Por: Hugo Ruiz Díaz Balbuena
La deuda externa argentina, deuda nula
Entre 1976 y 1999, la deuda pública argentina estuvo cifrada en la suma de unos 85 mil millones de dólares. Un verdadero festín de corrupción, robo y saqueo para el capital financiero internacional y los grupos económicos nacionales subordinados al proyecto político neoliberal.
Como lo demostró fehacientemente en el 2000 la Sentencia llamada Olmos, la deuda externa argentina está intrínsecamente tachada de nulidad y de ilegitimidad. Es un caso típico de Deuda Odiosa.
Sin embargo, a pesar de la claridad y calidad de la sentencia penal del Juez Ballesteros, de la demostración objetiva de la responsabilidad de los grupos económicos nacionales e internacionales, del FMI y del Banco Mundial, la misma no recibió un seguimiento serio ni ninguna aplicación concreta.
Como es sabido, Argentina llegó al colapso institucional-político-económico-financiero en el 2001; un verdadero tsunami que puso al Estado y a los poderes públicos al borde de la descomposición total.
Lo que le alcanza de nuevo hoy a Argentina, no es un problema exclusivamente argentino, limitado a ella. Es un problema mucho más de fondo; es un problema de política internacional de paradigmas de organización internacional, de paradigmas de integración, de paradigmas entre soberanía y subordinación, dependencia o independencia, autodeterminación o satelización.
El “fallo” del juez norteamericano Gruiesa a pedido de los fondos buitres, no es una decisión propiamente judicial --aunque se guarden las apariencias jurisdiccionales--, sino un juicio político ideológico bajo ficción de la aplicación de reglas jurídicas internas. Es un fallo que intenta legitimar un sistema de criminalidad financiera internacional.
Qué camino tomar?
Hoy es Argentina, mañana serán de nuevo Perú, España, Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, República del Congo, Bolivia, Ecuador, Brasil, etc.
Es, en el contexto político en que se da el “fallo”, que Evo Morales expresó su solidaridad con Argentina y rechazó cualquier decisión de tribunales extranjeros que atenten contra la soberanía en la región.
Correctamente afirmó que este “fallo” es un acto de agresión financiera y económica, lo cual vuelve a poner en el tapete el tema de la definición de la agresión económica como medio e instrumento para liquidar proyectos de independencia y de desarrollo autónomo de los pueblos de la región. El realidad, como lo señaló Evo Morales, con este “fallo” la criminalidad financiera transfronteriza y los especuladores no sólo pretenden provocar nuevas crisis financieras en los países de la región, sino conducir de nuevo hacia proyectos políticos de privatización de empresas públicas rentables y al saqueo de recursos naturales.
Asimismo, el presidente Mujica observó que el verdadero objetivo de los fondos buitres son los recursos naturales estratégicos argentinos, en particular, el yacimiento de Vaca muerta. Es decir, una nueva entrega de recursos públicos a empresas transnacionales.
El MERCOSUR sentó una postura a favor de Argentina manifestando “su más absoluto rechazo a la actitud de dichos fondos, cuyo accionar obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países”. Los presidentes agrupados en el MERCOSUR expresaron su “solidaridad y apoyo a la República Argentina en la búsqueda de una solución que no comprometa su desarrollo y el bienestar de su pueblo, en consonancia con sus políticas de desarrollo nacional”. Por su parte la CELAC recordó la Declaración de La Habana, adoptada por la II Cumbre realizada los días 28 y 29 de enero de 2014, en la expresaron la necesidad de contar con “instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos” y que permitan hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda de forma ordenada.
Como vemos, el problema de la deuda externa sigue siendo un problema político-estratégico que puede poner de nuevo en jaque el esfuerzo de integración en toda la región. Aun cuando el problema de Argentina con los fondos buitres haya sido objeto de tratamiento en bloques como MERCOSUR y CELAC, las declaraciones y posiciones asumidas no bastan. Es un imperativo pasar a la acción con la puesta en marcha de una nueva arquitectura financiera y económica regional y con un mecanismo autónomo de solución de controversias en la región.
Es necesario que un foro como la UNASUR tome medidas concretas contra los actos de corporaciones financieras criminales internacionales como la Elliot y Asociados y contra su cabeza visible Paul Singer y otros responsables.
Pero la mejor manera de confrontar a esta criminalidad financiera transfronteriza es haciendo funcionar de una vez por todas el BANCO DEL SUR.
Asimismo, más que nunca es de nuevo de actualidad desplegar una campaña continental por el no pago de deudas odiosas, nulas e ilegítimas y por una auditoría minuciosa de la deuda externa con la participación directa de la ciudadanía. Asimismo, es tiempo que los procesos penales contra los responsables de esta situación lleguen a su fin y que sean condenados debidamente, incluyendo a los más altos dirigentes, técnicos y burócratas del FMI y del Banco Mundial.
Hugo Ruíz Díaz
(ex Ministro Asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, durante el gobierno de Fernando Lugo; actual secretario de relaciones internacionales del Partido Popular Tekojoja y miembro de la Secretaría de Relaciones
Internacionales del Frente Guasu).
