Por Flor Ragucci01 de octubre de 2017
Miles de personas se manifiestan frente a la sede del gobierno catalán en Barcelona en favor de independizarse de España. Imagen: EFE
Más de cinco millones de personas están llamadas a las urnas para expresarse sobre la relación de Cataluña con el resto del Estado, pero el gobierno de Rajoy no autoriza el voto. La ciudadanía se moviliza aunque se dio la orden de precintar los colegios donde se votaría.
Finalmente, llegó. Hoy es el “1-O”, la tan renombrada fecha que el Gobierno de Cataluña señaló en el calendario para celebrar el referéndum sobre la relación de esta comunidad con el resto de España. Los innumerables obstáculos interpuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional amedrentaron, amenazaron, dificultaron pero no impidieron que el Govern catalán habilitara 2.315 colegios y 6.249 mesas electorales en toda la región, así como un dispositivo de 7.235 personas para intentar que este domingo 5.343.358 catalanes puedan ejercer su derecho a voto.
Tampoco la llegada desde toda España de 10 mil agentes de la Guardia Civil para impedir que se celebre el referéndum o la orden que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio al cuerpo policial catalán, los Mossos d’Esquadra, de precintar los colegios para evitar su uso como centros electorales, intimidó a la población tanto como para que se quede en casa. Pijama party, festivales musicales, juegos, manualidades, actividades deportivas, chocolatadas, cine al aire libre, clases de zumba o campeonatos de ludo se sucedieron día y noche en las escuelas desde el viernes con el objetivo de mantenerlas abiertas hasta el domingo y así poder ser usadas como sede de votación. La ocupación de estos colegios se produjo después de que la Consejería de Educación de Cataluña haya decidido asumir las responsabilidades de todos los centros educativos públicos- liberando del riesgo de altísimas multas a sus directores y docentes- en virtud de la “situación de excepcionalidad”, y de que el miércoles pasado se presentara la iniciativa ciudadana Escoles Obertes para coordinar una acción colectiva contra el cierre de los colegios, con más de 60 mil inscripciones en 48 horas.
El desalojo de los puntos de voto y el atraque de un crucero con agentes policiales de todo el Estado en el Puerto de Barcelona no son las únicas medidas que el gobierno de Mariano Rajoy dispuso para evitar el referéndum. Ni mucho menos. La Guardia Civil incautó 9,8 millones de papeletas, intervino en sedes de una empresa privada de mensajería más de 45.000 certificados de convocatoria a ciudadanos para formar las mesas electorales, requisó más de 1,5 millones de carteles, dípticos y folletos de propaganda relacionados con el 1-O y, el pasado 20 de septiembre, detuvo a 14 altos cargos del Ejecutivo catalán por su supuesta participación en la organización del referéndum.
Además de esta sucesión de medidas represivas que nadie pudo evitar asociar al recuerdo de las peores épocas de España, todavía hay que añadir la censura a periodistas, el cierre de páginas web destinadas a la información sobre la consulta y la asunción del control de los Mossos d’Esquadra por parte del Ministerio del Interior para que quien coordine la acción de las distintas policías estatales este domingo sea el coronel de la Guardia Civil y número 3 de la Secretaría de Estado de Interior, Diego Pérez de los Cobos, en un claro recorte de las competencias autonómicas de Cataluña.
Sin embargo, ayer todavía quedaba un último golpe previsto para tumbar la votación: la entrada de la Guardia Civil en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI)- que también acoge la sede de la Secretaría de Telecomunicaciones del Gobierno y de la Agencia de Ciberseguridad- para comprobar que se cumple el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de suspender servicios informáticos susceptibles de ser utilizados este 1-O. Los ocho agentes que este sábado por la mañana acudieron al CTTI tienen previsto permanecer ahí hasta el lunes para asegurarse de que la instrucción de la juez Mercedes Armas, que establece el bloqueo de 29 aplicaciones del Gobierno para contar los votos del referéndum, se sigue al dedillo. Desde el Govern, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, declaró que esta intervención no afecta a la logística del 1-O pero sí impedirá a los ciudadanos hacer otros trámites.”Que todo el mundo esté tranquilo, hoy se votará, se contará y si es necesario se recontará”, aseguró. “Pedimos que pongan sentido común”, agregó, haciendo hincapié en las gestiones que hasta el martes la gente no podrá hacer a raíz de esta medida, como liquidar impuestos o introducir datos en el registro público. Para Turull, la injerencia de la Guardia Civil “es una muestra más de la desproporción por parte del Estado para intentar reprimir y que no se celebre el referéndum”, concluyó el conseller. En cambio, el portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, sacó pecho tras esta última acción en Cataluña y señaló que el bloqueo de las instalaciones del CTTI de la Generalitat supone “un duro golpe a la organización del referéndum ilegal que pretenden celebrar este domingo los independentistas”.
