Por Jorge Majfud
6 de marzo de 2024
. Imagen: AFP
Para entender los fenómenos políticos y sociales en América latina, es imposible ignorar lo que ocurrió o está ocurriendo en Estados Unidos. Los ejemplos van desde diseños de agencias secretas, manipulación de medios, redes y elecciones hasta decisiones judiciales.
Según la Ley Federal de Campañas Electorales, las contribuciones están sujetas a ciertos límites. Un ciudadano no puede donar más de 3.300 dólares por elección. Una vez limitada la generosidad de gente común, la ley muestra sus debilidades por los lobbies. Uno de los actores de peso en la administración del poder social son los Political Action Committees (PACs) los cuales, como las sectas, están exentos de pagar impuestos, pese a que su accionar gira entorno al gran capital. Exentos de pagar impuestos y exentos de revelar sus fuentes de ingresos. Libres para acosar a las instituciones―carajo.
En 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos (con una amplia mayoría de jueces elegidos por presidentes conservadores) falló en favor de Citizens United, otra “organización sin fines de lucro” a favor de los derechos de las grandes corporaciones. Su fundador, masón y admirador de Ronald Reagan, Floyd Brown, lo definió de forma sintomática: “Somos gente a la que no les importa la política; gente que desea que el gobierno los deje en paz; pero si su país los llama a luchar en el extranjero, lo harán con gusto”. Para este fanatismo anglosajón, las brutales intervenciones en otros países no son políticas ni son sobre intereses económicos, sino puro patriotismo y amor por la libertad―la libertad de la unión esclavista, representada en la bandera amarilla de la viborita que flamean con pasión los colonizados en América latina.
Como toda organización funcional a una elite oligárquica, su lema incluye las palabras “restaurar” y “volver a los buenos viejos tiempos”, “devolver el gobierno a los ciudadanos”, junto con la clásica narrativa que se chorrea hacia el Sur desde hace generaciones: “reafirmar los tradicionales valores estadounidenses de un gobierno mínimo, de la defensa de la libertad de empresa, por una familia fuerte y por la soberanía y seguridad nacional”.
En 2009, esta poderosa organización privada inició una demanda contra la Comisión de Elecciones Federales. Con cinco votos en nueve, la Suprema Corte dictó que las megacorporaciones son ciudadanos “participando en discursos políticos…” Que una corporación multimillonaria no pudiese donar unos cientos de millones de dólares a un candidato al senado o a la presidencia violaba la “libertad de expresión”. La decisión liberó múltiples restricciones: los ultra millonarios no pueden donar sumas obscenas a los candidatos, excepto a través de fundaciones fachadas, conocidas como “sin fines de lucro” y diferenciadas de los PAC por el superlativo “super”: los Super PACs no tienen limitación de donación a grupos que promueven una determinada candidatura. Además, pasan a tener el derecho de hacerlo de forma anónima, lo que pasó a llamarse dark money.
Claro, en el país de las leyes se hace todo legal. La corrupción ilegal, históricamente funcional a estas mismas transnacionales, es cosa de las razas inferiores (culturas enfermas, mentalidad subdesarrollada) de las colonias. Otra prueba irrefutable de la observación de Anatole France: “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.
Como suele ocurrir en una democracia secuestrada por las corporaciones, antes de ser inoculados los ciudadanos tenían otra opinión. Una encuesta de ABC News y The Washington Post reveló que el 80 por ciento de los estadounidenses se oponía a la eliminación de límites en las donaciones a los políticos propuesta por Citizens United. Obviamente, nada de eso importa ni tiene algún efecto legal. Cinco votos en nueve decidieron el destino de 320 millones de estadounidenses y, por extensión, de gran parte del resto del mundo.
Hubo varios intentos para, al menos, revelar la identidad de los super donantes. Uno fue una ley aprobada por California, la que obligaba a revelar el origen de las donaciones multimillonarios a causas políticas. La demanda contra la ley fue impulsada por la fundación Americans for Prosperity, otra “organización sin fines de lucro” exenta de impuestos y fundada por el billonario Charles Koch, por su hermano David Koch, y por el grupo conservador Thomas More Law Center. La Suprema Corte determinó que la ley violaba el derecho de los supermillonarios, establecido en el fallo de 2010. La transparencia es una violación del derecho a la privacidad de los lobbies. Estas prácticas son conocidas desde el siglo XIX, pero a partir del nuevo fallo de 2010 el negocio de la política se multiplicó.
