El régimen del litio, inscrito en la historia de Bolivia con lucha social
NODAL, 8 julio, 2020
La historia del litio, como la de otros recursos naturales estratégicos en el mundo, está inundada de luchas de poder generalmente entre dos actores involucrados: las empresas transnacionales, quienes con su posición dominante quieren apropiarse de los recursos y sus excedentes, y los gobiernos, quienes luchan (en teoría) por obtener la mayor cantidad de renta posible de estos.
Pocas veces son los pueblos quienes pueden definir el destino de sus recursos, este es el caso de la historia del litio y otros recursos naturales en Bolivia, gracias a las luchas ganadas por su población.
Ciertamente, en Bolivia han sido las luchas sociales las que han frenado las numerosas intenciones privatizadoras o capitalizadoras, en otros oscuros tiempos. Gracias a estas se ha conseguido que el régimen de los recursos evaporíticos se consolide en la Constitución Política del Estado (CPE), en los artículos 349, 350 y 351, estableciendo que la propiedad de los recursos naturales se encuentren en manos del pueblo de Bolivia y su administración (solo su administración) en manos del Estado.
A pesar de ello, durante los últimos meses, a través de algunas declaraciones, autoridades transitorias han dado indicios de querer regresar al pasado de las privatizaciones. Una de estas declaraciones la realizó el Sr. Parada, en ocasión del XIII Foro “Desafíos de la economía y efectos de Covid-19”, quien señaló que: “…en minería, por ejemplo, los recursos internos destinados para inversión no son suficientes, por tanto se requiere de tecnología, de inversión extranjera, como es el caso para el Salar de Uyuni, donde pueden llegar dos o tres empresas de diferentes países para atraer recursos”, alegando, igual que en la época neoliberal.
“…Necesitamos de tecnología, de inversión extranjera. Por lo tanto, vamos a tener que (…) liberar el tema económico”, añadió a Página 7 (23 de abril de 2020).
Nadie se niega a desarrollar o adoptar tecnología, el tema es cómo hacerlo, en este sentido debemos aclarar que el régimen establecido en la CPE es importante para entender el cómo y no solo porque es nuestra norma madre, sino porque para llegar a este momento se ha luchado y combatido duramente desde las organizaciones sociales, es pues una conquista histórica del pueblo de Bolivia y será este quien tome las decisiones estratégicas sobre sus recursos y no un gobierno transitorio que se tome la libertad de definir el destino de los y las bolivianas.
No debemos olvidar que el Estado es un administrador de este régimen, no el dueño de los recursos. Esta conquista estratégica ha tenido varios episodios relevantes en su historia corta, que podemos resumir para tener una idea de cuán importante y enraizada está, la lógica de régimen del litio y los recursos naturales, en la memoria de Bolivia.
Inicialmente, debemos saber que el litio es un recurso natural estratégico para nuestro país (y el mundo), debido a que potencialmente es “un recurso crítico en el recambio tecnológico”, como señala Obaya, por tanto posibilita la “…transición desde una economía basada en combustibles fósiles, hacia un modelo en el que las energías renovables tengan un mayor peso en la matriz energética”, debido a que es un elemento central en las baterías “…utilizadas en casi todos los dispositivos electrónicos portátiles como celulares y computadoras”, según Chávez, aunque también puede ser aplicado en diferentes industrias, incluida la bélica.
Actualmente, Bolivia cuenta con las mayores reservas de litio en salmuera del mundo, 21 millones de toneladas, y junto con Argentina y Chile conforman lo que se ha denominado el “Triangulo del Litio”. Entre los tres países, concentran el 85% de las reservas mundiales conocidas de litio en sales.
En términos de su explotación, tanto Chile como Argentina lo hacen a través de empresas privadas multinacionales, cuyos intereses responden a objetivos foráneos. En Bolivia, la historia del litio, como de los demás recursos naturales, está vinculada a las acciones de los pueblos, organizaciones sociales, movimientos populares y las decisiones que toman estos.
En Bolivia, desde la década de los 70, se iniciaron las primeras investigaciones sobre el salar de Uyuni y, como consecuencia, es el país donde las transnacionales hicieron sus mejores intentos por acceder a estos, como indica Nacif. Estas incursiones fueron efectuadas durante las dictaduras militares (Banzer de 1971 a 1978) .
