Diario La Tercera, Chile
LA DRASTICA caída en el apoyo a la gestión del gobierno y en la aprobación de la Presidenta, unida a la evolución negativa de las cifras económicas y de delincuencia, han confirmado las debilidades de la actual administración y los errores cometidos en la orientación de las reformas impulsadas en sus primeros ocho meses de gobierno. A ello se une la tensión que exhibe la coalición oficialista, especialmente por los reclamos desde la Democracia Cristiana a “reforzar la conducción política del gobierno”, lo que suma un cuadro que requerirá prontas definiciones de parte de la Presidenta de la República y del grupo que la acompaña en sus decisiones.
No hay síntoma más claro de los problemas de gestión de un gobierno que cuando se atribuye la desaprobación de la ciudadanía a la falta de mayor “comunicación de sus avances”, como ha ocurrido esta semana de parte de diversos personeros de gobierno. Incluso se ha llegado al exceso de acusar la existencia de campañas “financiadas” contra las reformas que se están impulsando.
El gobierno no debe equivocar el diagnóstico buscando enemigos imaginarios que no tiene -la debilidad de la oposición es evidente y también la reflejan las encuestas- sino revisar en profundidad la orientación radical de las reformas que ha estado impulsando y evitar las que pretendía iniciar, así como corregir los problemas ostensibles que arrojan la gestión sectorial en áreas muy sensibles para la ciudadanía, como es el caso de la delincuencia.
La recargada agenda de reformas estructurales, varias de las cuales sin un diseño mínimo ni acuerdo previo, ha terminado por exacerbar incluso las evidentes diferencias y motivaciones de los partidos que componen la Nueva Mayoría, las mismas que sus dirigentes pretendieron evadir bajo el manto protector de un programa de gobierno que apenas se encargó de esbozar algunos principios rectores. Nada puede debilitar tanto el apoyo electoral de un gobierno, como la constatación por parte de sus votantes que las propuestas sensatas que apoyaron en la última elección, se hayan transformado en justificación de reformas extremas y que ya le están causando problemas en su vida diaria, como ocurre con la reforma tributaria y el deterioro de la economía.
Al reclamo de mayor liderazgo por parte de la Presidenta de la República de parte de la Nueva Mayoría, se ha unido el de otros sectores relevantes del país, como el empresariado, que también reclama mayor coherencia entre las propuestas de alianza público-privada con las decisiones que toman diversos organismos públicos.
La Primera Mandataria enfrenta ahora una clara disyuntiva entre seguir impulsando esta agenda y refugiarse en su equipo más cercano, o efectuar una revisión más profunda del contenido de las reformas y reorientarlas en la búsqueda de acuerdos que recojan las objeciones que despiertan en amplios sectores del país. Esta revisión deberá involucrar no sólo los proyectos sino también sus equipos de trabajo, que hasta ahora parecen sorprendidos e inmóviles ante la caída en el apoyo ciudadano.
Las señales, en este sentido, deben ser contundentes. Si bien ha sido notorio el discurso conciliador de las autoridades hacia el empresariado en los últimos días y el propósito de promover una agenda reactivadora, se requiere un golpe de timón claro y decidido para despejar las incertidumbres y revertir el escenario negativo que se constata hoy en el país.
