La fiscal Gabriela Boquín se opuso a prorrogar más la audiencia por el Correo
La fiscal sostiene que el Correo goza de un amparo por parte del Estado, que actúa para seguir licuando la deuda de la empresa. Detalla la maniobra de la empresa para conseguir los votos de los acreedores. Las vinculaciones con Odebrecht.
Por Irina Hauser03 de junio de 2017
La fiscal Gabriela Boquín dice que las empresas controlantes del Correo deberían devolver el dinero. Imagen: Fiscales.gob.ar
La fiscal Gabriela Boquín dice que las empresas controlantes del Correo deberían devolver el dinero. Imagen: Fiscales.gob.ar
Durante 16 años el Correo Argentino apostó a dilatar un acuerdo para concretar el pago de su deuda millonaria y lo logró con la anuencia del Poder Judicial y del propio Estado, aún siendo un acreedor central. Eso es lo que plantea un nuevo dictamen de la fiscal Gabriela Boquín que rechaza de manera taxativa la posibilidad de prorrogar por 120 días más la audiencia para sellar un convenio que reemplace al que ella misma denunció y frenó porque resultaba en la condonación del 98,87 por ciento de la deuda de la empresa del Grupo Macri. Pero uno de los datos más sorprendentes del documento que presentó ante la Cámara Comercial es que para conseguir las mayorías para llegar a aquel acuerdo “ruinoso” para las arcas públicas, 354 acreedores vendieron o cedieron su voto a un grupo de 14 personas, en su mayoría vinculadas al Grupo Macri, y algunas incluso integrantes del directorio del Correo. Lo más escandaloso es que el Banco Interamericano (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) cedieron sus créditos (para que votara contra sus propios intereses como acreedor) al Meinl Bank Antigua, que es propiedad en un 51 por ciento de la constructora Odebrecht y fue clave para el pago de 1600 millones de dólares en sobornos de esa empresa. Lo mismo hizo el Banco Río, que cedió su parte al Banco de Servicios y Transacciones SA (BST), del cual es accionista el empresario afín al Gobierno Marcelo Mindlin, actual dueño de Iecsa, la firma socia de Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento, cuya financiación millonaria estatizó Mauricio Macri por DNU.
Boquín le da relevancia al mapa de los acreedores y cómo fue que el Correo consiguió los votos necesarios para obtener respaldo en un acuerdo que consideró perjudicial y también abusivo, porque uno de los argumentos utilizados por la sindicatura general en el expediente para apoyar una nueva dilación fue que ninguno había expresado su oposición. La fiscal explicó que, excepto el Estado, ninguno de los acreedores más chicos (que son 715) había sido convocado a la audiencia. Las sindicaturas son controladoras del proceso de concurso de acreedores. Lo que denuncia en este caso es que la sindicatura general que actúa ahora está representada por dos abogados que con anterioridad se habían excusado por patrocinar a Socma -una de las empresas controlantes del Correo– en otro juicio. Uno es Julio César Rivera y el otro es Beltrán F. Louge, una dupla que representó al presidente Mauricio Macri en el divorcio con Isabel Menditeguy en 2005. “No se comprende por qué no obraron de igual modo” que en aquella presentación inicial donde se excusaron, dice la fiscal, sembrando sospechas.
Un segundo dictamen de la fiscalía dice que las empresas controlantes del Correo Argentino deberían devolver el dinero que se llevaron el año pasado de cuentas vinculadas al concurso, con permiso judicial, pero mientras sabían que iban hacia un acuerdo con el Estado que les resultaría favorable. Sideco debe devolver dinero cobró como alquileres con intereses en el edificio conocido como “el rulero” de avenida Libertador, y Socma debe devolver 2 millones de dólares que le pagó Correo por la compra de acciones para un negocio automotriz.
El escándalo por la deuda del Correo Argentino se hizo público en febrero último, a raíz de tres dictámenes de la fiscal Boquín que se presentó a impugnarlo. Planteó que lo que había aceptado el Estado era que de los 4000 millones de pesos que le debía la empresa postal, con suerte cobraría apenas más del 1 por ciento, desde el año que viene y hasta dentro de 25 años. Macri, en una de sus sobreactuaciones, dio una conferencia de prensa y dijo que todo volvería a “foja cero”. El Estado se presentó en el expediente del concurso retractándose, y pidió una nueva audiencia para reformular el convenio.
