De las inconsistencias del lockout rural al fallo de Griesa y los planteos de EE UU. La contracara de la mayor inversión social.
Carlos Heller
Al cumplirse siete años del anuncio de la resolución 125 y a poco de un nuevo aniversario del voto “no positivo” de Julio Cobos, esta semana se realizó un lockout patronal convocado por la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro. En este marco, el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, alertó que la producción agrícola “está agonizando”, y sostuvo que en “esta campaña ni la soja es rentable”. Cuesta imaginar semejante situación cuando el área sembrada en esta campaña no sólo es récord –aumentó un 2,4% respecto a la anterior, unas 800 mil hectáreas–, sino que además la superficie sembrada con trigo se incrementó un 44%, con 1.612.000 hectáreas más, que compensan las 800 mil menos de la siembra de maíz. Lo he dicho en varias oportunidades, no se obtienen récords de siembra esperando perder dinero.
Este séptimo aniversario permite reflexionar sobre las rentas excepcionales de los diversos sectores, en especial las de los productos granarios, obtenidas por la revalorización de los precios internacionales, independientemente de los recursos que aporten los productores. Dado que esa renta excepcional se traslada directamente sobre los precios de la tierra, la inexistencia de retenciones, en especial sobre la soja, hubiera impactado negativamente en la rentabilidad del resto de las actividades agropecuarias y ganaderas, en particular en las pequeñas explotaciones. De allí que, además de ser una medida esencialmente distributiva, las retenciones configuran una política de defensa de los pequeños y medianos productores.
Supongamos que se hubiera aplicado la resolución 125: entre los meses de abril y mayo de 2014, cuando el precio de la soja rondaba los U$S 550 la tonelada, se hubieran pagado retenciones del 46,5% y, aún con estas, los productores hubieran obtenido un mayor valor por la soja que el que están obteniendo hoy, con el poroto a U$S 363 y retenciones del 35 por ciento. Vale comparar este dato con todo lo que perdieron por hacerles caso a sus dirigentes, quienes les aconsejaron acaparar. No es más que una cuenta hipotética, pero sirve para reflexionar.
Más allá de los cálculos, el rechazo a la 125 sirvió para montar un mecanismo de desgaste, muy profundo, contra el gobierno nacional, que la gestión de Cristina logró superar con la estatización de las AFJP, la multitudinaria participación popular en los festejos del Bicentenario y el 54% obtenido en las elecciones de 2011, entre otras situaciones relevantes, sumadas a la falta de cohesión de los opositores, que sólo han hecho honor a su título: oponerse.
Estrategias de desgaste a un gobierno electo democráticamente que nos llevan a la reciente decisión del presidente de EEUU, Barack Obama, de considerar a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional, una definición muy difícil de entender, que se basa en una ley estadounidense de 2014 denominada “Defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela”. Es una cuestión que podemos tratar sin salirnos del tema económico, dado que la referida ley comienza detallando los problemas que genera la elevada inflación y critica el control de las divisas, una política doméstica válida cuando un país enfrenta restricciones en su sector externo; luego siguen otros señalamientos que hacen con su especial visión de los “Derechos Humanos”. En la misma ley, el Congreso de EE UU considera “el crónico desmanejo de la economía por parte del gobierno de Venezuela que ha producido condiciones de privaciones económicas y escasez de bienes y alimentos a la población de Venezuela”. En la visión estadounidense no existen especuladores que lucran con la crisis económica e intentan agudizarla aún más. Según esta óptica, si no hay libremercado porque hay regulaciones, los problemas derivan exclusivamente de las malas gestiones gubernamentales. Una vara con la que el “hegemón” mide a toda Latinoamérica, y de allí la importancia de no pasar por alto este tema.
