URUGUAY
A través de un comunicado, el Ministerio de Educación y Cultura informó que en ejercicio de las atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo resolvió disponer la “intervención con desplazamiento de autoridades” de la asociación civil Cruz Roja Uruguaya, con sede en Montevideo, por el término de hasta seis meses, eventualmente prorrogables, a partir de la toma de posesión de su cargo por parte de los interventores nombrados.El cometido de la resolución, que lleva la firma de la ministra María Julia Muñoz, es “analizar y poner en orden la situación administrativa y contable, examinar el padrón social depurándolo en caso de ser necesario, estudiar si los estatutos son acordes a la realidad institucional promoviendo la reforma pertinente y realizar elecciones en el marco de los estatutos”.
Los interventores designados por la secretaría de Estado son: la doctora Andrea Medina Welker, la técnica administrativa Elena Clavell Annanía y el economista Héctor Bouzon Olivera. Los gastos y honorarios correrán por cuenta de la Cruz Roja.
Los Hechos
En la resolución del Ministerio de Educación y Cultura se expresa que la decisión se adoptó a raíz de la denuncia que fuera presentada en noviembre de 2015 respecto al funcionamiento de la asociación civil.
De las actuaciones surge que la denuncia se basa en la “ilegitimidad” del acto eleccionario y de la “contravención” de los estatutos durante la gestión social, en especial con respecto a la posición “inconciliable” entre la presidencia y la asamblea, a causa de un manejo “autoritario y unilateral por parte de la presidencia en el período 2011 – 2015”.
Por su parte, la Fiscalía de Gobierno de Segundo Turno, consideró que “debe cumplirse con la finalidad del objeto social y que la institución no puede convertirse en el campo de batalla de sectores enfrentados por el ejercicio de poder”.
La Fiscalía también manifestó que existía una “contradicción entre el testimonio de las autoridades sobre la designación del órgano electoral y los estatutos, así como también están pendientes de aprobación por la asamblea, la memoria y el balance del ejercicio 2014-2015”.
De igual modo, la Fiscalía entendió que “subsiste la duda razonable acerca de la probidad de la gestión y la legitimidad estatutaria, sin constar en autos con una prueba fehaciente que constate la regularidad de la institución”, por lo cual sugiere la intervención”.
También determinó que “la intervención debería analizar y poner en orden la situación administrativa y contable, examinar el padrón social, depurando el mismo de ser necesario, estudiar si los estatutos son acordes a la realidad institucional promoviendo la reforma pertinente y realizar elecciones”.
En setiembre pasado trascendió que el Ministerio de Educación y Cultura había iniciado una investigación a la Cruz Roja por “abuso de poder, mala administración y retención de las donaciones” realizadas para atender la situación de los damnificados por el tornado de Dolores.
La secretaría de Estado también investigaba, en aquel entonces, el destino de donaciones que debieron llegar a Durazno, cuando fue afectado por las inundaciones.
