Piden condena para dueños de un cambio por lavado.La magistrada asegura que blanqueaban dinero para narcos peruanos
Por Nicolás Delgado
Octubre 16, 2016
Gonzalo Núñez era socio de Sergio Hermida en el cambio Shernu. N. ScafiezzoEl origen del delito está en 1990 en Perú, cuando se formó una "sociedad entre el narcotraficante peruano Fernando Zeballos, alias 'Lunarejo', y el exasesor de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos", expresa la fiscal. En 1997, la organización creó 27 empresas de "fachada" para blanquear el dinero.
La fiscal María de los Ángeles Camiño pidió que Gonzalo Núñez y Sergio Hermida, los dos dueños del cambio Shernu, que operaba en la Ciudad Vieja, sean condenados a cuatro y cinco años de prisión respectivamente por lavado de dinero. Además, Camiño acusó a otros tres funcionarios del cambio por asistencia al lavado: la esposa, una cuñada y un sobrino de Hermida. La fiscal especializada en Crimen Organizado sostiene que existieron dos rutas de dinero mediante las que los acusados blanquearon fondos para una organización de narcotraficantes peruanos.
Hermida fue basquetbolista, contratista deportivo y presidente del club Waston. En junio de 2014, el juez Néstor Valetti lo procesó con prisión por lavado de dinero, y un año y medio después, en diciembre de 2015, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria y luego salidas transitorias de su casa por razones de salud. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia le negó la libertad anticipada. Su esposa, que fue procesada el mismo día por asistencia al lavado, recuperó la libertad tras dos meses en la cárcel.
"Para el desarrollo de su actividad, Sergio Hermida operaba en el sistema financiero con distintas cuentas en las que figuraba, en algunos como apoderado y en otras en carácter de titular, recibiendo en estas dinero proveniente de actividades ilícitas desarrolladas en el extranjero", expresa la fiscal en la acusación a la que accedió El Observador.
Dos rutas
Desde dos empresas de "fachada" enviaron "numerosos giros, sin justificación, a la cuenta personal de Sergio Hermida". A pesar de que entre marzo de 2006 y mediados de 2007 se enviaron desde Perú más de 256 transferencias, algunas superiores a US$ 100 mil, hacia la cuenta personal de Hermida en el Nuevo Banco Comercial, la Unidad de Información y Análisis Financiero puso el foco especialmente en ocho giros bancarios. "En las ocho transferencias se visualiza claramente la maniobra desde el origen del dinero (Perú - empresas), su pasaje a través de Sergio Hermida/ex Banco Comercial en Uruguay y su retorno a Perú por intermedio de la 'Cooperativa de Crédito Creycon' en Argentina desde el cliente interno '139 Rospide' y desde este último a las empresas peruanas nuevamente", agrega la fiscal.
Esta es una de las rutas de dinero detalladas en la acusación. La otra involucra a su socio, Núñez, quien fue procesado con prisión en junio de 2015 y permanece recluido. Son tres las transferencias bancarias mencionadas por la fiscal que parten desde Perú hacia una cuenta abierta por Núñez en España, pasan por el cambio Shernu en Montevideo y regresan a Perú a través de Argentina.
Ambos acusados se declararon inocentes. Hermida explicó en el juzgado que su socio y su secretaria manejaban su cuenta bancaria personal, adonde llegaron los giros. Por su parte, un escrito redactado por el perito Washington Silveira y presentado por la defensa de Núñez sostiene que los controles antilavado debieron ser realizados por losbancos o, en todo caso, por los oficiales de cumplimiento. Además, destaca que la circular del Banco Central del Uruguay que establece las modalidades de control de los agentes financieros es del 27 de noviembre de 2007, posterior a los tres giros cuestionados. "Si me procesan, tiene que ir en cana toda la plaza financiera", dijo Núñez a El Observador antes de que el juez lo procesara.
Fiscal pidió decomiso
Además de las condenas, la fiscal Camiño pidió decomisar los bienes incautados a Hermida y su esposa en junio de 2014, cuando fueron procesados. En ese sentido, solicitó el decomiso de un apartamento sobre la rambla en Punta Carretas, inmuebles en Barros Blancos (Canelones), un auto Volkwagen Vento y el contenido de dos cofres. "El matrimonio carecía de una actividad remunerada que justificara el nivel de vida que ostentaban y los bienes que adquirían", expresó la fiscal.
Luego de un pedido del fiscal Juan Gómez, en 2014 el juez Valetti había embargado además dinero de Hermida proveniente de un crédito ante la Cooperativa de la Previsión Social (CPS). Al respecto, la fiscal Camiño –que asumió la investigación luego del traslado de Gómez- solicitó que se levante dicho embargo, puesto que la inversión de Hermida en esa cooperativa se concretó en los años 2003 y 2004, antes de que recibiera los giros desde Perú. Por lo tanto, "no surge probado el origen ilícito del mismo", expresa la fiscal.
Luego de recibir los alegatos de los acusados, la jueza Beatriz Larrieu (que asumió en lugar de Valetti en Crimen Organizado) deberá resolver sobre los pedidos de la fiscal Camiño.