Este primer ciclo de investigaciones e “incursiones” fueron un “éxito” para empresas transnacionales como Lithco, debido a que, gracias al camino allanado por las llamadas “reformas estructurales” de 1985, que habían dado paso a otras reglas del juego económico y amparado en ellas, el entonces ministro de Minas, Jaime Villalobos “ofreció a la Lithco (actual FMC) una invitación directa para la explotación del Salar de Uyuni”. Esto a pesar de que se había definido mediante DS 21660 que toda la región del Salar de Uyuni se convertía en reserva fiscal y que la modalidad del régimen iría a través de licitación internacional.
Después de un largo periodo de negociaciones, el 17 de noviembre de 1989, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se firmó el primer contrato por invitación directa con la principal empresa productora de litio a nivel mundial.
En este contrato, a la Lithco se le otorgó derechos de exploración y explotación sobre toda el área de reserva fiscal por 40 años, como indica Nacif, además de decisiones operativas, de coordinación y supervisión, en las cuales el Estado Boliviano no participaría, solo recibiría regalías e impuestos para el gobierno central y no comprendía la participación de las regiones, según Obaya, lo cual ocasionó una fuerte reacción en contra del pueblo potosino.
Frente al aumento de las movilizaciones y presiones cívico-políticas, el 4 de mayo, Jaime Paz Zamora desistió del contrato, instruyendo la convocatoria pública internacional. Los movimientos populares, habían “salvado” al salar de un primer intento de privatización.
El segundo intento, no se dejaría esperar, el 17 de enero de 1992, se lanzó una licitación pública y un mes más tarde se recomendó la adjudicación en favor de la FMC (exLithco), es decir, en contraruta de aquello que había sido fuertemente rechazado en los años 80. El 14 de febrero de 1992 se firmó el contrato, cuya única diferencia con el contrato anulado era el nivel de participación del Estado boliviano, que ahora se aumentaba levemente, como aclara Nacif. El régimen propuesto por el gobierno de Jaime Paz seguía siendo la privatización de los recursos evaporíticos.
Extrañamente, debido a un cambio en la alícuota del IVA, el 5 de noviembre de 1993 la FMC (ex Lithco) decidió renunciar al contrato firmado. Sin embargo, la FMC declaró que encontraba en la realidad dificultades generadas por un “debate excesivamente público y sectores sociales excesivamente preocupados en los detalles del contrato”, a diferencia de otros países, como Argentina. De esa forma, Bolivia se había vuelto a salvar de la privatización del litio, gracias a la “excesiva” preocupación de los actores.
En 1997, en el último año de gobierno de Sánchez de Lozada, fue aprobado el nuevo Código Minero de (Ley 1777), bajo el cual se dio el tercer intento de privatizar nuestros recursos evaporíticos, a través de la reducción de la reserva fiscal sobre el Salar de Uyuni, aprobada durante el gobierno del exdictador Banzer (ADN), en abril de 1998 (Ley 1854), que generó una rápida expansión de las concesiones privadas.
En el gobierno del sustituto de Banzer, Tuto Quiroga, mediante una norma exigida por las empresas interesadas en la explotación del litio, la empresa Non Metallic Minerals SAM pudo acceder a numerosas concesiones mineras en la costra salina del Salar, como ratifica Nacif.
Pero nuevamente el pueblo se encargaría de poner las cosas en su lugar y, como efecto de la sublevación popular en octubre de 2003, a consecuencia de la recuperación de los hidrocarburos de manos de las transnacionales extranjeras, en Potosí se impulsó a las diversas organizaciones sociales a movilizarse contra la reducción de la reserva fiscal y los avances de las concesiones privadas sobre el Salar de Uyuni. En 2004, en la presidencia de Carlos Mesa (quien asume tras el escape de Sánchez de Lozada), se revocan las 11concesiones sobre el salar que estaban a nombre de la empresa Non Metallic Minerals SA, por medio del DS 27589. Así nuevamente sería el pueblo boliviano quien había recuperado la soberanía sobre sus recursos evaporíticos y todos sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
Desde este momento se inició una nueva etapa en el diseño del régimen del litio y de los demás recursos naturales. Por acción y participación de los movimientos sociales, grupos de la sociedad civil y voluntad política del presidente Morales, se diseñaron políticas y estrategias que, aunque perfectibles, fueron hechas por bolivianos, de manera libre y soberana, para Bolivia.