Boquín le da relevancia al mapa de los acreedores y cómo fue que el Correo consiguió los votos necesarios para obtener respaldo en un acuerdo que consideró perjudicial y también abusivo, porque uno de los argumentos utilizados por la sindicatura general en el expediente para apoyar una nueva dilación fue que ninguno había expresado su oposición. La fiscal explicó que, excepto el Estado, ninguno de los acreedores más chicos (que son 715) había sido convocado a la audiencia. Las sindicaturas son controladoras del proceso de concurso de acreedores. Lo que denuncia en este caso es que la sindicatura general que actúa ahora está representada por dos abogados que con anterioridad se habían excusado por patrocinar a Socma -una de las empresas controlantes del Correo– en otro juicio. Uno es Julio César Rivera y el otro es Beltrán F. Louge, una dupla que representó al presidente Mauricio Macri en el divorcio con Isabel Menditeguy en 2005. “No se comprende por qué no obraron de igual modo” que en aquella presentación inicial donde se excusaron, dice la fiscal, sembrando sospechas.
Un segundo dictamen de la fiscalía dice que las empresas controlantes del Correo Argentino deberían devolver el dinero que se llevaron el año pasado de cuentas vinculadas al concurso, con permiso judicial, pero mientras sabían que iban hacia un acuerdo con el Estado que les resultaría favorable. Sideco debe devolver dinero cobró como alquileres con intereses en el edificio conocido como “el rulero” de avenida Libertador, y Socma debe devolver 2 millones de dólares que le pagó Correo por la compra de acciones para un negocio automotriz.
El escándalo por la deuda del Correo Argentino se hizo público en febrero último, a raíz de tres dictámenes de la fiscal Boquín que se presentó a impugnarlo. Planteó que lo que había aceptado el Estado era que de los 4000 millones de pesos que le debía la empresa postal, con suerte cobraría apenas más del 1 por ciento, desde el año que viene y hasta dentro de 25 años. Macri, en una de sus sobreactuaciones, dio una conferencia de prensa y dijo que todo volvería a “foja cero”. El Estado se presentó en el expediente del concurso retractándose, y pidió una nueva audiencia para reformular el convenio.
El Correo -que pertenece al resto de su familia, ya que su padre tiene usufructo vitalicio de las acciones, que se reparten a la vez entre los hermanos del Presidente y sus hijos-rechazó la marcha atrás. El día de la audiencia, 16 de marzo último, el Estado le hizo el gran favor para seguir eximiéndolo de saldar su deuda: pidió una prórroga por 120 días. El argumento fue que el Congreso había pedido a la AGN un informe que demoraría ese tiempo, y que Macri estaba por firmar decretos sobre conflictos de intereses que obligarían a que participe, por ejemplo, la Procuración del Tesoro.
La sindicatura general y la controlante avalaron ese pedido, la sindicatura verificante no. El Correo obviamente también. Uno de los argumentos es que es un caso “extraordinario”. El Procurador del Tesoro hasta ese entonces, Carlos Balbín, se presentó pero no opinó. Después el Gobierno lo renunció, tras conocerse que había hecho una auditoría que avalaba la teoría de la fiscal, sobre cómo se favoreció al Correo a lo largo del tiempo, hasta sellar el pacto del año pasado. El nuevo procurador -otro abogado del Grupo Macri- Bernardo Saravia Frías, tampoco opinó. Ahora era el turno de Boquín, antes de que finalmente se expida la Cámara. A esta altura, ya pasaron más de dos meses desde el planteo.
“Las únicas características extraordinarias del caso y las especiales circunstancias del mismo surgen de las severas irregularidades producidas a lo largo del proceso que han permitido dilatarlo durante 16 años y transformarlo, consolidando una posición de la concursada, construida al margen de lo que establece la ley y aniquilando los créditos adeudados, entre ellos los del mismo Estado Nacional”, señala el dictamen de Boquín. Una de las grandes anomalías que señala es que el llamado “período de exclusividad” (en que la empresa concursada oferta formas de pago en busca de un acuerdo) que por la Ley de Concursos y Quiebras no puede durar más de 90 días y a lo suma una prórroga, se venció hace años. El concurso preventivo empezó el 19 de septiembre de 2001 y abierto el 9 de octubre. Según la fiscal hoy no hay período de exclusividad vigente a pesar de que se reabrió tres veces, a su entender en forma irregular porque. La primera vez, fue cuando llevaba tres años y medio vencido. En 2004 Cámara ordenó el “salvataje” pero la jueza Marta Cirulli hizo como si esa medida no existiera y volvió a ordenar el de “exclusividad”. Pero como para Boquín ya no hay plazo contabilizándose porque terminaron no hay nada que prorrogar.