MÁS INVERSIÓN SOCIAL. La presidenta presentó el jueves la ampliación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, PROGRESAR 2015, extendiéndolo a las familias que cobran hasta tres salarios mínimos, lo que permite llegar a 1.280.000 beneficiarios respecto de los 570 mil ya existentes. El monto se incrementó de $ 600 a $ 900 mensuales. Además, decidió pagar la ayuda escolar anual a los beneficiarios de la AUH por $ 700. Con estas medidas se entienden las cifras de la Cepal que comentó Cristina, que determinan que Argentina es el país de mayor gasto social per cápita de América Latina, aunque la presidenta consideró que ese no es un gasto, sino una verdadera “inversión social”.
Esto es posible por un Estado presente, que además cobra impuestos suficientes para el logro de tales fines, y por eso la carga tributaria es una de las más altas de América Latina (31,2% del PBI), aunque por debajo de Brasil (35,7%). Pero como resaltó la jefa de Estado, el promedio latinoamericano alcanza al 21% y está muy lejos del promedio de los países más desarrollados, el grupo de la OCDE, del 34,1% del PBI.
Por su parte, la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina otorgó un crédito al gobierno argentino por U$S 120 millones, a 15 años y con un interés cercano al 3% anual, destinado a mejorar el acceso, la calidad y la eficiencia del servicio de agua potable. El crédito de la CAF aporta un 33% del costo total de la inversión; el resto será aportado por el Estado Nacional y se aplicará a obras de la empresa AySA, beneficiando a unas 850 mil personas. Esta operación muestra la importancia de los organismos multilaterales de crédito, indicando el valor positivo de los procesos de integración regional que se están llevando a cabo.
Todas las medidas van confirmando que el “fin de ciclo” que sostenían los opositores está sólo en su relato, puesto que hay un Gobierno Nacional presente que continúa gestionando con eficiencia, ampliando derechos e incrementando la inversión, tanto la de carácter social como la destinada a la infraestructura.
BUITRES. El pasado jueves el juez de distrito Thomas Griesa desestimó el pedido del Citibank para cursar los pagos por intereses de bonos en dólares con legislación argentina, a diferencia de lo que había ocurrido en tres oportunidades anteriores (julio, septiembre y diciembre de 2014). La decisión de Griesa constituye un eslabón más de una cadena que apunta a debilitar al país, en beneficio de los intereses de los fondos buitre, aunque también muestra los vicios de irracionalidad que siguen estando presentes desde el punto de vista legal. Estos vicios fueron expuestos por los tribunales británicos por avanzar con bonos bajo su legislación, y por la decisión de Euroclear, la cámara de compensaciones internacional, que decidió cambiar el Citibank por la Caja de Valores argentina, para realizar sus transacciones con bonos soberanos bajo legislación de nuestro país.
Para el Citibank, la aceptación del fallo implica incumplir las normas que regulan el funcionamiento de las entidades financieras en Argentina, lo cual supone potenciales sanciones por parte del BCRA, incluyendo la revocación de la licencia para operar. Así, se observa cómo los alcances del fallo se extienden a la órbita del funcionamiento del sistema financiero internacional. Por su parte, el Ministerio de Economía emitió una declaración en la que expresa que “el Juez Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre. Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas”.
Si falta alguna prueba de la parcialidad del fallo, el mismo reconoce que “la Corte, con el consentimiento de los demandantes, le permitió al Citibank realizar el pago en septiembre y diciembre de bonos en dólares con legislación argentina”. (destacado propio).
La decisión de Griesa también va en línea con declaraciones y acciones tendientes a bloquear el acceso de nuestro país a cualquier clase de financiamiento externo, como ocurrió –sin éxito– con préstamos provenientes de China, aunque la estrategia de aislamiento financiero parece más fructífera con entidades financieras con sede en Estados Unidos, presionadas para que se abstengan de realizar cualquier operación de deuda con el gobierno nacional.
El sentido de oportunidad de la ofensiva no resulta casual y ocurre a poco de haber concluido la cláusula RUFO, momento esperado por los buitres para intentar efectivizar la totalidad de los reclamos, algo que el gobierno se ha negado férreamente a convalidar, no por capricho sino más bien por una firme convicción de defensa del interés nacional. Pactar con los buitres en las condiciones impuestas por ellos habría significado un acto de injusticia con los acreedores que ingresaron a los canjes, implicando además un incremento de los niveles de deuda sin ningún tipo de contraprestación en el plano de la economía real.
