La Jornada, México
6 ENE, 2017
Salvo por lo que hace a la justificada animadversión contra Donald Trump, es difícil encontrar un motivo de consenso tan marcado como el rechazo al incremento en los precios de las gasolinas dispuesto por el gobierno federal y que entró en vigor el primer día del año en curso. Organizaciones gremiales y campesinas, clases medias, transportistas, académicos, sectores populares, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y hasta los partidos políticos que en su momento aprobaron el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de cuya aplicación deriva el incremento referido, han llamado a las autoridades nacionales a rectificar o, cuando menos, a atenuar el alza.
Lejos de disiparse, las expresiones de descontento social se han multiplicado y los episodios de violencia no han dejado de crecer. También se han incrementado y expandido a varias regiones del país los ataques vandálicos a comercios, que empezaron en el estado de México; ya suman cientos los detenidos en esos episodios y cada vez es más extendida la percepción social de que los saqueos no son un mero desahogo de la exasperación social, sino que detrás de ellos hay una suerte de orquestación, acaso dirigida a desvirtuar y desalentar protestas legítimas y pacíficas. Tal sospecha general se ve reforzada por la evidente campaña de desinformación y siembra de pánico que persiste en redes sociales y en la que incluso algunos medios formales han participado, ya sea de manera consciente o involuntaria.
En este punto es saludable la declaración del subsecretario de Gobierno de Gobernación, René Juárez Cisneros, de que los saqueos nada tienen que ver con una manifestación pacífica, ni con el derecho a la libre expresión que tienen todos los mexicanos. Pero persiste la pregunta inevitable sobre el origen de tales acciones, cuya dimensión no tiene precedente en el México contemporáneo, y que en todo caso podrían resultar explicables –aunque no justificables– sólo en circunstancias de catástrofe o severo desabasto alimentario.
El hecho es que el ambiente social se deteriora con rapidez y resulta improbable que el gobierno federal pueda conjurar la tensión y el desarreglo presentes con meras explicaciones económicas sobre lo inevitable del gasolinazo, con llamados a la calma o con despliegues policiales y militares. El gobierno federal se encuentra en una coyuntura crítica –y con él, el país en su conjunto–, y día tras día se le acortan el tiempo y el margen de acción para la toma de decisiones de fondo que se sitúan necesariamente en el ámbito de la política económica.
La Jornada
