Diario Última Hora, Paraguay
Si no se debilita y desmantela el Estado corrupto representado por narcopolíticos, narcofiscales y narcojueces que se alían con los delincuentes, será imposible enfrentar con éxito al narcotráfico. Su poder creció tanto que ha llegado a colocar en las altas esferas de la administración de la cosa pública a referentes que defienden sus intereses para asegurarles impunidad. Mientras esta situación subsista, no bastará el endurecimiento de las leyes para perseguir a los facinerosos. Los responsables del Estado tendrán que tener el coraje de adoptar severas medidas para mejorar la calidad humana de sus funcionarios y la sociedad deberá participar activamente para exigir un proceso de cambio a fondo que ya no puede ser postergado.
La Cumbre de Poderes ha concluido que hay que endurecer las leyes que castigan el narcotráfico para combatir con eficacia ese flagelo que ha ganado demasiado terreno al amparo de la compra de conciencias y voluntades, además de la ubicación de personas vinculadas al mismo en puestos clave del Gobierno de la República.
Lo que se ha visto a lo largo de los últimos 25 años no es tanto la ausencia del Estado en departamentos como los de Amambay, Canindeyú, Concepción, San Pedro, Caazapá o Itapúa, sino la presencia de un Estado corrupto que se manifiesta en funcionarios al servicio de las mafias, no del país que les dio una responsabilidad que cumplir.
La capacidad persuasiva del dinero ha hecho que algunos fiscales, jueces y policías —que son los rostros más visibles de las instituciones encargadas de la seguridad— se pasaran al bando de aquellos que han alimentado su codicia con jugosas coimas. Esa es la explicación de la incongruencia entre los salarios que perciben y sus exorbitantes posesiones materiales.
El blindaje a los delincuentes ha ido también ganando espacios relevantes a través de los narcopolíticos que han llegado a ocupar cargos locales y nacionales, que van de las intendencias municipales al Congreso Nacional, con el propósito de que se fortalezca la impunidad de los que operan al margen de las leyes.
Los partidos políticos que han acogido en su seno a narcotraficantes o a testaferros de ellos también tienen una elevada cuota de responsabilidad en lo que hoy pasa. Han cerrado los ojos y han hecho oídos sordos a informaciones que les indicaban la procedencia de sus candidatos. Esa omisión culposa es la que fortalece el poder de los delincuentes y mantiene en zozobra a varias regiones donde el poder fáctico es ejercido sin disfraz alguno por malhechores.
Para que la lucha contra el narcotráfico sea verdaderamente eficaz, el Gobierno —compuesto por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial— debe sanear sus cuadros de manera urgente.
Mientras estén en funciones aquellos aliados del submundo delincuencial de las drogas en las esferas estratégicas de la sociedad, no habrá leyes —por excelentes que fuesen—, que valgan. Siempre habrá algún resquicio, real o inventado, por el que puedan escapar aquellos que están dispuestos a todo con tal de conseguir sus malsanos propósitos.
Si los representantes de los tres poderes del Estado no han recurrido nada más que a un recurso demagógico para que no se les acuse de inoperancia ante el destape de lo que muy bien conocían, es necesario que la ciudadanía vea cuanto antes hechos tangibles que le permitan pensar que les anima la verdadera voluntad de acabar con el Estado corrupto que hoy por hoy sustenta el narcotráfico.