Los sucesos de octubre de 2003 trajeron consigo el establecimiento de un nuevo régimen de recursos naturales y del litio, implementado en el gobierno de Evo Morales, con quien se restableció la actividad de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y se tomaron en cuenta, en las decisiones, a actores como la organización Frutcas, que representan a campesinos de cinco provincias del sudeste de Potosí y agrupa a más de 300 comunidades.
En ellos estaba claro el imperativo que este recurso no fuera privatizado, que más bien fuera un proyecto 100% estatal y para el beneficio de las regiones productoras y del departamento de Potosí.
El nuevo régimen establecido se encuentra estipulado en la CPE, gracias a las luchas anteriormente mencionadas que definieron la propiedad y dominio “directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano” sobre los recursos naturales, depositando en el Estado “su administración en función del interés colectivo” (Art. 349, inc. I). Asimismo, dio potestad al Estado sobre todas las reservas fiscales (Art. 350) y el “control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos” (Art. 351, inc. I). También estableció que los recursos evaporíticos son de carácter estratégico (Art. 369 inc. ii) y se dejó sin efecto todas “las concesiones mineras, de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano” (Octava Disposición Transitoria, inc. II).
Dentro de este régimen, en 2010 se puso en marcha la Estrategia Nacional de Industrialización de Recursos Evaporíticos, que cuenta con tres fases. La Fase 1 consistió en la investigación del proceso tecnológico para la explotación del salar y la construcción de plantas piloto, para la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio.
Ésta última fue inaugurada en agosto de 2012 y la de carbonato de litio en enero de 2013. La Fase 2 consistió en la construcción de plantas industriales, en base a las plantas piloto, para la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio. La Fase 3 contemplaba la producción de materiales de cátodo y baterías de ión-litio, como explica Obaya.
La implementación de esta estrategia fortaleció el régimen, no solo porque se afirmó la posición histórica de mantener la propiedad del recurso en manos de los y las bolivianas; sino también porque extendió “…la gobernanza del recurso más allá del proceso de extracción y comercialización del carbonato de litio, para incluir también la producción de baterías de ion litio”.
Y mantuvo la “exclusión de las empresas privadas de todas las fases de explotación y procesamiento de los recursos del salar…”, como dice Obaya, excepto en la fase de producción de baterías, para la transferencia de tecnología.
Para la implementación de la Fase 3 de la estrategia se aprobó el DS 3738, con el cual se creó la empresa mixta YLB-ACISA, subsidiaria de la matríz YLB, en la que participaba ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia, a la que se le daba la potestad de comercializar los productos generados. Este decreto fue abrogado en noviembre de 2019, tras presión del pueblo potosino.
Por el momento, hasta donde hemos podido evidenciar, queda pendiente implementar la Fase 3, respetando la CPE y el régimen del litio, para lo cual es necesario mantener el control de la producción y comercialización de productos o subproductos del litio, así como mejorar el promedio de la tasa de recuperación de litio, realizado por YLB. Pero, y queremos incidir en esto, estas decisiones estratégicas no le competen al actual gobierno transitorio.
Por las razones políticas, históricas, económicas y técnicas, esgrimidas en los párrafos precedentes, podemos decir con mucha contundencia que cualquier intento de los gobernantes transitorios por privatizar los recursos evaporíticos, serán nulos de pleno de derecho, pues la vulneración, a través de contratos, decretos o leyes que alteren el régimen, serán inconstitucionales (por todos los artículos ya señalados).
Pero más aún, debe quedar claro que el régimen constitucional del litio no es producto de burócratas de escritorio, sino el resultado de luchas populares e insurrecciones que defendieron la propiedad de los recursos evaporíticos y su explotación 100% estatal. Por lo que tenemos la seguridad que esta estrategia se respetará o podría ocurrir lo de octubre de 2003, cuando tuvo que salir huyendo “el modelo neoliberal” de Palacio de Gobierno.
