Odebrecht: nueve ministros de Temer serán investigados en Brasil11 de Abril de 2017
El Tribunal Supremo de Brasil confirmó que autorizó la apertura de investigaciones contra nueve ministros del Gobierno de Michel Temer, así como contra 42 diputados, 29 senadores y tres gobernadores en el caso de corrupción en torno a la constructora Odebrecht. La investigación de 74 políticos aforados parte de las denuncias hechas por 78 ejecutivos de Odebrecht en su cooperación con la Justicia brasileña.
La apertura de las investigaciones había sido solicitada hace casi un mes por la Procuraduría General (fiscalía). El juez del Tribunal Supremo a cargo de la megacausa anticorrupción conocida como "Lava Jato" ("Lavado de autos"), Edson Fachin, firmó las autorizaciones ya el 4 de abril.
Fachin tenía que autorizar las investigaciones ya que la gran mayoría de políticos bajo sospecha tienen foro privilegiado. Entre los ministros a ser investigados están estrechos aliados de Temer como el jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, y su nuevo ministro de Exteriores, Aloysio Nunes.
Entre otros políticos de alto rango de la lista están también los presidentes de la Cámara baja, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio Oliveira. Las denuncias de Odebrecht sobre la corrupción política eran conocidas en Brasil desde hace tiempo como la "delación del fin del mundo" por el potencial explosivo que se les supone.
El paso del Tribunal Supremo supone un nuevo golpe en el escándalo de corrupción de "Lava Jato" y de Odebrecht, que se extiende desde hace meses por varios países de la región.
"Lava Jato" fue lanzada en Brasil hace tres años para investigar una red corrupta en torno a la petrolera estatal Petrobras y salpica en tanto a varias empresas, acusadas de haber sobornado a políticos para obtener contratos públicos. Odebrecht, la constructora más grande de América Latina, es una de las principales implicadas.
Bajo sospecha por las denuncias de Odebrecht están en Brasil también los expresidentes "Lula" da Silva y Dilma Rousseff. El Gobierno de Temer quedó fuertemente golpeado por las investigaciones, de acuerdo a "Estado": además de Padilha y Nunes, en la lista están el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Moreira Franco; el titular de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, y el ministro de Integración Nacional, Helder Barbalho.
A ellos se suman los ministros de Agricultura, Blairo Maggi; de Ciudades, Bruno Araújo; de Cultura, Roberto Freire, y de Industria, Comercio Exteriores y de Servicios, Marcos Pereira.
ARGENTINA
Abortan intento de cierre de la causa Odebrecht por el Sarmiento
CASACIÓN PENAL LE NEGÓ A UN DIRECTIVO DE LA FIRMA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS POR EL PASO DEL TIEMPO
Fracasó estrategia de Mauricio Couri Ribeiro, que había dicho que las coimas denunciadas a funcionarios K no podían ser investigadas.
GABRIEL MORINI
Marcelo Martínez de Giorgi, Martín Irurzun y Eduardo Farah.
En sigilo y con el reloj corriendo en contra, el gigante brasileño Odebrecht había intentado que se declaren prescriptas en la Argentina las denuncias que podrían haber involucrado pago de sobornos a funcionarios locales por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La defensa del principal ejecutivo de la constructora se había apurado a pedir que la Justicia argentina considere extinta cualquier investigación penal por el tiempo transcurrido, justo antes de que comience a fluir la información sobre los hallazgos en la megacausa en Brasil que podrían salpicar a la política y al empresariado criollo. El fracaso de la maniobra lo coronó ayer la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó por "inadmisible" el pedido de Mauricio Couri Ribeiro, nexo local de la firma investigada en 16 países.
La Sala II de la Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y el saliente Pedro David, por mayoría, selló el destino del derrotero iniciado en marzo de 2016 con la denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, como desprendimiento de los hallazgos del "Lava Jato" brasileño. En esa causa, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi se mencionaba que las empresas Controles y Auditorías Especiales SL (CYAES) de España y Control y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA) que se habrían utilizado para canalizar pagos de coimas provenientes del grupo Odebrecht, a través de la firma offshore Klienfeld Service Ltd. CAESA había sido controlada por Manuel Vázquez, sindicado como presunto testaferro del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Esa compañía participó como intermediaria en la compra de trenes a España y Portugal, caso por el que ambos están presos, aunque Vázquez está bajo el régimen de detención domiciliaria. Funcionó entre los años 2004 y 2008 en Arroyo 880, Retiro.
Uno de los highlights de esa presentación fue que Odebrecht -a nivel local- había suscripto varios contratos por obra pública, entre ellos el de mayor envergadura entre el Ministerio de Planificación Federal representado por Juan Pablo Schiavi y el consorcio encabezado por IECSA SA (por entonces de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri), Odebrecht SA - COMSA SA y GHELLA Societá Per Azioni por el soterramiento del Sarmiento. Forma parte de otra causa que Vázquez cruzó correos comprometedores (ahora validados judicialmente) con Couri Ribeiro en los que se menciona un incumplimiento de un pago, precisamente vinculado con el parate que atravesó la obra del ferrocarril.
