30 jun 2015

CHANTAJE POLITICO DE LA TROIKA

 ENFRENTADO AL VENCIMIENTO CON EL FMI Y A LAS PRESIONES EUROPEAS, TSIPRAS MANTIENE EL DESAFIO GRIEGO

“No creo que nos quieran sacar del euro”

En las puertas del default, los dirigentes de la Unión Europea se cruzaron con el primer ministro Alexis Tsipras. Amenazan con el infierno a los griegos si votan contra el ajuste en el referéndum del domingo. Tsipras asegura que el No permitirá negociar.
 Por Eduardo Febbro

Página/12 En Francia

Desde París

Un montón de gatos peleando adentro de un corralito, acusándose amenazadoramente, recurriendo a expresiones poco virtuosas o a chantajes políticos dignos de matones, los dirigentes de la Unión Europea (UE) dieron un espectáculo calamitoso cuando se trató de enfrentar el coletazo de la crisis griega. La famosa y alabada cultura del consenso voló en mil pedazos. Hasta quienes no tienen ni el más lejano atisbo de legitimidad hicieron de Grecia un blanco de dardos envenenados. Ese fue el caso del actual presidente de la Comisión Europea, el ex primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Juncker, supremo comandante de los paraísos fiscales y artífice de unos de los mayores montajes financieros para vaciar la plataforma fiscal de sus socios europeos. En una conferencia de prensa respaldada por una escenografía patética, la imagen de las banderas de la Unión Europea y de Grecia, Juncker dijo que, después de todos los esfuerzos que hizo, se sentía “traicionado”. Juncker lamentó que “el aliento de compromiso haya sido roto de forma unilateral con la voluntad griega de organizar un referéndum”. Visiblemente, los dirigentes del bloque de países democráticos más importante del planeta le tienen miedo al ejercicio democrático. Como si hubiese un lazo indestructible entre el ajuste y la pertenencia a la UE, el presidente de la Comisión dijo incluso que “un No en el referéndum, sea cual fuere la pregunta, significaría que Grecia le dice no a Europa. Todos considerarán que eso significa que Grecia quiere apartarse del euro”. Así que los electores griegos ya lo saben: si desean formar parte de la UE y del euro, tienen que decir Sí a nuevos recortes, más ajustes, más hambre y más precariedad.
El primer ministro griego desdramatizó anoche ese abismo retórico cavado por sus socios europeos. Alexis Tsipras dijo: “No creo que nos quieran sacar de la Eurozona, el coste de la salida de un país europeo sería enorme”. Este martes 30 de junio el default está a las puertas de Grecia. Se vence el plazo para que Atenas pague al Fondo Monetario Internacional 1600 millones de euros. El tema, urgente, desapareció por un momento de la agenda. Los actores políticos e institucionales no hicieron más que acusarse los unos a los otros y chantajear a los griegos sin que nada desbloquee la situación. Sobre el pago de esa deuda, Alexis Tsipras dijo que se “pagará si para entonces logramos un acuerdo viable, mi teléfono está siempre encendido”. El ministro alemán de Finanzas dejó entrever que Grecia no efectuaría ese reembolso. Una nube de incertidumbre. Tal vez los europeos estén apostando a que, con la victoria del Sí, Tsipras renuncie y sacarse así de encima lo que el Eurogrupo considera como una anomalía: un rebelde que sigue al pie de la letra sus promesas electorales y que desafía a un club de obedientes falsificadores de las voluntades populares. El jefe de gobierno, en todo caso, entreabrió la puerta a una renuncia: “Respetaremos el resultado del referéndum cualquiera sea, pero no los llevaremos a cabo si gana el Sí (..) no seré primer ministro toda la vida, ocuparé este puesto mientras la gente quiera”. Igualmente dejó claro que cree que triunfará el No y que eso servirá “para reforzar la posición del gobierno griego en las negociaciones”.
Los eurodirigentes dejaron en manos de Juncker la tarea de presentarse como el escudero del gran rey, sin que, en sus respectivas posiciones, ninguno variara el contenido final del mensaje, muy bien ilustrado con las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien afirmó que si gana el No en el referéndum “habrá incluso menos espacio para las negociaciones”. Esa ha sido la “narrativa” elaborada por los presidentes, jefes de gobierno o ministros de Economía de la Zona Euro: asustar a los griegos con una exclusión. La canciller de Alemania, Angela Merkel, remitió todo el peso de la crisis al gobierno griego. Para Merkel, Tsipras detenta la entera responsabilidad de salir de la crisis y fue él quien se encerró en un camino sin salida tras rechazar la “generosa oferta” que le hicieron las instituciones europeas. La responsabilidad alemana en este revuelo es aplastante y recae, sobre todo, en el ministro de Economía, Wolfgang Schäuble. Como lo revela la prensa europea, fue él quien, en las reuniones del Eurogrupo, impuso su línea: “La credibilidad de la Zona Euro” es más decisiva que “su integridad”. Por consiguiente, griegos afuera, sobre todo Alexis Tsipras, un cuerpo por demás extraño dentro de ese grupo unido por una biblia financiera pero sin ningún proyecto político común. Más moderado que JeanClaude Juncker, el presidente François Hollande, proyectó a su país como un posible mediador en todo momento: “Francia –dijo Hollande– está siempre disponible” para que “el diálogo pueda recomenzar”.
Sin embargo, la oferta está atada a una severa condición: “Todo dependerá de la respuesta que los griegos den al referéndum que se les propone”. En lo concreto, si los griegos dicen No resultará imposible volver a la mesa de negociaciones. Con otras palabras, con una retórica envuelta como un caramelo, Hollande dice lo mismo que sus socios. El presidente francés argumenta que no se trata de saber si el Sí le gana al No, o viceversa, en el referéndum, sino de saber si “los griegos quieren permanecer en la Zona Euro” o si “corren el riesgo de salir”. Al igual que los demás jefe de Estado o de gobierno de la UE, el presidente francés cargó la culpa sobre los hombros de Tsipras. La lógica de Hollande es la siguiente: la convocatoria a un referéndum es “una elección soberana”, pero cuando optó por organizarlo fue el gobierno griego quien decidió “interrumpir las negociaciones en curso”. No puede quedar más claro: el sistema financiero vota por el Sí y los griegos deben hacer lo mismo si no desean perder su lugar en el seno de la Unión Europea. No existe ninguna posibilidad. El europaraíso o el infierno de la exclusión. Sí a la negociación, pero sólo en los términos que la UE plantea. La democracia se acaba cuando las bolsas tiemblan. Las de Europa conocieron una jornada hacia abajo: Madrid, París, Londres, Frankfurt o Milán cerraron con pérdidas que oscilan entre el 3 y el 5 por ciento.
En contra de la euronarrativa, el jefe del gobierno griego, partidario del “No”, dijo que la negativa le daría al país más fuerza: “Cuanto más grande sea la participación y la opción del No, más fuerte será nuestra posición en la negociación”. El objetivo de Tsipras y Syriza es totalmente opuesto al de la Europa financiera: para el conjunto del eurogrupo (países de la zona euro) el “No” en el referéndum es el fin de toda posibilidad de negociación. Para Tsipras, es todo lo contrario. “Tengo la sensación –dijo– de que la línea de las instituciones es asustar, no quieren el No en el referéndum. Y nuestra línea es que la votación suponga la continuación de la negociación con más fuerza para nosotros sin cargar más a los pobres.” Tsipras respondió a sus amenazantes amigos con una escenografía muy oportuna: anoche dio una entrevista en la televisión pública ERT. Todo un símbolo. La ERT había sido cerrada hace dos años en virtud de un plan de compresión de gastos adoptado por el gobierno neo conservador del primer ministro Antónis Samarás. El Ejecutivo de Tsipras volvió a abrir el canal hace un par de semanas y la respuesta del dirigente griego salió de esas antenas. El responsable del Ejecutivo explicó también los resortes del fracaso. Según explicó, “las instituciones (FMI, Banco Central Europeo, Comisión Europea) presentaron al Gobierno una propuesta del tipo todo o nada, y un plazo de 48 horas para aceptarla. Ese ultimátum no coincide con los valores de la UE”. No se le puede negar a este representante de una nueva corriente política una capacidad de respuesta fulminante. El primer ministro alegó que “las dificultades no son decisión nuestra, sino que se deben a que algunos quieren impedirle a un pueblo que decida”.
Las escasas palabras reconfortantes que recibió el pueblo griego vinieron de Estados Unidos. Dos premios Nobel de Economía, uno en una entrevista publicada por el Time y el otro en su crónica de The New York Times, respectivamente Joseph Stiglitz y Paul Krugman, calificaron a los europeos de “irresponsables”. Stiglitz considera que los acreedores de Grecia tienen “una responsabilidad criminal en el caos actual” mientras Krugman aconseja a los griegos que voten No en el referéndum del próximo domingo. Paul Krugman escribe: “La troika está exigiendo que el régimen político de los últimos cinco años continúe indefinidamente. ¿Dónde está la esperanza? Las implicaciones políticas de un voto positivo serían muy inquietantes”. La síntesis de esta puja que ahora afecta a uno de los pulmones del sistema mundial es de un irrevocable cinismo. De paso por París, el ex embajador argentino en Francia, Archibaldo Lanús, la expuso así: “Cuando un país no puede pagar, a eso se le llama default. Luego se obliga a ese mismo país a llevar a cabo una política de ajustes. Cuando un banco quiebra, a eso se le llama una crisis sistémica. Luego, a ese mismo banco, se le prestan cientos de millones de euros que pagan los contribuyentes”.
No hay lógica, piedad humana o responsabilidad colectiva que rompa la coalición financiera alineada con el ajuste y contra voto popular. Sus prerrogativas bancarias no soportan que la cuna de la democracia las ponga en tela de juicio. Democracia liberal o nada. La idea de “compatriotas europeos” de Grecia no existe. Un puñado de democracias occidentales prefiere ver afuera a uno de los suyos antes que disgustar al FMI o los bancos.

