Por Eduardo Camin
Tiempos violentos, son estos. Tiempos delineados, por la fuerza, acechados por la brutalidad. Los propios medios de información han sumergido al ciudadano en espacios de violencia real e imaginaria. Desde las páginas más amarillas, hasta los programas más progresistas se nos advierte una y otra vez que una ola permanente de acciones criminales sobresalta tal o cual barrio.Pero en realidad el enemigo está en casa y se aloja dentro de nosotros mismos. En la tremenda violencia que azota a nuestros países están en juego hombres y sistemas. Es cierto que es más espectacular dedicarse a la caza de los hombres; pero no deja de ser eficaz y a la larga más pertinente modificar o corregir los textos que han permitido o tolerado que ocurriera cuanto ha ocurrido, cuya magnitud, por otra parte, el país ignora, a la espera de las tan mentadas soluciones.
Hay una crisis general del país en materia de derechos humanos. Es una crisis que algunos hombres, acompañados por los partidos políticos que los avalan, han agravado; pero que marcha subterráneamente a veces, y otras se muestra a luz del día, a través de un período histórico ya dilatado, extendido, y visible en el país.
Crisis general; tal vez, pero se nos dirá una vez más que las cifras de la macroeconomía avalan la acción de gobierno, que somos serios, creíbles, etc… y que la evolución de la violencia estadísticamente no es tan dramática.
Pero al fin y al cabo e innegablemente estamos inmersos en una crisis política, cultural, judicial. Crisis de los ideales vitales, de las razones profundas de actuar y aún de vivir.
Pero peor que las tormentas políticas en tiempos de crisis, suelen ser los pantanos que ellas ocasionan. Meterse en este lodazal y dar vueltas y vueltas, sin siquiera vivir o morir sino vegetar en el barro inmovilizador, que se adhiere molesta obstinadamente a las extremidades. Así vemos al país: todos estamos desacomodados y todos nos estamos batiendo –todos o casi todos– en el vacío y contra el tiempo.
En este sentido, la tormenta desatada entre el Ejecutivo y algunos sectores de la oposición obedecen en gran parte a esta realidad de país cuyo telón de fondo son los sistemas de administración de la justicia penal que han estado profundamente marcados por la herencia inquisitiva de algunos justiciables. Juicios escritos, secretos, con reglas opacas, han sido las características más sobresalientes de muchos de nuestros procesos, pero sin que el verdadero proceso histórico que la justicia le deba al soberano llegue a su fin.
Una amnesia histórica que sin embrago nos marca que de ahí es de dónde venimos y por ende descalifica a gran parte de la oposición. Pero que por lo tanto no acredita meritos a tres gobiernos de izquierda que se sucedieron con mayoría absoluta y ahí es donde estamos, profundizando esta patología.
Esta cultura jurídica signada administrativamente por el conservadurismo y en la práctica por la vulneración sutil, pero sistemática de los derechos humanos, es la que nos marca el rumbo.
Pero dejar de lado los procedimientos que reproducen prácticas inquisitivas, para poder combatir la crueldad de ciertas acciones y los horrores que el pasado, genera, abrir un espacio de intolerancia para algunos (políticos y militares), y de justicia para otros (familiares de desaparecidos). Si de eso se trata la prerrogativa no admite dudas y mucho menos amenazas: la justicia en un Estado de Derecho debe prevalecer.
Cabría preguntarnos entonces cuál es el legado de este episodio revelado ampliamente por la prensa y minimizado por el Ejecutivo, en la administración de la justicia penal de nuestro país y la cúpula militar. No alcanza desfilar en Mayo para homenajear a los desaparecidos, lo que se ha pedido siempre es que se haga justicia. Este episodio que menciono no es ajeno a las derivas actuales en materia de violencia y justicia.
Historias paralelas
Abrimos las historias y vemos que las leyes -que son o deberían ser pactos de hombres libres- en general no han sido más que el instrumento de las pasiones de unos pocos o surgidas de una necesidad fortuita y pasajera del poder; no dictadas por un frío examinador de la naturaleza humana que en un sólo punto concentra las acciones de una multitud de hombres.
