ARGENTINA: VICTORIA CON LA LEY BUITRE PERO LIMITES PARA NUEVO ENDEUDAMIENTO Y DESPIDOS
La victoria política del gobierno con la ley buitre es inocultable y obedece a las condiciones estructurales de la economía y a la asimetría entre la Nación y las provincias. Pero un proyecto de ley transversal a distintas fuerzas de la oposición sometería al Congreso todo nuevo endeudamiento. También podrían aprobarse proyectos de emergencia que detengan la oleada de despidos, que ya está impulsando un reagrupamiento sindical. El default se debe a De la Rúa y Cavallo, no a Rodríguez Saá.
Por Horacio Verbitsky
La aprobación por los dos tercios del Senado del acuerdo con los fondos buitre, que a su vez preanuncia un nuevo ciclo de endeudamiento externo, constituye una victoria política del gobierno del presidente Maurizio Macrì que es imposible exagerar. La interpretación que se promueve desde el gobierno la presenta como símbolo de una nueva política de diálogo y consensos, que vendría a sustituir doce años de verticalidad y autoritarismo, lo cual marcaría un precoz eclipse del liderazgo de la ex presidente CFK.
El estilo de un gobierno que tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso no puede ser igual al de otro que está en minoría en la Cámara de Diputados y tiene una representación minúscula en el Senado. Pero atribuir el resultado a un cambio de clima político o a la habilidad de un par de operadores, como el ministro de Obras Públicas Rogelio Frigerio (n) y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, es una interpretación simplista que prescinde del análisis de algunos condicionamientos estructurales de la política argentina, cuyo centralismo no depende del temperamento de los gobernantes sino de la desigualdad de recursos entre la Nación y las Provincias. Por cierto hay votos de fuerte contenido ideológico, tanto a favor como en contra, pero la dependencia provincial del Tesoro es una motivación insoslayable en el resto de los casos. Esto puede no advertirse con claridad, debido a la homogeneidad política entre el Poder Ejecutivo Nacional y las jefaturas de gobierno de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, los dos distritos que menos necesitan del aporte de la Nación para financiar sus respectivos presupuestos. Los legisladores de PRO que responden a Horacio Rodríguez Larreta votaron a favor del acuerdo porque representa la política de su partido pero lo necesitaba mucho menos que cualquier otro gobernador, ya que financia con recursos propios el 81,68 por ciento de los gastos de la Ciudad Autónoma. Lo mismo puede decirse de María Eugenia Vidal, cuyos recursos propios llegan al 59,7 por ciento, bien por encima del promedio nacional del 42,69 por ciento. Formosa, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Santiago del Estero reciben de la Nación nueve de cada diez pesos que gastan; Corrientes, Chaco y San Juan obtienen por esa vía en torno al 85 por ciento; Salta, el 79 por ciento; San Luis, La Pampa, Tucumán y Tierra del Fuego arañan el 75 por ciento, Tucumán y Entre Ríos el 72 por ciento, Misiones el 71 por ciento (Todos estos datos son oficiales de la Secretaría de Hacienda y corresponden al tercer trimestre de 2014, pero desde entonces no hubo cambios sustanciales salvo en los casos de Córdoba, San Luis y Santa Fe, beneficiadas por el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional devolverles el descuento del 15 por ciento en la coparticipación, que cedieron por los pactos fiscales cuando se privatizó el sistema jubilatorio). No es de extrañar que los senadores de esas provincias hayan votado a pedido de sus gobernadores junto con el gobierno nacional, cualquiera fuera su bloque de pertenencia. Las pocas excepciones a esta regla se encuentran en Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, cuyos senadores del Frente para la Victoria se opusieron, igual que dos de La Rioja, uno del Chaco y uno de San Juan. El resto de los senadores del Frente para la Victoria que se pronunciaron en contra provienen de provincias gobernadas por la Alianza Cambiemos, como Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza o Corrientes, por fuerzas provinciales como el Movimiento Popular Neuquino o Juntos somos Río Negro, o por fracciones del Peornismo Opositor como San Luis y Chubut. Para medir el declive de las autonomías provinciales, basta recordar que a mediados del siglo pasado las provincias financiaban con recursos propios el 80 por ciento de su presupuesto. En las actuales condiciones los gobernadores serán transversales a cualquier gobierno nacional, con independencia de sus definiciones políticas. Los únicos que no lo consiguieron fueron los dos presidentes radicales: Alfonsín porque si no redistribuía a las provincias los puntos de coparticipación que le arrancó a su débil correligionario bonaerense Alejandro Armendáriz, no hubiera ni siquiera ingresado al último año de su mandato; Fernando de la Rúa porque nunca entendió cómo se ejerce el poder en este país despiadado. Los radicales de hoy se han encallecido, y el gobierno de Macrì tiene tantos peronistas como radicales en sus filas. Su habilidad estuvo en explotar al máximo esas asimetrías. Al plan canje que propuso el presidente del bloque mayoritario en el Senado, Miguel Pichetto (votos en el Congreso por transferencia de recursos de la Nación en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el reintegro del 15 por ciento detraído de la coparticipación cuando se privatizó el sistema previsional) el gobierno respondió con dureza: por un lado abrió una investigación en la ANSES sobre el desempeño del ex gerente financiero Juan Manuel Pichetto, quien fue el principal colaborador allí de Diego Bossio; por otro dejó ver que estaba en el interés de las provincias el recurso a los mercados voluntarios de deuda, imposible sin el pacto con los buitres y que quien torpedeara el acuerdo mejor fuera preparándose para una larga travesía del desierto.