LA CORTE ESTADOUNIDENSE APROBO UNA POLEMICA INYECCION LETAL

PENA DE MUERTE COMO "SOLUCION"

Un fallo para la prehistoria

El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró constitucional la aplicación de midazolam como sedante previo a la ejecución. La droga desató la polémica porque tuvo fallas en al menos un caso anterior. El fallo fue dividido.
Las ejecuciones en las que se siente dolor fueron comparadas con métodos bárbaros como el de la hoguera.

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló el uso de inyecciones letales con midazolam, un controvertido sedante que supuestamente deja insconsciente al condenado a muerte, pero que en tres ejecuciones recientes provocó un sufrimiento prolongado a los presos antes de morir. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces del Tribunal Supremo estadounidense consideraron que el sedante midazolam puede ser utilizado en ejecuciones sin que esto suponga una violación de la prohibición constitucional de aplicar “castigos crueles o inusuales”.
El sedante había sido utilizado en 2014 en ejecuciones en Arizona, Ohio y Oklahoma. Cuatro presos condenados a muerte en Oklahoma habían presentado una demanda contra el uso de ese sedante, después de que en abril de 2014 el condenado Clayton Lockett tardara más de 43 minutos en morir.
Lockett se despertó durante la ejecución y comenzó a moverse y hablar después de que un médico tuviera dificultades para insertarle una aguja para administrar las otras dos drogas que le causaron la muerte.
Los abogados de los condenados argumentaron que hubo otras ejecuciones fallidas con la misma droga en Ohio y Arizona. Estas ejecuciones renovaron el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, permitida en 31 de los 50 estados. La pena de muerte está abolida en 19 estados y el Distrito de Columbia.
Los defensores de los tres condenados a la pena de muerte –Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole– compararon las ejecuciones en las que se siente dolor con métodos bárbaros como ser quemado en una hoguera.
Charles Warner, el cuarto preso que había presentado la demanda, fue ejecutado en enero en Oklahoma, una semana antes de que el Tribunal Supremo suspendiera temporalmente las ejecuciones en ese estado hasta revisar la legalidad de uso de midazolam en las inyecciones letales.
Los defensores del método de ejecución, como el estado de Oklahoma, sostienen que el midazolam deja inconscientes a los presos e incapaces de sentir dolor, y consideran que este caso no era más que un ataque contra la pena de muerte en sí.
El Tribunal Supremo sostuvo que los demandantes no lograron probar que este sedante plantea un mayor riesgo considerable de dolor comparado con otras drogas utilizadas con el mismo propósito en las ejecuciones.
El juez Samuel Alito recordó que se utilizó midazolam en otras doce ejecuciones sin problemas. El fallo demostró que la Corte se encuentra dividida sobre la constitucionalidad de la pena de muerte.
La jueza Sonia Sotomayor se mostró en contra de utilizar esta droga en las ejecuciones, ya que “deja a los demandantes expuestos a lo que podría ser el equivalente químico a ser quemado en la hoguera”. Y el juez Stephen Breyer dijo que es hora de que el Tribunal debata si la pena de muerte es constitucional o no.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo dio luz verde a que se ejecute a los tres presos que presentaron la demanda.
El midazolam, una benzodiazepina, fue utilizado por primera vez en una ejecución en Oklahoma el año pasado después de que se volviera difícil conseguir otras dos drogas usadas para sedar debido a un embargo por parte de la Unión Europea (UE) y que otras empresas farmacéuticas se negaran a suministrar otras drogas para las ejecuciones.
Estados Unidos es actualmente el único país del continente americano donde se llevan a cabo ejecuciones, aunque en varios estados de la región están previstas en sus legislaciones.

