EE.UU. sigue atacando a la Corte Penal Internacional. Trump puso sanciones porque investigaban crímenes de sus tropas
Por Gustavo Veiga
07 de julio de 2020
Imagen: AFP
La gravedad del problema institucional que ya implicaba el desconocimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) se profundizó a fines de junio. En el sistema mundial que concibió Immanuel Wallerstein, EEUU sigue enfrascado en su histórico excepcionalismo. Ese que consiste en el doble estándard para juzgarse a sí mismo y al resto de las naciones de modo distinto. Además de aislarse –se fue de la OMS a fines de mayo– sigue anunciando sanciones unilaterales contra organizaciones o países. Al tribunal con sede en La Haya lo alcanzó el largo brazo de Washington cuando tuvo el tupé de investigar los crímenes que cometieron sus tropas en la invasión de Afganistán. La secuencia es así: el 11 de junio en respuesta a esa decisión de la CPI, Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13928 para bloquear los bienes de algunos de sus integrantes. La réplica, un documento del mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, no demoró. Se conoció el 25 de junio y considera la sanción “un ataque directo” a la independencia judicial del organismo que reúne a 123 naciones que adoptaron el estatuto de Roma en 1998.
Estados Unidos no reconoce a la Corte como el instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas. Los especialistas, relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “estas amenazas constituyen una interferencia inadecuada con la independencia de la CPI y también podrían tener posibles efectos adversos en los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas…”.
Desde que se creara la Sociedad de las Naciones en 1919 a la que Estados Unidos no adhirió –disuelta en 1946 para dejar paso a la ONU- los intentos de la potencia mundial para condicionar a los organismos multilaterales se dan con frecuencia. Por citar los últimos, Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2018. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el gobierno de EEUU ya ni siquiera argumentó que actuaba en defensa propia. Acudió en ayuda de su incondicional aliado, Israel. Le advirtió a la CPI que “tendría consecuencias” si pretendía poner en marcha cualquier investigación “ilegítima” sobre las políticas en los territorios palestinos ocupados.
Estos antecedentes fueron contextualizados por Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados: “La implementación de tales políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presión sobre una institución cuyo papel es buscar justicia contra los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.
Si la ONU tiene 193 países y la Corte Penal 123 se debe en buena medida a la historia recorrida por ambas. Naciones Unidas cumplirá 75 años el próximo 24 de octubre y la CPI recién llegará a los 22 años este 17 de julio. No es menor la cantidad de sus países miembros si se toma en cuenta que al 1° de enero de este año 117 estados de la ONU pasaron por el Consejo de Derechos Humanos que tiene un cuerpo estable de 47 naciones desde el 15 de marzo de 2006.
El conflicto entre Estados Unidos y la Corte se agudizó cuando la fiscal internacional Fatou Bom Bensouda, recibió el apoyo clave de una las Cámaras de Apelaciones de la CPI. El 5 de marzo de este año, la Cámara decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica de Afganistán que EEUU todavía ocupa con unos trece mil soldados. John Bolton, uno de los halcones de la Casa Blanca que asesoró a Trump hasta septiembre de 2019 cuando el presidente lo despidió, fue el más taxativo de todos los funcionarios cuando se refirió al tribunal de La Haya: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.
Pero la CPI está muy lejos de morirse y tiene quienes la defienden de las medidas con que la amenazó Washington: “El uso de sanciones unilaterales contra jueces internacionales y funcionarios públicos internacionales constituye una clara violación no solo de sus privilegios e inmunidades, sino también de un amplio espectro de derechos de las personas seleccionadas”, dijeron los responsables de todas las relatorías de la ONU, quienes no reciben un salario por su trabajo, son independientes de cualquier gobierno y se desempeñan a título individual. Entre ellos hay un argentino: Fabián Salvioli, quien se encarga del área de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas.
La gambiana Bensouda es por ahora el principal blanco individual del gobierno de Trump. Los crímenes que investiga en Afganistán según informes de la CPI afectaron a 699 víctimas, 61 de las cuales fueron torturadas por las fuerzas de ocupación. Estados Unidos llegó a retirarle la visa a la fiscal que también investiga crimenes de los talibanes. El Fiscal General de EEUU, William Barr, afirmó el mes pasado que las medidas tenían como objetivo “responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos”.
Esa concepción muy vinculada con la doctrina del destino manifiesto que se arroga Washington desde la época de sus padres fundadores, es analizada por Thierry Meyssan. El periodista francés que preside y fundó la Red Voltaire escribió en un artículo que publicó el 2 de abril del año pasado: “Estados Unidos afirma que sigue ‘la voluntad de Dios’ mientras que sus enemigos se niegan a hacerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a sí mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero”.
La posición del gobierno de EEUU es evidente desde que se firmó el estatuto de Roma con que se rige la CPI. Se considera una nación “excepcional” -de ahí la doctrina del excepcionalismo- que no debe ni puede quedar condicionada por los principios universales que rigen a otros Estados.
