DESAPARECIDOs
Bajo la consigna: “Donde estén los vamos a encontrar”, el Grupo de Estudio y Solidaridad con América Latina y el Caribe (GESALC), de la Asociación de Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos (Familiares) convoca a la conmemoración del Día Internacional del Desaparecido que se celebrará el próximo sábado 30 de agosto.
En ese marco, la Facultad de Ciencias será la sede de una muestra fotográfica, de la realización de un espectáculo artístico y una parte oratoria alusiva a la fecha.
Asimismo, el Grupo de Estudio y Solidaridad con América Latina y el Caribe Trabajar presentó un trabajo un informe que se denomina: “Trabajar contra la desaparición forzada no es tener los ojos en la nuca, es tener información del presente y prever el futuro”.
El informe
En dicho trabajo se hace referencia a que en América Latina “solemos relacionar la desaparición forzada con la práctica criminal – mecanismo represivo de la “contrainsurgencia” -que tuvo por víctima al “opositor político””.
En plena Guerra Fría, las directivas para el hemisferio eran que todo “disidente” -sea político, social u opositor a los regímenes dictatoriales o autoritarios-, se catalogara de “comunista”, construyendo una polarización social sobre la figura del “enemigo interno” que, bajo el sustento de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” o la supresión de las reivindicaciones sociales en regímenes formalmente democráticos, autorizaba su aniquilamiento.
También en esa época desaparecían personas por el “pecado” de sus condiciones y/o circunstancias, valiéndose de la perversa maquinaria -pública y paraestatal- diseñada para la eliminación.
Ejemplo lo es Guatemala, país en el cual se adicionó una “razón de estado” racista que dirigió el exterminio de la comunidad maya, así la “Comisión para el Esclarecimiento Histórico” señala: “Las evidencias, a lo largo de la historia guatemalteca, y con toda crudeza durante el enfrentamiento armado, radican en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya, así como en contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social.” (“Memoria del Silencio”).
Y ejemplo lo es, entre otros, la “banda” de Aníbal Gordon en los objetivos de sus “múltiples” actividades ilícitas en Argentina.
En la actualidad -escenario mundial hegemónico y global- las “viejas” modalidades de la desaparición forzada siguen presentes en sociedades fragmentadas que amplían los sectores de vulnerabilidad y, a su vez, presenciamos cómo los discursos imperantes -amenaza a la seguridad internacional, crimen organizado, inseguridad- moldean sus nuevas formas.
El siglo XXI amaneció signado por las guerras que George Bush declaró al “Eje del Mal”- concepto que abarca países, etnias, religiones, terrorismos y traficantes varios-, y la desaparición forzada se integra a la represión llevada en distintos lugares del planeta por el -a la sazón- único y poderoso imperio que se arroga la exclusividad de rehacer el mundo en función de sus intereses y su excepcional destino de defensor de la libertad. Como expresó Cofer Black -director del Centro de Contraterrorismo de la CIA de 1999/2002- ante la Comisión sobre el 11 de septiembre: “Todo lo que tengo que decir es que hubo un antes y un después del 11-S. Después del 11-S se acabaron las contemplaciones […] El único camino es la persecución implacable, sin límites, agresiva, mundial de todo terrorista que nos amenace […]”.
En efecto, después del 11-S se detuvo en centros clandestinos dentro de EEUU a personas de origen árabe que allí residían legalmente, negándose su detención y lugar de reclusión (presos fantasmas), así como todo otro derecho a los prisioneros.
Las cárceles clandestinas de la CIA (black sites), en distintos países del mundo albergaron miles de personas “desaparecidas” (prisioneros fantasmas), torturadas y si se consideraba necesario, trasladadas clandestinamente a otros países en vuelos charter (programa Rendición Extraordinaria), calculándose que existieron más de 2.000 vuelos clandestinos, más de 1.000 con escala en Europa. Finalmente, la mayoría serían confinados en cárceles como Abu Ghraib (Irak), Bagram (Afganistán) y Guantánamo (Cuba), todas administradas por las FF.AA de EEUU.
Amnistía Internacional señala que “La magnitud del programa de “entregas extraordinarias” es difícil de determinar, debido al hermetismo que rodea a esta práctica y a que muchas víctimas han “desaparecido”. (“Estados Unidos de América – Fuera del radar: vuelos secretos a la tortura y la desaparición”).
Tales desapariciones han sido condenadas internacionalmente, la comunidad europea se ha visto enfrentada a la misma desde el llamado Informe Marty del Consejo de Europa, y el Tribunal Europeo de DD.HH ha emitido varias condenas por la práctica de las “entregas extraordinarias” señalando que conducirían al crimen de desaparición, como contra la ex República Yugoslava de Macedonia en 2012.