Si torturan “los buenos” no es tortura


CCS
Ha sido unánime la conmoción por las imágenes de hombres sumergidos en el agua en una jaula para morir ahogados, otro grupo de rodillas amarrados con un cable explosivo que les reventará las cabezas y los cuerpos, imágenes de jóvenes mutilados que bien podrían no tener la mayoría de edad. Estas torturas, tratos degradantes y asesinatos se le atribuyen al autodenominado Estado Islámico.

26.06.2015
MONTEVIDEO (Uypress/Carlos Miguélez Monroy*) 


Cambio de escenario: imágenes de encapuchados vestidos de naranja que sufren simulaciones de ahogamiento, que son encerrados en habitaciones donde no ven un rayo de luz en días o, por lo contrario, tienen una luz blanca las 24 horas durante días y semanas, o que tienen que soportar música estridente a volúmenes enloquecedores. Todos estos presos fueron capturados en la llamada "guerra contra el terrorismo" y no pudieron defenderse ante ningún tribunal. Entre ellos hay ancianos y personas con enfermedad mental.

Los defensores de los derechos humanos rechazan esta tortura de años como cualquier otra que se produzca en el mundo, sin importar el perpetrador. Pero algunos gobiernos, con su conducta, parecen justificar Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram y tantas otras cárceles y centros de detención donde se ha torturado a miles de supuestos terroristas que no han tenido un juicio. Algunos salieron de su casa una mañana y dejaron atrás una familia que no conoce su paradero y que no sabe si aún respira.

Todo apunta a que Barack Obama terminará su mandato sin cerrar la cárcel de Guantánamo, una de sus promesas estrella antes de asumir la presidencia de Estados Unidos. Sobre él se proyectan muchas otras sombras, como desvela el informe de un Comité del Senado sobre distintos casos de tortura que implican a la CIA y a otros servicios secretos de Estados Unidos. El gobierno de Bush las puso en marcha, pero se mantuvieron durante los años que lleva su sucesor en el poder. A esto se suma el cuestionamiento de la versión oficial sobre el asesinato de Osama bin Laden que ha publicado Seymour Hersh, el mismo periodista que destapó la masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam.

Los defensores de tales métodos por considerarlos un instrumento legítimo para extraer información y salvar vidas del "mundo libre" se quedan con cada vez menos argumentos. El caos político, económico y social en Irak, en Afganistán y en otros lugares donde se ha librado la supuesta guerra contra el terror permite cuestionar dicha eficacia.

En muchos debates sobre la tortura se ha utilizado a Chile como ejemplo. El gobierno de Pinochet había torturado, pero luego en los ’80 y ’90 su país vivió un supuesto auge económico al que se le llegó a llamar "el milagro chileno". No importaba que su vecino, con más de diez veces el número de torturados y desaparecidos, tuviera una deriva opuesta con los años de corralito y de deterioro económico y social. En México, cuerpos policiales y del ejército torturan para extraer confesiones falsas, como lo confirma desde hace tiempo Juan E. Méndez, Relator de Naciones Unidas sobre la Tortura. Pero hay parte de la sociedad mexicana que considera que la mano dura forma parte de una estrategia para acabar con la lacra del crimen organizado.

Ahora imaginemos que todos los países mencionados hubieran vivido o vivieran ahora una situación de bienestar y de estabilidad. ¿Quedaría justificada la tortura, incluso en casos donde las personas torturadas fueran inocentes? El peligro de recurrir a los resultados radica en una deriva donde la tortura se justifique en función de quién defiende el bien común, de quién tiene legitimidad para torturar; donde torturar en determinados casos esté justificado desde una perspectiva ética y moral.

La prohibición de la tortura como principio aceptado en derecho internacional, de forma consuetudinaria, y también por medio de tratados y acuerdos, parte de la convicción de que no se puede aceptar la tortura bajo ninguna circunstancia; nadie tiene legitimidad de infligir sufrimiento ni de consentirlo en su territorio por muy loable que sea su fin: imponer un modelo de crecimiento económico, ahuyentar el comunismo, acabar con el terrorismo o luchar contra los cárteles de la droga. Para eso hay leyes y personas que las hagan cumplir.

(*) Periodista y editor en el Centro de Colaboraciones Solidarias

MIENTRAS TANTO...

“El cerco del Comando Sur: datos sobre las bases gringas en América Latina”. Artículo publicado en el sitio venezolano Misión Verdad, que analiza el avance de las bases militares estadounidenses en la región y la presión que ejercen las mismas a Venezuela


