El atraso que existe en la obra de construcción de la central de ciclo combinado de Punta del Tigre a cargo de la coreana Hyundai HDEC enciende luces de alerta entre las autoridades de UTE. El ente y la constructora negocian una extensión de los plazos del contrato e incluso el cobro de algunas multas.
Predio donde se construye la central de Punta del Tigre. Foto: Darwin Borrelli
mié abr 8 2015
MIGUEL NOGUEZ
Una fuente del ente consultada por El País expresó que la situación se sigue con "gran atención" y que los atrasos "preocupan". En este sentido, se informó que el proyecto acumula casi ocho meses de atrasos y que el avance de la obra no llega a 20%.
"Quieren adjudicar (por la empresa) las demoras a cosas donde UTE no tiene nada que ver. No han podido manejar los conflictos con los gremios. También hay problemas de dirección de obra. Una cosa es Hyundai en Corea y otra cosa es la subsidiaria con algunos latinos en el medio", dijo uno de los consultados.
Por otra parte, fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que la constructora coreana entiende que los conflictos sindicales que han afectado el desarrollo de la obra "no son su responsabilidad", por lo que se considera que "corresponde otorgar mayores plazos" para poder cumplir con la totalidad de la obra, mientras que UTE entiende que los conflictos deberían haber sido estimados en las proyecciones de la empresa.
El paso de los días y la falta de avances en el proyecto determinó incluso que asesores técnicos del directorio de UTE manejaran la rescisión del contrato con la constructora como una posibilidad. No obstante, se reconoce que esa sería una alternativa difícil de concretar porque buena parte del equipamiento técnico para la central ya se encuentra en el país.
Consultado al respecto, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, reconoció a El País que existe retraso y que se está evaluando con la dirección de obra de Hyundai HDEC cuál es su dimensión. "Cuando hay retrasos se tienen formas de remedio y a eso nos atendremos", dijo el jerarca que prefirió no dar otros detalles de las negociaciones.
En relación a la rescisión del contrato, Casaravilla señaló que para eso "tienen que darse situaciones especiales que para nada están en este momento en consideración. Todo contrato se puede revisar, pero cuando tenemos un contrato que fue en el marco de una adjudicación, de un proceso competitivo, tenemos muy pocas posibilidades", añadió.
De acuerdo a los plazos iniciales, la puesta en funcionamiento de la primera turbina estaba programada para el primer trimestre de este año, la segunda cuatro meses después y la tercer turbina para 2016.
La central de ciclo combinado (se aprovecha el vapor que desprende el proceso para generar más energía) que se levanta en el departamento de San José tendrá una potencia de 530 megavatios (Mw) y demandará una inversión de unos US$ 530 millones para la obra civil. A ese monto se sumará la operación y el mantenimiento de la planta por un plazo de cuatro años que se puede extender hasta siete y que generará un costo adicional de alrededor de US$ 800 millones.
El retraso en esta obra de infraestructura energética se suma al que existe en la planta regasificadora de Punta de Sayago. La brasileña OAS, que estaba a cargo de la construcción de dos muelles y una escollera, fue desvinculada de esta parte del proyecto por diferencias técnicas con GNLS (consorcio local conformado por GDF Suez y la japonesa Marubeni).
Los trabajos en esta parte del proyecto están parados desde el 24 de febrero. El Sunca reclama que cualquiera sea la empresa que sustituya a OAS se garantice la reincoporación de los 700 trabajadores que se encuentran en el seguro de paro.
Impsa se complica más.
Por otro lado, una fuente del ente expresó ayer a El País que la decisión de rescindir los contratos de compra venta de energía eólica con la argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (Impsa) que se declaró en default, "no tiene marcha atrás". "Impsa se ha comido todos los plazos. Podían haber alternativas a estudiar pero han perdido credibilidad. No han empezado las obras, no han puesto un tornillo", afirmó.
Como informó El País, la decisión del ente desató polémica con la firma argentina que solicitó más prórroga y presentó como alternativa tres potenciales nuevos inversores para financiar los parques eólicos, debido a su difícil situación económica. Incluso, uno de los inversores ofreció vender la energía a UTE más barata de lo previsto en los contratos vigentes.
Pero, el ente no aceptó ninguna de las propuestas y resolvió en marzo ejecutar el cobro de la garantía previsto en los contratos con Impsa, después de que vencieran los plazos y la firma no cumpliera con la construcción de tres parques eólicos por un total de 65 MW en los departamentos de Maldonado y Lavalleja.
Ayer el diario argentino El Cronista informó que la situación de Impsa se hace cada vez más cuesta arriba. Según datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) el último balance cerrado a diciembre arrojó un balance negativo de más de 1.800 millones de pesos argentinos (US$ 204 millones).
El origen de los problemas financieros es Brasil donde la firma mantiene un concurso de acreedores por más de US$ 770 millones. Allí tiene un conflicto con la estatal Eletrobras, que se atrasó en el pagó de US$ 250 millones a Impsa.
Regularizarán más conexiones.
La empresa UTE prevé ajustar a la normativa entre 2.000 y 2.500 conexiones eléctricas este año en el marco de su plan de regularización en barrios de contexto crítico, según informó el portal de Presidencia. El ente estatal estima que unas 50.000 viviendas cuentan con instalaciones precarias, gran parte de ellas ubicadas en el entorno a Montevideo y zona metropolitana. Anualmente se realizan unas 1.500 regularizaciones del servicio, cifra que UTE prevé aumentar este año para llegar a 2.500 viviendas. El plan incluye el cableado y adecuación de la instalación externa y la entrega a cada titular de implementos de seguridad, como llave térmica y un pequeño tablero para centralizar las conexiones. La inversión anual es de unos US$ 2 millones.
La empresa UTE prevé ajustar a la normativa entre 2.000 y 2.500 conexiones eléctricas este año en el marco de su plan de regularización en barrios de contexto crítico, según informó el portal de Presidencia. El ente estatal estima que unas 50.000 viviendas cuentan con instalaciones precarias, gran parte de ellas ubicadas en el entorno a Montevideo y zona metropolitana. Anualmente se realizan unas 1.500 regularizaciones del servicio, cifra que UTE prevé aumentar este año para llegar a 2.500 viviendas. El plan incluye el cableado y adecuación de la instalación externa y la entrega a cada titular de implementos de seguridad, como llave térmica y un pequeño tablero para centralizar las conexiones. La inversión anual es de unos US$ 2 millones.
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