Veamos solo un caso entre cientos, de empresas dedicadas a crear opinión pública, ahora con más impunidad que antes. Berman and Company, fundada por el lobista Richard Berman, es uno de los mayores conglomerados dedicados a la creación de opinión a través de la demonización o el enchastre de los adversarios de sus clientes. Aunque es una empresa privada con ganancias de decenas de millones de dólares, posee decenas de “organizaciones sin fines de lucro” que actúan como fachada, para su acción en el mundo mediático y para la recepción de donaciones y pagos. ¿Por qué? Porque, según las leyes que lograron aprobar estos mismos grupos de intereses especiales, las donaciones a los grupos “sin fines de lucros” se realizan en total y completo secreto.
Para entender los fenómenos políticos y sociales en América latina, es imposible ignorar lo que ocurrió o está ocurriendo en Estados Unidos. Los ejemplos van desde diseños de agencias secretas, manipulación de medios, redes y elecciones hasta decisiones judiciales.
Según la Ley Federal de Campañas Electorales, las contribuciones están sujetas a ciertos límites. Un ciudadano no puede donar más de 3.300 dólares por elección. Una vez limitada la generosidad de gente común, la ley muestra sus debilidades por los lobbies. Uno de los actores de peso en la administración del poder social son los Political Action Committees (PACs) los cuales, como las sectas, están exentos de pagar impuestos, pese a que su accionar gira entorno al gran capital. Exentos de pagar impuestos y exentos de revelar sus fuentes de ingresos. Libres para acosar a las instituciones―carajo.
En 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos (con una amplia mayoría de jueces elegidos por presidentes conservadores) falló en favor de Citizens United, otra “organización sin fines de lucro” a favor de los derechos de las grandes corporaciones. Su fundador, masón y admirador de Ronald Reagan, Floyd Brown, lo definió de forma sintomática: “Somos gente a la que no les importa la política; gente que desea que el gobierno los deje en paz; pero si su país los llama a luchar en el extranjero, lo harán con gusto”. Para este fanatismo anglosajón, las brutales intervenciones en otros países no son políticas ni son sobre intereses económicos, sino puro patriotismo y amor por la libertad―la libertad de la unión esclavista, representada en la bandera amarilla de la viborita que flamean con pasión los colonizados en América latina.
Como toda organización funcional a una elite oligárquica, su lema incluye las palabras “restaurar” y “volver a los buenos viejos tiempos”, “devolver el gobierno a los ciudadanos”, junto con la clásica narrativa que se chorrea hacia el Sur desde hace generaciones: “reafirmar los tradicionales valores estadounidenses de un gobierno mínimo, de la defensa de la libertad de empresa, por una familia fuerte y por la soberanía y seguridad nacional”.
En 2009, esta poderosa organización privada inició una demanda contra la Comisión de Elecciones Federales. Con cinco votos en nueve, la Suprema Corte dictó que las megacorporaciones son ciudadanos “participando en discursos políticos…” Que una corporación multimillonaria no pudiese donar unos cientos de millones de dólares a un candidato al senado o a la presidencia violaba la “libertad de expresión”. La decisión liberó múltiples restricciones: los ultra millonarios no pueden donar sumas obscenas a los candidatos, excepto a través de fundaciones fachadas, conocidas como “sin fines de lucro” y diferenciadas de los PAC por el superlativo “super”: los Super PACs no tienen limitación de donación a grupos que promueven una determinada candidatura. Además, pasan a tener el derecho de hacerlo de forma anónima, lo que pasó a llamarse dark money.
Claro, en el país de las leyes se hace todo legal. La corrupción ilegal, históricamente funcional a estas mismas transnacionales, es cosa de las razas inferiores (culturas enfermas, mentalidad subdesarrollada) de las colonias. Otra prueba irrefutable de la observación de Anatole France: “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.