En ese momento se puso en evidencia el funcionamiento operativo de la red de bases estadounidenses, coincidiendo con una serie de cambios tácticos y de estrategia del Pentágono a nivel mundial, como se vio en Siria donde privilegió la guerra a distancia en vez de una invasión, lo cual debe ser analizado para entender el contexto de asedio de espectro completo actual contra Venezuela, descrita por la doctrina militar estadounidense como parte del “Arco de Inestabilidad” a nivel mundial.
Nuevo enfoque
Es importante empezar por la base de Manta ya que es un símbolo de las modificaciones en la estrategia de la doctrina operativa del ejército norteamericano a nivel mundial, donde se privilegian bases pequeñas con poca cantidad de efectivos y la suficiente infraestructura para recibir un importante despliegue aéreo, marítimo y de infantería, de ser necesario, de acuerdo al documento “Estrategia Nacional para una Nueva Era”, firmado durante la Administración de Bill Clinton.
Esto formalmente comienza cuando caduca el acuerdo militar con Panamá gracias al acuerdo Torrijos-Carter en el que se establecieron plazos para que Washington traspase el control del Canal de Panamá. El Pentágono, en consecuencia, tuvo que reordenar sus bases en Florida (Estados Unidos), Soto Cano (Honduras), Puerto Rico, Comalapa (El Salvador), Reina Beatriz, (Aruba), Hato Rey (Curazao) y Manta (Ecuador), donde se pone en marcha lo que se conoce como el establecimiento de Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) para que tengan un pequeño número de militares, una desconocida cantidad de contratistas, una continua actividad de inteligencia vía monitoreo, rastreo satelital, patrullaje; activas para despliegues rápidos si es necesaria una intervención directa en el lugar de la base u otros sitios cercanos o distantes, como hubiese sido utilizada la base de Palanquero (Colombia), para enviar grandes aviones hacia parte de África en caso de una eventualidad.
Bajo la “lucha contra el narcotráfico” es que se vendió la permanencia y aumento de la presencia militar estadounidense con el desembarco de la IV Flota y la formación de miembros del aparato de seguridad de otros países, una clásica forma de intervención de Washington. Así fue cómo se continuó con la ampliación de su influencia y control en las áreas estratégicas sobre los recursos naturales de América Latina, como el Amazonas, la Faja del Orinoco y el Acuífero Guaraní, entre otras.
Para esto hay un sistema de bases militares o convenios de cooperación que se basa en privilegiar pequeños sitios, delegar la adjudicación a contratistas para vincularse después y tapar los rastros que vinculen al Pentágono en estas relaciones que supuestamente son para luchar contra el narco o tareas humanitarias, de acuerdo al libro Territorios vigilados de la investigadora argentina Telma Luzzani. Así, a las bases convencionales como las conocemos (gran número de militares, equipamiento, aviones, buques, entre otras condiciones ya conocidas), se le suman las FOL.
Despliegue y guerra irregular
Y estas más de 80 bases operan desde México hasta Chile, pasando por Paraguay en Mariscal Estigarribia, donde está la mayor pista de aterrizaje de América Latina, y Chile con Fuerte Aguayo, sólo por nombrar algunos de los sitios que se conocen entre la maraña de desinformación, donde, por ejemplo, se intenta ocultar que Perú y Colombia son paradas de aprovisionamiento de la IV Flota, y se envía 250 marines a Honduras de las Fuerzas de Tareas Especiales para “luchar contra el narcotráfico, tareas humanitarias y formar a otras fuerzas”.
Este despliegue en Honduras es parte del reenfoque de la Administración Obama, en el cual se privilegia el uso de intervenciones encubiertas en vez de las directas, luego de que se comprobara que Estados Unidos ya no puede predominar en escenarios de invasión, como sucedió en Irak y Afganistán. De acuerdo al analista militar cubano David Ignacio Martín, los últimos documentos militares y las declaraciones de altos rangos militares estadounidenses destacanla Guerra No Convencional, o irregular, como la doctrina predominante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que para fines prácticos comenzó a ser publicada justo antes que iniciaran las “primaveras árabes” y se dieran los escenarios libios y sirios.
En este sentido, el desembarco en Honduras apunta a fortalecer el papel del Comando de Operaciones Especiales, que durante la Administración de Obama pasó de operar en 60 países a 150 con los múltiples objetivos de asesinar, secuestrar, realizar supuestas “misiones humanitarias” y formar a ejércitos de otros países (o fuerzas irregulares destinadas a iniciar movimientos armados contra los gobiernos enemigos) para que sustituyan a Estados Unidos en el campo de batalla, tal como lo explica una norma secreta firmada por el ex jefe del Pentágono, luego de la CIA y finalmente destituido por un escándalo de faldas y correos electrónicos, el general David Petraeus.
El uso y despliegue de fuerzas de operaciones especiales y la utilización de Centros de Operaciones Avanzadas (FOL) se enlaza con otros ingredientes pregonados por la Administración Obama, en la que se hace énfasis seis puntos: operaciones de las fuerzas especiales, aviones no tripulados, espías, socios civiles, guerra cibernética y combatientes subrogados (ejércitos irregulares que, en el caso venezolano, pueden ser identificados con el paramilitarismo, en el caso ucraniano con el movimiento nazi, y en el mundo árabe-musulmán con el Estado Islámico, Al Qaeda y diversos grupos yihadistas implicados en Libia y Siria, por ejemplo).
Toda esta nueva doctrina, en la que también funcionan las contratistas militares (mercenarios), es conocida en la actualidad como la guerra híbrida, posmoderna o líquida, en la que campañas de comunicación 2.0 se combinan con cyberterrorismo, manifestación de calles de “los socios civiles” (ONGs, políticos, estudiantes, periodistas, académicos, entre otros) financiados por Washington a través de la Usaid, la NED o Freedom House y acciones encubiertas de agentes especiales, privados o combatientes subrogados para en primer lugar intentar quebrar el frente interno vía “revoluciones de colores”, o llevar progresivamente al “enemigo o adversario” a un escenario de guerra civil en la que los costos no sean altos en intervención y todo el peso político, social y económico caiga en las espaldas del país atacado.
Bajo esta lógica es que funciona el Comando del Sur, y este es el tipo de función que cumplen sus bases.
El cerco a Venezuela    
La guerra irregular se escenifica aquí desde el terreno de las comunicaciones y medios digitales, los espías (cuyo punto más visible fue la detención del agente de la CIA, Thimoty Tracy), la guerra cibernética (escenificada a gran escala con el hackeo al CNE el 14 de abril de 2013 y las denuncias del presidente de Conatel, William Castillo), los socios civiles financiados por Washington y los combatientes subrogados, que andan vestidos de paramilitares luego de haber sido formados en Colombia para la guerra sucia.
Estos no sólo asumen tareas militares, como los paramilitares, sino que también apuntan a respaldar el ataque a la moneda, el bolívar, y la economía venezolana con teorías, rumores, matrices de opinión y denuncias falsas, acordes a la guerra económica emprendida por el gran capital financiero y el eje Madrid-Miami-Bogotá.
También hay indicios de que existirían contratistas militares como Dyncorp involucrados en planes golpistas, como sucedió con el alquiler del avión Tucano destinado a bombardear  Miraflores, así como monitoreo satelital y de comunicaciones sobre Venezuela bajo el modelo denunciado por Edward Snowden, entre otros hechos comprobables donde se pone en funcionamiento la estructura de las bases militares en la región bajo una perspectiva global.
Con base a esto, se presta apoyo logístico y de “ideas”, además de acciones tácticas, a los grupos destinados a sabotear la economía, la infraestructura y los servicios, como se ve en la constante guarimba eléctrica, los ataques cibérneticos al sistema alimentario armado por el Estado venezolano y los saboteos contra la estatal Pdvsa, por nombrar los casos más evidentes.
Por citar una eventualidad: hoy en día, esta estructura militar estadounidense permitiría montar una Sala de Operaciones Especiales (la que en términos de operaciones psicólogicas ya existe) para planificar y ser los ojos de las acciones militares en el terreno de un ejército irregular que inicie una guerra en Venezuela.
Este es el modelo de guerra no convencional aplicado en Siria para apoyar a los yihadistas islámicos y que toma puntos operativos alrededor del país, como Turquía, Jordania e Israel, donde existe presencia militar estadounidense. Por caso, esto mismo podría ser replicado tanto en Colombia, como en Aruba, Curazao, Panamá, Honduras o Perú.
Lo paradójico es que, al igual que en 2002, Estados Unidos desembarca más de 3 mil militares y un portaviones nuclear en Perú (el país que sustituyó el papel de Manta en Ecuador) en el mismo momento que declara a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para su “seguridad nacional”, y en paralelo la Exxon Mobile (Rockefeller) intenta crear un escenario de conflicto con Guyana, que acaba de participar en un ejercicio militar conjunto con el Comando Sur.
Esta orden ejecutiva, en términos militares, formaliza implícitamente la activación de toda su mecánica de poder blando y duro, y sus más de 80 bases militares en la región tienen su papel a cumplir, si se tiene en cuenta que éste es sólo un paso formal enmarcado en la “Doctrina de Guerra Irregular de la Armada de Estados Unidos”, donde se califica a Venezuela como uno de los “campos de batalla”.
Las evidencias hablan por sí solas:

PUERTO RICO: La Grecia latina

El país no puede afrontar la deuda con EEUU y Gobernador convoca a reunión con la oposición

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A dos días para que culmine el año fiscal, el gobernador Alejandro García Padilla citó a legisladores y alcaldes de ambos partidos para una reunión en el día de hoy en el Centro de Convenciones en la que se prevé que les ofrezca un mensaje sobre la difícil situación económica que atraviesa el país.
El encuentro, citado para la 1:30 p.m. en el Centro de Convenciones de Miramar, en San Juan, será el preludio a la esperada publicación de un informe de sostenibilidad y ajuste fiscal que realizó un grupo de execonomistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó hoy la portavoz de la minoría penepé en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.
“En los pasados meses, en ningún momento el gobernador se ha acercado a los legisladores de la minoría penepé, que representamos el 52% de la población del país, para consultar, para que podamos opinar y llegar a consensos sobre las soluciones para la situación económica del país. Ahora nos convoca cuando ya no queda tiempo para dialogar ni para poder negociar en conjunto. Estaremos ahí, pero me parece que es triste que nos convoquen solo para una reunión para notificar”, expresó González.
Fuentes de este diario allegadas al Ejecutivo confirmaron la reunión en el Centro de Convenciones previo a las expresiones de González.
La representante adelantó además que la reunión será antes que el primer ejecutivo ofrezca un mensaje televisivo al País a las 5:00 p.m.
El encuentro se dará a inicios de lo que se espera sea una semana complicada para las finanzas del País. Al momento, la Legislatura aún discute lo que se supone sea el presupuesto para el próximo año fiscal, que inicia el miércoles, 1 de julio. Con el cierre del año fiscal, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que enfrenta problemas de liquidez, tendrá que pagar unos $655 millones para cumplir con el pago de la deuda de las obligaciones generales.
Asimismo, el miércoles entra el vigor el aumento al Impuesto de Ventas y Usos (IVU), el cual subirá de 7% a 11.5%.
En una conferencia de prensa en la mañana, González criticó que el Gobierno haya contratado un grupo de expertos que se especializa en economías de países soberanos para evaluar la situación puertorriqueña, dejando a un lado a expertos de entidades estadounidenses que conocen las particularidades del sistema federado de Estados Unidos.
Aunque no ha tenido acceso al documento, la representante indicó que se prevé que el informe recomendará que se deje de pagar parte de la deuda pública a partir de julio, lo que aseguró es una violación a la Constitución del Estado Libre Asociado.
“Si para enmendar la Constitución se requiere un amplio consenso de 2/3 partes de la legislatura y una mayoría del pueblo, ¿acaso el Gobernador no reconoce que para algo tanto más importante como es autorizar el primer impago en la historia debe consultar y lograr un consenso multipartidista amplio? Y que eso no lo subsana con un evento mediático en el Centro de Convenciones mañana”, manifestó González.
Alcaldes penepés no asistirán
En un comunicado de prensa enviado en la tarde de hoy, el presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill, anunció que los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) no asistirán al encuentro ya que el mandatario no les concedió reuniones cuando las solicitaron anteriormente.
“El gobernador, ni en la Fortaleza, nos dieron el foro solicitado para tener la oportunidad de presentar nuestras propuestas para aumentar la captación del IVU, para explicar las deficiencias del Departamento de Hacienda en el cobro del IVU, para exponer nuestras recomendaciones sobre las medidas que entendíamos aliviarían la carga del contribuyente e incrementarían los recaudos del gobierno”, señaló el alcalde de Guaynabo.
O’Neill señaló que los alcaldes federados “no se prestarán para formar parte de un espectáculo”.