La ley votada tiene graves deficiencias que fueron señaladas en las reuniones previas con especialistas y en el recinto. Contiene un cálculo impreciso del monto de los juicios perdidos que deben saldarse, con intereses descomunales y quitas de maquillaje; incluye el pago de honorarios por juicios ganados, como el de la fragata Libertad en el Tribunal del Mar; no previene contra futuros juicios y posibles fallos adversos, tanto por parte de los tenedores del 3,5 por ciento restante del total de bonos que cayeron en default hace quince años, como de aquellos que ingresaron en forma voluntaria a los canjes de 2005 y 2010 con la promesa de que no habría ofertas mejores en el futuro; ni siquiera queda claro si se va a pagar antes o después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York levante las cautelares que impiden pagar a quienes reestructuraron su deuda hasta 2010, si es que se van a levantar. Pero además, el argumento central del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que lo acompañaron es que esto permitirá volver a los mercados internacionales de crédito a tasas reducidas. Es difícil decir si lo peor de este razonamiento es su falsedad (las tasas para colocar estos primeros 12.500 millones de dólares del acuerdo siguen siendo el doble de las que paga Bolivia, por ejemplo) o su carácter perverso (ya que ni el déficit nacional ni los provinciales requieren dólares, sino pesos). Todos declaman que los créditos que se tramiten serán para proyectos de infraestructura, pero esto lleva años de trabajo de ingenieros, economistas y abogados antes de que comiencen los desembolsos, mientras las urgencias actuales están en la cuenta capital y en el déficit fiscal. El festival de cifras al que se entregan con fruición los operadores no tiene límites. Mientras Miguel Broda dice que se necesitan 40.000 millones de dólares, Adelmo Gabbi vaticina que ingresarán 30.000 por año. Pero las estimaciones de las empresas estadounidenses que durante la visita del presidente Barack Obama se reunieron en la Sociedad Rural fueron de 4.000 millones al año durante los cuatro del mandato macrista. Si el cálculo del presidente de la Bolsa debiera tomarse como algo más que una expresión de deseos, sólo podría aproximarse algo a la realidad sumando ingresos de capitales para comprar a precio vil empresas nacionales que no sobrevivan a este revival neoliberal o realizar ganancias fáciles con el subibaja de tasas y dólar, para retirarse luego sin haber creado un puesto de trabajo ni aumentado en nada la producción o el comercio. Peor aún, incluso las inversiones directas reales que no generaran aumento de exportaciones o reducción de importaciones por substitución con producción local, no ayudarían a enfrentar la restricción externa, que el último año redundó en el primer déficit comercial en lo que va del siglo, por la crisis mundial que golpea a los principales socios comerciales de la Argentina, con la desaceleración china, la crisis europea y la brutal recesión brasileña. La peor derrota del kirchnerismo no debe buscarse en una votación en el Congreso, que podrá revertirse mañana, sino en la perpetuación de esas dos fallas estructurales: la falta de autonomía de las provincias ante la Nación y de la Argentina en el mundo, sin las cuales no hubiera sido posible la regresión política que implica la Alianza Cambiemos. Ninguna de las políticas del nuevo gobierno aliviará esos problemas, sino que los volverá más graves. El soterramiento del ferrocarril del Oeste, a cargo de una empresa familiar del presidente, será una obra muy positiva para los pasajeros y el entorno urbano, mejorará la calidad de vida en su traza y permitirá buenos negocios inmobiliarios, pero no equilibrará en nada la balanza comercial. En el pasado, el grueso del nuevo endeudamiento financió la dolarización de activos dentro del país y la constitución de activos en el exterior. Los cálculos de Eduardo Basualdo, Matías Kulfas y Jorge Gaggero muestran que endeudamiento y fuga fueron entre 1974 y 2011 dos líneas paralelas. El gobierno cabalga en ambas: el presidente del Banco Central aún está procesado por el Megacanje de 2001 y el ministro de Hacienda, investigado por la fuga al exterior de parte del precio que Amalia Fortabat percibió por la desnacionalización de la cementera Loma Negra. Y los mismos bancos que colocan los bonos argentinos con buenas comisiones, facilitan la fuga de esos recursos. Un negocio redondo, pero no para el país. Con la intención de impedir que el futuro repita aquella historia nefasta, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Rodolfo Urtibey, Omar Perotti y Liliana Negre de Alonso anunciaron la reforma del título III de la ley de administración financiera de modo que no pueda contraerse nueva deuda externa ni prorrogar la jurisdicción soberana sin previa autorización por ley especial del Congreso. La idea inicial había sido incluir esa reforma en la ley votada el miércoles o tratarla aparte en la misma sesión, pero por razones logísticas no se alcanzó el número de firmas necesarias en las comisiones que debían dictaminar. El próximo miércoles el proyecto se tratará en las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda y una semana después podría llegar al recinto. Ésa será la ocasión de ver si el bloque mayoritario del Frente para la Victoria impone su número o el gobierno vuelve a quebrarlo.