La escalada de tensión entre el gobierno de Mariano Rajoy y el del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, traspasó las paredes de los despachos para instalarse, cada día con más fuerza, en las calles, las plazas, las escuelas, los bares. La desproporcionalidad con la que el PP respondió a la convocatoria de las urnas por parte del Govern catalán disparó las alarmas en cuanto a la calidad democrática del Estado español y, en cuestión de dos semanas, el referéndum para muchos adquirió un nuevo significado: ya no se trataba solo de independencia, sino también de la defensa de unos derechos fundamentales atacados. “La actuación de un gobierno corrupto, un fiscal general recusado por el pueblo (el fiscal general fue recusado por las Cortes españolas recientemente) y un aparato mediático español que tergiversa la realidad que se vive en Cataluña han movilizado a personas que hasta ahora se habían mantenido en la indefinición. Su estupor, incredulidad y enfado se ha traducido en una voluntad férrea de ejercer el derecho al voto. La represión ha conseguido una unidad de acción y una compenetración inauditas entre todas las fuerzas políticas democráticas catalanas”, atestigua Josep Campmany, ex concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y miembro de la Confederación Sindical Catalana.
Quienes hoy van a votar (o van a intentarlo) se prevé, entonces, que ya no sean solo los independentistas o los que, desde primera hora, abogaban por el derecho a decidir. Muchos que hasta hace pocos días no consideraban el referéndum su causa, este domingo buscarán las urnas para manifestarse en contra de lo que consideran un Estado opresor, heredero de las políticas franquistas. Así se puede deducir de la elevada participación popular que en los barrios de Barcelona, Gerona, Lérida, Terrasa o Sabadell se vio, sobre todo, a partir de que este martes la Fiscalía ordenara a los Mossos precintar los colegios. Camiones de bomberos, tractores y decenas de asambleas vecinales se exparcieron por todo el territorio catalán en una red que pretende coordinarse para garantizar el referéndum de este domingo y resistir de forma pacífica a posibles ataques de la extrema derecha o las fuerzas policiales. “Es cierto que el juez ha decretado el cierre de colegios, y que la policía debe ejecutar esa orden. Pero por encima de las órdenes judiciales, la policía debe actuar siempre con proporcionalidad, oportunidad y congruencia, y así ha anunciado que actuará”, advierte Josep Campmany. “Cuando la intervención policial puede causar alteración del orden público, la policía frena la intervención y se espera a que esa posibilidad desaparezca. Por eso se pide a los ciudadanos que acudan masivamente a votar, y que se queden en el colegio electoral o sus alrededores, de forma que la policía, por prudencia, no pueda cerrar los colegios hasta que se haya realizado el recuento”. Esta es la estrategia para que hoy el referéndum, aunque declarado ilegal, pueda finalmente celebrarse.
Miles de personas se manifiestan frente a la sede del gobierno catalán en Barcelona en favor de independizarse de España. Imagen: EFE
Más de cinco millones de personas están llamadas a las urnas para expresarse sobre la relación de Cataluña con el resto del Estado, pero el gobierno de Rajoy no autoriza el voto. La ciudadanía se moviliza aunque se dio la orden de precintar los colegios donde se votaría.
Finalmente, llegó. Hoy es el “1-O”, la tan renombrada fecha que el Gobierno de Cataluña señaló en el calendario para celebrar el referéndum sobre la relación de esta comunidad con el resto de España. Los innumerables obstáculos interpuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional amedrentaron, amenazaron, dificultaron pero no impidieron que el Govern catalán habilitara 2.315 colegios y 6.249 mesas electorales en toda la región, así como un dispositivo de 7.235 personas para intentar que este domingo 5.343.358 catalanes puedan ejercer su derecho a voto.
Tampoco la llegada desde toda España de 10 mil agentes de la Guardia Civil para impedir que se celebre el referéndum o la orden que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio al cuerpo policial catalán, los Mossos d’Esquadra, de precintar los colegios para evitar su uso como centros electorales, intimidó a la población tanto como para que se quede en casa. Pijama party, festivales musicales, juegos, manualidades, actividades deportivas, chocolatadas, cine al aire libre, clases de zumba o campeonatos de ludo se sucedieron día y noche en las escuelas desde el viernes con el objetivo de mantenerlas abiertas hasta el domingo y así poder ser usadas como sede de votación. La ocupación de estos colegios se produjo después de que la Consejería de Educación de Cataluña haya decidido asumir las responsabilidades de todos los centros educativos públicos- liberando del riesgo de altísimas multas a sus directores y docentes- en virtud de la “situación de excepcionalidad”, y de que el miércoles pasado se presentara la iniciativa ciudadana Escoles Obertes para coordinar una acción colectiva contra el cierre de los colegios, con más de 60 mil inscripciones en 48 horas.
El desalojo de los puntos de voto y el atraque de un crucero con agentes policiales de todo el Estado en el Puerto de Barcelona no son las únicas medidas que el gobierno de Mariano Rajoy dispuso para evitar el referéndum. Ni mucho menos. La Guardia Civil incautó 9,8 millones de papeletas, intervino en sedes de una empresa privada de mensajería más de 45.000 certificados de convocatoria a ciudadanos para formar las mesas electorales, requisó más de 1,5 millones de carteles, dípticos y folletos de propaganda relacionados con el 1-O y, el pasado 20 de septiembre, detuvo a 14 altos cargos del Ejecutivo catalán por su supuesta participación en la organización del referéndum.