Hora cero

Con el informe de la economista Anne Krueger, las finanzas del ELA quedaron completamente desnudas, así como la administración de Alejandro García Padilla, por lo que se proponen medidas que incluirían despidos y eliminación de beneficios a la clase trabajadora
Lo que desde hacía mucho tiempo se había vaticinado, anoche pareció confirmarse.
La posibilidad de que Puerto Rico pudiera entrar en un impago de sus responsabilidades económicas bien podría ser confirmado esta tarde por el gobierno.
Con el informe de la economista Anne Krueger, las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA) quedaron completamente desnudas, así como la administración de Alejandro García Padilla, por lo que se proponen medidas inimaginables y tan severas como la consideración de que se reduzca el salario mínimo federal, se recorte en términos reales la plantilla de empleados y se reestructure la deuda. Esta última recomendación incluye los bonos de las obligaciones generales (GO´s), considerados hasta ahora los más sagrados y protegidos con la constitución del ELA.
Un Puerto Rico distinto es que el que propone el informe de 26 páginas de la reputada economista y sus socios Ranjit S. Teja y Andrew Wolfe, todos ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual será presentado hoy por el gobernador García Padilla y la mencionada economista.
Tras presentar un cuadro fiscal desolador donde las opciones de recuperación no parecen abundantes, se proponen amplios recortes para reducir el gasto y sanear las finanzas del gobierno, acompañado de la reestructuración de la deuda pública, lo cual implica renegociar los acuerdos por obligaciones que sean menores porque el país no tiene para pagar.
Al mismo tiempo reconoce esto como un gran reto que implicará reclamaciones de los acreedores que le han prestado al ELA y sus corporaciones públicas $73,000 millones.
En el lado de gastos, entre las recomendaciones está recortar la nómina de maestros en el Departamento de Educación porque tiene 40% menos de estudiantes y un 10% más de maestros, y eliminar plazas podría economizarle hasta $400 millones para el 2020. En el lado de la salud, al recortar beneficios se economizaría otros $150 millones.
La Universidad de Puerto Rico es otro lugar donde producir amplios recortes en los subsidios y allegarse $500 millones más, mientras una renovación de la relativamente nueva ley 66 de sostenibilidad fiscal, atada al gasto de las agencias públicas, igual podrían significar ahorros de hasta $1,000 millones para el 2020.
Mientras tanto, en el aspecto contributivo establece que el aumento en el impuesto al consumo, el cual entra en vigor este miércoles, deberá allegarle unos $1,000 millones al gobierno.
En el lado de las corporaciones que ahora pagan un 4%, propone que sea revisado con una tasa de entre 10% a 15%, para un rendimiento inicial de $250 millones al 2017. Y respecto al impuesto sobre la propiedad, deberá revisarse para atraer otros $100 millones.
Contrario al discurso de presupuesto balanceado defendido una y otra vez por el gobierno, Krueger da cuenta de un déficit en las finanzas públicas proyectadas para 2016, que alcanza los $3,669 millones. Señala que más allá de la deuda, el problema grave es el déficit, apoyado por un problema estructural y la falta de ingresos. Queda implícito una tradición de políticas económicas incorrectas, aunque hace la aclaración de que este gobierno -que la contrató- ha tomado medidas contundentes para enderezar la economía, pero no lo ha podido lograr.
Krueger es más directa y anticipa que sin las medidas significativamente fuertes, es muy difícil que se puedan propiciar cambios y reducir el déficit, sobre todo ante una deuda a todas luces impagable. Para el 2018, el déficit proyectado será de $5,899 millones y para el 2015 de $8,209 millones si no se hace lo que propone.
Fundamental es el plan financiero a cinco años, que será lo que le asegure al ELA ganar credibilidad tras una década de recesión económica donde todos los valores económicos de la Isla han estado en declive, como el alto desempleo, la pérdida de riquezas, la caída en el valor de las acciones, la migración que desalienta el consumo y el colapso en la valorización de la propiedad, entre otros.
Krueger y su equipo sostienen que la legislatura debe afianzar leyes para que haya un plan fiscal concreto, dar alta prioridad a la transparencia, sobre todo en la información que produce el gobierno y en las estadísticas, elementos que entienden son ¨urgentes¨ para recuperar la confianza de los mercados de inversión.
Reforzar y dar recursos a los que producen estadísticas es vital y ¨no es un lujo¨, indica de manera preponderante en el informe.
De acuerdo con el informe sería fundamental que Puerto Rico se incluyera en el Capítulo 9 de la ley de quiebras de Estados Unidos, como un mecanismo para poder reorganizar su deuda de manera más eficaz. Esto es algo que comenzó a trabajar el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, pero aún no hay indicios de que pueda lograrse.
Al hablar de reducir el salario mínimo federal en la Isla, que actualmente es de $7.25 por hora, Krueger destaca que el mismo resulta negativo en términos de competitividad para Puerto Rico, en áreas como el turismo, si se compara con otras islas en la región.
Al describir que la situación de Puerto Rico es ¨insostenible¨, abunda que los altos costos energéticos, las amplias leyes laborales (como el pago de vacaciones, por enfermedad y licencias especiales, entre otras), así como las políticas de bienestar social, no ayudan a la competitividad de la Isla.
Otro factor es el alto costo de transportación, por lo cual sería beneficioso la exclusión de la Ley Jones.
Con la divulgación de este informe y la recomendación de que la deuda del ELA debe reestructurarse ante la imposibilidad de pagarla a los términos originales, está claro que muy pronto llegarán los pronunciamientos de las casas acreditadoras y ya se da por contado que el crédito de Puerto Rico volverá a degradarse y es probable que llegue al nivel más bajo en la categoría especulativa, que significa el impago de sus obligaciones.
Ya está claro que a partir de los próximos días el gobierno, el Banco Gubernamental de Fomento y demás corporaciones públicas, o avanzan en las reuniones ya iniciadas con acreedores o dejan de pagar ante el colapso financiero.

Las redes del crimen y soborno sacuden a Panamá

Por Marco A. Gandásegui

corrupcion





Cada día aparecen más casos de sobornos ligados a la corrupción de funcionarios públicos por empresas privadas especializadas en el manejo de proyectos de dudosos antecedentes.
Los más recientes son Odebrecht y Andrade – gigantes constructoras – de Brasil. Igualmente, la Distribuidora Metropolitana S.A. – Dimesa – de Honduras (vinculada a GENISA). Se puede sumar el caso de la ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo. En los dos primeros casos, sus presidentes fueron encausados y se encuentran bajo órdenes cautelares. Las tres empresas tienen fuertes vínculos con políticos panameños insertos en el engranaje gubernamental y también con altos funcionarios de gobiernos pasados.
Los casos de soborno de Brasil, según fuentes informativas, le causaron pérdidas por 2 mil millones de dólares a la empresa pública Petrobras. La mayor parte del dinero obtenido por los gigantes de la construcción brasileña Odebrecht y Andrade Gutiérrez, mediante diferentes actos de corrupción, era depositada en cuentas en otros países, entre los que sobresalen Panamá, Suiza y Mónaco.
Según los fiscales brasileños, “Odebrecht y Andrade Gutiérrez capitaneaban un esquema de cartel dentro de Petrobras”. Manejaban un sofisticado esquema de pagos ilegales a ex-directivos de Petrobras en países como Panamá. El fraude en la gigante petrolera “amañaba licitaciones para adjudicarse obras contratadas por la estatal entre 2004 y 2014”. Según fuentes informativas, “los sobornos pagados para obtener las concesiones fueron destinados a financiar partidos políticos y a engrosar fortunas personales. Entre los investigados se destacan dos gobernadores, 13 senadores y 22 diputados en funciones”.
Andrade opera en 40 países. A su vez, Odebrecht tiene oficinas en 21 países, facturó más de 40 mil millones de dólares en 2014y tiene una planilla con 181 mil empleados. (El gobierno panameño tiene una planilla con una cantidad similar de empleados). En la actualidad, Odebrecht construye un par de metros en las ciudades de Río de Janeiro y Panamá, respectivamente.
En Panamá, Odebrecht ha facturado cerca de 8.5 mil millones de dólares en poco más de cinco años. Llegó al país de la mano del presidente Martín Torrijos para construir la Cinta Costera de la capital y desde entonces ha ganado licitaciones en los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (quien cumple su primer año como presidente la próxima semana).
No se queda atrás otro amigo de los gobernantes panameños, el empresario Luis Shucri Kafie, de nacionalidad hondureña, quien se ha hecho renombre por su papel como líder de Generadoras del Istmo SA – GENISA – constructora de la represa de Barro Blanco realizada contra viento y marea. La represa -sobre el río Tabasará – afectará a la Comarca Ngobe Buglé. Es rechazada por el pueblo indígena y la opinión pública panameña.
Kafie perdió su libertad recientemente en Honduras al ser acusado de desfalco contra la Caja de Seguridad Social por 118 millones de dólares a través de DEMISA. Kafie es, también, ejecutivo de Luz y Fuerza de San Lorenzo (LUFUSSA). Kafie, además, es directivo de la generadora termal de La Chorrera en Panamá.
En estos momentos el gobierno del presidente Varela negocia con dirigentes del pueblo ngobe sobre el futuro de la represa de Barro Blanco. Los representantes indígenas rechazan categóricamente la hidroeléctrica en Barro Blanco. Alegan que pondrá en peligro la vida de muchas comunidades y la integridad de la comarca. Además, los voceros populares señalan que la construcción de la represa fue posible gracias a la intervención de la policía del ex-presidente Martinelli. En 2011 murieron tres indígenas en incidentes relacionados con las protestas contra el proyecto.
Varela no descarta la posibilidad de continuar el proyecto de Barro Blanco bajo la dirección de GENISA de Kafie. También baraja la opción de poner fin a esa concesión y entregarle el proyecto a una tercera empresa. El conflicto en Barro Blanco trasciende los sobornos del empresario hondureño y sus posibles socios en Panamá.
En la larga lista de casos de corrupción en Panamá, también se destaca Hidalgo & Hidalgo, empresa ecuatoriana que, junto con funcionarios del ex -mandatario Martinelli, confabularon para ganarse en 2012 un proyecto de riego en el distrito de Tonosí (provincia de Los Santos) por 155 millones de dólares que nunca despegó. En este caso hay dos empresarios ecuatorianos privados de libertad y varios funcionarios panameños con medidas cautelares. Entre los empresarios panameños se destacan el ex-vicepresidente Felipe Virzi (con una medida de casa por cárcel) y sus socios más allegados que se encuentran fuera del país.
*Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA

En marcha por los 42 años del golpe, piden renuncia del ministro de Defensa

URUGUAY

El aire pesado y húmedo, extraño para respirar a fines de junio, envolvió a cientos de personas que en la tarde del sábado marcharon desde el Hospital de Clínicas hasta la sede del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) bajo la consigna “Fuera Huidobro. ¡Queremos Justicia!”

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Convocó la Coordinadora Veintisietedejunio, que aunó a Plenaria Memoria y Justicia, el Frente de Participación Estudiantil, Asamblea Popular, el Partido Comunista Revolucionario, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), entre otras organizaciones sociales y manifestantes independientes, con la adhesión de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.
Decidieron movilizarse en el 42° aniversario del golpe de Estado en Uruguay, para recordar la resistencia al terrorismo de Estado mediante la Huelga General, exigir la renuncia del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y reclamar cambios “en el rumbo de las políticas de derechos humanos”.
“Estamos contra la impunidad de los más de 500 represores que siguen sueltos en nuestras calles, estamos contra la excarcelación de [José] Gavazzo y los privilegios de los que gozan los torturadores de la reclusión VIP. Estamos denunciando las obstaculizaciones (o la inoperancia) de las autoridades con respecto a las investigaciones y políticas de derechos humanos, donde el ministro de Defensa ha sido el principal responsable”, sostenía la convocatoria.
“Queremos rescatar el 27 de junio como un día de lucha; saber qué pasó y dónde están los compañeros desaparecidos, y hacer justicia con responsables militares y civiles”, puntualizó Claudio Álvarez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de ADES-Montevideo, a la diaria. Criticó que “muchos militares acusados de delitos de lesa humanidad sigan en funciones, o que sean ascendidos sin pasar por un proceso de investigación seria; que no se investiguen las denuncias que hacen las organizaciones de derechos humanos; y que se refuercen ‘fichajes’ de luchadores sociales por medio del programa de vigilancia El Guardián o mediante infiltraciones en movilizaciones docentes”, acciones que calificó como “continuidades del terrorismo de Estado”.
Como una trinchera
Frente al Hospital de Clínicas se recordó “la atención que recibieron muchos compañeros heridos durante la resistencia al golpe de Estado”. La marcha continuó por la avenida Garibaldi, al grito de “¡No queremos más fachos! ¡No queremos milicos!”, hasta el local de la Asociacion de Funcionarios del CASMU, en cuyo fondo funcionó un berretín, un “refugio solidario” donde se dio resguardo a militantes “sin preguntar su pertenencia política”. Los pasos lentos avanzaron hacia 8 de Octubre mientras la coordinación vociferaba desde el parlante que “la memoria histórica no desaparece: se hace desde la lucha”.
Siete policías con cascos y escudos, parados en el predio del MDN, observaban la movilización que finalizaba. Sobre la valla amarilla instalada delante de las rejas del lugar se colgaron más carteles con fotos de desaparecidos y trapos con leyendas dirigidas al ex presidente José Mujica (“Pepe: no hay pobres viejitos. Hay milicos asesinos”). En el asfalto, un grafiti sellaba: “Huidobro traidor. Retiren tropas mercenarias de Haití”.
Frente al MDN se emplaza el Liceo 8. La proclama recordó a Santiago Rodríguez Muela, estudiante de ese centro asesinado por una patota que el 11 de agosto de 1972 ingresó al local para interrumpir una asamblea. En la figura de este joven los manifestantes homenajearon “a todos los estudiantes que resistieron al despotismo y lucharon por un mundo mejor”. “Nuestros jóvenes siguen luchando. Hoy empuñan las armas de la solidaridad”, expresaron.

AFORTUNADO

BUENOS AIRES, ARGENTINA

MIL MILLONES DE PESOS DESDE 2008 HASTA HOY


El principal asesor de Macri no para de sumar contratos en la Ciudad
El empresario Nicolás Caputo acaba de adjudicarse una licitación por 400 millones para mantenimiento de hospitales porteños.

Por Emilia Delfino |


Nexo. Un ministro define a Caputo como “el jefe chico”, por su baja estatura. | Foto: Cedoc Perfil

Estar de los dos lados del mostrador sigue siendo una característica inevitable en los distintos gobiernos, sin importar ideologías o partidos políticos.Nicolás Caputo, alias “Nicki”, mejor amigo y consejero de cabecera de Mauricio Macri, es un ejemplo. Además de su influencia en la política sobre el jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial del PRO, Caputo no para de sumar negocios con el mismo gobierno al que asesora.
PERFIL pudo probar que durante sus dos mandatos, Macri le otorgó a su amigo contratos por casi $ 1.000 millones y que esos negocios vienen creciendo exponencialmente. Esta cifra consta en los registros presupuestarios de la Ciudad, y es sólo una parte de la facturación total de SES SA.

Caputo es un empresario reconocido de la obra pública en el país. Para hacer negocios con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, opera con su constructora Caputo SA. Pero en la ciudad de Buenos Aires ideó una forma de pasar un poco más inadvertido y consigue contratos con SES SA, de la que posee el 50% de las acciones.

Caputo no es sólo un amigo y consejero. Un ministro de la Ciudad tiene una frase para explicar la incidencia del empresario en el gobierno de Macri: “Tengo un jefe grande y un jefe chico”, en alusión a la altura del jefe de Gobierno y a la baja estatura de “Niki”.