Al cumplirse siete años del anuncio de la resolución 125 y a poco de un nuevo aniversario del voto “no positivo” de Julio Cobos, esta semana se realizó un lockout patronal convocado por la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro. En este marco, el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, alertó que la producción agrícola “está agonizando”, y sostuvo que en “esta campaña ni la soja es rentable”. Cuesta imaginar semejante situación cuando el área sembrada en esta campaña no sólo es récord –aumentó un 2,4% respecto a la anterior, unas 800 mil hectáreas–, sino que además la superficie sembrada con trigo se incrementó un 44%, con 1.612.000 hectáreas más, que compensan las 800 mil menos de la siembra de maíz. Lo he dicho en varias oportunidades, no se obtienen récords de siembra esperando perder dinero.
Este séptimo aniversario permite reflexionar sobre las rentas excepcionales de los diversos sectores, en especial las de los productos granarios, obtenidas por la revalorización de los precios internacionales, independientemente de los recursos que aporten los productores. Dado que esa renta excepcional se traslada directamente sobre los precios de la tierra, la inexistencia de retenciones, en especial sobre la soja, hubiera impactado negativamente en la rentabilidad del resto de las actividades agropecuarias y ganaderas, en particular en las pequeñas explotaciones. De allí que, además de ser una medida esencialmente distributiva, las retenciones configuran una política de defensa de los pequeños y medianos productores.
Supongamos que se hubiera aplicado la resolución 125: entre los meses de abril y mayo de 2014, cuando el precio de la soja rondaba los U$S 550 la tonelada, se hubieran pagado retenciones del 46,5% y, aún con estas, los productores hubieran obtenido un mayor valor por la soja que el que están obteniendo hoy, con el poroto a U$S 363 y retenciones del 35 por ciento. Vale comparar este dato con todo lo que perdieron por hacerles caso a sus dirigentes, quienes les aconsejaron acaparar. No es más que una cuenta hipotética, pero sirve para reflexionar.
Más allá de los cálculos, el rechazo a la 125 sirvió para montar un mecanismo de desgaste, muy profundo, contra el gobierno nacional, que la gestión de Cristina logró superar con la estatización de las AFJP, la multitudinaria participación popular en los festejos del Bicentenario y el 54% obtenido en las elecciones de 2011, entre otras situaciones relevantes, sumadas a la falta de cohesión de los opositores, que sólo han hecho honor a su título: oponerse.
Estrategias de desgaste a un gobierno electo democráticamente que nos llevan a la reciente decisión del presidente de EEUU, Barack Obama, de considerar a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional, una definición muy difícil de entender, que se basa en una ley estadounidense de 2014 denominada “Defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela”. Es una cuestión que podemos tratar sin salirnos del tema económico, dado que la referida ley comienza detallando los problemas que genera la elevada inflación y critica el control de las divisas, una política doméstica válida cuando un país enfrenta restricciones en su sector externo; luego siguen otros señalamientos que hacen con su especial visión de los “Derechos Humanos”. En la misma ley, el Congreso de EE UU considera “el crónico desmanejo de la economía por parte del gobierno de Venezuela que ha producido condiciones de privaciones económicas y escasez de bienes y alimentos a la población de Venezuela”. En la visión estadounidense no existen especuladores que lucran con la crisis económica e intentan agudizarla aún más. Según esta óptica, si no hay libremercado porque hay regulaciones, los problemas derivan exclusivamente de las malas gestiones gubernamentales. Una vara con la que el “hegemón” mide a toda Latinoamérica, y de allí la importancia de no pasar por alto este tema.
MÁS INVERSIÓN SOCIAL. La presidenta presentó el jueves la ampliación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, PROGRESAR 2015, extendiéndolo a las familias que cobran hasta tres salarios mínimos, lo que permite llegar a 1.280.000 beneficiarios respecto de los 570 mil ya existentes. El monto se incrementó de $ 600 a $ 900 mensuales. Además, decidió pagar la ayuda escolar anual a los beneficiarios de la AUH por $ 700. Con estas medidas se entienden las cifras de la Cepal que comentó Cristina, que determinan que Argentina es el país de mayor gasto social per cápita de América Latina, aunque la presidenta consideró que ese no es un gasto, sino una verdadera “inversión social”.
