La Fiscalía de Roma pidió condenar a cadena perpetua a treinta personas, entre ellas exjefes de Estado y miembros de las juntas militares y los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, quienes ocuparon cargos en las décadas de 1970 y 1980.
ROMA (Uypress)-
Se los acusa, en varias causas, de la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano. El proceso se lleva a cabo en los tribunales de la tercera sala del Fuero Penal.
Las acusaciones contra los militares incluyen asesinato múltiple y secuestro agravado. La única absolución solicitada es para el teniente uruguayo Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, jefe de Servicios del Cuerpo de Fusileros navales (Fusna). Los militares son acusados de haber llevado a cabo las actividades de represión dentro del llamado Plan Cóndor, una estrategia de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las dictaduras latinoamericanas de las décadas del '70 y '80 para perseguir, detener, interrogar, torturar, asesinar y desaparecer a personas consideradas subversivas por los regímenes.
La investigación, que duró cerca de 10 años, llegó a sus conclusiones hace seis años e involucró a 140 personas (entre ellos, 59 argentinos, 11 brasileños y seis paraguayos), pero problemas burocráticos con la notificación y la muerte de varios miembros de las juntas militares han hecho disminuir el número de personas en proceso. (ANSA)
Entre los uruguayos destaca el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen y que fue presidente de facto entre 1981 y 1985.
Además, figuran sus compatriotas Jorge Alberto "Pajarito" Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio "Nino" Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.
El único militar para el que se solicitó la absolución por las acusaciones es el Teniente de navío Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, de nacionalidad uruguaya.
En una carta publicada en 2014 en el portal LaRed21, Chávez contó que fue obligado a pedir el retiro en 1983, luego de haber sido calificado con deficiente en conducta durante dos años seguidos por haberse negado a cumplir funciones de tortura y represión en el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), al que había sido trasladado a fines de 1980. Allí estuvo 134 días preso de forma ininterrumpida por distintas sanciones que, según explica, representaban una "muy clara maniobra para desestabilizarme emocionalmente".
El argumento de Chávez para explicar su inocencia es que en las fechas indicadas en la acusación, en el momento de los hechos que provocaron la desaparición forzada de los ciudadanos ítalo uruguayos, en 1977, se encontraba en territorio antártico realizando tareas de Investigación Oceanográfica. Esto fue verificado a la jueza Fanny Canessa, a través de su abogado, Homero Guerrero.
Chávez fue acusado por Daniel Rey Piuma, un ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN). Sin embargo, tras una reunión con Julio Marenales en 2009 en la que el dirigente verificó su legajo personal, logró obtener un testimonio probatorio de su inocencia por parte del MLN.
Según explicó el militar, conoció a Rey Piuma recién en 2003, cuando mantuvieron una conversación de "escasos minutos, en el hall del Sanatorio Americano".
Fuentes de EFE apuntaron al próximo 13 de enero como la fecha en la que previsiblemente se conocerá la sentencia.