“A lo largo del proceso se ha soslayado sistemáticamente que las normas concursales no son disponibles ni modificables -aún de común acuerdo-por las partes”, señala. Esos “acuerdos o conformidades” que se advierten en este caso, donde se ve la sintonía del Correo Argentino con el Estado, y a veces incluso con los síndicos y jueces, son “un ejemplo más del status de excepción contra legem (contra lo que disponen las leyes) del que ha gozado la concursada y el amparo con el cual continúa actuando en su exclusivo beneficio, advierte el texto. Para Boquín habilitar 120 días más en un proceso donde el tiempo jugó a favor de “licuar” la deuda de la empresa del Grupo Macri es “improcedente y su admisión configuraría una nueva irregularidad”. “No existen razones fundadas ni normativa vigente que habilite a suspender el proceso por el término de 120 días como peticionó el Estado Nacional”, sostiene. La fiscal dice que es llamativo que tantos años después del inicio del concurso “no ha habido ni un principio de ejecución de pago de los créditos ni una propuesta aprobada, ni un salvataje abierto, ni una quiebra decretadas con la subsiguiente liquidación de activos. Todo ello con la particularidad de que nunca se han logrado las mayorías requeridas por la ley”. Por largo tiempo el Estado fue el que rechazó las propuestas por considerar que no eran satisfactorias. El Estado es poseedor de casi el 35 por ciento de la deuda, por eso su posición es clave.
Las otras dos cuestiones que rechaza el dictamen son los argumentos de que hay que esperar un análisis de la AGN y que se debían implementar las nuevas reglas sobre conflictos de intereses entre funcionarios y empresas contratadas por el Estado. Para ella la Auditoría es un órgano totalmente ajeno al proceso concursal y lo que concluya sobre las cuentas públicas y el papel de determinados funcionarios es independiente de este tipo de expedientes. Sería, para ella, permitir una injerencia, originada en este caso en un pedido del Congreso, que es el que habitualmente le encomienda los informes a ese organismo. Los decretos, dice, tampoco modifican nada, porque desde entró en vigencia de la Ley de Etica Pública, en 1999, no puede haber funcionarios de los dos lados del mostrador y la participación de la Procuración del Tesoro en las causas donde se plantean es obligatoria. Es más, para Boquín está mal que no haya participado en los últimos años.
Todo esto, entiende, es un modo de abuso procesal con el objetivo de favorecer al Correo Argentino. Lo que pide el Estado y que a la empresa le parece razonable “no explicita que la consecuencia directa de hacer lugar a la solicitud de suspensión de los plazos procesales será licuar aun mas los pasivos que debe afrontar”, advierte.
Para llegar a un acuerdo, como el que se firmó en junio del año pasado, con el consentimiento del Estado, hace falta también el apoyo de las dos terceras partes que representen la mayoría del capital. Fueron 361 acreedores los que avalaron el acuerdo de 375 computables.
La fiscal plantea la hipótesis de que después de tantos años, muchos de los acreedores perdieron el interés, porque sus créditos se volvieron insignificantes. Ahí apareció un grupo de personas que adquirieron los votos de muchas de muchas de esas empresas. Es decir, votaron por ellos. Según detalla Boquín son todas personas con vínculos con el Grupo Macri y con el Correo. Por ejemplo, a Diego Martín Teglia le otorgaron poder 51 acreedores. Regulaba honorarios con Guillermo Lehmann y Fernando Gabriel Carnevale, que a la vez tienen poder de 33 y 19 acreedores respectivamente. A la vez, fueron miembros del directorio de Correo Argentino. Como domicilio daban la calle Tucumán 1650 piso 2, el mismo ofrecido por Miguel Martín Marc Cormack (23 votos), Germán Carnevale (19 votos), Gabriela di Ciommo (44 votos) e Ivana Bender (22 votos), entre otros. Susana Alicia Piantelli, a quien le fueron otorgados 44 votos es gerente del estudio de abogados “A.Kleidermacher y Asoc”, que es el que representa al Correo Argentino y también figura como asociado.
La venta de créditos está prohibida por la ley de Concurso y Quiebras, en el artículo 16 y es un delito.
