Procuraduría cuestiona informe de The New York Times sobre el caso
16 DIC, 2016
Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México que el gobierno decidió mantener en secreto revela numerosas irregularidades en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, de acuerdo con el The New York Times, que tuvo acceso al documento.
Dicho informe, de 177 páginas y completo desde agosto, es una investigación interna a la investigación oficial que hizo la PGR y concluye que la conducta de sus investigadores violó “el derecho a la verdad” de las víctimas y dañó su derecho a la justicia.
Entre otras irregularidades, el informe revela que sospechosos fueron detenidos y trasladados ilegalmente, invalidando así las pruebas que pudieron proveer de acuerdo con la legislación mexicana.
El informe también desvela que el principal investigador del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin la presencia de su abogado, una visita que además no figura en los archivos del caso, en los que faltan otros documentos de ese día y en los que aparecen fechas contradictorias.
Según el dossier, el lugar que el sospechoso identificó, en el río San Juan, se dejó sin vigilancia esa noche.
El informe también advierte de la detención de seis sospechosos en diferentes ubicaciones y en el mismo día que “espontáneamente” proporcionaron la misma versión de los hechos, incluso con las mismas palabras, en la que admitieron ser miembros del cartel Guerreros Unidos y haber asesinado a los estudiantes.
De acuerdo con el The New York Times, el informe no pasó el trámite de la aprobación de la PGR a causa de las irregularidades que documenta y sigue hoy “bajo estudio” en un “limbo burocrático”.
Su autor, César Alejandro Chávez Flores, dejó repentinamente su puesto en el organismo cuatro semanas después de concluir el documento.
Otro de los que dejó su puesto fue precisamente el principal investigador del caso, Tomás Zerón de Lucio, un estrecho colaborador del presidente, Enrique Peña Nieto, que fue “inmediatamente” nombrado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
El relato oficial de la PGR es que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), por policías corruptos, que los entregaron a miembros de los Guerreros Unidos, que a su vez los mataron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en un municipio vecino.
Una versión que se ha puesto en duda ya que no se han encontrado restos biológicos de los estudiantes desaparecidos.
El informe ocultado por el gobierno mexicano también concluye que los estudiantes y otras personas que fueron atacados esa noche por la Policía de Iguala “no hubiesen sido heridos o asesinados” de haber intervenido la Policía de Guerrero (estatal), uno de los misterios persistentes del caso según el rotativo neoyorquino.
Una portavoz de la PGR, Natalia Briseño, dijo al The New York Times que el informe en cuestión “no existe” a efectos legales.
Noticias Terra
Estudio citado por NYT, sin validez: PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que los documentos citados por el diario The New York Times sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero carecen de la debida formalización.
Debido a que carecen de requisitos legales que les aplican resultan jurídicamente inexistentes y, por lo tanto, están impedidos para ser considerados con la calidad de resolución formal, sea como acuerdo de conclusión o con cualquier otra denominación, expuso la PGR.
Mediante un comunicado hizo diversas precisiones sobre dichos documentos, en consideración a que lo publicado por el diario tiene relación con el supuesto contenido, conclusiones y efectos de un acuerdo de conclusión atribuido al ex visitador general.
La Visitaduría General, recordó, es el órgano de la PGR que con plena autonomía ejerce facultades de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público Federal.
También de los agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, peritos y demás servidores públicos de la institución, con independencia en sus resoluciones.
Aclaró que la actuación de la Visitaduría General debe, en todo momento, encontrarse ajustada al marco normativo aplicable a los actos jurídicos que emite, tanto en el ámbito administrativo como penal, sin que impacte el cambio del titular de la unidad administrativa.
Según el marco jurídico mexicano, anotó, para que una determinación o resolución adquiera validez dentro de un procedimiento administrativo o penal, y así esté en posibilidad de producir efectos jurídicos, requiere que sea emitida con todas las formalidades que establece la ley, entre las que se encuentran la firma de quien la produce.
Subrayó que cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales donde se haga referencia a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas se trata de un simple proyecto, con el carácter de consideraciones en estudio que carece de rango de resolución formal.
Ello mientras no sea debidamente formalizado. “No se omite señalar que tratándose de consideraciones en estudio, estas se encuentran sujetas a cualquier clase de modificación, como es factible que ocurra con toda clase de proyectos en el ámbito de los procedimientos jurídicos”, apuntó.
La Jornada