Como suele ocurrir en una democracia secuestrada por las corporaciones, antes de ser inoculados los ciudadanos tenían otra opinión. Una encuesta de ABC News y The Washington Post reveló que el 80 por ciento de los estadounidenses se oponía a la eliminación de límites en las donaciones a los políticos propuesta por Citizens United. Obviamente, nada de eso importa ni tiene algún efecto legal. Cinco votos en nueve decidieron el destino de 320 millones de estadounidenses y, por extensión, de gran parte del resto del mundo.
Hubo varios intentos para, al menos, revelar la identidad de los super donantes. Uno fue una ley aprobada por California, la que obligaba a revelar el origen de las donaciones multimillonarios a causas políticas. La demanda contra la ley fue impulsada por la fundación Americans for Prosperity, otra “organización sin fines de lucro” exenta de impuestos y fundada por el billonario Charles Koch, por su hermano David Koch, y por el grupo conservador Thomas More Law Center. La Suprema Corte determinó que la ley violaba el derecho de los supermillonarios, establecido en el fallo de 2010. La transparencia es una violación del derecho a la privacidad de los lobbies. Estas prácticas son conocidas desde el siglo XIX, pero a partir del nuevo fallo de 2010 el negocio de la política se multiplicó.
Veamos solo un caso entre cientos, de empresas dedicadas a crear opinión pública, ahora con más impunidad que antes. Berman and Company, fundada por el lobista Richard Berman, es uno de los mayores conglomerados dedicados a la creación de opinión a través de la demonización o el enchastre de los adversarios de sus clientes. Aunque es una empresa privada con ganancias de decenas de millones de dólares, posee decenas de “organizaciones sin fines de lucro” que actúan como fachada, para su acción en el mundo mediático y para la recepción de donaciones y pagos. ¿Por qué? Porque, según las leyes que lograron aprobar estos mismos grupos de intereses especiales, las donaciones a los grupos “sin fines de lucros” se realizan en total y completo secreto.
La ley protege la anonimidad de los donantes. Todo en nombre de la libertad. Rick Berman, abogado especializado en relaciones laborales, fundó “Enterprise Freedom Action Committee (Comité de Acción por la Libertad Empresarial)”, una organización de derecha, dedicada al astroturf (ver capítulo “Relaciones sociales y astroturfing” en Moscas en la telaraña), es decir, a crear “movimientos populares” falsos desde arriba, para servir los intereses de los de arriba. Berman inventó el “Center for Consumer Freedom”, “American Beverage Institute” (en favor del consumo de alcohol), “Employment Policy Institute Foundation” (para beneficiar a los obreros), “Center for Union Facts” (para educar a los trabajadores sobre los males antidemocráticos de los sindicatos), entre otras organizaciones gremiales y proletarias.
El 30 de octubre de 2014, el New York Times publicó una confesión del poderoso señor Berman a un micrófono abierto: “La gente siempre me pregunta: ¿Cómo sé que no seré descubierto, que lo que hago tiene una intencionalidad política? Es que todo lo que hacemos lo hacemos a través de organizaciones sin fines de lucro, las que están protegidas de cualquier obligación de revelar quiénes son sus donantes. Existe un anonimato total. La gente no sabe quién nos apoya”.
El 30 de octubre de 2014, el New York Times publicó una confesión del poderoso señor Berman a un micrófono abierto: “La gente siempre me pregunta: ¿Cómo sé que no seré descubierto, que lo que hago tiene una intencionalidad política? Es que todo lo que hacemos lo hacemos a través de organizaciones sin fines de lucro, las que están protegidas de cualquier obligación de revelar quiénes son sus donantes. Existe un anonimato total. La gente no sabe quién nos apoya”.
También dejó escapar algunos consejos para manipular la opinión pública: “Se debe usar el humor para desacreditar o marginar a nuestros adversarios”. Como sabemos que el humor ya casi no existe en las redes sociales, a lo que seguramente se refería el nuevo Bernays era a la ridiculización del adversario. “Algunos dicen que somos helicópteros negros… En parte tienen razón. Nuestro trabajo es atacar la capacidad de operación de nuestros adversarios”, reconoció Berman.
La libertad de presión se llama libertad de expresión y no incluye el derecho a saber.
La libertad de presión se llama libertad de expresión y no incluye el derecho a saber.