Además de esta sucesión de medidas represivas que nadie pudo evitar asociar al recuerdo de las peores épocas de España, todavía hay que añadir la censura a periodistas, el cierre de páginas web destinadas a la información sobre la consulta y la asunción del control de los Mossos d’Esquadra por parte del Ministerio del Interior para que quien coordine la acción de las distintas policías estatales este domingo sea el coronel de la Guardia Civil y número 3 de la Secretaría de Estado de Interior, Diego Pérez de los Cobos, en un claro recorte de las competencias autonómicas de Cataluña.
Sin embargo, ayer todavía quedaba un último golpe previsto para tumbar la votación: la entrada de la Guardia Civil en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI)- que también acoge la sede de la Secretaría de Telecomunicaciones del Gobierno y de la Agencia de Ciberseguridad- para comprobar que se cumple el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de suspender servicios informáticos susceptibles de ser utilizados este 1-O. Los ocho agentes que este sábado por la mañana acudieron al CTTI tienen previsto permanecer ahí hasta el lunes para asegurarse de que la instrucción de la juez Mercedes Armas, que establece el bloqueo de 29 aplicaciones del Gobierno para contar los votos del referéndum, se sigue al dedillo. Desde el Govern, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, declaró que esta intervención no afecta a la logística del 1-O pero sí impedirá a los ciudadanos hacer otros trámites.”Que todo el mundo esté tranquilo, hoy se votará, se contará y si es necesario se recontará”, aseguró. “Pedimos que pongan sentido común”, agregó, haciendo hincapié en las gestiones que hasta el martes la gente no podrá hacer a raíz de esta medida, como liquidar impuestos o introducir datos en el registro público. Para Turull, la injerencia de la Guardia Civil “es una muestra más de la desproporción por parte del Estado para intentar reprimir y que no se celebre el referéndum”, concluyó el conseller. En cambio, el portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, sacó pecho tras esta última acción en Cataluña y señaló que el bloqueo de las instalaciones del CTTI de la Generalitat supone “un duro golpe a la organización del referéndum ilegal que pretenden celebrar este domingo los independentistas”.
La escalada de tensión entre el gobierno de Mariano Rajoy y el del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, traspasó las paredes de los despachos para instalarse, cada día con más fuerza, en las calles, las plazas, las escuelas, los bares. La desproporcionalidad con la que el PP respondió a la convocatoria de las urnas por parte del Govern catalán disparó las alarmas en cuanto a la calidad democrática del Estado español y, en cuestión de dos semanas, el referéndum para muchos adquirió un nuevo significado: ya no se trataba solo de independencia, sino también de la defensa de unos derechos fundamentales atacados. “La actuación de un gobierno corrupto, un fiscal general recusado por el pueblo (el fiscal general fue recusado por las Cortes españolas recientemente) y un aparato mediático español que tergiversa la realidad que se vive en Cataluña han movilizado a personas que hasta ahora se habían mantenido en la indefinición. Su estupor, incredulidad y enfado se ha traducido en una voluntad férrea de ejercer el derecho al voto. La represión ha conseguido una unidad de acción y una compenetración inauditas entre todas las fuerzas políticas democráticas catalanas”, atestigua Josep Campmany, ex concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y miembro de la Confederación Sindical Catalana.
Quienes hoy van a votar (o van a intentarlo) se prevé, entonces, que ya no sean solo los independentistas o los que, desde primera hora, abogaban por el derecho a decidir. Muchos que hasta hace pocos días no consideraban el referéndum su causa, este domingo buscarán las urnas para manifestarse en contra de lo que consideran un Estado opresor, heredero de las políticas franquistas. Así se puede deducir de la elevada participación popular que en los barrios de Barcelona, Gerona, Lérida, Terrasa o Sabadell se vio, sobre todo, a partir de que este martes la Fiscalía ordenara a los Mossos precintar los colegios. Camiones de bomberos, tractores y decenas de asambleas vecinales se exparcieron por todo el territorio catalán en una red que pretende coordinarse para garantizar el referéndum de este domingo y resistir de forma pacífica a posibles ataques de la extrema derecha o las fuerzas policiales. “Es cierto que el juez ha decretado el cierre de colegios, y que la policía debe ejecutar esa orden. Pero por encima de las órdenes judiciales, la policía debe actuar siempre con proporcionalidad, oportunidad y congruencia, y así ha anunciado que actuará”, advierte Josep Campmany. “Cuando la intervención policial puede causar alteración del orden público, la policía frena la intervención y se espera a que esa posibilidad desaparezca. Por eso se pide a los ciudadanos que acudan masivamente a votar, y que se queden en el colegio electoral o sus alrededores, de forma que la policía, por prudencia, no pueda cerrar los colegios hasta que se haya realizado el recuento”. Esta es la estrategia para que hoy el referéndum, aunque declarado ilegal, pueda finalmente celebrarse.
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