Un Tribunal Arbitral internacional reconoció este jueves los argumentos presentados por Ecuador respecto a la demanda presentada por Chevron Texaco exigiendo que el Estado pague cualquier indemnización a favor de los afectados de la Amazonía por contaminación ambiental, informó la Procuraduría.
El tribunal consideró que la demanda de Lago Agrio incluye derechos individuales, lo que implica que el Acuerdo de Liberación suscrito entre el Estado ecuatoriano y Texaco en 1995, no fue un impedimento para la presentación de la demanda ambiental, según un comunicado de prensa.
Además, el Tribunal rechazó el argumento de la petrolera estadounidense, relativo a un supuesto impedimento producido por el Acuerdo de Liberación de 1995 que, al constituir Cosa Juzgada, imposibilitaba el inicio del juicio de Lago Agrio, el cual concluyó condenando a Chevron-Texaco al pago de unos 9.500 millones de dólares por indemnización a los afectados amazónicos.
Diego García, procurador del Estado, resaltó el hecho de que el Tribunal expresamente concluyó que no existía disposición en el Acuerdo de 1995, de la que se pueda inferir que la intención de sus suscriptores fue evitar que los demandantes de Lago Agrio presentaran reclamos ambientales como terceros en ejercicio de sus derechos individuales.
“La decisión de hoy significa un paso importante en la dirección correcta y reivindica adecuadamente la posición adoptada por la defensa del Estado en cuanto a que, las cortes ecuatorianas constituyen el foro adecuado para conocer y resolver sobre las reclamaciones de los demandantes indígenas en torno la responsabilidad de Chevron por la contaminación generada como consecuencia de su operación en la región amazónica”, señaló el funcionario.
En este caso conocido como Chevron III aún queda pendiente al tribunal resolver si Ecuador violó o no los Acuerdos de Liberación; y la determinación de los efectos específicos que los cambios en la legislación ambiental pudieron haber producido después de la suscripción de los acuerdos mencionados.
El 23 de septiembre de 2009, la compañía Chevron-Texaco presentó una demanda de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, amparada en una supuesta violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI), a través de la cual pretende que el Estado sea declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio, iniciado por comunidades indígenas en contra de la compañía estadounidense por su operación en la Amazonia ecuatoriana.
En esta demanda se acusa a Ecuador de una supuesta denegación de justicia al haber permitido la continuación del juicio en Lago Agrio, además del incumplimiento de otras obligaciones internacionales como las de otorgar un trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, medios efectivos y trato no discriminatorio.
