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Felipe Yapur
© infonewsLuego de unos tropiezos, como romper las hojas de un diario, el gobierno de Cristina Fernández parece haberle encontrado una probable salida a la crisis a través del camino que más conoce, el político, y que por ahora incluye la reforma a la Ley de Inteligencia. De hecho está logrando que la oposición vuelva a calzarse el traje de demócrata y debata en Diputados la reforma que ya cuenta con el visto bueno del Senado. Sucederá este miércoles, el mismo día en que esta misma oposición marchará junto al pequeño grupo de indignados fiscales por la falta de lo que ellos con su trabajo diario deben garantizar: justicia. Es bastante probable que tamaña arremetida no se disipe con el debate parlamentario, pero sirve porque de hecho representa el fin de los oscuros personajes que pululan en la vieja Secretaría de Inteligencia y desde donde es más que probable que haya nacido esta operación de desestabilización, la más potente de los últimos 12 años.
Algunos sostienen que el gobierno nacional enfrenta un intento de "golpe blando" que había comenzado con la mediática e inservible denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina y el canciller Héctor Timerman y que se potenció con su posterior muerte. Esta maniobra tiene por lo menos dos objetivos. El de máxima sería una salida anticipada de la presidenta. El de mínima apunta a debilitar al gobierno, reducir así las expectativas electorales del futuro candidato del FPV, pero sobre todo condicionar al próximo gobierno. Claro, esto de condicionar está más que nada dirigido a un posible presidente de cuño kirchnerista, porque si se tratase de cualquiera de los actuales opositores, éste ya llegaría condicionado pero desde hace por lo menos tres décadas.
Frente a ese escenario, una de las respuestas del FPV fue la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, la sucesora de la SI o ex SIDE, que tiene aspectos novedosos en cuanto al funcionamiento de este tipo de organizaciones. Por caso, la transparencia económica, que tanto le suele preocupar a los más fieros opositores, es la regla en la futura AFI y no la excepción como es hasta ahora. Incluso los gastos destinados a tareas propias de la inteligencia no estarán eximidas de controles ni de rendiciones de gastos. No es un dato menor sobre todo por el nivel de los fondos reservados que solía tener esta sombría institución. Pero, sobre todo, la futura norma prohíbe de manera taxativa a los organismos de Inteligencia realizar investigaciones y tampoco ser auxiliares de la justicia para evitar la actual compleja y peligrosa connivencia que liga a espías con jueces y fiscales.
Hasta ahora, al menos hasta el próximo miércoles, la respuesta de la oposición fue acusar a la ley de ser parte de la cortina de humo que lanzó el gobierno para eludir la crisis desatada con la muerte del fiscal. Pretendió deslegitimar el debate en el Senado al no presentarse a las dos audiencias que se realizaron para analizar el texto normativo que, dicho sea de paso, fue largamente corregido y aumentado, lo que permitió mejorar de manera sensible el proyecto original.
La oposición, consustanciada con la operación político-judicial-mediática, buscó eclipsar la sesión del jueves pasado organizando una "audiencia ciudadana" donde el denominador común era el acusar al gobierno nacional de ser parte del "crimen político" de Nisman. Una temeraria e inexplicable acusación que no generó pudor a ninguno de los presentes y cada discurso avivaba al próximo desnudando así el deseo desestabilizador que inspira a los autodenominados defensores de la república.
Tal vez pensaron que el clímax de este acto político llegaría con el discurso de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal. Sin embargo, la magistrada repartió críticas para todos los sectores, incluso al oficialismo, pero sobre todo criticó la manipulación y la utilización política de la muerte del padre de sus hijas por parte de los grandes grupos concentrados de comunicación. Los rostros de los organizadores del evento comenzaron a mostrar preocupación cuando entendían que no estarían exentos de los misiles de la magistrada. No se equivocaron y las miradas buscaron el suelo cuando Arroyo Salgado los cuestionó. Los fiscales allí presentes ponían cara de "yo no fui" y lentamente comenzaron a huir del Salón Azul. Cuando la jueza terminó con su discurso, la tan cacareada "audiencia ciudadana" se diluyó ipso facto y pasó a un conveniente cuarto intermedio para el mismo día en que se debatirá en el recinto de Diputados, el 25 de febrero.
Antes de todo está el 18F y más allá de la cantidad de personas que participen lo más cierto es que ese día el conglomerado opositor mostrará por lo menos dos o tres aristas interesantes. Por un lado la participación clara y transparente de un grupo de fiscales, que, por primera vez, se muestran claramente como opositores al gobierno que, vaya coincidencia, buscó democratizar el Poder Judicial. Es bueno recordar que entre estos fiscales hay uno, Raúl Pleé, que tiene entre otras deudas una con la justicia y con los familiares de las víctimas por la investigación del atentado a la AMIA. Estos hombres de la justicia bien pueden ser parte de una actualización de la frase de Bertolt Brecht que dice que "muchos jueces (y/o fiscales) son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia".
La otra arista es la ausencia en la marcha de las organizaciones que congregan a los familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía. Todas ellas fueron muy críticas con la actuación del fiscal Nisman, no de ahora sino de siempre, como para ser parte de este intento de otorgarle una pátina de prócer que pretenden los organizadores. Por último, tampoco participarán los partidos de la izquierda con representación parlamentaria.
Es una buena noticia, sobre todo porque hace casi siete años estuvieron codo a codo con las patronales del campo y el resto de la oposición contra las retenciones móviles que implementaba la Resolución 125.
