La reforma previsional del Gobierno deteriora en términos reales el poder adquisitivo de los jubilados. Movilidad social descendente
Por Alfredo Zaiat05 de noviembre de 2017
El Gobierno quiere modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones para limitar el ajuste a la evolución de la inflación. La canasta de consumo de los jubilados es más cara que la general. La reforma previsional busca liberar recursos para garantizar el pago de los crecientes intereses de la deuda.
El haber de los jubilados perderá capacidad de compra en relación a la variación de precios de la canasta de bienes y servicios de los adultos mayores. El ajuste trimestral por la inflación que impulsa el gobierno no congelará los haberes en términos reales, como algunos salieron rápido a criticar. La situación será peor. Los irá devaluando paulatinamente. La propuesta oficial es una formula de movilidad con una indexación que será más baja que la actual al utilizar el índice de precios general, pero la cesta de consumo de los jubilados es más cara. El perjuicio será entonces por partida doble: el aumento de las jubilaciones será más bajo y por un coeficiente de ajuste que las hará retroceder aún más en poder adquisitivo. La caída nominal de los haberes sería de 9 a 13 por ciento el año próximo, según diferentes supuestos incorporados en cálculos realizados por especialistas. La pérdida anual alcanzaría por lo menos a casi 11 mil pesos para quienes cobran la mínima, incluyendo el aguinaldo.
Los investigadores de ITE de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo realizan un seguimiento específico para evaluar la inflación de los jubilados. En 2016 fue de 44 por ciento, alza más intensa que el IPC general debido a la mayor incidencia de los rubros Salud y Servicios Públicos. El último registro del ITE fue la inflación interanual de los jubilados de septiembre que alcanzó el 29,3 por ciento, cuatro puntos por encima del índice de precios general. La actualización del haber por el IPC-Indec asegura entonces una caída del poder de compra del dinero que reciben los jubilados.
Los investigadores del Centro de Economía Política Argentina realizaron una estimación de la evolución de los recursos tributarios, variación de salarios (según Ripte) y del IPC-Indec, manteniendo estable la cantidad de beneficiarios en el sistema previsional, para concluir que la jubilación mínima perdería unos 900 pesos por mes en 2018 con el esquema de indexación por inflación.
El Gobierno confía en seguir con su exitosa estrategia de confusión discursiva para convencer a la inmensa masa de jubilados de que la reforma no los perjudicará. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, la adelantó en conferencia de prensa, luego del discurso de Mauricio Macri en el CCK, cuando dijo que el ajuste por inflación no permitirá que los haberes pierdan contra los aumentos de precios. No precisó ni le preguntaron a qué precios de bienes y servicios se refería. Los jubilados tienen un consumo diferente al general por lo que el índice del Indec no permite capturar en su totalidad la incidencia de los aumentos en el presupuesto del hogar de los jubilados. Por caso, el rubro Salud en el índice de precios de los jubilados tiene una ponderación que duplica al de los trabajadores registrados.
La propuesta del gobierno significa un fuerte castigo al ingreso de los jubilados, daño que queda al descubierto cuando se realiza el ejercicio de estimar a cuánto ascendería hoy el haber con la indexación por inflación y cuánto subió con la actual fórmula de movilidad desde su vigencia. Es un trabajo que realizó el periodista de este diario Javier Lewkowicz, publicado el martes pasado, al detallar que el primer aumento se aplicó en marzo de 2009, pasando la jubilación mínima de 690 a 770 pesos. Desde entonces se aplicaron dos ajustes anuales, siendo el último en septiembre pasado, elevando el haber a 7246 pesos. El incremento fue de 950 por ciento entre marzo 2009 y septiembre 2017. En ese mismo período, la inflación fue de 692 por ciento, tomando indicadores de consultoras, el promedio de los institutos provinciales y desde 2016 el IPC-CABA e IPC-Indec.
El saldo de esa comparación es revelador del objetivo oficial: con la propuesta de indexación del gobierno, la jubilación mínima hubiera sido hoy de 5470 pesos, en lugar de los 7246 pesos. Casi 25 por ciento menos, unos 1800 pesos por mes. A esto se habrá querido referir el Presidente Macri acerca de que todos tienen que ceder un poco. Los jubilados quedaron en primera fila de esa convocatoria.
Ajuste
El gobierno decidió castigar al núcleo electoral que lo acompaña con más entusiasmo. Ese grupo amarillo está integrado por quienes están transitando el último tramo de la vida laboral registrada en los grandes centros urbanos, con expectativas de jubilarse en los próximos años, y por quienes ya son jubilados. A ellos está destinada la reforma previsional regresiva que recortará el haber mensual y devaluará el inicial del nuevo jubilado. La audacia política de esta iniciativa no sólo es fundamentalismo ideológico neoliberal, sino que tiene un motivo económico: las cuentas fiscales fueron desquiciadas por la eliminación de retenciones y reducciones impositivas a sectores concentrados, pero especialmente por el extraordinario aumento de la carga de intereses por el endeudamiento desaforado iniciado en diciembre de 2015.
