UNA PIEZA CLAVE PARA ACLARAR QUE PASO CON LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA
Apresan a un ex jefe policial mexicano
Los alumnos del magisterio rural desaparecieron en una acción que involucró supuestamente a policías municipales aliados con un grupo de narcotraficantes. Hasta ahora se identificaron los restos óseos de sólo uno de los jóvenes.
Felipe Flores era el jefe de policía de Iguala cuando desaparecieron los jóvenes estudiantes.
Después de dos años de estar prófugo, la policía mexicana detuvo al ex jefe policial de la ciudad de Iguala, Felipe Flores, una pieza clave para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, un hecho brutal que sigue generando polémicas y cuestionamientos de los familiares al gobierno federal.
Los estudiantes de la escuela rural para formación de maestros Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de ese año, en una acción que involucró a policías municipales supuestamente aliados con el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, por lo que la detención de ese jefe policial puede ser decisiva, informó ayer la Comisión Nacional de Seguridad. México ofrecía una recompensa de 2,5 millones de pesos (unos 130 mil dólares) por información que condujera al arresto de Flores, pero no se reveló si alguien dio pistas para localizarlo.
Las autoridades informaron a través de la red social Twitter que en la detención participaron la Policía Federal, el Ejército y la Marina en coordinación con la fiscalía general y los servicios de inteligencia.
Iguala, una ciudad de 400 mil habitantes, está situada en una zona de producción de amapola y heroína, a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México.
La causa de la desaparición de los estudiantes no ha sido esclarecida. Al principio se dijo que habían sido confundidos con integrantes de un grupo rival, pero esa hipótesis se fue desvaneciendo con el tiempo. Tres de los jóvenes, además de otras tres personas, perdieron la vida la misma noche, en ataques a tiros.
Los jóvenes llegaron a Iguala después de apoderarse de autobuses para trasladarse, unos días más tarde, a una manifestación en Ciudad de México en homenaje a las víctimas de la matanza de Tlatelolco. Esta práctica, tolerada por las autoridades, era habitual en ellos y nunca habían sido perseguidos con tal ferocidad. Hasta ahora se han encontrado sólo restos identificados con certeza de uno de los jóvenes y presumiblemente fragmentos óseos de otro. Flores llegó a ser interrogado en este caso el 27 de septiembre de 2014, cuando todavía no se había aclarado la suerte de los estudiantes. Después de esa declaración se dio fuga.
“Esta detención permitirá recabar una declaración fundamental para el esclarecimiento de los hechos de Iguala”, dijo la fiscal general, Arely Gómez, en su cuenta de Twitter. A su vez, los familiares de los estudiantes hicieron votos para que no se trate de un “detenido más”, sino de un avance seguro para llegar a la verdad. “Ojalá no sea un detenido más como los ciento y tantos que están en la cárcel, pero ninguno de ellos por la desaparición forzada”, afirmó uno de los portavoces de los padres, Felipe de la Cruz.
“La detención de Felipe Flores es la pieza que faltaba para esclarecer la desaparición”, dijo De la Cruz, quien confió en que el arresto permita llegar a la verdad de los hechos. “Definitivamente para nosotros es la pieza que faltaba y creemos que si en realidad la PGR (fiscalía general) hace su trabajo la detención de este personaje va esclarecer la razón por la que los jóvenes fueron atacados”, señaló. “Con esta detención esperamos la respuesta que durante dos años hemos buscado”, añadió De la Cruz. Además, comentó que esperan que se puedan abrir acusaciones por desaparición forzada en contra del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, que ya están detenidos.
La investigación de las autoridades llevó a la conclusión de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de la localidad vecina de Cocula. Pero esa hipótesis oficial fue cuestionada por los familiares, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudiaron durante un año el caso y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los resultados de la pesquisa oficial fueron avalados por el presidente Enrique Peña Nieto, quien fue duramente criticado por los familiares de las víctimas y distintos sectores de la sociedad por no permitir que se abran otras líneas de investigación.