Roxana Azeñas Alcoba
Roxana Azeñas Alcoba
NODAL, 8 julio, 2020
La historia del litio, como la de otros recursos naturales estratégicos en el mundo, está inundada de luchas de poder generalmente entre dos actores involucrados: las empresas transnacionales, quienes con su posición dominante quieren apropiarse de los recursos y sus excedentes, y los gobiernos, quienes luchan (en teoría) por obtener la mayor cantidad de renta posible de estos.
Pocas veces son los pueblos quienes pueden definir el destino de sus recursos, este es el caso de la historia del litio y otros recursos naturales en Bolivia, gracias a las luchas ganadas por su población.
Ciertamente, en Bolivia han sido las luchas sociales las que han frenado las numerosas intenciones privatizadoras o capitalizadoras, en otros oscuros tiempos. Gracias a estas se ha conseguido que el régimen de los recursos evaporíticos se consolide en la Constitución Política del Estado (CPE), en los artículos 349, 350 y 351, estableciendo que la propiedad de los recursos naturales se encuentren en manos del pueblo de Bolivia y su administración (solo su administración) en manos del Estado.
A pesar de ello, durante los últimos meses, a través de algunas declaraciones, autoridades transitorias han dado indicios de querer regresar al pasado de las privatizaciones. Una de estas declaraciones la realizó el Sr. Parada, en ocasión del XIII Foro “Desafíos de la economía y efectos de Covid-19”, quien señaló que: “…en minería, por ejemplo, los recursos internos destinados para inversión no son suficientes, por tanto se requiere de tecnología, de inversión extranjera, como es el caso para el Salar de Uyuni, donde pueden llegar dos o tres empresas de diferentes países para atraer recursos”, alegando, igual que en la época neoliberal.
“…Necesitamos de tecnología, de inversión extranjera. Por lo tanto, vamos a tener que (…) liberar el tema económico”, añadió a Página 7 (23 de abril de 2020).
Nadie se niega a desarrollar o adoptar tecnología, el tema es cómo hacerlo, en este sentido debemos aclarar que el régimen establecido en la CPE es importante para entender el cómo y no solo porque es nuestra norma madre, sino porque para llegar a este momento se ha luchado y combatido duramente desde las organizaciones sociales, es pues una conquista histórica del pueblo de Bolivia y será este quien tome las decisiones estratégicas sobre sus recursos y no un gobierno transitorio que se tome la libertad de definir el destino de los y las bolivianas.
No debemos olvidar que el Estado es un administrador de este régimen, no el dueño de los recursos. Esta conquista estratégica ha tenido varios episodios relevantes en su historia corta, que podemos resumir para tener una idea de cuán importante y enraizada está, la lógica de régimen del litio y los recursos naturales, en la memoria de Bolivia.
Inicialmente, debemos saber que el litio es un recurso natural estratégico para nuestro país (y el mundo), debido a que potencialmente es “un recurso crítico en el recambio tecnológico”, como señala Obaya, por tanto posibilita la “…transición desde una economía basada en combustibles fósiles, hacia un modelo en el que las energías renovables tengan un mayor peso en la matriz energética”, debido a que es un elemento central en las baterías “…utilizadas en casi todos los dispositivos electrónicos portátiles como celulares y computadoras”, según Chávez, aunque también puede ser aplicado en diferentes industrias, incluida la bélica.
Actualmente, Bolivia cuenta con las mayores reservas de litio en salmuera del mundo, 21 millones de toneladas, y junto con Argentina y Chile conforman lo que se ha denominado el “Triangulo del Litio”. Entre los tres países, concentran el 85% de las reservas mundiales conocidas de litio en sales.
En términos de su explotación, tanto Chile como Argentina lo hacen a través de empresas privadas multinacionales, cuyos intereses responden a objetivos foráneos. En Bolivia, la historia del litio, como de los demás recursos naturales, está vinculada a las acciones de los pueblos, organizaciones sociales, movimientos populares y las decisiones que toman estos.
En Bolivia, desde la década de los 70, se iniciaron las primeras investigaciones sobre el salar de Uyuni y, como consecuencia, es el país donde las transnacionales hicieron sus mejores intentos por acceder a estos, como indica Nacif. Estas incursiones fueron efectuadas durante las dictaduras militares (Banzer de 1971 a 1978) .