El mito del aguantadero
La semana pasada, el gobierno eliminó también las retenciones a las exportaciones de biodiesel (como ya había hecho con las cerealeras y mineras, salvo la soja que sólo redujo al 30 por ciento) y tratará de compensarlo con enormes aumentos de tarifas de gas, agua y transporte y con más despidos en la administración pública, donde la declamada reducción del déficit fiscal no se verifica. “El Estado no puede funcionar como un aguantadero de la política”, dijo Macrì, perfeccionando la boutade de Alfonso de Prat Gay sobre la grasa militante. El presidente llegó a estimar en un millón y medio la cantidad de personal sobrante en el Estado. El ministro de Modernización Andrés Ibarra dijo que los despedidos eran “personas que no aparecían en el lugar de trabajo, porque hacían una tarea política concreta y no de servicio público” y anunció que patrullaría hasta el último sector del Estado para confeccionar las nuevas listas de víctimas. Coincidió con él la musageta de la Alianza Cambiemos, Elisa Carrió. “Hay gente que se está quedando sin trabajo porque no trabajaba”, dijo. El último informe conjunto elaborado por el Area de Economía y Tecnología de FLACSO y por el centro de estudios de la CTA, CIFRA, sostiene que esas son excusas para encubrir una política dirigida a “revertir la participación de los asalariados en el ingreso”. En esta política confluyen “la discriminación ideológica y el intento de redimensionar el empleo estatal que implícitamente este gobierno considera que tuvo un crecimiento explosivo debido a la irresponsabilidad de los gobiernos kirchneristas. Asimismo, es consistente con la pérdida de funciones de un Estado con menor involucramiento en la economía y en las políticas sociales”, con cierre de programas y finalización de políticas públicas. Para verificar la evolución del empleo estatal y privado desde 2003, FLACSO-CIFRA utilizan la información sobre salarios registrados declarada por los empleadores al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al momento de realizar los aportes y contribuciones sobre las remuneraciones. Incluye datos de todos los asalariados registrados del sector privado y de aquellos del sector público nacional y los de las provincias que efectivamente transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación. El estudio es ampliamente representativo aunque no contiene al resto de las provincias ni a los municipios, donde no hay indicios de que intervengan otros factores que contradigan la tendencia general.
En el conjunto del período 2003-2014 no hubo ningún crecimiento explosivo del empleo estatal, que representó el mismo porcentaje de la ocupación en el primer y el último año: poco más del 19 por ciento contra más del 80 por ciento del empleo privado. Su tasa de crecimiento fue menor que la del Producto Interno Bruto (5,4 por ciento) y que la recaudación fiscal en términos reales, deflactada por el índice de precios implícitos del PIB. Los recursos tributarios totales nacionales se expandieron a una tasa anual acumulativa de 10,4 por ciento, casi el doble que la del empleo. También en este caso, el empleo público y el privado describen dos curvas paralelas. Esto desmonta los argumentos del ministro Ibarra, en cuyo caso la excusa es manifiesta: si creyera en su propio discurso no hubiera consentido la designación de su esposa, Carla Piccolomini, en un alto cargo ajeno a su especialidad en la gerencia de Radio y Televisión Argentina, cosa que replican otros ministros y altos funcionarios del gobierno con esposas, hijos, yernos, primos y novias, como Oscar Aguad, Jorge Triacca, Federico Sturzenegger, Pablo Avelluto, Gabriela Michetti, Ricardo Buryaile, Federico Pinero, Mario Cimadevilla, Iván Pavlovsky, Emilio Basavilbaso o Gustavo Santos, quienes tienen muy buen ojo para detectar la paja en el ojo ajeno.