Validez
El fallo de Casación que consideró inadmisible la "queja" interpuesta, ratifica un punto central: valida la decisión de la Justicia argentina de todas las instancias anteriores de avanzar con la investigación que se encuadra como "defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y lavado de activos de origen ilícito". El 9 de agosto de 2016, Martínez de Giorgi fue el primero en oponerse al planteo de que por el paso del tiempo, el delito que cohecho (con pena máxima de 6 años) había caducado en septiembre de 2015, dado que había pasado idéntico plazo desde el 16 de septiembre de 2009, cuando habría ocurrido la transacción. Por ese entonces solo estaba en la mira unos u$s 80 mil girados desde Antigua y Barbuda a una cuenta radicada en Curacao, a nombre de Pribont Corporation SA. Couri Ribeiro consideró "inconsistente" la vinculación de pago con la obra del Sarmiento. La fiscalía le respondió que nunca había encuadrado el delito como coimas, por lo que el presunto lavado que se investiga como capítulo local del "Lava Jato" contempla una pena de 10 años, lo que extinguiría la causa recién dentro de dos años. El 20 de septiembre de 2016, la Sala II de la Cámara tampoco avaló el cierre de la investigación tras la curiosa defensa de Couri Ribeiro que prefería que el delito a investigar fuese el pago de sobornos, cuyo depósito -según surge de los datos en Brasil- ocurrió en el First Caribbean International Bank Willemstad. "Aún se desconoce el alcance global de la maniobra investigada", sostuvieron Eduardo Farah y Martín Irurzun.
Ahora Martínez de Giorgi queda liberado para ponerse en la cola, a la espera de que se abra el grifo informativo en Brasil y luego del paso fugaz de Sergio Moro por el país que fue exhibido como una suerte de celebrity ante todos los jueces que pugnan por abrir lo que se anticipa como una Caja de Pandora de la obra pública.
Fracasó estrategia de Mauricio Couri Ribeiro, que había dicho que las coimas denunciadas a funcionarios K no podían ser investigadas.
GABRIEL MORINI
Marcelo Martínez de Giorgi, Martín Irurzun y Eduardo Farah.
En sigilo y con el reloj corriendo en contra, el gigante brasileño Odebrecht había intentado que se declaren prescriptas en la Argentina las denuncias que podrían haber involucrado pago de sobornos a funcionarios locales por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La defensa del principal ejecutivo de la constructora se había apurado a pedir que la Justicia argentina considere extinta cualquier investigación penal por el tiempo transcurrido, justo antes de que comience a fluir la información sobre los hallazgos en la megacausa en Brasil que podrían salpicar a la política y al empresariado criollo. El fracaso de la maniobra lo coronó ayer la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó por "inadmisible" el pedido de Mauricio Couri Ribeiro, nexo local de la firma investigada en 16 países.
La Sala II de la Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y el saliente Pedro David, por mayoría, selló el destino del derrotero iniciado en marzo de 2016 con la denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, como desprendimiento de los hallazgos del "Lava Jato" brasileño. En esa causa, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi se mencionaba que las empresas Controles y Auditorías Especiales SL (CYAES) de España y Control y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA) que se habrían utilizado para canalizar pagos de coimas provenientes del grupo Odebrecht, a través de la firma offshore Klienfeld Service Ltd. CAESA había sido controlada por Manuel Vázquez, sindicado como presunto testaferro del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Esa compañía participó como intermediaria en la compra de trenes a España y Portugal, caso por el que ambos están presos, aunque Vázquez está bajo el régimen de detención domiciliaria. Funcionó entre los años 2004 y 2008 en Arroyo 880, Retiro.
Uno de los highlights de esa presentación fue que Odebrecht -a nivel local- había suscripto varios contratos por obra pública, entre ellos el de mayor envergadura entre el Ministerio de Planificación Federal representado por Juan Pablo Schiavi y el consorcio encabezado por IECSA SA (por entonces de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri), Odebrecht SA - COMSA SA y GHELLA Societá Per Azioni por el soterramiento del Sarmiento. Forma parte de otra causa que Vázquez cruzó correos comprometedores (ahora validados judicialmente) con Couri Ribeiro en los que se menciona un incumplimiento de un pago, precisamente vinculado con el parate que atravesó la obra del ferrocarril.
Validez
El fallo de Casación que consideró inadmisible la "queja" interpuesta, ratifica un punto central: valida la decisión de la Justicia argentina de todas las instancias anteriores de avanzar con la investigación que se encuadra como "defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y lavado de activos de origen ilícito". El 9 de agosto de 2016, Martínez de Giorgi fue el primero en oponerse al planteo de que por el paso del tiempo, el delito que cohecho (con pena máxima de 6 años) había caducado en septiembre de 2015, dado que había pasado idéntico plazo desde el 16 de septiembre de 2009, cuando habría ocurrido la transacción. Por ese entonces solo estaba en la mira unos u$s 80 mil girados desde Antigua y Barbuda a una cuenta radicada en Curacao, a nombre de Pribont Corporation SA. Couri Ribeiro consideró "inconsistente" la vinculación de pago con la obra del Sarmiento. La fiscalía le respondió que nunca había encuadrado el delito como coimas, por lo que el presunto lavado que se investiga como capítulo local del "Lava Jato" contempla una pena de 10 años, lo que extinguiría la causa recién dentro de dos años. El 20 de septiembre de 2016, la Sala II de la Cámara tampoco avaló el cierre de la investigación tras la curiosa defensa de Couri Ribeiro que prefería que el delito a investigar fuese el pago de sobornos, cuyo depósito -según surge de los datos en Brasil- ocurrió en el First Caribbean International Bank Willemstad. "Aún se desconoce el alcance global de la maniobra investigada", sostuvieron Eduardo Farah y Martín Irurzun.
Ahora Martínez de Giorgi queda liberado para ponerse en la cola, a la espera de que se abra el grifo informativo en Brasil y luego del paso fugaz de Sergio Moro por el país que fue exhibido como una suerte de celebrity ante todos los jueces que pugnan por abrir lo que se anticipa como una Caja de Pandora de la obra pública.