Según algunos académicos este conflicto plantea un dilema ético. Thomas Bender, un respetado historiador norteamericano, autor del libro Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones (Siglo XXI), le dijo en 2011 a Página/12: “Nosotros aceptamos nuestras actividades imperialistas justamente porque nos consideramos ‘aparte’. Creemos que estamos ayudando a la gente que invadimos. Este excepcionalismo es intrínsecamente contradictorio: no compartimos la historia mundial, pero cualquier historia nacional extranjera nos parece una emulación de la nuestra, como si los demás debieran ir en la misma dirección”. Como se ve, nada cambió hasta hoy y la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional es más de lo mismo.
gveiga@pagina12.com.ar
07 de julio de 2020
Imagen: AFP
La gravedad del problema institucional que ya implicaba el desconocimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) se profundizó a fines de junio. En el sistema mundial que concibió Immanuel Wallerstein, EEUU sigue enfrascado en su histórico excepcionalismo. Ese que consiste en el doble estándard para juzgarse a sí mismo y al resto de las naciones de modo distinto. Además de aislarse –se fue de la OMS a fines de mayo– sigue anunciando sanciones unilaterales contra organizaciones o países. Al tribunal con sede en La Haya lo alcanzó el largo brazo de Washington cuando tuvo el tupé de investigar los crímenes que cometieron sus tropas en la invasión de Afganistán. La secuencia es así: el 11 de junio en respuesta a esa decisión de la CPI, Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13928 para bloquear los bienes de algunos de sus integrantes. La réplica, un documento del mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, no demoró. Se conoció el 25 de junio y considera la sanción “un ataque directo” a la independencia judicial del organismo que reúne a 123 naciones que adoptaron el estatuto de Roma en 1998.
Estados Unidos no reconoce a la Corte como el instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas. Los especialistas, relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “estas amenazas constituyen una interferencia inadecuada con la independencia de la CPI y también podrían tener posibles efectos adversos en los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas…”.
Desde que se creara la Sociedad de las Naciones en 1919 a la que Estados Unidos no adhirió –disuelta en 1946 para dejar paso a la ONU- los intentos de la potencia mundial para condicionar a los organismos multilaterales se dan con frecuencia. Por citar los últimos, Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2018. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el gobierno de EEUU ya ni siquiera argumentó que actuaba en defensa propia. Acudió en ayuda de su incondicional aliado, Israel. Le advirtió a la CPI que “tendría consecuencias” si pretendía poner en marcha cualquier investigación “ilegítima” sobre las políticas en los territorios palestinos ocupados.
Estos antecedentes fueron contextualizados por Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados: “La implementación de tales políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presión sobre una institución cuyo papel es buscar justicia contra los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.
Si la ONU tiene 193 países y la Corte Penal 123 se debe en buena medida a la historia recorrida por ambas. Naciones Unidas cumplirá 75 años el próximo 24 de octubre y la CPI recién llegará a los 22 años este 17 de julio. No es menor la cantidad de sus países miembros si se toma en cuenta que al 1° de enero de este año 117 estados de la ONU pasaron por el Consejo de Derechos Humanos que tiene un cuerpo estable de 47 naciones desde el 15 de marzo de 2006.
El conflicto entre Estados Unidos y la Corte se agudizó cuando la fiscal internacional Fatou Bom Bensouda, recibió el apoyo clave de una las Cámaras de Apelaciones de la CPI. El 5 de marzo de este año, la Cámara decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica de Afganistán que EEUU todavía ocupa con unos trece mil soldados. John Bolton, uno de los halcones de la Casa Blanca que asesoró a Trump hasta septiembre de 2019 cuando el presidente lo despidió, fue el más taxativo de todos los funcionarios cuando se refirió al tribunal de La Haya: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.
Pero la CPI está muy lejos de morirse y tiene quienes la defienden de las medidas con que la amenazó Washington: “El uso de sanciones unilaterales contra jueces internacionales y funcionarios públicos internacionales constituye una clara violación no solo de sus privilegios e inmunidades, sino también de un amplio espectro de derechos de las personas seleccionadas”, dijeron los responsables de todas las relatorías de la ONU, quienes no reciben un salario por su trabajo, son independientes de cualquier gobierno y se desempeñan a título individual. Entre ellos hay un argentino: Fabián Salvioli, quien se encarga del área de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas.
La gambiana Bensouda es por ahora el principal blanco individual del gobierno de Trump. Los crímenes que investiga en Afganistán según informes de la CPI afectaron a 699 víctimas, 61 de las cuales fueron torturadas por las fuerzas de ocupación. Estados Unidos llegó a retirarle la visa a la fiscal que también investiga crimenes de los talibanes. El Fiscal General de EEUU, William Barr, afirmó el mes pasado que las medidas tenían como objetivo “responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos”.
Esa concepción muy vinculada con la doctrina del destino manifiesto que se arroga Washington desde la época de sus padres fundadores, es analizada por Thierry Meyssan. El periodista francés que preside y fundó la Red Voltaire escribió en un artículo que publicó el 2 de abril del año pasado: “Estados Unidos afirma que sigue ‘la voluntad de Dios’ mientras que sus enemigos se niegan a hacerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a sí mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero”.
La posición del gobierno de EEUU es evidente desde que se firmó el estatuto de Roma con que se rige la CPI. Se considera una nación “excepcional” -de ahí la doctrina del excepcionalismo- que no debe ni puede quedar condicionada por los principios universales que rigen a otros Estados.
Según algunos académicos este conflicto plantea un dilema ético. Thomas Bender, un respetado historiador norteamericano, autor del libro Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones (Siglo XXI), le dijo en 2011 a Página/12: “Nosotros aceptamos nuestras actividades imperialistas justamente porque nos consideramos ‘aparte’. Creemos que estamos ayudando a la gente que invadimos. Este excepcionalismo es intrínsecamente contradictorio: no compartimos la historia mundial, pero cualquier historia nacional extranjera nos parece una emulación de la nuestra, como si los demás debieran ir en la misma dirección”. Como se ve, nada cambió hasta hoy y la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional es más de lo mismo.
gveiga@pagina12.com.ar