El “ahorro” previsional por 100 mil millones de pesos por año previsto con la modificación de la fórmula de movilidad apunta a seducir al mundo de las finanzas para que siga prestando. La banca y grandes inversores continuarán con el grifo abierto de dólares si observan medidas que garanticen primordialmente el pago de los intereses de la deuda. Para ello el gobierno ha lanzado el ajuste permanente de las cuentas públicas, denominado “reformismo permanente” en términos del marketing discursivo de Mauricio Macri, que consiste en recortes de prestaciones e ingresos a sectores vulnerables, eliminación de derechos de los trabajadores y aumentos impositivos que alcanzan a bienes de consumo masivo (vinos y cerveza) y a la clase media vía Ganancias.
La distribución del gasto público en el Presupuesto 2018, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, identifica el rubro Servicios Sociales concentrando el 69 por ciento del total, de los cuales tres cuartas partes corresponden a Seguridad Social. Con el rubro intereses de la deuda aumentando fuerte, “no hay forma bajar el déficit significativamente si no es a través de la reducción del gasto en Seguridad Social”, advierten los economistas del CEPA.
Hoja de ruta
El proyecto de ley para modificar la fórmula de actualización semestral de los haberes, para atarla a la evolución de la inflación, adelantado por Marcos Peña es una de las medidas de una reforma amplia del sistema previsional. Esto informó Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, en la última reunión de la Comisión de Seguridad Social del Consejo del Salario. No sólo precisó que pretenden alterar la forma de actualizar las jubilaciones, sino que aspiran a modificar todas las leyes en materia de Seguridad Social. Ante la consulta de los representantes de ATE Capital que integran esa Comisión acerca de las razones de impulsar la reforma, Paulucci argumentó que está motivada por “el aumento de la esperanza de vida” de la población que exige implementar medidas de sustentabilidad del sistema, lo que implica que una de las iniciativas sería aumentar la edad de retiro.
Esta medida, como la alteración de la fórmula de movilidad y la disminución de la tasa de sustitución (la relación entre el último salario del trabajador con el haber inicial del jubilado) del 72 al 60 por ciento, forman parte de la hoja de ruta del FMI señalada en el documento elaborado luego de la auditoria realizada por la misión del organismo en noviembre pasado.
La misión del FMI liderada por el italiano Roberto Cardarelli, que en estos días ha regresado al país para realizar otra auditoría anual en el marco del Artículo IV, cuestionó la ampliación de derechos y cobertura previsional de los gobiernos kirchneristas. Sin incorporar ningún supuesto de sustentabilidad a partir del círculo virtuoso de un sistema de reparto en una economía en crecimiento impulsada por la demanda, de la existencia del FGS y su aumento patrimonial, la formalización de trabajadores y el desarrollo económico con inclusión social, el Fondo propuso:
Modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones, abandonando la que ha permitido un aumento en términos reales de los ingresos de los jubilados, para pasar a uno que deteriora el poder adquisitivo al atarla a la evolución de la inflación general.
Reducir la tasa de sustitución, poniendo como referencia que en los países de la OCDE el promedio es el 53 por ciento. Para Argentina, la sugerencia es bajarla del 72 al 60 por ciento.
Elevar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años.
Todas son medidas que reducen el ingreso de los jubilados. El gobierno informó que la primera será parte del paquete de reformas que el Congreso empezará a debatir, con la que aspira a contabilizar un “ahorro” previsional de 100 mil millones de pesos.
Menos cobertura
El deterioro de beneficios y de calidad de vida de los jubilados en estos dos años ha sido constante. Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria precisa que el PAMI recortó la cobertura de medicamentos para sus afiliados, interrumpió la provisión gratuita de anteojos, eliminó programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores, redujo las prestaciones de trasplantes y limitó la cantidad de alimentos que entrega a los centros de jubilados. A partir de 2016, el PAMI restringió el alcance de la cobertura del 100 por ciento en medicamentos, la cobertura máxima gratuita bajó de diez a cuatro remedios, eliminó del listado más de 160 principios activos que estaban entre los más requeridos y limitó a dos unidades la cantidad de cajas entregadas que no tenía restricciones.
El reporte concluye que estas medidas redundaron en un aumento del gasto de bolsillo de los jubilados. Indica que entre 2003 y 2014, las políticas públicas de acceso a medicamentos y el incrementos de los ingresos de los jubilados y pensionados permitieron reducir de 65 a 52 por ciento la incidencia del rubro medicamentos en el presupuesto del jubilados. En los últimos dos años aumentó esa carga.
El ajuste en la cuentas del PAMI está en línea con el sendero de exprimir las cuentas públicas para liberar recursos para atender los crecientes pagos de intereses de la deuda. Los especialistas de la Fundación Soberanía Sanitaria lo resumieron del siguiente modo: “Los medicamentos y la atención en salud tienen una demanda demasiado inelástica. No es posible para los jubilados hacer recortes por la importancia que reviste y porque el paciente suele no tener conocimiento suficiente para elegir en qué recorta”.
La reducción de la cobertura del PAMI, el aumento de las tarifas de los servicios públicos básicos y el ajuste del haber por el IPC Indec de Macri integran un combo que castiga la calidad de vida de los jubilados. La reforma previsional profundizará ese retroceso y la reforma laboral arrasará con derechos de los trabajadores. Con el “reformismo permanente”, construyendo la fábula acerca de la existencia de una crisis heredada y con una estrategia de persecución a la oposición para distraer sobre el ajuste en marcha, el gobierno está diseñando un modelo económico que se caracteriza por la movilidad social descendente.
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