Argentina: El nuevo régimen y su ofensiva contra la institucionalidad
Por Aram Aharonian
6 ENE, 2016
Desde el mismo 10 de diciembre cuando asumió la presidencia, el atropello de Mauricio Macri a las normas, procedimientos, instituciones y valores de la democracia que tanto costó construir, tiene como único fin una acelerada restauración neoliberal, antes que los argentinos vuelvan de sus vacaciones estivales
Desde el mismo 10 de diciembre cuando asumió la presidencia, el atropello de Mauricio Macri a las normas, procedimientos, instituciones y valores de la democracia que tanto costó construir, tiene como único fin una acelerada restauración neoliberal, antes que los argentinos vuelvan de sus vacaciones estivales
Sus rasgos más fuertes han sido la transferencia masiva de ingresos hacia los sectores más poderosos de la sociedad (quite de retenciones a las exportaciones agrícolas y la megadevaluación, más el anuncio del tarifazo en los combustibles y los servicios de luz, agua, gas y transporte), el intento de suprimir la división de poderes introduciendo empleados del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema, la redefinición geopolítica de apoyo (o sumisión) a Estados Unidos en política regional e internacional.
Con el mismo tono de pastor protestante –al estilo “pare de sufrir”- o de manual de autoayuda, Macri, un empresario de 56 años que comenzó a leer la prensa a los 45, alabado por Donald Trump y el Partido Popular-monárquico español, demostró que no necesita de las fuerzas armadas, sino que le basta con el control de los medios de comunicación para imponer su modelo político, económico, social, demasiado parecido al de 1976.
Macri utiliza a fondo sus cien días de gracia, el tiempo de las expectativas sociales que se abre con todo cambio de gobierno. Pero estos cambios, a su vez, crean nuevas realidades, nuevas reglas de juego (incluso institucionales), que se proyectan hacia el futuro. En Argentina cada dos años se renueva parte del Congreso y cada cuatro años el poder ejecutivo. Hoy estamos tratando de ver cómo se construye el dispositivo político de la derecha en el gobierno y cómo se articula la oposición al proyecto político gobernante.
Obviamente, el desprecio por la legalidad, el autoritarismo en el ejercicio de las atribuciones presidenciales y la violación de las reglas del juego y de la cultura dialógica propias de la democracia no hubieran sido posible sin la complicidad complaciente de la Corte Suprema de Justicia. Y esta supeditación de los otros poderes del estado a los designios del poder central incluye la parálisis en el funcionamiento del Congreso, donde la oposición tiene mayoría.
Sin ninguna clase de escrúpulos, con aprietes y chantajes directos o supuestamente legales, en apenas tres semanas trató de hacer olvidar todo lo construido en los últimos doce años, a través de aberraciones jurídicas como los llamados decretos de necesidad y urgencia, en un país donde se vivía sin mayores necesidades y casi ninguna urgencia.
Se puede gobernar legalmente pero sin legitimidad, dejando al Congreso como un organismo decorativo hasta el primero de marzo (cuando seguramente el panorama institucional y jurídico de la Argentina será casi por completo irreconocible) y no un cuerpo de representante de la ciudadanía, electos por el voto popular. Nadie puede decir que se trata de una dictadura, pero lo cierto es que el presidente se ha olvidado (o quizá nunca lo supo) que se deben respetar la Constitución y las leyes.
Con menos de dos por ciento de votos de ventaja en una segunda vuelta electoral, MM –quien en las primeras tres semanas de gobierno se tomó 10 días de vacaciones mientras el país se inundaba- ostenta ya la plusmarca nacional, latinoamericana y quizá mundial de decretos que incluyen desde la designación de magistrados a la Corte Suprema hasta la remoción de todos los funcionarios cuyos cargos fueron concebidos a contraturno de los Ejecutivos para evitar abusos.
Tal el caso de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aftic), la Radio Televisión Argentina (RTA), pero también en el Banco Central y en la Procuraduría General de la Nación.
El “reyecito” no busca candidatos para los puestos, sino puestos para los amigos y los ejecutivos de las grandes empresas, que en general no reúne ni las mínimas condiciones para los cargos. Todo dentro de un clima de monstruosidades jurídicas e institucionales, aplaudidas por los medios hegemónicos. Es un poco más que una restauración conservadora: es un ataque a una cultura democrática, inclusiva, diversa, plural, cimentada en los últimos años de gobiernos democráticos, tras loa negros años de la dictadura y la transición posterior.
La ley que creó las entidades que controlan los medios de comunicación audiovisual Afsca y Aftic y RTA Sociedad del Estado señalan numerosas medidas para garantizar pluralidad e independencia, una de las cuales establece que sus autoridades se renuevan a contraturno del Ejecutivo. Los directorios están integrados por representantes de las provincias, de la oposición y de la actividad profesional y el titular es propuesto por el Ejecutivo cuando le toca la renovación. Estaban: fueron intervenidos por decreto y los titulares desalojados por la fuerza, solamente para pagar los favores por el apoyo recibido de parte del oligopolio del grupo Clarín.
Muchos periodistas perdieron sus programas y no realmente por falta de sintonía: los canales o las radios aceptaron las presiones porque temen la censura ideológica de la pauta oficial y la privada, orientados hoy con los mismos parámetros y fines. Se terminó el pluralismno y la diversidad: volvemos al mensaje único, a la verdad única, al pensamiento único.
Algunos analistas, como Borón, señalan que si bien se trata de un régimen por sus formas, por su contenido clasista es una plutocracia que instaura un país atendido por sus dueños, donde los gerentes de las más grandes compañías en diversas ramas de la economía toman por asalto las estructuras del estado –con muchos personajes procesados o imputados de diferentes delitos, incluso los de lesa humanidad) y ejercen un poder omnímodo y en beneficio de la riqueza.
El gobierno dispone de mucho dinero, y habrá muchas oportunidades para los oportunistas, para quienes participen en el proceso de «normalización» que ha comenzado, junto a la gran cantidad de amenazas para quienes no estén de acuerdo con el mismo: la represión y la penalización de la protesta, consciente de que en la calle se jugará el futuro de este intento de restauración conservadora.
“Paz y amor” recitaba Macri en sus breves discursos electorales, donde insistía en la necesidad de reconstruir la unión de la familia argentina mediante el diálogo y el acuerdo político. Pero era sólo un guión que se había aprendido de memoria (o leía en el teleprompter).
Ya no hay más mensajes de paz y amor, sino promesas y decretos de represión y exclusión social. En Argentina, los movimientos sociales deberán despertar de su letargo para que aquella década ganada no se convierta en la década olvidada..
*Magister en Integración, periodista y docente uruguayo, fundador de Telesur, director del Observatorio en Comunicación y Democracia, presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana.
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