PESE AL ANUNCIO DEL GOBIERNO DE MACRI DE HABER CERRADO EL CAPÍTULO CON FONDOS CARROÑEROS, LOS JUICIOS SIGUEN
Buitres que siguen litigando contra Argentina. El juez Thomas Griesa convocó al “mediador” Daniel Pollack para que el Gobierno cierre un acuerdo con grupos de cinco fondos buitre que no aceptaron las condiciones de hace un año. Hubo intentos de embargos sobre activos argentinos.
26 de abril de 2017
Juez Thomas Griesa emitió una orden para que Argentina y los fondos buitre alcancen un acuerdo.
Los fondos buitre siguen merodeando alrededor de Argentina. A un año del oneroso pago a los acreedores carroñeros, un grupo cinco de fondos minoristas continúan litigando contra en país por bonos de la deuda que no ingresaron al acuerdo. El más importante de esos demandantes, HWB Alexandra Strategies Portfolio, intentó a embargar sin éxito a comienzos de mes dos motores de los helicópteros presidenciales que estaban siendo reparados en una fábrica de General Electric en Ohio. El juez neoyorquino Thomas Griesa emitió anteayer una orden para que las partes encuentren una solución. Para eso volvió a convocar a un viejo conocido: el mediador Daniel Pollack.
Las oficinas del letrado volverán a convertirse en el escenario de las conversaciones entre los buitres minoristas que pretenden cobrar alrededor de 160 millones de dólares por sus bonos y los funcionarios del Ministerio de Finanzas. También fueron convocados representantes de la empresa de clearing europea Euroclear a quienes los buitres comenzaron a presionar en los tribunales. Existen otras negociaciones abiertas con holdouts que todavía no accedieron a los generosos términos propuestos por el país el año pasado.
“La Corte ha dicho en numerosas ocasiones que estos casos deben ser resueltos. La Corte dirige a las partes, así como Euroclear, a comparecer ante el Special Master en un esfuerzo por resolver el litigio”, señala la orden firmada por Griesa el lunes. Desde el equipo del ministro Luis Caputo consideran que se trató de una decisión favorable. “El juez les dice dejen de hacer pedidos aislados en distintos tribunales de Estados Unidos y que se sienten con el mediador para alcanzar un acuerdo. Es una buena noticia para el país”, explicaron desde Finanzas.
Los colaboradores de Caputo consideran exigua la diferencia entre la pretensión de los acreedores y la oferta oficial. Por eso, aseguran que alcanzarán un acuerdo y terminarán con el renovado hostigamiento de los acreedores minoristas. El buitre HWB radicado en Luxemburgo representa los intereses de un grupo de acreedores alemanes que rechazó el año pasado la oferta argentina. La orden para sentarse a negociar alcanza además a las firmas Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y UVA Vaduz.
El fin de semana que pasó se cumplió un año de la emisión de bonos por 16.500 millones de dólares que fue utilizada por el Gobierno de Mauricio Macri para cancelar el acuerdo con los acreedores carroñeros. Los buitres que rechazaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010 representaban el 7,6 por ciento de toda la deuda en cesación de pagos desde finales de 2001. Fortalecidos por el sesgo del juez Griesa, ese grupo minoritario de tenedores de bonos, títulos que fueron adquiridos en su mayoría después del default, comenzaron a accionar contra el país en la justicia estadounidense. Mientras que el 92,4 por ciento de los bonistas aceptaron una importante quita, reducción de intereses y extensión de los plazos, los grandes fondos carroñeros pretendían cobrar el ciento por ciento de las acreencias adquiridas a precio de remate. Intentos de embargo a bie- nes del Estado y el bloqueo al pago de los intereses de la deuda fueron las principales herramientas concedidas por el magistrado a los grandes fondos litigantes.
Con la decisión de abandonar la política de desendeudamiento y la obsesión por lograr la reinserción plena del país en los mercados financieros internacionales, el acuerdo se hizo inminente. Encabezados por el desplazado Alfonso Prat-Gay las negociaciones comenzaron incluso antes de la asunción de Macri. A finales de febrero se alcanzó el acuerdo más relevante con el fondo NML Capital que encabeza Paul Singer. Los términos del convenio se aprobaron en el Congreso y los primeros pagos se concretaron a las 10 de la mañana del viernes 22 de abril. Singer y sus clientes habían pagado 177 millones de dólares por todos sus bonos argentinos y recibieron 2426,6 millones de dólares: una rentabilidad global de 1270 por ciento, sin contabilizar los honorarios de sus asesores legales que también fueron asumidos por el país.
