La determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston sosteniendo la declaración de inconstitucionalidad que emitió previamente el Tribunal Federal, Sala de San Juan, contra la llamada Ley de Quiebras criolla, será impugnada ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, anunció este jueves, el secretario de Justicia, César Miranda.
La decisión de acudir mediante recurso de certiorari es producto de un análisis ponderado en el que se concluye que Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso de los Estados Unidos, excluyó a la Isla de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, dijo Miranda en declaraciones escritas. El gobierno de Puerto Rico cuenta con un término de 90 días para radicar la petición de certiorari ante el más alto foro judicial de Estados Unidos, señaló el titular de Justicia.
“Acudiremos ante el Supremo federal por entender que la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito es errada al adjudicar como válido un ejercicio irracional del Congreso al excluir a Puerto Rico de la aplicación del capítulo 9 del Código de Quiebras federal”, sentenció.
“Esta acción –sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional– continúa perjudicando muy seriamente los intereses de Puerto Rico. Es arbitrario porque no existe una razón concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública”, sostuvo.
El secretario de Justicia opinó, además, que la presente acción se torna sumamente apremiante ante la declaración conjunta formulada por el Comité Judicial y por el subcomité para la reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolio, referente a que en el Congreso no se cuenta con los votos para adelantar el proyecto HR 870 que extendería a Puerto Rico la aplicación del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras.
El propósito de la Ley 71 de 2014 es reestructurar equitativamente las deudas de las corporaciones, al tiempo que garantiza a la ciudadanía la prestación de los servicios esenciales, recalcó.
La mencionada ley local fue anulada por el juez federal Francisco Augusto Besosa, que la declaró inconstitucional al concluir que esa área es campo ocupado por la legislación federal y solo el Congreso de Estados Unidos puede legislar sobre la misma.
La determinación del juez Besosa fue producto de un pleito presentado por las empresas Blue Mountain Capital Management LLC y Franklin California Tax-Free Trust, que tienen activas en sus carteras de inversión deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El Primer Circuito de Apelaciones de Boston confirmó la decisión utilizando los mismos argumentos.
Gobernador señala funcionarios federales que “hacen muy poco” por P.R.
El gobernador Alejandro García Padilla dijo el miércoles que hay miembros del gabinete del presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama que pueden hacer más por Puerto Rico y no quieren.
“El secretario del Tesoro, el presidente de la Reserva (Federal) podrían atender el tema de Puerto Rico mucho más proactivamente. Ellos han sido muy accesibles, extraordinariamente accesibles y han provisto toda la ayuda técnica que son capaces de proveer. Pero pueden hacer más y han entendido que no (pueden hacer más). Por lo tanto, en la administración del presidente (Barack Hussein Obama), unos secretarios han hecho muchísimo y otros han hecho menos de lo que pueden”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa en el municipio de Trujillo Alto.
García Padilla añadió a la lista a la secretaria de Salud federal Kathleen Sebelius, de quien dijo puede resolver “con un plumazo” el problema de los fondos de Medicare Advantage para Puerto Rico. Las expresiones del gobernador son en respuesta a la solicitud hecha por la congresista Nydia Velázquez para que el presidente Obama nombre un grupo de trabajo que directamente se siente con los acreedores de Puerto Rico.
Cuestionado sobre la solicitud que han hecho diversos sectores políticos, sindicales y de la llamada sociedad civil para sentarse a la mesa en el Comité nombrado por el gobernador para atender el problema fiscal y el pago de la deuda, el gobernador mencionó que la participación no puede ser para “entorpecer”.
“Si la estrategia de alguien es buscar participación para entorpecer, está atentando contra sí mismo y contra sus hijos. Está atentando contra su país. Aquí la estrategia de cada cual debe ser llegar para aportar. Ser parte de la solución, no parte del problema. No puede ser ocasión para controversias divisorias. Tiene que ser ocasión para unidades en el país. Yo no pido unanimidad, yo pido que logremos convergencia”, sentenció.