Querían involucrar a Ferreri
El oficial del caso, Leonardo González, que dirigió al equipo de investigadores de la Dirección General de Información e Inteligencia, denunció ante la Justicia penal en agosto de este año que jerarcas lo presionaron para que involucrara en esta causa de lavado de dinero a Pablo Ferreri, entonces director de la Dirección General Impositiva (DGI) y actual subsecretario de Economía. "Recibí la orden de mis jerarcas de detener al contador Ferreri y vincularlo a los hechos", expresa González en su denuncia. La jueza Fanny Canesa investiga el caso y ya tiene en su poder las declaraciones del juez Valetti y el fiscal Gómez, que participaron de la investigación.
Hermida fue basquetbolista, contratista deportivo y presidente del club Waston. En junio de 2014, el juez Néstor Valetti lo procesó con prisión por lavado de dinero, y un año y medio después, en diciembre de 2015, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria y luego salidas transitorias de su casa por razones de salud. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia le negó la libertad anticipada. Su esposa, que fue procesada el mismo día por asistencia al lavado, recuperó la libertad tras dos meses en la cárcel.
"Para el desarrollo de su actividad, Sergio Hermida operaba en el sistema financiero con distintas cuentas en las que figuraba, en algunos como apoderado y en otras en carácter de titular, recibiendo en estas dinero proveniente de actividades ilícitas desarrolladas en el extranjero", expresa la fiscal en la acusación a la que accedió El Observador.
Dos rutas
Desde dos empresas de "fachada" enviaron "numerosos giros, sin justificación, a la cuenta personal de Sergio Hermida". A pesar de que entre marzo de 2006 y mediados de 2007 se enviaron desde Perú más de 256 transferencias, algunas superiores a US$ 100 mil, hacia la cuenta personal de Hermida en el Nuevo Banco Comercial, la Unidad de Información y Análisis Financiero puso el foco especialmente en ocho giros bancarios. "En las ocho transferencias se visualiza claramente la maniobra desde el origen del dinero (Perú - empresas), su pasaje a través de Sergio Hermida/ex Banco Comercial en Uruguay y su retorno a Perú por intermedio de la 'Cooperativa de Crédito Creycon' en Argentina desde el cliente interno '139 Rospide' y desde este último a las empresas peruanas nuevamente", agrega la fiscal.
Esta es una de las rutas de dinero detalladas en la acusación. La otra involucra a su socio, Núñez, quien fue procesado con prisión en junio de 2015 y permanece recluido. Son tres las transferencias bancarias mencionadas por la fiscal que parten desde Perú hacia una cuenta abierta por Núñez en España, pasan por el cambio Shernu en Montevideo y regresan a Perú a través de Argentina.
Ambos acusados se declararon inocentes. Hermida explicó en el juzgado que su socio y su secretaria manejaban su cuenta bancaria personal, adonde llegaron los giros. Por su parte, un escrito redactado por el perito Washington Silveira y presentado por la defensa de Núñez sostiene que los controles antilavado debieron ser realizados por losbancos o, en todo caso, por los oficiales de cumplimiento. Además, destaca que la circular del Banco Central del Uruguay que establece las modalidades de control de los agentes financieros es del 27 de noviembre de 2007, posterior a los tres giros cuestionados. "Si me procesan, tiene que ir en cana toda la plaza financiera", dijo Núñez a El Observador antes de que el juez lo procesara.
Fiscal pidió decomiso
Además de las condenas, la fiscal Camiño pidió decomisar los bienes incautados a Hermida y su esposa en junio de 2014, cuando fueron procesados. En ese sentido, solicitó el decomiso de un apartamento sobre la rambla en Punta Carretas, inmuebles en Barros Blancos (Canelones), un auto Volkwagen Vento y el contenido de dos cofres. "El matrimonio carecía de una actividad remunerada que justificara el nivel de vida que ostentaban y los bienes que adquirían", expresó la fiscal.
Luego de un pedido del fiscal Juan Gómez, en 2014 el juez Valetti había embargado además dinero de Hermida proveniente de un crédito ante la Cooperativa de la Previsión Social (CPS). Al respecto, la fiscal Camiño –que asumió la investigación luego del traslado de Gómez- solicitó que se levante dicho embargo, puesto que la inversión de Hermida en esa cooperativa se concretó en los años 2003 y 2004, antes de que recibiera los giros desde Perú. Por lo tanto, "no surge probado el origen ilícito del mismo", expresa la fiscal.
Luego de recibir los alegatos de los acusados, la jueza Beatriz Larrieu (que asumió en lugar de Valetti en Crimen Organizado) deberá resolver sobre los pedidos de la fiscal Camiño.
Querían involucrar a Ferreri
El oficial del caso, Leonardo González, que dirigió al equipo de investigadores de la Dirección General de Información e Inteligencia, denunció ante la Justicia penal en agosto de este año que jerarcas lo presionaron para que involucrara en esta causa de lavado de dinero a Pablo Ferreri, entonces director de la Dirección General Impositiva (DGI) y actual subsecretario de Economía. "Recibí la orden de mis jerarcas de detener al contador Ferreri y vincularlo a los hechos", expresa González en su denuncia. La jueza Fanny Canesa investiga el caso y ya tiene en su poder las declaraciones del juez Valetti y el fiscal Gómez, que participaron de la investigación.
