Un litigio en el que se mezclaron política, enconos personales y errores técnicos
Octubre 29, 2016
Francisco Casal
Uno de los litigios más extensos y mediáticos que protagonizó la Dirección General Impositiva (DGI) fue el que la enfrentó al empresario Francisco "Paco" Casal. El entonces fiscal de gobierno Miguel Toma (hoy secretario de la Presidencia) lo calificó de "verdadera batalla procesal". Comenzó en 2002, se extendió durante 11 años y dejó tras de sí una estela de suspicacias y polémicas en la que se combinó política y relaciones de poder."No estoy en condiciones de aseverar categóricamente que no se haya hecho una inspección a un club de fútbol; pienso que no pero, reitero, no puedo aseverarlo. De cualquier manera (...) si se hace este tipo de cosas es porque no están gravadas con impuestos.".
Las palabras pronunciadas por el titular de la DGI, Joaquín Díaz, ante el Parlamento en 1998, fueron una de las armas que la defensa de Casal utilizó cuando la DGI quiso cobrarle el impuesto a la Renta y al Patrimonio que, según alegaba el organismo, el contratista había evadido a la hora de vender futbolistas.
La DGI también consideró que el empresario había defraudado y por eso le hizo una denuncia penal que fue rechazada por la Justicia. Esta tuvo una inusual característica: Casal ya había sido denunciado por el mismo asunto por el periodista Ricardo Gabito, y el Poder Judicial había rechazado la tesis de que el empresario hubiera evadido impuestos intencionalmente.
Desde 2008, Casal contrató a casi todos los grados 5 de Derecho Tributario para su defensa y los informes le eran favorables. El Ministerio de Economía pidió el asesoramiento del experto Juan Manuel Albacete (profesor adjunto de Derecho Financiero en la Facultad de Derecho de la Udelar), pero su informe no resultó concluyente sobre el punto. Casal estaba "convencido" de que no debía pagar impuestos, con lo cual "el dolo y el fraude quedan desvirtuados y no puede ser imputada infracción", dijo Albacete.
Sin límites de tiempo
La DGI recién redactó la llamada "acta de determinación", que da inicio al trámite en 2009, siete años después de iniciado el litigio y cuando ya pesaba sobre Casal un embargo dispuesto por un juez y ratificado por un tribunal, en ese mismo 2009. Hasta entonces, los abogados del empresario no habían tenido acceso al expediente.
Se trataba de Casal, pero si hubiese sido un modesto comerciante, siete años de embargo le podían haber liquidado el negocio. Abogados tributaristas consultados para este informe aseguran que este tipo de casos abunda, ya que el código tributario no establece cuánto puede durar una investigación, en el camino hay contribuyentes que no soportan los plazos y tiran la toalla.
Otros elementos hicieron a este caso aun más complejo; el 17 de febrero de 2008, dos inspectores de la DGI realizaron una visita nocturna a la sede de Tenfield en Carrasco y esta fue grabada en secreto por Casal, elemento que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) admitió como prueba. El embargo sobre el empresario rondaba los US$ 20 millones. Entonces se le cuestionaba al empresario que utilizara empresas off shore como instrumentos financiero. Ante esto, la jueza Dora Domenech sostuvo que el uso de off shore es "una práctica habitual" y que "mal podría ser interpretado como un instrumento utilizado para proceder con engaño en materia tributaria" ya que "son un instrumento lícito, pudiendo ser perjudicial querer ver en la actividad de las mismas, indicio de actividad criminal".
"Desviación" con "otra finalidad"
La balanza comenzó a inclinarse a favor de Casal cuando en dos informes de los fiscales de gobierno, Daniel Borrelli y Miguel Toma, se incluyeron severos juicios sobre el proceder de la DGI. Borrelli, además, se pronunció a favor de la tesis de que Casal no tenía ninguna deuda con Impositiva. Toma, en tanto, dijo que el organismo actuó con "una inocultable desviación" que "es fruto de impulsos al parecer orientados a otra finalidad que la de ejercer las atribuciones acordadas por el Código Tributario". Calificó además de "exagerado como infundado" el intento de procesar penalmente a Casal, dijo que se apeló "a la ficción más que al razonamiento" y pidió que la DGI abriera una investigación administrativa para descartar "la existencia de los actos o hechos irregulares que llevaron a decidir el acto de determinación atacado, con los vicios anotados".