A nivel de ONU dicha práctica aparece en la agenda del Grupo de Trabajo contra las desapariciones forzadas, claro está que cuando las denuncias involucran a EEUU únicamente puede instarle a que “…firme y ratifique la Convención Internacional…”, indudablemente tal omisión garantiza, como en otros casos, su impunidad internacional.
En las guerras que se libran últimamente tanto en Asia (Cercano y Medio Oriente) como en África (Magreb, Sahel y Cuerno de África), la práctica de la detención, tortura y desaparición de personas es habitual. En algunos países (Bangladesh, India, Mali, Pakistán, Sri Lanka, Sudan, Líbano, Irak, Siria) es habitual en la actualidad, en otros (Filipinas, Indonesia, Timor Oriental, Nepal, Argelia, Egipto, Marruecos, Sahara Occidental y los países latinoamericanos) restan pendientes miles de casos en los que los Estados no se han hecho responsables.
La Coalición Internacional contra Desapariciones Forzadas, ha hecho las denuncias correspondientes.
En la actualidad de América Latina, dos países llaman la atención por la masividad de la represión y la consiguiente cantidad de violaciones a los DD.HH: Colombia y México. Ambos habían conocido en décadas anteriores la desaparición forzada: período de desapariciones selectivas en Colombia (1977-90); de guerra sucia en México (años ’60 y ’70).
Terminada la Guerra Fría, se aplican sendos planes militares conjuntos con EEUU con la finalidad del combate al narcotráfico -Plan Colombia (1999, Pastrana – Clinton) y Plan Mérida (2007, Calderón – Bush)-: militarismo, paramilitarismo y mercenarización se instalan.
Ambos caen en verdaderas catástrofes humanitarias: la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, reportó a mayo de 2011, un total de 32.000 casos de desapariciones forzadas cometidas por grupos paramilitares (además de las FF.AA y de Seguridad).
“Muy a menudo las víctimas son líderes sociales o comunitarios, personas campesinas que se resisten a abandonar sus tierras y que son víctimas de desaparición forzada como un medio de despojo.
Los datos de la Mesa, registran que el 46,1% de los casos documentados hasta ahora, corresponden a personas campesinas. En el segundo caso, las desapariciones tienen el objetivo de imponer determinadas reglas de conducta o modelos de sociedad, de tal manera que las víctimas son aquellas personas que, o bien no encajan en ese modelo (por ejemplo, personas socialmente marginadas, personas discriminadas en razón de su orientación sexual, mujeres trabajadoras sexuales, entre otros), o bien no acatan las reglas impuesta”.
En México, el gobierno federal ha reconocido que hay al menos 26.000 personas registradas como desaparecidas o no localizadas en los seis últimos años (sexenio de Calderón).
Organizaciones de DDHH refieren a la existencia de nuevos patrones respecto a la década de los 70 -“nuevas desapariciones -, casos en donde ni las víctimas ni sus familiares estaban politizadas, cometidos por agentes estatales o por particulares en connivencia con ellos, respecto de los cuales resulta más complejo investigar y establecer las cadenas de responsabilidad, casos en los cuales aún las víctimas son más estigmatizadas.
Por su parte, los informes de la Campaña Nacional contra la desaparición fonzada en México, señaló que en el período enero 2011/febrero 2012, fueron víctimas de desaparición más defensores de DD.HH y líderes sociales que en los cinco años anteriores.
Por último, del segundo semestre de 2008 a junio de 2009, organizaciones de trabajo humanitario con migrantes denunciaron otro tipo de violación a sus derechos: documentaron testimonios de cerca de 10.000 eventos de secuestro de migrantes en su tránsito por territorio mexicano (“Informe especial sobre los casos de secuestros de migrantes. Bienvenidos al infierno del secuestro”, Comisión Nacional de DDHH, 2009).
Debemos recordar que las distintas regiones latinoamericanas tienen sus respectivos proyectos de seguridad patrocinados por los EEUU. Así, además de los descriptos, en Centro América está la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central, y también en el Caribe
También tenemos que tener presente que en lo que va de este siglo el número de bases extranjeras en América Latina llega a 47.
La militarización de la problemática de la seguridad pública, el uso de fuerzas mercenarias, la transformación de las fuerzas militares tradicionales en fuerzas de tipo irregular, debe preocuparnos sobremanera ante los resultados catastróficos que, la aplicación de planes como los mencionados, han recaído sobre los sectores más vulnerables de nuestras sociedades.
Nada nos debiera ser ajeno, asegura el Grupo de Estudio y Solidaridad con América Latina y el Caribe (GESALC), nace y trabaja en el ámbito de la Asociación de Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos (Familiares).
El GESALC tiene como objetivo de conocer, divulgar y solidarizarse con la situación de las personas y pueblos de América, cuyos estados menoscaban y/o violan los derechos humanos.
