FISCALÍA QUIERE ACLARAR VINCULACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO CON EL PLAN
El subsecretario de Economía, Jorge Polgar, el vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, y el coordinador del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, fueron citados por la Justicia penal por una denuncia vinculada al plan de vivienda sindical.
PABLO MELENDREZdom ago 31 2014
Abdala y Castillo firmaron acuerdo entre el Pit-Cnt y el BHU. Foto: A.Colmegna.
A fines de julio la empresa Walltech S.A., propiedad del magnate ecuatoriano Isidro Romero Carbo, presentó una denuncia penal por una estafa de US$ 150.000 contra un gestor vinculado al Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. Se trataba de la tercera denuncia penal contra el mismo privado, quien tenía contratos firmados con el encargado del plan, el dirigente sindical Eduardo Burgos.
En los últimos días, la fiscal Sandra Boragno pidió a la jueza Fanny Canessa las citaciones de Polgar, Castillo y Abdala. La magistrada fijó las audiencias para mediados de septiembre.
El 1° de septiembre de 2011, el Banco Hipotecario del Uruguay y el Pit-Cnt firmaron un convenio para que la institución estatal participara del financiamiento para la adquisición de viviendas comprendidas en el Plan de Vivienda Sindical. Los créditos serían otorgados "en forma individual". Polgar en calidad de presidente del Banco Hipotecario, mientras que Castillo y Abdala lo hicieron en nombre del Pit-Cnt.
Lo primero que quiere despejar la Justicia es la vinculación del Banco Hipotecario con el Plan de Vivienda Sindical.
Según el convenio en poder de El País, la financiación de la construcción corría por cuenta del promotor privado. Luego, el BHU realizaría el análisis y la precalificación de los posibles sujetos de crédito. "Una vez realizada la precalificación, el promotor privado procede a construir las viviendas de acuerdo al cronograma acordado con el Pit-Cnt. El BHU realiza la tasación de la vivienda y la calificación definitiva de los sujetos de crédito. Cuando las viviendas estén en condiciones de hipotecarse, el BHU aprobará y otorgará los créditos solicitados por los beneficiarios (para pagarle a los promotores privados) y a los 30 días comienza a pagar las cuotas". El convenio era por un año pero se prorroga automáticamente.
La fiscalía también solicitó al Pit-Cnt que envíe al juzgado el informe sobre la investigación del Plan de Vivienda Sindical que realizó el año pasado, luego de que se conocieron las denuncias en la Justicia.
Ese informe consideró que Burgos, que firmó contratos sin autorización del secretariado de la central, cometió "errores".
La denunciante en este caso, Walltech, una multinacional con presencia en España, Ecuador y México, ingresó al negocio de las viviendas sindicales en 2012, cuando firmó con una sociedad anónima un acuerdo para proveer el sistema constructivo para 4.000 viviendas. Esa sociedad anónima tenía, a su vez, un contrato con el Pit-Cnt firmado por Burgos que la autorizaba a gestionar tal cantidad de unidades.
El abogado de la empresa, Jorge Pereira Shurmann, dijo a El País que los gestores recibieron US$ 150.000, pero el negocio nunca prosperó.
Sobre los mismos gestores hay otras dos denuncias penales presentadas por empresarios uruguayos. Entre 2011 y 2013, los privados actuaron en representación de al menos tres sociedades anónimas que oficiaban como promotoras, cada una de ellas tenía un contrato con el Pit-Cnt firmado por Burgos, quien decía representar a la central de trabajadores.
No obstante, a fines de 2013, cuando salieron a luz las irregularidades y denuncias, el Pit-Cnt formó una comisión investigadora y concluyó que Burgos no tenía facultades para conceder ninguno de esos contratos, que además los integrantes del Secretariado desconocían. Las tres denuncias coinciden en señalar que las presuntas maniobras no podrían haberse ejecutado sin los contratos del Pit-Cnt que avalaban a los gestores para negociar viviendas y le daban un viso de credibilidad al negocio.
Conciliación.
Por otra parte, en el marco de una demanda civil presentada por una empresaria de Rocha, el Secretariado del Pit-Cnt resolvió el pasado martes que los 37 gremios que fueron citados a una audiencia de conciliación deben presentarse. La mayoría de ellos dirá que desconoce los detalles del Plan de Vivienda Sindical. La empresaria reclama a la central obrera y los privados la suma de US$ 2.850.000.
Por otra parte, en el marco de una demanda civil presentada por una empresaria de Rocha, el Secretariado del Pit-Cnt resolvió el pasado martes que los 37 gremios que fueron citados a una audiencia de conciliación deben presentarse. La mayoría de ellos dirá que desconoce los detalles del Plan de Vivienda Sindical. La empresaria reclama a la central obrera y los privados la suma de US$ 2.850.000.