Pero lo que terminó por convencer al gobierno de José Mujica de que debía negociar una salida fue una resolución del Ministerio de Economía del 1o de noviembre de 2011, en la que redujo de 10 a 5 años el plazo de prescripción para la determinación de los presuntos adeudos tributarios y pasó la deuda de US$ 100 millones a US$ 10 millones.
Mujica entonces se reunió con Tabaré Vázquez, a quien le caería el tema luego si no se solucionaba, y le dijo que los abogados de Presidencia le habían informado que aunque se le ganara el juicio a Casal por US$ 10 millones, el empresario podría hacerle una contrademanda al Estado por los US$ 100 millones por los que estuvo embargado.
Mujica le dijo a Vázquez que Casal le había asegurado que si se cerraba el caso él no accionaría contra el Estado. Vázquez le recomendó confiar en el empresario y ponerle punto final al asunto.
Finalmente, el 15 de noviembre de 2013, el Poder Ejecutivo resolvió revocar el acto contra Casal.
Unas semanas antes, Mujica le había pedido al secretario de Presidencia, Homero Guerrero, que informara de la decisión al vicepresidente Danilo Astori y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo. El semanario Búsqueda informó que esa reunión fue el 24 de octubre y que en ella participó también Toma, presumiblemente en representación de Vázquez.
Según contó a su entorno uno de los participantes de esa reunión, Astori y Lorenzo se molestaron hasta el punto del enojo por la decisión tomada. Astori calificó duramente a Casal y aludió a que el empresario era un enemigo del Club Nacional de Football. Astori es hincha de Nacional y Casal de Peñarol. Lorenzo también realizó alusiones deportivas y dijo que Casal había operado para que River Plate, cuadro del que es hincha el extitular de Economía y Finanzas, descendiera. Para convencerlos, Guerrero aludió al caso de otro contratista, Héctor Buitrago, que en un trámite similar al de Casal había obtenido un fallo favorable del TCA.
"Antes de firmar eso, me voy. Esto es apocalíptico para la DGI y todo por Casal, que es un hijo de puta", exclamó Lorenzo. "Yo sé bien lo que tengo que hacer", agregó el entonces ministro. "Hacé lo que quieras, Fernando", le dijo Guerrero. Y la reunión terminó.
A comienzos de 2014, el empresario Esteban Valenti –que por aquel entonces tenía una estrecha relación con Astori– escribió en Uypress: "En el astorismo estamos Danilo Astori, Héctor Lescano, Fernando Lorenzo y yo, todos enemigos jurados de (Casal). Somos orgullosos enemigos (de Casal)".
Serra: "Tenemos una actitud responsable"
El director de Impositiva, Joaquín Serra, dijo a El Observador que el organismo hace cada año 1.200 inspecciones intensivas y 8.500 extensivas (más superficiales). Aseguró que el promedio que dura una inspección es de 182 días y en las grandes empresas 320 días. Interrogado acerca del caso de Young o del caso Casal, Serra sostuvo por un lado que no iba a opinar por episodios que ocurrieron antes de que asumiera el cargo, y por otro que puede haber casos puntuales en que los plazos para la determinación de la deuda excedan estos promedios. "Hay que ver cuánto demora el trámite una vez que entra a los tribunales de apelaciones o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)", afirmó. Acerca del fallo del TCA que dijo que la DGI actuó de manera "maliciosa y temeraria", Serra dijo que el caso fue estudiado por tres directores generales y por áreas técnicas con diferentes encargados. "Tenemos una actitud responsable y si vemos que hay motivos para investigar cualquier intencionalidad, lo hacemos", aseguró.
