Por Julio Peñaloza Bretel
NODAL, 2 agosto, 2020
Como si se tratara de un viaje en una cápsula inventada por H.G.Wells, Bolivia es hoy un país en retroceso, en el que casi nada funciona con una mínima fluidez, a partir del momento en que la presidenta accidental –a la que en el espectro internacional se califica dominantemente como presidenta de facto–, decidiera convertirse en candidata para las elecciones de las que estaba encargada a partir de una transición que debió caracterizarse por trámites rutinarios para generar un gobierno electo, después de la anulación de los comicios realizados el 20 de octubre del pasado año, con el argumento de un “fraude monumental”, seriamente impugnado más allá de las fronteras nacionales.
Bolivia se encuentra económicamente desprogramada con decisiones de contratación de deuda externa que corresponden a una administración con facultades para gobernar cinco años, entrampada en las disputas que sostiene el gobierno de Añez con la Asamblea Legislativa Plurinacional que aduce incapacidad jurídica para viabilizar los desembolsos de recursos, debido a que no se cumplen los requisitos constitucionales para la viabilización de créditos, con el agravante en el contexto general, de la muy débil actuación del Tribunal Supremo Electoral, cuarto poder del Estado que ha fijado el 18 de octubre como fecha de elecciones, sin una fundamentación orientadora que ayude a acercar a las partes en conflicto, en este caso, las organizaciones sociales encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y los colectivos sociales vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, por una parte, y los partidos políticos situados del centro hacia la derecha que han dejado pasar el necesario tiempo para que en plena pandemia, con enormes riesgos de contagios masivos, indígenas, campesinos y trabajadores de las ciudades hayan decidido volcarse a las calles para reclamar por elecciones ya, a través de nutridas movilizaciones en media docena de ciudades del país.
Con una muy insuficiente y poco transparente gestión de la crisis sanitaria y generando la impresión de querer prorrogarse en la transitoriedad gubernamental lo más posible, a todo el desaliento con el que viven las mayorías de muy escasos recursos hay que sumar la acumulación de preocupantes informes internacionales acerca del cuadro de situación relacionado con el ejercicio de los derechos humanos y las libertades ciudadanas que por ejemplo acaba de publicar la Clínica Internacional de la Universidad de Harvard en la materia, que con el título “Nos dispararon como animales, Noviembre Negro y el gobierno interino de Bolivia”.
En el preciso informe del ente especializado de la universidad estadounidense figura un recuento de lo que fueron las masacres de Senkata y Sacaba (más de treinta muertos), los excesos cometidos por las fuerzas policiales y militares, la persecución desatada contra militantes y parlamentarios del partido de Evo Morales, así como a periodistas y trabajadores de medios de comunicación contrarios al gobierno, a los que en su momento se tachó de “sediciosos” y “terroristas” para amedrentarlos y finalmente silenciarlos.
En el contexto mediático, en el que la televisión y la prensa oficialista prefieren eludir estas temáticas que incomodan al gobierno de Añez, figura una línea inequívoca dada por el columnista Raúl Peñaranda Undurraga publicada por el New York Times en su edición en español el pasado 17 de julio, con el título “Mesa y Añez deben pactar para evitar que el MAS de Evo Morales regrese al poder”, encabezamiento que encaja mejor en la lógica de un documento de campaña electoral, razón por la que seguramente el mismo autor decidiera cambiarle el título para consumo interno en el diario Página Siete de La Paz, con el título de “La difícil transición tras la caída de Evo Morales”.
Peñaranda, periodista autonombrado independiente, forma parte de un cuarteto de opinadores que terminaron desquiciados con el gobierno de Evo Morales al que combatieron sistemáticamente y al que les es imposible no incluír en sus arremetidas semanales. Está directamente vinculado al presidente del directorio y principal propietario del diario Página Siete, Raúl Garafulic Lehm, con quien fundara ese diario, al empresario Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Jeanine Añez y a Carlos Mesa, el iniciador del golpe de Estado el pasado 10 de noviembre, el único presidenciable con algunas posibilidades de disputarle el triunfo al binomio del MAS conformado por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, según lo informan todas las encuestas.
Con ese chocante panorama, en el que la Bolivia plurinacional le va perdiendo el miedo a las advertencias represivas de un gobierno severamente desacreditado y unos medios de comunicación tradicionales que evidencian sus líneas editoriales más por lo que no dicen que por lo que publican, Bolivia se encamina trastabillando hacia unas elecciones presidenciales para las que hay que aguardar dos meses y medio, tiempo en el que seguramente , el gobierno aduciendo la prioridad de la lucha contra el coronavirus, y los sectores populares reclamando por su derecho a conformar un poder legítimamente constituído, tendremos más incertidumbre, desconcierto, tensiones y seguramente manifestaciones de violencia que siempre hacen temer por el desastre que significaría la voladura del sistema: Bolivia ha retrocedido en el tiempo y hoy queda caracterizada por demasiadas preguntas que por ahora no encuentran respuestas.
Julio Peñaloza Bretel
Periodista boliviano
