EL FISCAL PIDIO LA INDAGATORIA DE DIRECTIVOS DEL GRUPO CLARIN Y EL DIARIO LA NACION EN LA CAUSA SOBRE PAPEL PRENSA
“Hubo una apropiación ilícita de bienes”
El fiscal Leonel Gómez Barbella imputó y reclamó que sean citados la directora y el CEO del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otras personas.
Por Ailín Bullentini
El fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó al juez federal Julián Ercolini que les tome declaración indagatoria a la directora y al CEO del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otras personas, a las que imputó por extorsión y persecución en el marco de la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa durante los primeros meses de la última dictadura cívico militar. En un escrito de más de 30 fojas en las que cita testimonios judiciales, documentos del gobierno de facto y artículos periodísticos, el fiscal les endilga a los imputados “el haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver –dueños de la compañía– y sus allegados a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia de capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA S.A.) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria (...) el 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación (...) y todo ello en el marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última dictadura”.
“Esta Fiscalía ha analizado la prueba agregada hasta el presente y no queda más que avanzar hacia las declaraciones indagatorias que se solicitan”, apuntó Gómez Barbella a modo de conclusión del dictamen que presentó ayer al mediodía ante el Juzgado Federal Nº 10, a cargo de Ercolini, en donde está radicada la causa desde 2011. El fiscal trabajó los 26 cuerpos del expediente “desde que llegó a la Fiscalía”, en diciembre pasado. A través de sus abogados, La Nación y el Grupo Clarín criticaron al fiscal y relacionaron su designación con “la disconformidad del Gobierno con la evolución de la causa” (ver aparte).
El fiscal pidió a Ercolini que cite a Magnetto, Herrera de Noble y Mitre, pero también a Guillermo Juan Gainza Paz, quien funcionó de intermediario entre aquéllos y el grupo Graiver, y al ex secretario de Desarrollo Industrial de la última dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá. Para el fiscal todos fueron, junto con Jorge Videla, Emilio Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Bernardo Sofovich, quien fuera abogado representante de Agea S.A., y Patricio Peralta Ramos, ex presidente de La Razón, cómplices en la apropiación de Papel Prensa. De continuar con vida, también se hubiera solicitado la declaración de estos últimos.
Gómez Barbella consideró probado que la compraventa de Papel Prensa fue, en realidad, una “apropiación ilícita” producto de una extorsión y de una persecución por motivos políticos y religiosos. Según su acusación, esto último constituye un delito de lesa humanidad y, por ende, es imprescriptible.
El fiscal sostiene que la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo; sus padres, su hermano y Rafael Ianover, entre otros miembros del grupo empresario, fueron “obligados a ceder su dominio –de Papel Prensa– a personas elegidas por la junta de dictadores (...) en un contexto de persecución política y en circunstancias concretas de intimidación conocidas por los empresarios civiles que participaron”, remarca.
En base a testimonios judiciales actuales y de años atrás, de artículos periodísticos y actas de la propia Junta Militar, entre varios otros documentos –en la fiscalía aseguran que “es mucha” la prueba que funda las imputaciones–, el fiscal acusa a los imputados de participar en el “desapoderamiento extorsivo de las acciones de Papel Prensa” de los Graiver “con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes”. La Junta, explica, buscaba “deshacer” al grupo empresario, al que acusaba de “estrechas vinculaciones y colaboración con la subversión” y los diarios, controlar la producción de papel, que aún conservan. De acuerdo con la acusación del fiscal, a cambio de la “ayuda” de la dictadura que esos medios recibieron para lograr su objetivo, apoyaron abiertamente la persecución y represión desatadas en las calles y silenciaron las torturas y las desapariciones.
La apropiación de Papel Prensa, según el dictamen de Gómez Barbella, se dio en dos etapas:
- En una reunión realizada en La Nación el 2 de noviembre de 1976, Papaleo, los Graiver y Ianover fueron “intimidados” a transferir, con sólo el 2 por ciento del precio estipulado cobrado, las acciones de Papel Prensa a la empresa a Fapel S.A. –una firma fugaz que integraron los tres diarios–, por quienes en representación de esa empresa participaron del encuentro: Magnetto, Mitre, Sofovich –en representación de Herrera de Noble– y Peralta Ramos.
- Entre marzo y abril de 1977, los integrantes del grupo Graiver, incluidos Papaleo y Ianover, fueron secuestrados y trasladados al centro clandestino de detención Puerto Vasco. “Los diarios recién depositaron el 98 por ciento restante del acuerdo el mismo día en que Videla blanqueaba en conferencia de prensa el secuestro del grupo”, explicó el fiscal.
El del fiscal no es el primer pedido de indagatorias a los acusados en la causa que recibe Ercolini. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que reimpulsó la investigación en 2010 y mantiene una de las querellas en la causa, lo hizo en cinco oportunidades entre 2010 y el año pasado. En abril, el titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat, y los fiscales Alejandro Alagia y Guillermo Friele propusieron a Eduardo Taiano, quien subrogó hasta diciembre la fiscalía, un proyecto de dictamen en los mismos términos que el presentado ayer. En ese texto se basó la querella de Lidia Papaleo para exigir que los directivos de La Nación y Clarín, así como Gainza Paz y Podestá, hablen ante el juez. Ercolini no avanzó nunca en tal sentido. En junio de 2013, el juez ordenó un peritaje contable “tendiente a determinar el precio histórico progresivo” de las acciones que fueron apropiadas, del que aún no hay información. Gómez Barbella consideró que el estudio “no desentraña el fondo del asunto”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267979-2015-03-12.html
