Agencia Colombia Informa, Colombia
El caso de los detenidos por la supuesta participación en las explosiones ocurridas en Bogotá abrió un nuevo señalamiento para el gobierno del presidente Santos y la forma en que se manipula a la justicia colombiana. ¿Por qué las organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian este hecho como un falso positivo judicial?
Falso positivo se le llamó a los casos conocidos durante todo el periodo desde el año 2000, en los cuales campesinos o jóvenes de barrios populares fueron engañados, llevados a lugares lejanos y de confrontación armada, para posteriormente ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, lo que en el ‘argot’ del Ejercito Nacional se conoce como un positivo.
‘Falso positivo judicial’ se emplea ahora para denominar los casos en los que manifestantes, líderes sociales o de oposición política al gobierno son presentados como insurgentes, o como en el caso más reciente, directamente como participantes de actos denominados como terroristas.
Margen de error del 75% en los señalamientos judiciales
Margen de error del 75% en los señalamientos judiciales
Según las cifras recientes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre 2009 y 2012 el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa a la cabeza, reportó más de 8.600 personas capturadas por el delito de rebelión, de las cuales solamente 2.058 quedaron efectivamente privadas de la libertad. Es decir, el 75% de las personas detenidas bajo este delito recuperaron su libertad al ser demostrada su inocencia.
Un ejemplo de estas situaciones, es el que plantea la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -FCSPP-, según la cual en el pasado paro agrario el gobierno señaló esta movilización de estar infiltrada por el terrorismo y la insurgencia. En esas jornadas fueron detenidas 816 personas, pero solo 180 fueron enviadas a procesos penales. Hoy ninguna de ellas se encuentra privada de la libertad, la justicia las halló inocentes.
En marzo de este año, tres estudiantes de la Universidad Surcolombiana de Neiva, en el Huila, recuperaron su libertad después de tres años y cinco meses de proceso, en el cual se les implicaba de ser insurgentes. Hoy se encuentran en libertad porque dicho proceso no logró demostrar culpabilidad y no pudieron ser condenados.
El mismo día de ayer se vencía la investigación contra Héctor Sánchez vinculado a la Unión Sindical Obrera de Colombia –USO- en el departamento del Meta. Esta persona había sido mostrada públicamente como un terrorista que trataba de afectar la infraestructura de la empresa petrolera Pacific Rubiales. Al igual que a los 14 jóvenes, estos trabajadores fueron apresados y mostrados públicamente. Finalmente el día de ayer recuperó su libertad.
Para Franklin Castañeda de la FCSPP, “así como esos podemos contar decenas de casos en los cuales las personas recuperan su libertad. Este es un modus operandi de vieja data, se ha usado de acuerdo a los intereses y al descaro de los gobiernos de turno. El gobierno más descarado en esta materia fue el de Álvaro Uribe Vélez hay que recordar que en dos años retuvo más de 8 mil personas en las llamadas detenciones masivas que posteriormente el 83% de estas personas recuperaron su libertad”.
Para las organizaciones sociales, el objetivo de este accionar del gobierno es el mostrar el incremento en sus cifras de detención y demostrar así efectos que no tiene en la lucha contrainsurgente. Además de ser la respuesta a la presión de la ciudadanía y los medios frente a hechos que los conmueven y que exigen seguridad y respuestas rápidas.
Para Castañeda, “Esto es gravísimo, estamos hablando en consecuencia de que lo que existe es un fenómeno de promulgar detenciones arbitrarias o detenciones ilegales, tomar a las personas y volverlas cifras para favorecer las políticas del gobierno”.
Santos y su nueva versión de “falsos positivos”
Santos y su nueva versión de “falsos positivos”
Durante la década del 2000, el país entero se conmovió con el conocimiento de las ejecuciones ilegales conocidas posteriormente como “falsos positivos”. En ese entonces el actual presidente Juan Manuel Santos oficiaba como ministro de defensa y fue el directamente implicado en los casos. Aunque fue aterrador conocer los hechos en que se asesinaban personas inocentes con la única función de mostrar cifras y resultados, la mayoría de estos casos aún siguen en la impunidad y el principal responsable de ellos hoy es presidente de la república.
Ahora bajo su gobierno aparece una nueva versión del termino y de la situación “falso positivo judicial”, empleado ahora con la misma lógica, mostrar cifras y resultados para crear sensación de seguridad y efectividad. Lógica o política de gobierno igualmente aterradora que pone muy en entredicho los derechos, garantías y posibilidades de un real proceso de paz en Colombia. Esto último, tan promulgado por el presidente y a la misma vez tan cercenado por el mismo.