Todo este desorden que nace de la rigurosa observancia de la letra de la ley penal, no debe ponerse en confrontación con los desórdenes que nacen de la interpretación.
El Ejecutivo y la Justicia generan un inconveniente momentáneo o duradero en una pulseada sólo para entendidos, en parcelas limitadas cuyas implicancias y derivaciones son hasta el producto de querellas de otra índole en las esferas del poder que, muchas veces, pueden escapar a los observadores más avezados. Pero tanto para el lego como para el más sagaz intelectual, no es un asunto de controversia, sino “de hecho”, entonces los súbditos no pueden ser el objeto de la controversia, sino el motivo de su obediencia. Ya que si la interpretación de las leyes es un mal, de manera evidente es otro mal la oscuridad que acarrea su aplicación.
Es gravísimo cuando las leyes están escritas en un código ajeno al pueblo, que lo pone en dependencia de unos pocos, no pudiendo juzgar por sí mismo cuál será el resultado de su libertad o de sus miembros, en una lengua que hace que un libro solemne y público sea casi privado y doméstico ¡Que debemos pensar los simples observadores de los hombres, al reflexionar que ésta es la inveterada costumbre de buena parte de la culta e iluminada clase dirigente!
Cuanto mayor sea el número de aquellos que entienden y tienen entre sus manos el sagrado código de las leyes, tanto menos frecuentes serán los delitos comunes con más razón los de lesa humanidad, porque no hay duda que la ignorancia y la incertidumbre de las penas favorecen a la elocuencia de las pasiones. Está claro que este hecho puede sorprender a la vez que descoloca a más de uno, pero es imposible prevenir todos los desórdenes en la lucha universal de las pasiones humanas. Ellos crecen en razón, compuesta de la población y del entrecruzamiento de los intereses particulares que no es posible dirigir geométricamente a la utilidad pública.
En la matemática política se debe reemplazar la exactitud aritmética por el cálculo de probalidades: este embrollo político-judicial es una evidencia más de que nada es evidente. Y que el poder real de la democracia tal vez siga secuestrado en las telas de araña de su historia más reciente. Este no es más que un dique roto en el torrente de las opiniones. El ciudadano puede llegar a opinar que podemos hacer todo lo que no es contrario a las leyes, sin temer otro inconveniente que el que puede nacer de la acción misma
Los atentados contra la seguridad y la libertad de los ciudadanos, entonces, son uno de los mayores delitos, y a esa clase pertenecen no sólo los asesinatos y los hurtos de los hombres de “segunda zona”, sino todos por igual.
Para ello es menester que la problemática humanitaria y el problema de la violencia se convierta en reivindicación pública de la sociedad civil en su más amplia acepción y deje de ser preocupación interesada y exclusiva de los mezquinos intereses de líderes políticos u organizaciones no gubernamentales (ONGs).
El rol del Estado, debe ser muy lúcido en esta estratégica cuestión, que incide como ninguna otra en la calidad de vida de la gente de la calle, debe ser el de aterrizarla y mantener la distancia tanto respecto de las disertaciones eruditas de los juristas y filósofos como respecto de las intervenciones militantes de los grupos de presión e interés.
En realidad estas crisis, estos estallidos sociales sujetos a la violencia de toda índole, dejan al desnudo las prioridades de la antigua y actual estructura económica, donde las soluciones propuestas ya no sirven para reconquistar un equilibrio definitivamente perdido.
(*) Periodista uruguayo, fue director del semanario Siete sobre Siete y colaboró en otras publicaciones uruguayas y de America Latina. Corresponsal en Naciones Unidas y miembro de la Asociacion de Coresponsales de prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Miembro de la Plataforma Descam de Uruguay para los Derechos Economicos sociales y medio ambientales. Docente en periodismo especializado sobre Organismos Internacionales.
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