El juez de Nueva York Thomas Griesa deberá analizar cuatro escritos presentados por el Citibank, representantes de bonistas, la República Argentina y el fondo buitre Aurelius Capital. Los fondos especuladores intentan bloquear el pago de intereses de los títulos bajo Ley Argentina con vencimiento el próximo 31 de marzo próximo, pero las partes interesadas presentaron argumentos para que Griesa autorice el cobro en la audiencia que se concretará el 3 del mes que viene. El Citibank y los bonistas consideraron que estos bonos no constituyen deuda externa, y que no pueden ser bloqueados por el magistrado.
Este es el argumento de Federico Elewaut, jefe del Tesoro y Trade Solutions del Citigroup. En el escrito que presentó ante Griesa ayer, explicó sobre el procedimiento del procesamiento de los pagos y la imposibilidad de distinguir los bonos del canje de aquellos que no lo son.
Según Elewaut, "la mayoría de los clientes (unos 650 individuos y seis compañías) tienen los títulos en sus cuentas. Pero otros (unos siete inversores institucionales) las tienen para cumplir obligaciones con su propia clientela". Por ello, Elewaut argumentó que la empresa "está obligada a transferir los fondos recibidos para beneficio de los tenedores, como ellos lo demandan. Nunca creí que los fondos a pagar pudieran ser retenidos en la cuenta, y considero que mantener este dinero sería una violación de la obligación del Citibank para con sus clientes bajo los contratos en la Ley Argentina". Elewaut aclara que el banco debe obedecer las leyes bancarias del país, lo que implica el cumplimiento de los acuerdos.
Además de que los bonos se pagan en la Argentina y no en Nueva York, Elewaut recuerda que el número de títulos en manos de sus clientes fluctúa con el tiempo y que los bonos argentinos son fungibles (indistinguibles) porque tienen el mismo número de identificación. Por lo tanto "es operativamente imposible determinar, por cualquier información disponible para la empresa, cuándo o por cuál motivo los títulos fueron emitidos. Me han avisado que esta Corte ordenó a las partes encontrar una forma de encontrar información, pero en mi opinión no hay formas posibles de hacerlo", advirtió Elewaut.
En el mismo sentido se expidió el abogado Juan Duggan, del estudio Hope, Duggan & Silva, quien se presentó a sí mismo como "un asesor legal para inversores institucionales en conexión con los canjes de la deuda soberana argentina". Duggan agregó que los bonos del canje tienen el mismo código de identificación que los bonos emitidos localmente entre 2007 y 2011, los títulos emitidos el 25 de julio de 2011 en forma de un canje por créditos impositivos, y los que se entregaron a Repsol el 29 de febrero de 2014 en concepto de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, ratificado por el Congreso de la Nación.
Duggan, coincide con los argumentos expuestos por Elewaut, y opina que "los bonos no pueden ser hechos valer fuera del país, por lo que concluyo que constituyen 'deuda interna'. Además, ninguno califica como 'deuda externa', desde la perspectiva de la Ley Argentina".
Los buitres también actuaron. Charles Enroe, abogado de Aurelius Capital, envió una moción al juez Griesa adjuntando 114 documentos que, según ellos, "están relacionados con el Citibank". Estas "evidencias", incluyen documentos de la Bolsa de Luxemburgo y del Euroclear sobre las series de bonos en cuestión y 14 reportes públicos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los abogados no especificaron cuáles eran los propósitos de estos documentos.
Por último, la República Argentina también presentó un escrito para poder pagar, firmado por Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y en el que pide que "la Corte habilite la moción del Citibank". Para los abogados del país, "la deuda es 'ofrecida' donde está localizada", y por lo tanto, no constituye deuda externa. Por lo tanto, "extender la sentencia necesariamente penalizará el pago de bonos que no están ni estuvieron nunca bajo la cláusula pari passu. Este resultado niega el principio de equidad".
Boccuzzi también se refirió al litigio general: "La realidad es que la República no puede pagar el total de la sentencia inmediatamente, porque podría ascender a decenas de miles de millones de dólares. Las reservas internacionales de la República son menos de U$S 32 mil millones. Ningún país pondría su economía en riesgo con una reducción en sus reservas de esta magnitud, especialmente porque deben ser usadas para propósitos macroeconómicos", explicó el abogado.
Además, atacó a los fondos buitre y los acusó de poseer Credit Default Swaps (CDS o seguros de default, instrumentos financieros que generan ingresos cuando hay una falla en el pago de los títulos). Por ello, Boccuzzi concluyó que "los demandantes no tienen 'necesidad' de una sentencia para exigir 'igual trato' respecto de los bonos argentinos, sino que simplemente están buscando usar la Corte de forma tal que les de permita ganar más dinero a expensas de terceras partes, incluyendo los tenedores de títulos bajo Ley Argentina y el Citibank".
Buitres piden el "me too"
Los fondos buitre EM, de Kenneth Dart, y NML, de Paul Singer, pidieron al juez Thomas Griesa que acelere la decisión sobre una demanda de "me too" por un total de U$S 4800 millones. Los litigantes demandaron al magistrado que se expida antes de abril. Griesa todavía no ha decidido sobre este dinero, pero les ha ordenado a los holdouts reunirse con el mediador Daniel Pollack para negociar.
Singer forma parte de la demanda inicial junto con Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, por un total de U$S 1660 millones. Sin embargo, una vez que Griesa emitió su sentencia, se acumularon muchas demandas de "me too" (bonistas que reclaman el mismo tratamiento que los buitres). En total, estas demandas suman U$S 8200 millones con intereses y U$S 1400 millones más sin intereses calculados. Hay otros U$S 2100 millones sin intereses, aproximadamente, de holdouts que todavía no han presentado sus mociones. Griesa respondió a Singer y Dart que evaluaría sus peticiones, y solicitó la presentación de argumentos en marzo para aceptar las demandas.