Este primer ciclo de investigaciones e “incursiones” fueron un “éxito” para empresas transnacionales como Lithco, debido a que, gracias al camino allanado por las llamadas “reformas estructurales” de 1985, que habían dado paso a otras reglas del juego económico y amparado en ellas, el entonces ministro de Minas, Jaime Villalobos “ofreció a la Lithco (actual FMC) una invitación directa para la explotación del Salar de Uyuni”. Esto a pesar de que se había definido mediante DS 21660 que toda la región del Salar de Uyuni se convertía en reserva fiscal y que la modalidad del régimen iría a través de licitación internacional.
Después de un largo periodo de negociaciones, el 17 de noviembre de 1989, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se firmó el primer contrato por invitación directa con la principal empresa productora de litio a nivel mundial.
En este contrato, a la Lithco se le otorgó derechos de exploración y explotación sobre toda el área de reserva fiscal por 40 años, como indica Nacif, además de decisiones operativas, de coordinación y supervisión, en las cuales el Estado Boliviano no participaría, solo recibiría regalías e impuestos para el gobierno central y no comprendía la participación de las regiones, según Obaya, lo cual ocasionó una fuerte reacción en contra del pueblo potosino.
Frente al aumento de las movilizaciones y presiones cívico-políticas, el 4 de mayo, Jaime Paz Zamora desistió del contrato, instruyendo la convocatoria pública internacional. Los movimientos populares, habían “salvado” al salar de un primer intento de privatización.
El segundo intento, no se dejaría esperar, el 17 de enero de 1992, se lanzó una licitación pública y un mes más tarde se recomendó la adjudicación en favor de la FMC (exLithco), es decir, en contraruta de aquello que había sido fuertemente rechazado en los años 80. El 14 de febrero de 1992 se firmó el contrato, cuya única diferencia con el contrato anulado era el nivel de participación del Estado boliviano, que ahora se aumentaba levemente, como aclara Nacif. El régimen propuesto por el gobierno de Jaime Paz seguía siendo la privatización de los recursos evaporíticos.
Extrañamente, debido a un cambio en la alícuota del IVA, el 5 de noviembre de 1993 la FMC (ex Lithco) decidió renunciar al contrato firmado. Sin embargo, la FMC declaró que encontraba en la realidad dificultades generadas por un “debate excesivamente público y sectores sociales excesivamente preocupados en los detalles del contrato”, a diferencia de otros países, como Argentina. De esa forma, Bolivia se había vuelto a salvar de la privatización del litio, gracias a la “excesiva” preocupación de los actores.
En 1997, en el último año de gobierno de Sánchez de Lozada, fue aprobado el nuevo Código Minero de (Ley 1777), bajo el cual se dio el tercer intento de privatizar nuestros recursos evaporíticos, a través de la reducción de la reserva fiscal sobre el Salar de Uyuni, aprobada durante el gobierno del exdictador Banzer (ADN), en abril de 1998 (Ley 1854), que generó una rápida expansión de las concesiones privadas.
En el gobierno del sustituto de Banzer, Tuto Quiroga, mediante una norma exigida por las empresas interesadas en la explotación del litio, la empresa Non Metallic Minerals SAM pudo acceder a numerosas concesiones mineras en la costra salina del Salar, como ratifica Nacif.
Pero nuevamente el pueblo se encargaría de poner las cosas en su lugar y, como efecto de la sublevación popular en octubre de 2003, a consecuencia de la recuperación de los hidrocarburos de manos de las transnacionales extranjeras, en Potosí se impulsó a las diversas organizaciones sociales a movilizarse contra la reducción de la reserva fiscal y los avances de las concesiones privadas sobre el Salar de Uyuni. En 2004, en la presidencia de Carlos Mesa (quien asume tras el escape de Sánchez de Lozada), se revocan las 11concesiones sobre el salar que estaban a nombre de la empresa Non Metallic Minerals SA, por medio del DS 27589. Así nuevamente sería el pueblo boliviano quien había recuperado la soberanía sobre sus recursos evaporíticos y todos sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
Desde este momento se inició una nueva etapa en el diseño del régimen del litio y de los demás recursos naturales. Por acción y participación de los movimientos sociales, grupos de la sociedad civil y voluntad política del presidente Morales, se diseñaron políticas y estrategias que, aunque perfectibles, fueron hechas por bolivianos, de manera libre y soberana, para Bolivia.