En relación a la conformación de las mayorías, por último la fiscal advierte cómo aparecen en escena el Meinl Bank Antigua, un banco que compró Odebrecht para enviar allí el dinero de las coimas que repartía a funcionarios de distintos países por contratos millonarios de obra pública, y el BST. “El BID cedió a Meinl Bank AG su crédito y, como consecuencia de la cesión de los derechos que aquel tenía en virtud del contrato de prenda de accesión de fecha 8/7/99 suscripto por Sideco Americana, Meinl Bank AG pasó a ser el nuevo acreedor prendario de las acciones de Correo Argntina SA”, describe Boquín. Ese banco también es “cesionario del crédito de CFI. Al votar en favor del Correo votó contra sus propios intereses. Algo similar, ocurrió con el BST, “cesionario del crédito del Banco Río”, y también dio su conformidad. También se le transfirió el crédito del Banco de Galicia.
El Meinl Bank encabeza un grupo financiero afincado en Australia. La justicia brasileña determinó que fue clave en el pago de 1600 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, que compró el 51 por ciento del Meinl Bank de Antigua, una filial en un paraíso fiscal caribeño. En la causa Lava Jato de Brasil habría datos que darían cuenta de que el Correo incluso obtuvo préstamos del Meinl Bank. Del BST es accionista el empresario afín al Gobierno Marcelo Mindlin, actual dueño de Iecsa, la firma socia de Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento, cuya financiación millonaria estatizó Mauricio Macri por DNU.
El Estado no va a favorecer un salvataje donde tengan que aparecer estos bancos vinculados al mayor escándalo de corrupción del momento. Muchas razones que empiezan a explicar por qué tanta preocupación del gobierno por el asunto Odebrecht.
La sindicatura general y la controlante avalaron ese pedido, la sindicatura verificante no. El Correo obviamente también. Uno de los argumentos es que es un caso “extraordinario”. El Procurador del Tesoro hasta ese entonces, Carlos Balbín, se presentó pero no opinó. Después el Gobierno lo renunció, tras conocerse que había hecho una auditoría que avalaba la teoría de la fiscal, sobre cómo se favoreció al Correo a lo largo del tiempo, hasta sellar el pacto del año pasado. El nuevo procurador -otro abogado del Grupo Macri- Bernardo Saravia Frías, tampoco opinó. Ahora era el turno de Boquín, antes de que finalmente se expida la Cámara. A esta altura, ya pasaron más de dos meses desde el planteo.
“Las únicas características extraordinarias del caso y las especiales circunstancias del mismo surgen de las severas irregularidades producidas a lo largo del proceso que han permitido dilatarlo durante 16 años y transformarlo, consolidando una posición de la concursada, construida al margen de lo que establece la ley y aniquilando los créditos adeudados, entre ellos los del mismo Estado Nacional”, señala el dictamen de Boquín. Una de las grandes anomalías que señala es que el llamado “período de exclusividad” (en que la empresa concursada oferta formas de pago en busca de un acuerdo) que por la Ley de Concursos y Quiebras no puede durar más de 90 días y a lo suma una prórroga, se venció hace años. El concurso preventivo empezó el 19 de septiembre de 2001 y abierto el 9 de octubre. Según la fiscal hoy no hay período de exclusividad vigente a pesar de que se reabrió tres veces, a su entender en forma irregular porque. La primera vez, fue cuando llevaba tres años y medio vencido. En 2004 Cámara ordenó el “salvataje” pero la jueza Marta Cirulli hizo como si esa medida no existiera y volvió a ordenar el de “exclusividad”. Pero como para Boquín ya no hay plazo contabilizándose porque terminaron no hay nada que prorrogar.
“A lo largo del proceso se ha soslayado sistemáticamente que las normas concursales no son disponibles ni modificables -aún de común acuerdo-por las partes”, señala. Esos “acuerdos o conformidades” que se advierten en este caso, donde se ve la sintonía del Correo Argentino con el Estado, y a veces incluso con los síndicos y jueces, son “un ejemplo más del status de excepción contra legem (contra lo que disponen las leyes) del que ha gozado la concursada y el amparo con el cual continúa actuando en su exclusivo beneficio, advierte el texto. Para Boquín habilitar 120 días más en un proceso donde el tiempo jugó a favor de “licuar” la deuda de la empresa del Grupo Macri es “improcedente y su admisión configuraría una nueva irregularidad”. “No existen razones fundadas ni normativa vigente que habilite a suspender el proceso por el término de 120 días como peticionó el Estado Nacional”, sostiene. La fiscal dice que es llamativo que tantos años después del inicio del concurso “no ha habido ni un principio de ejecución de pago de los créditos ni una propuesta aprobada, ni un salvataje abierto, ni una quiebra decretadas con la subsiguiente liquidación de activos. Todo ello con la particularidad de que nunca se han logrado las mayorías requeridas por la ley”. Por largo tiempo el Estado fue el que rechazó las propuestas por considerar que no eran satisfactorias. El Estado es poseedor de casi el 35 por ciento de la deuda, por eso su posición es clave.
