06 de octubre de 2017
Puigdemont evitó poner fecha a la independencia en un mensaje televisado el miércoles y reclamó, en cambio, mediación. Imagen: AFP
“Suspender plenos que no están ni convocados es la nueva oferta de diálogo”, ironizó Carme Forcadell, presidenta del Parlament. Se prevé que en la sesión del próximo lunes los diputados declaren la independencia.
Los planes de los independentistas catalanes sufrieron un nuevo embate judicial. El Tribunal Constitucional español suspendió ayer la convocatoria del pleno del próximo lunes en el que el Parlamento regional pretendía analizar los resultados del referéndum del domingo y, posiblemente, declarar la independencia de Cataluña.
El máximo tribunal aceptó a trámite un recurso de amparo presentado por el Partido Socialista de Cataluña (PSC), según el cual una declaración unilateral de independencia en el pleno del lunes violaría la Constitución y “aniquilaría” los derechos de los diputados regionales.
La notificación a las autoridades del “Parlament” avisa que no cumplir con la medida puede acarrear “responsabilidades, incluida la penal”. La presidenta de la cámara, Carme Forcadell, aseguró que la sesión no fue aún convocada: “Suspender plenos que no están ni convocados es la nueva oferta de diálogo”, ironizó en Twitter.
Las fuentes de la presidencia del Parlament explicaron que, pese a la decisión del Tribunal Constitucional, el objetivo de la presidenta siempre “es garantizar y preservar la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados”. “Así lo ha hecho siempre y así lo continuará haciendo”, concluyen, aunque por ahora la presidenta no ha explicado si lo convocará formalmente tras la decisión del TC.
La suspensión se produjo un día después de que los partidos ndependentistas acordaran el pleno del lunes y pidieran la comparecencia del jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, con el objetivo de analizar la victoria del “sí” a la ruptura con España en el referéndum no autorizado celebrado este domingo.
La declaración de independencia no figura oficialmente en el orden del día, pero el propio Puigdemont aclaró esta semana que Cataluña dará ese paso “los próximos días” y la diputada Mireia Boya, del partido antisistema la CUP, adelantó que el pleno servirá para hacer realidad el resultado del referéndum: “Es decir, para declarar la independencia o para proclamar la república”.
El “sí” a la creación de una “república catalana independiente” ganó por un 90 por ciento la consulta -segun datos del gobierno catalán- en parte porque muchos partidarios del “no” rechazaron ir a votar o hacer campaña porque el referéndum había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.
Aunque ningún país se mostró por ahora dispuesto a reconocer una Cataluña independiente, la declaración unilateral plantearía un escenario impredecible al Estado español. La respuesta del gobierno central de Mariano Rajoy podría consistir en intervenir la autonomía de la región, un paso inédito en 40 años de democracia en España.
La incertidumbre abierta por el plan se reflejó ayer en otra noticia con fuerte impacto simbólico: el banco Sabadell, cuarto más grande de España por activos, reconoció que prevé trasladar su sede social fuera de Cataluña para proteger los intereses de sus clientes (ver aparte).
La medida podría impulsar a otros bancos a seguir ese ejemplo. El diario El Mundo aseguró que también CaixaBank, el mayor banco de Cataluña, estudia su traslado a las islas Baleares, aunque oficialmente la entidad no adoptó hasta ahora ninguna decisión. Ambos bancos vienen siendo duramente castigados en la Bolsa por la incertidumbre sobre el futuro de la crisis con Cataluña y arrastran caídas superiores al cinco por ciento desde el referéndum.
El desafío independentista inquieta no solo en España. “La situación es muy, muy preocupante. Es imaginable una guerra civil en el seno de Europa”, alertó ayer el alemán Günther Oettinger, comisario europeo de Programación Financiera. “Sólo se puede esperar que se entablen pronto las conversaciones entre Madrid y Barcelona”.
Ese pedido de diálogo para frenar la escalada aunó las últimas horas diversas instancias, desde partidos políticos a asociaciones civiles pasando por la Iglesia o figuras públicas como el futbolista Andrés Iniesta. El propio Puigdemont evitó poner fecha a la independencia en un mensaje televisado el miércoles y reclamó en cambio mediación.
El gobierno de Rajoy, sin embargo, cerró todas las puertas a dialogar con Puigdemont mientras no renuncie a reclamos como la independencia o un referéndum pactados, dos condiciones que parecen innegociables para el líder catalán.
Los socialistas del PSOE, primera fuerza opositora, coincidieron: “No se puede apelar al diálogo al mismo tiempo que se mantiene el desafío secesionista”, dijo ayer su secretario de Organización, José Luis Ábalos. Las perspectivas de solución a la peor crisis institucional de las últimas décadas en España siguen siendo remotas.