Los sucesos de octubre de 2003 trajeron consigo el establecimiento de un nuevo régimen de recursos naturales y del litio, implementado en el gobierno de Evo Morales, con quien se restableció la actividad de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y se tomaron en cuenta, en las decisiones, a actores como la organización Frutcas, que representan a campesinos de cinco provincias del sudeste de Potosí y agrupa a más de 300 comunidades.
En ellos estaba claro el imperativo que este recurso no fuera privatizado, que más bien fuera un proyecto 100% estatal y para el beneficio de las regiones productoras y del departamento de Potosí.
El nuevo régimen establecido se encuentra estipulado en la CPE, gracias a las luchas anteriormente mencionadas que definieron la propiedad y dominio “directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano” sobre los recursos naturales, depositando en el Estado “su administración en función del interés colectivo” (Art. 349, inc. I). Asimismo, dio potestad al Estado sobre todas las reservas fiscales (Art. 350) y el “control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos” (Art. 351, inc. I). También estableció que los recursos evaporíticos son de carácter estratégico (Art. 369 inc. ii) y se dejó sin efecto todas “las concesiones mineras, de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano” (Octava Disposición Transitoria, inc. II).
Dentro de este régimen, en 2010 se puso en marcha la Estrategia Nacional de Industrialización de Recursos Evaporíticos, que cuenta con tres fases. La Fase 1 consistió en la investigación del proceso tecnológico para la explotación del salar y la construcción de plantas piloto, para la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio.
Ésta última fue inaugurada en agosto de 2012 y la de carbonato de litio en enero de 2013. La Fase 2 consistió en la construcción de plantas industriales, en base a las plantas piloto, para la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio. La Fase 3 contemplaba la producción de materiales de cátodo y baterías de ión-litio, como explica Obaya.
La implementación de esta estrategia fortaleció el régimen, no solo porque se afirmó la posición histórica de mantener la propiedad del recurso en manos de los y las bolivianas; sino también porque extendió “…la gobernanza del recurso más allá del proceso de extracción y comercialización del carbonato de litio, para incluir también la producción de baterías de ion litio”.
Y mantuvo la “exclusión de las empresas privadas de todas las fases de explotación y procesamiento de los recursos del salar…”, como dice Obaya, excepto en la fase de producción de baterías, para la transferencia de tecnología.
Para la implementación de la Fase 3 de la estrategia se aprobó el DS 3738, con el cual se creó la empresa mixta YLB-ACISA, subsidiaria de la matríz YLB, en la que participaba ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia, a la que se le daba la potestad de comercializar los productos generados. Este decreto fue abrogado en noviembre de 2019, tras presión del pueblo potosino.
Por el momento, hasta donde hemos podido evidenciar, queda pendiente implementar la Fase 3, respetando la CPE y el régimen del litio, para lo cual es necesario mantener el control de la producción y comercialización de productos o subproductos del litio, así como mejorar el promedio de la tasa de recuperación de litio, realizado por YLB. Pero, y queremos incidir en esto, estas decisiones estratégicas no le competen al actual gobierno transitorio.
Por las razones políticas, históricas, económicas y técnicas, esgrimidas en los párrafos precedentes, podemos decir con mucha contundencia que cualquier intento de los gobernantes transitorios por privatizar los recursos evaporíticos, serán nulos de pleno de derecho, pues la vulneración, a través de contratos, decretos o leyes que alteren el régimen, serán inconstitucionales (por todos los artículos ya señalados).
Pero más aún, debe quedar claro que el régimen constitucional del litio no es producto de burócratas de escritorio, sino el resultado de luchas populares e insurrecciones que defendieron la propiedad de los recursos evaporíticos y su explotación 100% estatal. Por lo que tenemos la seguridad que esta estrategia se respetará o podría ocurrir lo de octubre de 2003, cuando tuvo que salir huyendo “el modelo neoliberal” de Palacio de Gobierno.
Roxana Azeñas Alcoba
* Miembro de la Red Boliviana de Economía Política