Las otras dos cuestiones que rechaza el dictamen son los argumentos de que hay que esperar un análisis de la AGN y que se debían implementar las nuevas reglas sobre conflictos de intereses entre funcionarios y empresas contratadas por el Estado. Para ella la Auditoría es un órgano totalmente ajeno al proceso concursal y lo que concluya sobre las cuentas públicas y el papel de determinados funcionarios es independiente de este tipo de expedientes. Sería, para ella, permitir una injerencia, originada en este caso en un pedido del Congreso, que es el que habitualmente le encomienda los informes a ese organismo. Los decretos, dice, tampoco modifican nada, porque desde entró en vigencia de la Ley de Etica Pública, en 1999, no puede haber funcionarios de los dos lados del mostrador y la participación de la Procuración del Tesoro en las causas donde se plantean es obligatoria. Es más, para Boquín está mal que no haya participado en los últimos años.
Todo esto, entiende, es un modo de abuso procesal con el objetivo de favorecer al Correo Argentino. Lo que pide el Estado y que a la empresa le parece razonable “no explicita que la consecuencia directa de hacer lugar a la solicitud de suspensión de los plazos procesales será licuar aun mas los pasivos que debe afrontar”, advierte.
Para llegar a un acuerdo, como el que se firmó en junio del año pasado, con el consentimiento del Estado, hace falta también el apoyo de las dos terceras partes que representen la mayoría del capital. Fueron 361 acreedores los que avalaron el acuerdo de 375 computables.
La fiscal plantea la hipótesis de que después de tantos años, muchos de los acreedores perdieron el interés, porque sus créditos se volvieron insignificantes. Ahí apareció un grupo de personas que adquirieron los votos de muchas de muchas de esas empresas. Es decir, votaron por ellos. Según detalla Boquín son todas personas con vínculos con el Grupo Macri y con el Correo. Por ejemplo, a Diego Martín Teglia le otorgaron poder 51 acreedores. Regulaba honorarios con Guillermo Lehmann y Fernando Gabriel Carnevale, que a la vez tienen poder de 33 y 19 acreedores respectivamente. A la vez, fueron miembros del directorio de Correo Argentino. Como domicilio daban la calle Tucumán 1650 piso 2, el mismo ofrecido por Miguel Martín Marc Cormack (23 votos), Germán Carnevale (19 votos), Gabriela di Ciommo (44 votos) e Ivana Bender (22 votos), entre otros. Susana Alicia Piantelli, a quien le fueron otorgados 44 votos es gerente del estudio de abogados “A.Kleidermacher y Asoc”, que es el que representa al Correo Argentino y también figura como asociado.
La venta de créditos está prohibida por la ley de Concurso y Quiebras, en el artículo 16 y es un delito.
En relación a la conformación de las mayorías, por último la fiscal advierte cómo aparecen en escena el Meinl Bank Antigua, un banco que compró Odebrecht para enviar allí el dinero de las coimas que repartía a funcionarios de distintos países por contratos millonarios de obra pública, y el BST. “El BID cedió a Meinl Bank AG su crédito y, como consecuencia de la cesión de los derechos que aquel tenía en virtud del contrato de prenda de accesión de fecha 8/7/99 suscripto por Sideco Americana, Meinl Bank AG pasó a ser el nuevo acreedor prendario de las acciones de Correo Argntina SA”, describe Boquín. Ese banco también es “cesionario del crédito de CFI. Al votar en favor del Correo votó contra sus propios intereses. Algo similar, ocurrió con el BST, “cesionario del crédito del Banco Río”, y también dio su conformidad. También se le transfirió el crédito del Banco de Galicia.
El Meinl Bank encabeza un grupo financiero afincado en Australia. La justicia brasileña determinó que fue clave en el pago de 1600 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, que compró el 51 por ciento del Meinl Bank de Antigua, una filial en un paraíso fiscal caribeño. En la causa Lava Jato de Brasil habría datos que darían cuenta de que el Correo incluso obtuvo préstamos del Meinl Bank. Del BST es accionista el empresario afín al Gobierno Marcelo Mindlin, actual dueño de Iecsa, la firma socia de Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento, cuya financiación millonaria estatizó Mauricio Macri por DNU.
El Estado no va a favorecer un salvataje donde tengan que aparecer estos bancos vinculados al mayor escándalo de corrupción del momento. Muchas razones que empiezan a explicar por qué tanta preocupación del gobierno por el asunto Odebrecht.
