LA CONFESIÓN DE LA FIRMA ODEBRECHT ANTE LA JUSTICIA DE EE.UU. COMPLICA AL PRIMO DEL PRESIDENTE
Los sobornos que salpican a Calcaterra. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas estudia la presunta complicidad de Angelo Calcaterra en las coimas que Odebrecht, socia de Iecsa, admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a ex funcionarios.
05 de enero de 2017
Pagina12 |
Angelo Calcaterra, titular de Iecsa y primo de Mauricio Macri.
El pago de sobornos que la firma brasileña Odebrecht admitió ante la justicia norteamericana puede salpicar al titular de Iecsa, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Odebrecht es socia de Iecsa en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una de las tres obras adjudicadas en el país a la constructora de capitales brasileños que están bajo la mira de la Justicia. Ayer, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, que lleva adelante la causa madre, recibió una denuncia que involucra a Calcaterra como presunto cómplice o encubridor de las coimas que Odebrecht admitió haber pagado a ex funcionarios argentinos para ganar la licitación. Desde la procuraduría indicaron a PáginaI12 que a partir de hoy la presentación se sumará al expediente y que no se puede descartar en principio la hipótesis de complicidad, teniendo en cuenta el historial de ambas empresas. La denuncia involucra también al ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien se entrevistó en privado al menos tres veces con directivos de Odebrecht durante el año pasado.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas investiga, además del soterramiento del Sarmiento, otras dos obras en las que participa la constructora brasileña en el país: una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas y la ampliación de un gasoducto en Córdoba. La causa se inició recientemente a partir de la confesión de Odebrecht en Estados Unidos –en el marco del “Lava-Jato”– de haber violado normas contra sobornos fuera de Brasil. La confesión incluía el pago de coimas por 35 millones de dólares a ex funcionarios argentinos a cambio de hacerse con esas tres obras, información que dio a conocer la Corte Suprema estadounidense. El fiscal Rodríguez avanza desde entonces en el análisis de los pliegos de licitación y enviando pedidos de exhortos a la justicia brasileña. La denuncia contra Calcaterra le agrega un ingrediente más a la causa, y pone la lupa sobre la participación no sólo de ex funcionarios sino también de empresarios en los supuestos ilícitos.
La denuncia fue presentada por el abogado Daniel Igolnikov, quien pidió que se investigue el rol del primo del Presidente en el pago de sobornos confesado por la firma brasileña, como posible cómplice o encubridor. El manto de sospecha se cierne sobre la trayectoria en común entre ambas firmas. Iecsa se hizo con la licitación del soterramiento del Sarmiento como líder de un consorcio que incluía a Odebrecht y a las empresas italiana Ghella y española Comsa. Fue en 2008, pocos meses después de que se consumara el traspaso de la firma de manos de Franco y Mauricio Macri al propio Calcaterra.
05 de enero de 2017
Pagina12 |
Angelo Calcaterra, titular de Iecsa y primo de Mauricio Macri.
El pago de sobornos que la firma brasileña Odebrecht admitió ante la justicia norteamericana puede salpicar al titular de Iecsa, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Odebrecht es socia de Iecsa en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una de las tres obras adjudicadas en el país a la constructora de capitales brasileños que están bajo la mira de la Justicia. Ayer, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, que lleva adelante la causa madre, recibió una denuncia que involucra a Calcaterra como presunto cómplice o encubridor de las coimas que Odebrecht admitió haber pagado a ex funcionarios argentinos para ganar la licitación. Desde la procuraduría indicaron a PáginaI12 que a partir de hoy la presentación se sumará al expediente y que no se puede descartar en principio la hipótesis de complicidad, teniendo en cuenta el historial de ambas empresas. La denuncia involucra también al ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien se entrevistó en privado al menos tres veces con directivos de Odebrecht durante el año pasado.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas investiga, además del soterramiento del Sarmiento, otras dos obras en las que participa la constructora brasileña en el país: una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas y la ampliación de un gasoducto en Córdoba. La causa se inició recientemente a partir de la confesión de Odebrecht en Estados Unidos –en el marco del “Lava-Jato”– de haber violado normas contra sobornos fuera de Brasil. La confesión incluía el pago de coimas por 35 millones de dólares a ex funcionarios argentinos a cambio de hacerse con esas tres obras, información que dio a conocer la Corte Suprema estadounidense. El fiscal Rodríguez avanza desde entonces en el análisis de los pliegos de licitación y enviando pedidos de exhortos a la justicia brasileña. La denuncia contra Calcaterra le agrega un ingrediente más a la causa, y pone la lupa sobre la participación no sólo de ex funcionarios sino también de empresarios en los supuestos ilícitos.
La denuncia fue presentada por el abogado Daniel Igolnikov, quien pidió que se investigue el rol del primo del Presidente en el pago de sobornos confesado por la firma brasileña, como posible cómplice o encubridor. El manto de sospecha se cierne sobre la trayectoria en común entre ambas firmas. Iecsa se hizo con la licitación del soterramiento del Sarmiento como líder de un consorcio que incluía a Odebrecht y a las empresas italiana Ghella y española Comsa. Fue en 2008, pocos meses después de que se consumara el traspaso de la firma de manos de Franco y Mauricio Macri al propio Calcaterra.
Con la incorporación del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) para financiar la obra en una segunda etapa, se especula que Odebrecht pasó a liderar el consorcio. La maniobra es una de las puntas que, según indicaron a este diario, la Procuraduría ya estaba investigando, por lo que “no se puede descartar”, dijeron, la supuesta participación de Calcaterra en los ilícitos.
Igolnikov pidió, además, incorporar a la causa a funcionarios del actual Gobierno, entre ellos el ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, quien mantuvo al menos tres encuentros con representantes de la firma brasileña en los últimos meses. “Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido”, argumentó.
Otro de los puntos a los que hace mención la denuncia es el cambio en el financiamiento de la obra. Mediante el Decreto 797/2016, el Gobierno estableció que los fondos saldrían de las arcas del Estado. Para el abogado, “el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito”. “Entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino quien le provee los fondos a Calcaterra, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito”.
Igolnikov pidió, además, incorporar a la causa a funcionarios del actual Gobierno, entre ellos el ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, quien mantuvo al menos tres encuentros con representantes de la firma brasileña en los últimos meses. “Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido”, argumentó.
Otro de los puntos a los que hace mención la denuncia es el cambio en el financiamiento de la obra. Mediante el Decreto 797/2016, el Gobierno estableció que los fondos saldrían de las arcas del Estado. Para el abogado, “el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito”. “Entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino quien le provee los fondos a Calcaterra, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito”.