Juez Thomas Griesa emitió una orden para que Argentina y los fondos buitre alcancen un acuerdo.
Los fondos buitre siguen merodeando alrededor de Argentina. A un año del oneroso pago a los acreedores carroñeros, un grupo cinco de fondos minoristas continúan litigando contra en país por bonos de la deuda que no ingresaron al acuerdo. El más importante de esos demandantes, HWB Alexandra Strategies Portfolio, intentó a embargar sin éxito a comienzos de mes dos motores de los helicópteros presidenciales que estaban siendo reparados en una fábrica de General Electric en Ohio. El juez neoyorquino Thomas Griesa emitió anteayer una orden para que las partes encuentren una solución. Para eso volvió a convocar a un viejo conocido: el mediador Daniel Pollack.
Las oficinas del letrado volverán a convertirse en el escenario de las conversaciones entre los buitres minoristas que pretenden cobrar alrededor de 160 millones de dólares por sus bonos y los funcionarios del Ministerio de Finanzas. También fueron convocados representantes de la empresa de clearing europea Euroclear a quienes los buitres comenzaron a presionar en los tribunales. Existen otras negociaciones abiertas con holdouts que todavía no accedieron a los generosos términos propuestos por el país el año pasado.
“La Corte ha dicho en numerosas ocasiones que estos casos deben ser resueltos. La Corte dirige a las partes, así como Euroclear, a comparecer ante el Special Master en un esfuerzo por resolver el litigio”, señala la orden firmada por Griesa el lunes. Desde el equipo del ministro Luis Caputo consideran que se trató de una decisión favorable. “El juez les dice dejen de hacer pedidos aislados en distintos tribunales de Estados Unidos y que se sienten con el mediador para alcanzar un acuerdo. Es una buena noticia para el país”, explicaron desde Finanzas.
Los colaboradores de Caputo consideran exigua la diferencia entre la pretensión de los acreedores y la oferta oficial. Por eso, aseguran que alcanzarán un acuerdo y terminarán con el renovado hostigamiento de los acreedores minoristas. El buitre HWB radicado en Luxemburgo representa los intereses de un grupo de acreedores alemanes que rechazó el año pasado la oferta argentina. La orden para sentarse a negociar alcanza además a las firmas Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y UVA Vaduz.
El fin de semana que pasó se cumplió un año de la emisión de bonos por 16.500 millones de dólares que fue utilizada por el Gobierno de Mauricio Macri para cancelar el acuerdo con los acreedores carroñeros. Los buitres que rechazaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010 representaban el 7,6 por ciento de toda la deuda en cesación de pagos desde finales de 2001. Fortalecidos por el sesgo del juez Griesa, ese grupo minoritario de tenedores de bonos, títulos que fueron adquiridos en su mayoría después del default, comenzaron a accionar contra el país en la justicia estadounidense. Mientras que el 92,4 por ciento de los bonistas aceptaron una importante quita, reducción de intereses y extensión de los plazos, los grandes fondos carroñeros pretendían cobrar el ciento por ciento de las acreencias adquiridas a precio de remate. Intentos de embargo a bie- nes del Estado y el bloqueo al pago de los intereses de la deuda fueron las principales herramientas concedidas por el magistrado a los grandes fondos litigantes.
Con la decisión de abandonar la política de desendeudamiento y la obsesión por lograr la reinserción plena del país en los mercados financieros internacionales, el acuerdo se hizo inminente. Encabezados por el desplazado Alfonso Prat-Gay las negociaciones comenzaron incluso antes de la asunción de Macri. A finales de febrero se alcanzó el acuerdo más relevante con el fondo NML Capital que encabeza Paul Singer. Los términos del convenio se aprobaron en el Congreso y los primeros pagos se concretaron a las 10 de la mañana del viernes 22 de abril. Singer y sus clientes habían pagado 177 millones de dólares por todos sus bonos argentinos y recibieron 2426,6 millones de dólares: una rentabilidad global de 1270 por ciento, sin contabilizar los honorarios de sus asesores legales que también fueron asumidos por el país.
