Roma, EFE La uruguaya Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires en 1976 y condenada a cinco años de cárcel en su país por oponerse a la dictadura cívico-militar, testificó hoy en Roma dentro del proceso en primera instancia por el Plan Cóndor.
Se trata de un proceso contra exmiembros de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la desaparición de italianos en el marco del Plan Cóndor en las décadas de 1970 y 1980.
"Es un juicio sin duda importante porque se remite a que no quede simplemente en los rincones del Río de la Plata estos hechos de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad", afirmó Méndez, en una entrevista con Efe.
Esta superviviente del Plan Cóndor subrayó que, además, con este proceso, es posible "que sea Europa la que pueda, en defensa de sus connacionales, juzgar hechos tan aberrantes como estos que sucedieron en el Cono Sur" de América Latina.
Méndez testificó en la audiencia de este jueves en la que recordó cómo fue separada de su hijo, Simón, que entonces tenía 20 días y llevada primero al centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti en Buenos Aires y después a su país natal, donde cumplió condena durante cinco años.
En 1976, Argentina era "el único país que quedaba sin dictadura del Cono Sur", pues sus vecinos estaban gobernados por dictaduras militares, pero en marzo de ese año tiene lugar un alzamiento que depone a la presidenta, María Estela Martínez de Perón, e instaura una dictadura.
Durante la entrevista, recordó las circunstancias que desembocaron en el secuestro de su hijo, del que permaneció separada durante un cuarto de siglo.
En julio de 1976 se encontraba en su domicilio cuando las fuerzas del orden argentinas irrumpieron en su casa de Buenos Aires para llevarla a ella al centro clandestino de tortura y a su hijo dejarlo en manos de un "represor argentino", en palabras de Méndez, que se ocupó de criarlo durante 25 años.
No fue hasta 2002 cuando unas investigaciones permitieron descubrir el paradero de su hijo, que debió someterse a la prueba del ADN.
"En mi intervención de hoy terminé justamente hablando sobre lo que significó este proceso en la Argentina no solamente de desaparición de adultos, sino también de la apropiación de niños", señaló Méndez, que actualmente es abuela de Juan Ignacio, de 8 años.
Además, durante su testimonio, la Fiscalía le preguntó si reconocía a algunos de los uruguayos imputados en el caso.
En el caso hay 33 acusados, de ellos, dos bolivianos: el exdictador de Bolivia Luis García Meza y el que fuera su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.
En la lista de los acusados uruguayos destaca el nombre del exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985) y que fue presidente "de facto" de 1981 a 1985.
Además, se encuentran Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vasquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Entre los chilenos, destaca el nombre de Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA (policía política del régimen del general Augusto Pinochet), quien, tras una nueva sentencia en su país, hoy acumuló más de 500 años de prisión por varias condenas por violaciones a los derechos humanos.
Además, Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía, el militar Sergio Víctor Arellano Stark, los brigadieres Pedro Octavio Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuan, el expolicía Carlos Luco Astroza, los coroneles Marcelo Luis Moren Brito, Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda.
En el juicio, instruido en la III Corte Penal del Tribunal de Roma, participan numerosas partes civiles como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) o el Partido Comunista chileno.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
