Pedro Águeda
03/11/2017
El comisario Villarejo durante una entrevista a La Sexta
Anticorrupción y Asuntos Internos registran su lujoso chalet y las oficinas de Madrid donde tiene su centro de operaciones. El policía jubilado ha utilizado grabaciones a clientes y colaboradores siempre que se ha visto amenazado. Los gobiernos de PP y PSOE le han encomendado operaciones secretas y él se ha hecho rico realizando encargos para particulares
La inquietud cundió entre los policías de Asuntos Internos que se habían desplegado desde primera hora de este viernes alrededor del chalet propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez en Boadilla del Monte (Madrid). Preveían detenerlo cuando abandonara su domicilio, pero ese momento no llegaba y comenzó a extenderse entre los investigadores la sospecha de que un chivatazo hubiera provocado su huida. Finalmente, Villarejo dejó su domicilio cerca del mediodía y fue arrestado. La pendiente por la que viene deslizándose el policía desde hace tres años se agudizaba, al tiempo que se abre la incógnita de si la detención destapará la caja de truenos con la que amenaza el comisario cada vez que se ve rodeado.
Los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano habían convencido al juez Diego de Egea y Torrón, de apoyo en los juzgados 3 y 6 de la Audiencia Nacional, de que firmara las órdenes de registro del lujoso chalet donde reside Villarejo junto a su mujer, Gemma Alcalá, también arrestada en la Operación Tandem, así como de las oficinas de la Torre Picasso de Madrid desde las que el comisario dirige su grupo de empresas.
Cualquier policía que haya tenido cargos de responsabilidad en la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado sabe que debe tener cuidado de lo que habla delante del comisario Villarejo. El agente encubierto, como le gustaba describirse, ha grabado continuamente a sus interlocutores, como un seguro ante posibles adversidades o buscando rentabilidad en el futuro. Y así ha quedado de manifiesto en los últimos años, siempre que el policía se ha visto envuelto en polémicas que le afectaban.
Una de esas grabaciones se llevó por delante la carrera política de Ignacio González cuando aún no había arrancado el caso Lezo. Pero también puso al comisario Villarejo bajo el foco mediático. Acostumbrado al anonimato, con tres identidades falsas facilitadas por el Ministerio del Interior, el nombre del policía comenzó a ocupar titulares. Y ahí comenzó su declive. Villarejo grabó y supuestamente filtró a dos medios de comunicación un extracto interesado de su conversación con González para hacer creer que el político le pedía en una cafetería que tapara la investigación sobre el origen de su ático en Estepona.
"Ni muertos ni heridos"
En el caso del ático sigue imputado entre otros, Enrique Cerezo, el poderoso empresario del cine telefoneó a Villarejo un mes después de que se conociera que González había comprado la vivienda a través de una sociedad offshore que controla un testaferro relacionado con el presidente del Atlético de Madrid. "En esta guerra no tiene que haber muertos ni heridos", le decía Cerezo al comisario mientras éste le grababa. El presidente del club rojiblanco añadía: "Pepe, que aquí tienes un amigo, que te lo digo yo". El 9 de marzo de 2015, El Mundo publicaba la conversación.
Villarejo, entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa, había llegado al caso reclamado por la cúpula policial de los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Su currículum atestigua que ha trabajado indistintamente para gobiernos del PSOE y el Partido Popular, de los que habría recibido encargos que bordean si no traspasan la legalidad. Es el caso de la Operación Cataluña, en tiempos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.
José Manuel Villarejo ha admitido en sede judicial haber participado en el rastreo de posibles corruptelas de políticos soberanistas y sus entornos sin que hubiera abierto una investigación judicial, lo que él justifica al atribuir a la Policía tareas de "inteligencia" que por ley corresponden en exclusiva al CNI. Su relato siempre ha sido negado por Interior.
El Ministerio siempre arropó al comisario Villarejo cuando, dirigido por Fernández Díaz, arreciaban las informaciones contra el policía. Ocurrió cuando El País desveló un patrimonio de 16 millones de euros y 12 empresas del agente, acumulado durante los diez años que estuvo fuera del Cuerpo (1983-1993), según la versión del policía retirado. Fernández Díaz aprovechó para destacar públicamente los méritos de Villarejo en la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado. Por aquel entonces ya había condecorado a Villarejo con una medalla pensionada por su participación en lo que después se conocería como Operación Cataluña, según desveló eldiario.es.
En la querella de Anticorrupción que ha provocado la detención de Villarejo se le señala como miembro de una "una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".
Sin embargo, la investigación interna llevada a cabo por Interior, y efectuada por el inspector jefe y compañero de Villarejo en la DAO José Ángel Fuentes Gago, concluyó que la actividad privada del comisario era compatible con su trabajo de funcionario público. Fuentes Gago fue recompensado después con un destino en la embajada en La Haya por el que aún percibe 10.000 euros brutos mensuales, un salario similar al de su mujer, a la que el director adjunto operativo, Eugenio Pino, había enviado a esa misma ciudad con un sueldo casi idéntico meses antes.
"Organización criminal"
La sospecha en medios policiales y judiciales es que Villarejo ha dirigido una organización que ofrecía un servicio integral que amplía el blanqueo de capitales del que le acusa Anticorrupción. Uno de esos servicios consistiría en reventar causas judiciales a través sus contactos o por medio de una asociación, Transparencia y Justicia, al frente de la cual está Rafael Redondo, mano derecha del comisario en sus actividades privadas. En el caso de la fuga de Esperanza Aguirre, Transparencia y Justicia ejerció la acusación popular, perosalvó del banquillo a la expresidenta madrileña. Más recientemente, Transparencia y Justicia se ha personado en la causa contra los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.
Los funcionarios que han seguido las actividades del polémico comisario confían en encontrar pruebas de esta actividad y otras en los registros. El policía jubilado está imputado por haber pinchado presuntamente a la doctora Elisa Pinto por encargo del empresario Javier López Madrid. La mujer le ha identificado en una rueda de reconocimiento, pero el policía asegura que se limitó a aconsejar al yerno de Villar Mir que denunciara el acoso que, según le relató el empresario, sufría de parte de la doctora, también imputada en otro juzgado. Ese consejo fue gratuito, según el policía.
También en ese caso, la actuación de la cúpula de Interior acabó beneficiando al comisario. Un informe ordenado por la Dirección de la Policía dio un vuelco al caso al señalar a la doctora Pinto como autora de un montaje contra López Madrid y Villarejo. El caso fue entonces archivado por la jueza Belén Sánchez, pero la Audiencia de Madrid ha hecho caso omiso a esas conclusiones policiales -un montaje, según la defensa de la doctora- y ha ordenado reabrir la causa contra López Madrid.
Servicios de información y fondos reservados
Junto al empresario y su mujer ha sido detenido el comisario Carlos Salamanca, quien estuvo imputado en la Operación Emperador contra la mafia china. La causa contra Salamanca fue archivada antes de llegar a juicio. Esta vez, sin embago, los indicios acumulados contra él han motivado una orden judicial de arresto.
Salamanca, amigo de Villarejo, es un policía también cultivado en los servicios de Información, el manejo de fondos reservados y las relaciones con el mundo de la empresa. Fue jefe de Policía en el Aeropuerto de Barajas antes de ocupar su actual destino en la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF).
Según han informado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación, Salamanca está acusado de haber introducido a ciudadanos guineanos de forma irregular en España a cambio de dinero y regalos, entre otras actividades. Para la investigación de Asuntos Internos ha sido fundamental las denuncias de personas relacionadas con la trama contra ambos comisarios.
