país en cuestión reduzca gastos sociales y venda activos estatales para que la capacidad de repago de la deuda (reestructurada) no se vea afectada. La operación luce exitosa: el Fondo logra que se apliquen las conocidas recetas de ajuste, el país vuelve a tomar deuda y el negocio financiero se revitaliza.
Es lo que pasó en la Argentina en los ’90. Distinto fue lo que sucedió luego de 2002, cuando el país permaneció alejado de los mercados. El FMI recuerda como una peculiaridad que en el canje de 2005 “se redujo el rol que el Fondo juega en la definición del esquema macroeconómico”.
En el documento “Reestructuraciones de deuda soberana: desarrollos recientes e implicancias para el marco legal y de política del FMI”, publicado el año pasado, el organismo reafirma su posición en favor de las reestructuraciones y plantea su preocupación por el efecto del caso argentino y los fondos buitre. El informe versa sobre los últimos casos de canje, como República Dominicana (2005), Belice (2007 y 2013), Ecuador (2009), Jamaica (2010 y 2013) y St. Kitts and Nevis (2012), además de la de Grecia, en febrero de 2012, por un total de 205 mil millones de euros. En un lugar central cita los dos canjes argentinos, en 2005 y 2010. Al comienzo, indica que “el litigio en contra de la Argentina podría tener amplias implicancias para futuras reestructuraciones de deuda pública”.
El informe aclara que “la aproximación del Fondo a los canjes de deuda se entiende mejor en el contexto del FMI en su rol de prestamista. En la mayoría de los programas de apoyo del Fondo, se combinan políticas de ajuste junto a nuevo financiamiento que cataliza el fondeo espontáneo del sector privado”. Según el FMI, su presencia en los canjes es central porque “los acreedores mirarán los juicios del Fondo para saber cuánta quita de deuda es necesaria para alcanzar la sustentabilidad. Estos juicios son formados en el contexto del diseño de un programa que haga viable la reestructuración”, léase, un programa de ajuste.
En relación con el litigio contra la Argentina, el Fondo sostiene que el daño sobre futuras reestructuraciones se produciría a través de dos canales. Por un lado, “si se permite a los holdouts interrumpir el flujo de pagos hacia los acreedores de la reestructuración, se incrementaría el desincentivo al canje”. Es lo que el Gobierno se encargó de descartar en los últimos días: se va a priorizar el pago a los que creyeron en el canje. Pero además, el organismo plantea que el hecho de que los holdouts cobren por fuera del canje, que es lo que pide de forma inmediata y en efectivo el juez neoyorquino Thomas Griesa, también hace que futuros acreedores estén menos inclinados a aceptar reestructuraciones.
Para evitar el fracaso de reestructuraciones de deuda con alta aceptación de acreedores, el Fondo propone desde hace unos años crear una serie de instituciones regulatorias, como un tribunal de deuda soberana, una corte internacional de reestructuraciones de deuda o un foro de deuda soberana. La presidenta, Cristina Fernández, por su parte, propuso varias veces la creación de una especie de ley de quiebras para el sector público. En un juego casi contradictorio, el reclamo del FMI y el del gobierno nacional, con objetivos finales diametralmente opuestos, coinciden en estas horas.
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