Por Nicolás Adet Larcher
En un hecho que podría ser categorizado como insólito, fiscales y jueces se reunieron para reclamar por “mayor justicia” (¿no deberían garantizarla ellos?) en línea con la muerte del fiscal Nisman. Más tarde, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa, reclamó que es el propio Poder Judicial “el que evita que muchas veces avancen causas por delitos económicos”. Y agregó: "Es sintomático que en la Argentina algunas causas están estancadas, ejemplo Papel Prensa, HSBC, o (aquellas vinculadas a) fuga de capitales o ataques especulativos".
En 2009, Hervé Falciani era empleado del banco HSBC. Trabajando en su sede en Ginebra, se tomó el atrevimiento de grabar un CD con toda la base de datos de cuentas “oscuras” de distintos clientes alrededor del mundo, para luego entregarlo a las autoridades financieras. A partir de ahí, destapó un escándalo que llega hasta estos días.
Al tope del ranking global de HSBC, se encontraba el argentino Miguel Gerardo Abadi. Contador de unos 51 años y dueño de una fortuna que contiene miles de millones de dólares. Argentina se encuentra en la séptima posición entre países con mayor cantidad de clientes registrados en el banco HSBC de Ginebra con 2.552 cuentas bancarias en total.
Entre las cuentas ocultas en Suiza que la AFIP se encargó de denunciar en diciembre, se encuentran distintos clientes como: Cablevisión, Edesur, Loma Negra, Multicanal, entre otras empresas, junto a particulares como Herrero Mitjans Saturnino (miembro del directorio del Grupo Clarín), Casey Pablo César (miembro del Grupo Clarín y Cablevisión), Alfredo Roemmers (laboratorio Roemmers), Sánchez Sebastián Sarmiento (Cablevisión), Gustavo Grobocopatel (presidente del grupo Los Grobo), entre otros.
En Conferencia de Prensa, Ricardo Echegaray anunció en aquella oportunidad: "ayer, a las 8.50, presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza, es decir, de la existencia de plata ilegal". Inmediatamente, la denuncia cayó en el Juzgado Federal Penal Tributario Nº3 a cargo de María Verónica Straccia.
La AFIP anunció que contaba con un ambiente “lleno de papeles con información” al tiempo que denunció a Straccia y al juez Javier López Biscayart por frenar el avance de las investigaciones. Como eje principal, los jueces debían solicitar a Francia extractos de los contribuyentes. La entidad criticó a los jueces: “Le entregamos toda la documentación a la jueza porque venía investigando al HSBC en otra causa y lo único que hizo fue mandársela a la Cámara, mientras que López Biscayart nos impuso una serie de medidas que son de cumplimiento imposible, como por ejemplo determinar cuál sería toda la deuda de los titulares de esas cuentas”.
El marido de la jueza Straccia trabaja como abogado en Cablevisión, empresa que figura en la lista por poseer cuentas ocultas en la sucursal de HSBC en Ginebra. La Cámara confirmó en su momento que esto no afecta la imparcialidad de la causa y se negó a un apartamiento de la jueza argumentando “las motivaciones para que un magistrado se aparte de una causa deben ser graves y tener una entidad de magnitud tal que, valoradas por el intérprete en forma objetiva, permitan apreciar el peligro de un juzgamiento alejado del mandato de imparcialidad”. En cuanto al juez Biscayart, el mismo recibió una denuncia de parte de los abogados de la AFIP por “denegación de justicia y enemistad manifiesta”.
Biscayart no solo se caracteriza por su lentitud en determinadas causas que comprometen al poder económico. En 2007, una recién asumida Cristina Fernández de Kirchner propuso que “los jueces paguen el impuesto a las Ganancias, como corresponde a todos los ciudadanos”. Ante este hecho, Biscayart expresó: “El efecto que va a producir es que seguramente renuncie el 60 o 70 por ciento de los magistrados actuales, con lo cual parece ser una herramienta para manejar el recambio judicial”. Y agregó: “en la Constitución hay muchas situaciones de privilegio que tienden a garantizar la independencia de los magistrados”.
Ese mismo sector del Poder Judicial que actúa a favor de los poderes económicos será el que el próximo 18 de febrero marche, insólitamente, para pedir “justicia”.