SES SA es una constructora, pero acaba de renovar junto con varios de sus socios uno de los contratos más importantes del ámbito porteño: el mantenimiento y limpieza de los hospitales, un negocio denunciado por sobreprecios. El Ministerio de Salud de la Ciudad, que lidera Graciela Reybaud, le entregó a SES más de $ 414 millones por este servicio. Los pliegos tienen una característica particular: en las 36 licitaciones se presentaron las mismas nueve empresas. Son todas miembros de la misma cámara empresarial.

PERFIL recorrió durante el último mes y medio fuentes gremiales, oficiales y empresarias para lograr determinar cómo se distribuye este negocio en la Ciudad. SES SA resultó ser la segunda empresa más beneficiada en estas licitaciones de mantenimiento, obras y limpieza. En abril se llevó cinco licitaciones: el Ramos Mejía, el Dueñas, el Tornú, el Ameghino y el Moyano. Total: $ 414.452.992.

SES no es una empresa de limpieza sino una constructora. Sin embargo, dentro de esos $ 414 millones, la Ciudad le pagará $ 113,4 millones sólo por limpiar durante los próximos cuatro años tres hospitales porteños: el Dueñas, el Ramos Mejía y el Tornú. Lo mismo sucede con una obra emblema de la Ciudad. SES ganó la limpieza y mantenimiento de las estaciones del Metrobus de la 9 de Julio, junto a su socia Planobra SA, por más de 15,4 millones. Ninguna de las dos presta servicios de limpieza.

Desde hace años, SES es una de las dueñas de este negocio y subcontrata a la compañía Uadel SA para realizar la limpieza, confirmaron fuentes del ministerio y del Sindicato de Obreros de Maestranza. El gremio mantiene una pelea legal para conocer cuánto le paga la empresa de Caputo a Uadel por limpiar los hospitales en su nombre. El gremio ya confirmó las sospechas de sobreprecios en este servicio en al menos dos casos similares. Voceros del sindicato aseguraron que denunciaron ante la Justicia y el Gobierno de la Ciudad que las constructoras que ganan el servicio de limpieza luego subcontratan a otra compañía para realizarlo y pagan sólo entre el 50% y el 60% del valor que le cobran a la Ciudad. Oscar Rojas, secretario general del gremio, dijo a este medio: “Es una licitación manejada por estas empresas y el propio Caputo. Casi todas las compañías tienen relación directa o indirecta con este empresario, que parece un monje negro”.

SES ofertó muy por encima de lo que pretendía el Gobierno de la Ciudad. Su oferta es $ 41,3 millones más cara que lo que figura en los pliegos publicados en el Boletín Oficial. Ante la consulta de PERFIL, en el Ministerio de Salud porteño aseguraron que fue la oferta más barata y que los precios debieron actualizarse porque la licitación tardó un año. En la compañía dijeron a PERFIL que preferían no hacer declaraciones.

Un ascenso vertiginoso

Entre 2008 y 2013, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le pagó a SES SA, la empresa de su amigo y consejero Nicolás Caputo, casi $ 517 millones. Así consta en los registros contables del gobierno porteño a los que accedió PERFIL.
Entre 2006 y 2007, previo a la asunción de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, SES SA facturó $ 50 millones a la Ciudad. A partir de la llegada de su amigo, los contratos subieron año a año y en 2012 se duplicaron.
En 2011, el año en que Macri fue reelecto como jefe de Gobierno, SES SA pasó a facturar $ 77,6 millones. Al año siguiente, lo duplicó hasta llegar a casi $ 150 millones.
Las licitaciones que acaba de ganar la compañía de Caputo para el mantenimiento y limpieza de cinco hospitales porteños equivalen casi al mismo monto facturado a la Ciudad por todas las obras de la empresa entre 2008 y 2013. Es la primera vez que se informa esa cifra.
http://www.perfil.com/politica/El-principal-asesor-de-Macri-no-para-de-sumar-contratos-en-la-Ciudad-20150524-0045.html

"Cuaderno de cargos" para Grecia

HACIA EL DEFAULT GRIEGO

CAMBIOS EN PLANO FISCAL, PENSIONES, SISTEMA TRIBUTARIO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Una lista de las principales exigencias de los acreedores para que haya un acuerdo que posibilite la salida negociada.



Movilizaciones e incertidumbre en Grecia. Foto: Archivo El País

lun jun 29 2015

Grecia y sus acreedores internacionales están en las fases finales de las conversaciones que buscan reformas de Atenas a cambio de un financiamiento que le evite incumplir un pago al FMI el próximo martes 30.

Objetivos fiscales.

Grecia debería adoptar una ley de presupuestos complementaria para el resto del año y diseñar una estrategia de mediano plazo para 2016-18 que considere un 1% del PIB de superávit primario en 2015, 2% de superávit en 2016, 3% del PIB de superávit en 2017 y otro 3,5% del PIB de superávit en 2018

Reforma del IVA.


Debería cambiar su sistema de impuesto al valor agregado para el 1 de julio, con el objetivo de generar un 1% del PIB más de ingresos fiscales al año. Grecia está ofreciendo aumentar el IVA en un 0,38% del PIB en 2015 y en un 0,74% del PIB en 2016.

En materia de estructura fiscal, Grecia debería requerir pagos completos adelantados de los impuestos a las empresas para finales de año, elevar las tasas solidarias extraordinarias y abolir los subsidios a agricultores por los impuestos especiales al diesel y reducir a la mitad los subsidios para el combustible de calefacción en el presupuesto de 2016. Además, ajustar el impuesto a la propiedad para asegurar ingresos por 2.650 millones de euros en 2015 y en 2016.

Presupuesto de 2016.

Se plantea reducir el gasto militar en 400 millones de euros, incluyendo recortes de efectivos y material. Reformar el impuesto a la renta para cubrir tributos al capital, vehículos para inversión, para la agricultura y los de trabajadores por cuenta propia. También, subir la tasa de impuestos a las empresas de 26% a 28%, entre otros cambios.

Paralelamente, deberían implementarse completamente las reformas a las pensiones de 2010 y 2012. Desde el 1 de julio, se deben introducir reformas que generen ahorros de 0,25 a 0,5% del PIB en 2015 y del 1% en 2016 sobre una base de un año completo.

Además, crear fuertes desincentivos a la jubilación anticipada, retirar gradualmente el subsidio de solidaridad para todos los pensionados para fines de 2017. Grecia quiere mantener el subsidio y subir la contribución a la sanidad de los pensionistas.

En cuanto a la Administración Pública, se plantea reformar la escala unificada de salarios, para que tenga efectos desde comienzos de 2016 para todo el sector público, así como legislar para racionar las escalas especiales de salarios para fines de 2015.