Esto es posible por un Estado presente, que además cobra impuestos suficientes para el logro de tales fines, y por eso la carga tributaria es una de las más altas de América Latina (31,2% del PBI), aunque por debajo de Brasil (35,7%). Pero como resaltó la jefa de Estado, el promedio latinoamericano alcanza al 21% y está muy lejos del promedio de los países más desarrollados, el grupo de la OCDE, del 34,1% del PBI.
Por su parte, la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina otorgó un crédito al gobierno argentino por U$S 120 millones, a 15 años y con un interés cercano al 3% anual, destinado a mejorar el acceso, la calidad y la eficiencia del servicio de agua potable. El crédito de la CAF aporta un 33% del costo total de la inversión; el resto será aportado por el Estado Nacional y se aplicará a obras de la empresa AySA, beneficiando a unas 850 mil personas. Esta operación muestra la importancia de los organismos multilaterales de crédito, indicando el valor positivo de los procesos de integración regional que se están llevando a cabo.
Todas las medidas van confirmando que el “fin de ciclo” que sostenían los opositores está sólo en su relato, puesto que hay un Gobierno Nacional presente que continúa gestionando con eficiencia, ampliando derechos e incrementando la inversión, tanto la de carácter social como la destinada a la infraestructura.
BUITRES. El pasado jueves el juez de distrito Thomas Griesa desestimó el pedido del Citibank para cursar los pagos por intereses de bonos en dólares con legislación argentina, a diferencia de lo que había ocurrido en tres oportunidades anteriores (julio, septiembre y diciembre de 2014). La decisión de Griesa constituye un eslabón más de una cadena que apunta a debilitar al país, en beneficio de los intereses de los fondos buitre, aunque también muestra los vicios de irracionalidad que siguen estando presentes desde el punto de vista legal. Estos vicios fueron expuestos por los tribunales británicos por avanzar con bonos bajo su legislación, y por la decisión de Euroclear, la cámara de compensaciones internacional, que decidió cambiar el Citibank por la Caja de Valores argentina, para realizar sus transacciones con bonos soberanos bajo legislación de nuestro país.
Para el Citibank, la aceptación del fallo implica incumplir las normas que regulan el funcionamiento de las entidades financieras en Argentina, lo cual supone potenciales sanciones por parte del BCRA, incluyendo la revocación de la licencia para operar. Así, se observa cómo los alcances del fallo se extienden a la órbita del funcionamiento del sistema financiero internacional. Por su parte, el Ministerio de Economía emitió una declaración en la que expresa que “el Juez Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre. Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas”.
Si falta alguna prueba de la parcialidad del fallo, el mismo reconoce que “la Corte, con el consentimiento de los demandantes, le permitió al Citibank realizar el pago en septiembre y diciembre de bonos en dólares con legislación argentina”. (destacado propio).
La decisión de Griesa también va en línea con declaraciones y acciones tendientes a bloquear el acceso de nuestro país a cualquier clase de financiamiento externo, como ocurrió –sin éxito– con préstamos provenientes de China, aunque la estrategia de aislamiento financiero parece más fructífera con entidades financieras con sede en Estados Unidos, presionadas para que se abstengan de realizar cualquier operación de deuda con el gobierno nacional.
El sentido de oportunidad de la ofensiva no resulta casual y ocurre a poco de haber concluido la cláusula RUFO, momento esperado por los buitres para intentar efectivizar la totalidad de los reclamos, algo que el gobierno se ha negado férreamente a convalidar, no por capricho sino más bien por una firme convicción de defensa del interés nacional. Pactar con los buitres en las condiciones impuestas por ellos habría significado un acto de injusticia con los acreedores que ingresaron a los canjes, implicando además un incremento de los niveles de deuda sin ningún tipo de contraprestación en el plano de la economía real.
